Este 24 de marzo se cumplen 50 años del último Golpe de Estado que dio origen a la dictadura más sangrienta de la historia argentina.

Desde la reapertura de los juicios, en 2006, 1231 personas fueron condenadas por crímenes de lesa humanidad en 361 sentencias. También hay 250 absueltos.

Luego de la vuelta de la democracia, empezó uno de los procesos judiciales más importantes y prolongados del mundo por crímenes de lesa humanidad. Mientras muchos países que atravesaron dictaduras optaron por una amnistía general y recién están comenzando a desclasificar archivos de la época, la Argentina optó por juzgar a sus militares cuando aún tenían cierto poder.

El denominado “Proceso de Reorganización Nacional” dejó un saldo que el Estado argentino tardó décadas en dimensionar: 30.000 personas detenidas-desaparecidas, miles de presos políticos, exiliados, hijos apropiados y familias destruidas.

Tribunales federales de todo el país continúan trabajando para esclarecer los interrogantes que persisten en la actualidad. Hay 12 juicios en trámite en diferentes jurisdicciones y 282 causas en etapa de investigación preliminar, con casi 300 procesados.

Las causas incluyen delitos sobre desapariciones forzadas, torturas, abusos sexuales y robo de bebés, entre otros.

Más del 80 por ciento de las personas detenidas permanece en prisión domiciliaria.

La genealogía de las causas judiciales: del histórico Juicio a las Juntas al reconocimiento de los delitos sexuales cometidos durante la dictadura

El histórico Juicio a las Juntas, el proceso en el que un tribunal civil sentó en el banquillo a los represores

El 9 de diciembre de 1985, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal leyó la histórica sentencia del Juicio a las Juntas Militares. Por primera vez en la historia universal, ex jefes de Estado y comandantes en ejercicio fueron condenados por tribunales civiles ordinarios por crímenes contra la humanidad cometidos de manera sistemática contra ciudadanos.

Llegar a esta instancia no fue una tarea sencilla. La sociedad argentina emergía de siete años de dictadura con heridas abiertas, las Fuerzas Armadas conservaban cuotas de poder real y buena parte del círculo jurídico dudaba de la viabilidad del proceso.

Durante nueve meses, el tribunal integrado por León Arslanián, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Torlasco, Andrés D´Alessio, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz escuchó los testimonios de cientos de testigos, muchos de ellos sobrevivientes de centros clandestinos de detención que describieron, por primera vez en sede judicial, el mecanismo sistemático del terror: los vuelos de la muerte, las salas de tortura, los partos en cautiverio y el robo de bebés.

El fiscal a cargo de la acusación fue Julio César Strassera cuando a su adjunto, Luis Moreno Ocampo.

Videla y Massera recibieron prisión perpetua, mientras que Viola fue condenado a 17 años de prisión; y Armando Lambruschini, a 8 años. La sentencia estableció con claridad que los hechos no fueron excesos aislados ni errores individuales, sino un plan sistemático y planificado desde el más alto nivel de las Fuerzas Armadas.

El informe “Nunca más” de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), entregado al presidente Alfonsín en septiembre de 1984 antes del juicio, documentó 8961 desapariciones forzadas durante la dictadura.

Apenas dos años después del histórico fallo llegó un retroceso en el camino de reparación que había iniciado la Argentina. En diciembre de 1986, el Congreso sancionó la Ley de Punto Final, que buscaba limitar los juicios a los represores. En junio de 1987 se aprobó también la Ley de Obediencia Debida, que eximía de responsabilidad penal a los subordinados argumentando que solo cumplían órdenes de superiores. Ambas normas cortaron de raíz miles de investigaciones que ya estaban en marcha.

En 1989 y 1990, el presidente Carlos Menem firmó diez decretos de indulto que beneficiaron directamente a Videla, Massera y decenas de represores ya condenados o procesados. Durante casi 20 años el proceso judicial quedó prácticamente paralizado y miles de causas durmieron en los tribunales. Las Madres de Plaza de Mayo y organizaciones como H.I.J.O.S reclamaron sin cesar contra estas medidas.

La historia se volvió a revertir el 14 de junio de 2005 cuando Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en el emblemático fallo conocido como “Mazzeo”. El máximo tribunal sostuvo con argumentos sólidos que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y que Argentina no podía violar los tratados internacionales de derechos humanos incorporados a la Constitución Nacional con rango superior.

Poco después, el Congreso derogó definitivamente los indultos de Menem. La reapertura de las causas fue inmediata y masiva, y en 2006 comenzó el primer juicio oral de la nueva etapa: el caso Simón-Poblete Hlaczik, que rompió el silencio judicial y abrió la puerta a lo que vendría después.

Desde 2006, 1231 personas fueron condenadas por crímenes de lesa humanidad en 361 sentencias

Según los datos relevados por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH) del Ministerio Público Fiscal, se dictaron 361 sentencias por los Tribunales Orales de todo el país desde la reapertura de los juicios en 2006.

Las causas más conocidas son las denominadas ESMA I (o Febres), donde se condenó a represores por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada durante la dictadura, incluyendo secuestros, torturas y desapariciones, con figuras clave como Alfredo Astiz, Jorge “el Tigre” Acosta, Ricardo Cavallo, Adolfo Donda, Antonio Pernías, entre otros. En esta causa, se incluyeron los casos de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet y la desaparición del periodista Rodolfo Walsh.

En el caso Febres, el juicio incluyó sólo cuatro casos de víctimas sobrevivientes y a un solo imputado, el exprefecto naval Héctor Antonio Febres. El 10 de diciembre de 2007, cuatro días antes de la lectura de la sentencia, el imputado murió producto de la ingesta de arsénico mientras se encontraba detenido en la dependencia de la Prefectura Naval de Zona Delta. Las circunstancias de esa muerte son aún desconocidas.

Febres había sido identificado por las víctimas como el encargado de sustraer a los bebés nacidos en la ESMA y ubicarlos en familias de apropiadores. La muerte del exprefecto dio cuenta de la necesidad de un mayor control de las condiciones en las que se encuentran detenidos los imputados por crímenes de lesa humanidad.

En el caso Poblete Hlaczik (2006, Capital Federal), se juzgó la apropiación de Claudia Victoria Poblete y el secuestro y tortura de sus padres. Fue el caso testigo que quebró la impunidad.

Otros de los juicios emblemáticos fueron la causa contra Miguel Etchecolatz (2006, La Plata): primera condena a prisión perpetua por 14 víctimas del circuito Camps, un conjunto de 29 centros clandestinos de detención. Jorge Julio López, testigo clave, desapareció días antes del veredicto.

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En la causa Von Wernich (2007, La Plata), el capellán de la policía bonaerense fue condenado por 41 víctimas, probando la complicidad de sectores de la Iglesia católica. Durante este juicio se pudo comprobar que su presencia en los lugares de cautiverio cumplía una función dentro del engranaje represivo: escudado en su rol de sacerdote, Von Wernich tenía como trabajo sacarle información a las víctimas y calmar los reclamos de sus familiares. Fue condenado a prisión perpetua por 34 casos de privación ilegal de la libertad, 31 casos de tortura y 7 homicidios calificados.

Otros expedientes son el de la Masacre de Fátima (2008, Capital Federal), donde se comprobó que 30 personas fueron ejecutadas y voladas con explosivos en Pilar. La causa Menéndez – Brandalis (2008, Córdoba), fue la primera contra Luciano Benjamín Menéndez, jefe del III Cuerpo del Ejército.

La causa Regimiento de Infantería 9 (2008, Corrientes), fue el primer juicio que analizó un centro clandestino dentro de un regimiento militar. Por su parte, en Vargas Aignasse (2008, Tucumán), se condenó el secuestro y desaparición del senador justicialista en las primeras horas del golpe.

El caso Berthier – Caso Sampallo Barragán (2008, Capital Federal), fue el de la primera nieta recuperada que querelló contra sus apropiadores.

La lista continúa con causas como:

• La Masacre de Margarita Belén
• El Plan Sistemático de Apropiación de Menores (en sus varias etapas)
• Los juicios de Campo de Mayo
• Causa ESMA unificada
• Vesubio
• La Perla
• Automotores Orletti
• La Masacre de Trelew
• El Operativo Independencia

También decenas de megacausas provinciales que abarcaron desde Jujuy hasta Tierra del Fuego.

Según se desprenden de estas 355 sentencias, los circuitos represivos más juzgados fueron la ESMA, Campo de Mayo, La Perla, Vesubio, Automotores Orletti, Mansión Seré, Sheraton, Pozo de Banfield y Brigadas policiales.

Las personas más condenadas fueron Luciano Benjamín Menéndez, Miguel Etchecolatz, Alfredo Patti, Ramón Díaz Bessone y Jorge Acosta.

Delitos sexuales durante la dictadura

Los datos muestran que del total de las sentencias dictadas, 58 incluyeron condenas por delitos de violencia sexual cometidos en el marco del terrorismo de Estado. Estas representan el 17% del total desde la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad.

La violencia sexual fue parte integral del plan sistemático de represión desplegado durante la última dictadura cívico-militar.

La primera condena por estos delitos se produjo en 2010 en Mar del Plata. El Tribunal Oral Federal de esa ciudad sentenció a prisión perpetua al suboficial de la Fuerza Aérea Gregorio Rafael Molina por hechos que incluyeron violencia sexual. A partir de allí, la política criminal del Ministerio Público Fiscal dio un giro con la Resolución PGN 557/2012, que instruyó a los fiscales a investigar y requerir la sanción autónoma de estos crímenes, sin subsumirlos en figuras genéricas como “aplicación de tormentos”.

Desde entonces, los procesos se extendieron a todo el territorio nacional.

En promedio, cada una de las sentencias que abordaron violencia sexual involucró a varias víctimas y varios imputados, lo que refleja la complejidad de las investigaciones y la necesidad de probar el carácter sistemático de los abusos.

Especialistas y organismos de derechos humanos destacan que la visibilización de estos delitos contribuye a una comprensión más completa del terrorismo de Estado. No se trata de hechos aislados, sino de una estrategia deliberada para aterrorizar y deshumanizar a las víctimas. La autonomía en la calificación jurídica permitió que, en muchos casos, las víctimas pudieran relatar con mayor precisión lo sufrido y que los tribunales reconocieran el impacto diferenciado según el género.

El balance también muestra que, si bien el número de sentencias específicas por violencia sexual aún es proporcionalmente menor al total de juicios, la tendencia es ascendente. El récord de 2023 sugiere que los tribunales y las fiscalías incorporaron con mayor profundidad esta dimensión en las causas en trámite.

Uno de los casos más emblemáticos donde se tipificó de manera específica este tipo de delito fue la denuncia realizada por Silvia Labayru, que estuvo detenida en la ESMA y fue violada sistemáticamente por Jorge “El Tigre” Acosta y Alberto González, quienes fueron condenados en 2021 por estos hechos.

“Fue algo que tenía bastante guardado y me parecía muy importante aclarar que fueron violaciones y acabar con esta historia de que algunas secuestradas tuvimos relaciones con marinos. No era posible ninguna relación, era absolutamente imposible. El secuestro mediante, familiares amenazados, no hay consentimiento posible. No lo hay”, dijo Labayru en declaraciones a la CNN.

Cada una de estas 361 sentencias representan miles de horas de debate oral, testimonios de sobrevivientes, peritajes históricos, reconstrucción de centros clandestinos y identificación de responsabilidades. El proceso acumula un acervo documental y testimonial único en el mundo.

La Argentina se convirtió en uno de los primeros países del mundo en juzgar con todas las garantías procesales a quienes cometieron los crímenes más graves contra la humanidad. El Juicio a las Juntas es tomado de ejemplo en todo el mundo como un caso inédito de reparación.

Gracias a esa decisión, el “Nunca más” dejó de ser solamente una frase escrita en 1984 para convertirse en una política de Estado sostenida durante dos décadas y media. 50 años después del golpe, el compromiso sigue intacto: seguir investigando cada causa abierta, seguir juzgando con rigor, seguir garantizando que aquello que ocurrió entre 1976 y 1983 nunca vuelva a suceder en suelo argentino.

Dictadura, golpe de estado, Madres de la Plaza de Mayo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una pausa de cinco días en los ataques contra instalaciones energéticas de Irán, en lo que representa el primer gesto concreto de distensión desde el inicio del conflicto en Medio Oriente. La decisión fue comunicada luego de una serie de contactos diplomáticos que, según el propio mandatario, resultaron “muy buenas y productivas”.

El anuncio se realizó a través de su red social Truth Social, donde el líder republicano aseguró que las conversaciones apuntan a una “resolución completa y total” de las hostilidades. Además, advirtió que la continuidad de la tregua estará “sujeta al éxito de las reuniones en curso”, dejando abierta la posibilidad de retomar las operaciones si no hay avances.

La medida implica la suspensión temporal de bombardeos sobre plantas de energía e infraestructura estratégica iraní, en un contexto de máxima tensión que llevaba semanas de escalada militar. Apenas días antes, Washington había emitido un ultimátum exigiendo la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio energético mundial.

Del lado iraní, las respuestas habían sido contundentes. La Guardia Revolucionaria advirtió sobre posibles represalias contra infraestructuras vinculadas a Estados Unidos y sus aliados, mientras que autoridades políticas mencionaron la posibilidad de extender el conflicto a instalaciones sensibles en países del Golfo.

El impacto del anuncio fue inmediato en los mercados internacionales. El precio del petróleo registró una fuerte caída tras semanas de subas sostenidas, reflejando el alivio de los inversores ante una eventual desescalada. El crudo Brent retrocedió con fuerza, al igual que el West Texas Intermediate, luego de haber alcanzado niveles máximos impulsados por la incertidumbre global.

Las bolsas europeas también reaccionaron positivamente, revirtiendo pérdidas y operando en terreno positivo tras conocerse la decisión de la Casa Blanca. El cambio de tendencia refleja la expectativa de que una pausa en el conflicto reduzca la presión sobre el suministro energético global.

Irán dijo que bombardeará la infraestructura energética de Medio Oriente si EE.UU e Israel atacan sus instalaciones

La guerra, que ya lleva varias semanas, generó un fuerte impacto económico a nivel mundial. El cierre parcial del estrecho de Ormuz —por donde circula una porción significativa del petróleo y gas del planeta— provocó aumentos abruptos en los precios de la energía, afectando tanto a economías desarrolladas como emergentes.

Organismos internacionales ya habían advertido sobre el riesgo de una crisis energética de gran escala si el conflicto se prolongaba. En ese marco, la pausa anunciada por Trump es vista como una oportunidad para retomar canales diplomáticos que permitan contener la situación.

En paralelo, el frente militar sigue activo en otros puntos de la región. Israel confirmó nuevos ataques sobre objetivos en Teherán, mientras que en el Líbano continúan los enfrentamientos con Hezbollah, lo que mantiene abierto un escenario de alta volatilidad.

Por ahora, no trascendieron detalles sobre el formato ni los interlocutores de las negociaciones entre Washington y Teherán. Sin embargo, el freno temporal a los ataques marca un punto de inflexión en una guerra que venía escalando sin señales claras de resolución.

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CONFLICTO MEDIO ORIENTE,Donald Trump,Irán,Tregua

En un nuevo aniversario por el último golpe cívico-militar en Argentina que derrocó a Isabel Perón y hundió al país en el período más sangriento de la historia, el Gobierno anticipó una pequeña parte del video que difundirá este martes 24 de marzo por Youtube. El material en el que estaban trabajando desde hace unos días busca profundizar, como en ocasiones anteriores, sobre el discurso que denominaron como “Día de la Memoria por la Justicia y la Verdad Completa”.

La filmación fue compartida a través de la cuenta de la Casa Rosada, acompañada por un breve texto: “Mañana (hoy) se cumplen 50 años del 24 de marzo de 1976, fecha que demanda conocer la historia completa, de ambos lados y sin mentiras”. De esta manera, la administración de Javier Milei volvió a insistir con la idea de recordar tanto a las víctimas de la dictadura como los ataques de las organizaciones guerrilleras que operaron durante esa época.

Tal como lo había anticipado una fuente Infobae, la edición de este año tiene como principales protagonistas a hijos de desaparecidos entre 1976 y 1983, con la idea de que presenten su voz para reforzar el mensaje. “Que cuenten la verdad”, precisaron.

El fragmento que encabeza esta nota dura apenas 1.27 minutos. Comenzó a circular este lunes y resaltó en el plano inicial la palabra “completa”, en color bordó. Mirian Fernández es una de las nietas 127 recuperada que habla en la grabación y en donde afirma que “para sanar en este país y para sanar como ciudadanos tenemos que contar la historia verdadera”. Añade que la sociedad creyó un relato que no fue real».

Además de Fernández, aparece el testimonio del hijo del ex militar Argentino del Valle Larrabure que fue secuestrado en 1974 por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). “Una noche fue secuestrado por el ERP. Esa noche hubo heridos y muertos. De la historia argentina es el secuestro más largo, duró más de un año, 372”, relató y concluyó: “Creo que es momento de llamar a la unión de los argentinos, de todos los argentinos. Tenemos un país maravilloso y tenemos que aprovecharlo”.

Al cumplirse 50 años del derrocamiento de María Estela Martínez de Perón, las autoridades nacionales publicarán el mensaje a las 9 horas en la plataforma Youtube. Según informaron en esta ocasión el video no estará encabezado por el filósofo Agustín Laje, quien lidera la Fundación Faro, sino que la decisión fue sumar “caras nuevas” con el objetivo de no repetir figuras ya expuestas en producciones anteriores. La realización del material contó con la participación del equipo asesor del presidente Santiago Caputo.

La administración libertaria sostiene desde su inicio la “teoría de los dos demonios”, una postura que promueve el reconocimiento tanto de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la Junta Militar como de las víctimas de las organizaciones guerrilleras. Milei manifestó en diversas oportunidades que “no hay registros fehacientes de que hayan sido 30 mil los desaparecidos” y citó como cifra real la de 8.753 víctimas, de acuerdo al informe elaborado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) en 1984. “Yo no estoy de acuerdo con esta visión tuerta que nos quiso imponer el kirchnerismo y siempre dije: quiero la memoria completa; o sea, una verdad contada a medias no es verdad, es una mentira”, expresó el mandatario en un acto por el aniversario del golpe militar el año pasado.

Por otro lado, en la antesala del 24 de marzo, el Gobierno desclasificó una serie de documentos históricos, pertenecientes a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), que corresponden al periodo de la dictadura.

De acuerdo con la información difundida, algunos de estos archivos detallan los métodos implementados por el régimen de facto para censurar libros y películas en el país. Las tareas de control y censura eran realizadas por la División Asesoría Literaria, dependiente de la Dirección Comunicación Social, que formaba parte del Departamento Medios de Comunicación Social.

El Gobierno anticipó que continuará con la publicación de materiales y la apertura de archivos vinculados al terrorismo de Estado y a las acciones de grupos armados previas y posteriores al golpe de 1976.