Después de una audiencia celebrada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Pablo López, reiteró el reclamo por una deuda que, según la administración bonaerense, supera los 2,2 billones de pesos y corresponde a fondos previsionales adeudados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La instancia judicial, convocada por el máximo tribunal, reunió a funcionarios provinciales y representantes del Gobierno nacional para abordar la situación financiera que, de acuerdo con el reclamo, afecta a más de 17 millones de bonaerenses.

El encuentro contó con la presencia del fiscal de Estado bonaerense, Hernán Gómez; la titular del Instituto de Previsión Social, Mariana Moretti; y el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel. La audiencia permitió que las autoridades provinciales expusieran la magnitud del conflicto vinculado al sistema jubilatorio y los recursos que, según la provincia, corresponden a sus habitantes pero han sido retenidos por el Estado nacional.

Al término de la reunión, López valoró el diálogo institucional propiciado por la Corte y destacó la importancia del compromiso asumido – de acuerdo a las expresiones de López – por el Gobierno nacional de trabajar sobre el tema. El ministro adelantó que se fijó una nueva audiencia para el 21 de abril, con el objetivo de alcanzar un reconocimiento formal de la deuda y avanzar hacia una solución para el reclamo bonaerense.

El reclamo por los fondos jubilatorios forma parte de un conjunto más amplio de demandas que la provincia de Buenos Aires sostiene ante Nación. Según López, las deudas totales que el Estado nacional mantiene con el distrito ascienden a 15,6 billones de pesos e incluyen, además de la cuestión previsional, transferencias no automáticas y obras públicas inconclusas. El funcionario afirmó que el Gobierno provincial realiza “un esfuerzo enorme” para sostener servicios esenciales a pesar de los recortes.

La provincia de Buenos Aires sostiene que el actual régimen de coparticipación federal de impuestos la coloca en una situación de desventaja. De acuerdo con los datos oficiales, el distrito aporta el 38% de la recaudación total del país, pero recibe solo el 7% de los recursos distribuidos, mientras que la administración nacional concentra el 70%. Esta desproporción, subrayan desde la administración bonaerense, se ve agravada por el incumplimiento en la transferencia de fondos obligatorios.

El conflicto se desarrolla en un contexto de caída de la recaudación provincial, que las autoridades atribuyen a la recesión económica y a la política fiscal implementada en el ámbito nacional. Esta situación, aseguran, limita la capacidad del Ejecutivo bonaerense para financiar áreas clave y responder a las demandas de la población.

La demanda que la provincia impulsa contra ANSES no es la única en curso. El gobierno encabezado por Axel Kicillof ha presentado otras seis acciones legales contra el Estado nacional. Entre ellas figuran el reclamo por el recorte del Fondo de Fortalecimiento Fiscal, destinado a seguridad; el Fondo de Compensación al Transporte del Interior; y el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que impacta en los salarios de los trabajadores de la educación.

La preocupación por el estado de las finanzas provinciales fue un eje central del mensaje transmitido por López tras la audiencia. El ministro subrayó que la continuidad y calidad de los servicios públicos dependen, en gran parte, de la regularidad en la transferencia de fondos comprometidos por Nación.

En palabras del titular de la cartera económica, “seguiremos insistiendo para que el Gobierno nacional cumpla con las obligaciones que tiene con nuestra Provincia y recuperar los recursos que pertenecen a las y los 17 millones de bonaerenses”. Para la administración provincial, la resolución de estos conflictos resulta fundamental para garantizar la sustentabilidad fiscal y la atención de las necesidades sociales.

El próximo encuentro en la Corte Suprema, previsto para el 21 de abril, será clave para definir si el Gobierno nacional reconoce la deuda reclamada por la provincia y asume un compromiso concreto de pago.

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Los bloques de la Cámara de Diputados definieron la integración de las comisiones encargadas de analizar las distintas iniciativas legislativas. El presidente del cuerpo, Martín Menem, recibió la facultad de conformar las comisiones que debatirán a lo largo del período parlamentario los proyectos presentados tanto por los legisladores como por el Poder Ejecutivo.

La Cámara de Diputados integró las comisiones de Cultura, que presidirá Lorena Pokoik de UxP; Pequeñas y Medianas Empresas (pymes), que será encabezada por Pablo Farías de Provincias Unidas; Industria liderada por José Luis Garrido de Por Santa Cruz. Economía, que quedó a cargo de Julia Strada de UxP; Legislación General, que presidirá Santiago Santurio; Comercio, el cordobés de Provincias Unidas Juan Brügge; y de las Personas Mayores, que la conducirá Pablo Todero de UxP. Esta semana se integrarán 18 comisiones de trabajo.

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Este miércoles también se integrarán Transporte, Energía y Combustibles, Análisis y seguimiento del cumplimiento de normas Tributarias y Previsionales, Educación, Acción Social y Salud Pública y Discapacidad, en estas dos últimas comisiones La Libertad Avanza decidió tomar el control y desplazar a UxP, que durante 2025 inició los debates de Emergencia en Discapacidad y planteó en Salud varias citaciones al ministro del área, Mario Lugones, por la causa del fentanilo adulterado que impulsó la creación de una comisión investigadora a instancias de varios bloques.

Primera discusión por las pymes

La situación económica y fiscal de las pymes ya marcó diferencias entre La Libertad Avanza y Unión por la Patria. En la comisión que se conformó sobre las Pequeñas y Medianas Empresas, las diputadas Roxana Monzón de UxP, y Silvana Giudici, de LLA, plantearon los primeros cruces entre los sectores.

La bonaerense de UxP Roxana Monzón planteó la situación de crisis por la que atraviesan las pymes. “El sector está asfixiado y sobreviviendo. Desde que está este gobierno, han cerrado 22 mil empresas pymes; 17 personas se quedan sin trabajo en Argentina por hora, lo que sería 400 personas por día que pierden su trabajo, y esto se debe al cierre de las pymes”, le dijo la diputada Monzón a este medio, repitiendo su participación en la comisión.

La diputada libertaria Silvana Giudici le contestó: “Tenemos una mirada distinta desde este bloque, creemos que las pymes vienen siendo el sector más castigado de las últimas décadas, pero las percepciones hay que respaldarlas con datos. Según los estimadores mensuales de actividad económica (EMAE), en diciembre de 2025 el cálculo mensual reflejó un crecimiento de un 3,5%. Los sectores más beneficiados, como agricultura y ganadería, registraron un crecimiento del 32%, al igual que otros rubros medidos por este indicador, muchos de ellos compuestos por pymes y microemprendimientos. Sin embargo, no se puede olvidar que el último gobierno de Alberto Fernández dejó una inflación del 211% y una pobreza cercana al 50%, mientras que durante la gestión de Javier Milei la pobreza se redujo un 26,9%».

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Por su parte, la legisladora libertaria Verónica Razzini, electa vicepresidenta de la Comisión Pymes, señaló a TN: “Estamos en una completa transformación de la cuestión económica de la Argentina; hoy lo que hicimos hasta acá está cambiando completamente. El sector pyme es un universo que está acostumbrado a cambios de reglas de juego todo el tiempo. Si bien lo hacemos con cierto sufrimiento, porque obviamente hay dolor en esta transformación, también lo hacemos con expectativas, y digo lo hacemos porque vengo de este universo también, y estamos en la búsqueda de estos cambios que traen los acuerdos comerciales, la apertura al mundo, poder mostrar lo que somos capaces de hacer los argentinos sin estar encerrados en una economía que solo trabajaba hacia adentro y no hacia afuera. La apertura al mundo es el camino de largo plazo, el que dura, el que no es un parche, el que sirve para construir una economía fuerte”.

La llegada de las reformas

Mientras se conforman las comisiones en ambas cámaras legislativas, se esperan los ingresos de los proyectos anunciados por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras una nueva reunión de la Mesa Política de Casa Rosada.

El ministro Coordinador, Manuel Adorni, detalló en su cuenta de X varias iniciativas legislativas, entre ellas la modificación del Código Penal con foco en el endurecimiento de penas, y leyes sobre propiedad privada, como la Ley de Expropiaciones, la Ley de Tierras, la Ley de Fuegos y la regularización dominical para la integración socio urbana. También mencionó avances en la Ley de Glaciares, la modificación de la Ley de Discapacidad y la Ley de Financiamiento Universitario, con el objetivo de compatibilizarla con el equilibrio fiscal.

Algunas de estas propuestas ya están en debate en el Congreso, como la reforma a la Ley de Glaciares, mientras que otras, como el financiamiento universitario, ya fueron presentadas y ciertos proyectos, como los cambios a la Ley de Discapacidad, aún deberán ingresarse.

El radical Pablo Juliano, integrante de Provincias Unidas, dijo a TN: “Lo primero que veo es la imprecisión del Gobierno. La necesidad de tirar títulos para salir de este atolladero en que se metió el jefe de Gabinete, del que no encuentra salida, es la primera impresión que tengo porque incluso muchos temas están en tratamiento. Esta cuestión genérica de endurecer penas o ley de Tierras y demás que menciona (Manuel) Adorni, me parece que es como el capítulo dos de la improvisación”.

El oficialismo espera con expectativas las nuevas iniciativas y ampliará los temas en la próxima reunión del bloque que lidera Gabriel Bornoroni.

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