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Actas secretas de Fabricaciones Militares revelan cómo se financió la llegada de nazis a la Argentina

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Una serie de actas secretas del directorio de Fabricaciones Militares que datan entre 1945 y 1950 revelan, en forma indiciaria, cómo se financió la llegada de criminales de guerra y colaboracionistas nazis a la Argentina, en el marco de lo que se conoció como “la ruta de las ratas”, después de la Segunda Guerra Mundial.

Las actas ordenan “la contratación” de personas en países europeos y algunas se presume fueron usadas para cubrir el pago del viaje y la estadía de los nazis, revelaron a Clarín fuentes del Gobierno.

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«Son cuatro actas donde el directorio, en forma secreta ordenaba, enviar comisiones para contratar científicos polacos para Fabricaciones Militares», contaron las fuentes. Así viajaron con pagos de «unos 20 mil francos suizos» a Londres, Zurich y otras ciudades europeas, pero no se sabe si realmente llegaron los científicos polacos a Argentina.

Prontuario del criminal de guerra nazi Josef Mengele de la Policía Federal, ahora desclasificado por el Gobierno.

Esta semana el Archivo General de la Nación (AGN), que dirige Emilio Perina, desclasificó y publicó una serie de documentos secretos de la SIDE, la Policía Federal, la Gendarmería Nacional y otros organismos sobre el paso por Argentina del médico nazi Josef Mengele, de Walter Kutschmann y de Adolf Eichmann, entre otros responsables del Holocausto judío. Mengele hizo macabros experimentos con presos en Auschwitz, Eichman diseñó las cámaras de gas y Kutschmann fue un comisario de la Gestapo.

En esos documentos se señala por ejemplo que Mengele llegó a través de un acuerdo con la Cruz Roja Internacional y que Kutshmann ingresó al país el 16 de enero de 1949 con el nombre falso de Pedro Ricardo Olmo y con el pasaporte español número 538765. Y, resalta el prontuario, con una “célula para sacerdotes y religiosos del ministerio de Asuntos Exteriores de España número 2307”. El entonces, dictador de España, el general Francisco Franco, si bien se mantuvo neutral en la guerra fue un aliado del nazismo de hecho.

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El prontuario policial del oficial nazi Kutschmann alias Pedro Olmo dice que entró al país con un pasaporte español.El prontuario policial del oficial nazi Kutschmann alias Pedro Olmo dice que entró al país con un pasaporte español.

Se trata de 1.850 piezas documentales que se habían entregado en copias al Centro Simón Wiesenthal, que actualmente se encuentra investigando las vinculaciones del banco Credit Suisse (hoy USB) con el nazismo durante y después de la guerra. Wiesenthal fue una víctima del Holocausto y el más famoso cazador de nazis.

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«La ruta de las ratas»: nazis en Argentina.

En realidad, esos documentos ya habían sido desclasificados por el decreto 232 de 1992 ex presidente Carlos Menem debido al impulso de su canciller Guido Di Tella. Así se creó la llamada Comisión de Esclarecimiento de las Actividades del Nazismo en la Argentina (CEANA) que descubrió indicios de la presencia de “180” criminales nazis pero no solo alemanas, sino también colaboracionistas croatas, ucranianos, bielorrusos, holandeses y belgas, durante los dos primeros gobiernos de Juan Perón.

Esas 1.850 piezas tienen, en general, datos conocidos y entre ellas no se encuentras éstas actas secretas de Fabricaciones Militares que por orden del presidente Javier Milei, el ministro de Defensa, Luis Petri, se las dio en marzo a representantes del Centro Simon Wiesenthal, entre ellos, su director para América Latina, Ariel Gelblung.

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Fotos del pasaporte Mengele incluídas en un informe secreto de la Policía Federal que desclasificó el Gobierno.Fotos del pasaporte Mengele incluídas en un informe secreto de la Policía Federal que desclasificó el Gobierno.

Las actas de Fabricaciones Militares son parte de los “35 kilómetros de documentos” sobre el financiamiento de “la ruta de las ratas” que el Wiesenthal recogió en una investigación por todo el mundo y que dará a conocer el año próximo. Fabricaciones Militares depende del ministerio de Defensa.

El ministro de Defensa, Luis Petri, que impulsa la desclasificación de documentos sobre los nazis, rindió homenaje a los 323 marinos muertos en el hundimiento del General Belgrano en la guerra de Malvinas.El ministro de Defensa, Luis Petri, que impulsa la desclasificación de documentos sobre los nazis, rindió homenaje a los 323 marinos muertos en el hundimiento del General Belgrano en la guerra de Malvinas.

En paralelo, la justicia argentina también descubrió documentos sobre expedientes por la extradición de algunos de esos nazis que se pondrán, la semana próxima, a disposicion del museo del Holocausto, revelaron a Clarín fuentes judiciales.

En febrero de este año, Milei recibió en Casa Rosada a las autoridades del Centro Simon Wiesenthal, quienes le entregaron una carta del Comité de Justicia del Senado de los Estados Unidos para que la Argentina colabore con su investigación al Credit Suisse por ayudar al nazismo.

Fotos de Mengele en diversas etapas de su vida incluídas en el prontuario policial.Fotos de Mengele en diversas etapas de su vida incluídas en el prontuario policial.

Esos representantes le dieron a Milei esa carta del presidente de la comisión de Presupuesto del Senado norteamericano, el republicano Chuck Grassley, en la que le pedía colaboración en la investigación.

Los representantes del Simón Wiesenthal pidieron concretamente que Milei le de acceso a los archivos argentinos a un grupo de investigadores, encabezados por Neil Barofsky, a quien el Crédit Suisse había contratado hace cuatro años para investigar las conexiones del banco con el oro nazi. Ahora con el apoyo del Senado norteamericano, Barofsky envió el mes pasado un informe provisorio que contiene “nuevos y extensos hallazgos” sobre la investigación de la conexión con los nazis.

El presidente Javier Milei en marzo con representantes del Centro Simón Wiensenthal.El presidente Javier Milei en marzo con representantes del Centro Simón Wiensenthal.

Después de la entrevista con Milei, Petri dijo al canal de noticias Dnews que habían encontrado indicios en archivos argentinos que permitirían esclarecer «cómo se movieron los fondos» que financiaron la presencia de los jerarcas nazis en Argentina.

Petri afirmó que existe el «interés de conocer algunas actas del directorio que daba cuenta de operaciones de Fabricaciones Militares entre 1945 y 1950 donde esas actas de directorio eran secretas y encomendaban la contratación de personas en países europeos», sin dar más detalles al respecto. Esas actas no fueron difundidas por el Archivo General de la Nación y los decretos revelados tiene fecha a partir de 1957. Es decir, no incluyen los dos primeros gobiernos de Perón.

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Mengele ingresó a la Argentina en 1949 con el nombre falso de Gregor Helmut y un pasaporte de la Cruz Roja, según la Policía Federal.Mengele ingresó a la Argentina en 1949 con el nombre falso de Gregor Helmut y un pasaporte de la Cruz Roja, según la Policía Federal.

«Es una pista novedosa lo que ha surgido. Primero se puso el foco en aquellos nazis que llegaron a la Argentina y ahora cómo se financiaron y quiénes facilitaron el sostenimiento económico de estos jerarcas nazis sea en Argentina u otros países de Latinoamérica», insistió Petri.

La reunión se realizó por un pedido de ese senador de EE.UU al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien dio la orden de profundizar la búsqueda de documentos sobre nazis en el Estado argentino.

Informe de la Federal sobre el ingreso de la esposa de Mengele al país.Informe de la Federal sobre el ingreso de la esposa de Mengele al país.

Se trata de «nazis que vinieron a guarecerse a la Argentina, de los que todavía hay documentación que no se ha hecho pública y que pertenecen a operaciones bancarias, financieras, a bancos suizos«, detalló. Y Francos enfatizó que, ante el pedido, el Presidente «dio órdenes de que se liberara toda la documentación que existiera en cualquier organismo del Estado para que se conozca todo».

A mediados de 2023, el Centro Simon Wiesenthal había recordado que hace varios años, se inició una investigación global dirigida por Stein Mitchell Beato & Missner LLP, sobre los activos y cuentas nazis y afiliadas a los nazis que ciertos bancos extranjeros mantuvieron mucho después del final de la Segunda Guerra Mundial.

Huellas dactilares de Martin Bormann, el secretario privado de Hitler, incluídas en su prontuario.Huellas dactilares de Martin Bormann, el secretario privado de Hitler, incluídas en su prontuario.

A partir de marzo de 2020, el CSW invitó a Credit Suisse a revisar sus conclusiones relacionadas con la investigación de los llamados activos nazis. En respuesta, el banco “se comprometió a investigar y confrontar este pasado oculto y problemático”, pero luego echó al investigador y empezaron las dudas.

En paralelo, el Credit Suisse informó que el CSW en marzo de 2020 le pidió que investigara una lista de 12.000 individuos que incluía a nazis que llegaron a Argentina a partir de la década de los años 30, muchos sospechosos de haber girado dinero a cuentas suizas.

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La lista se basaba en miembros de la Unión Alemana de Gremios (UAG), un sindicato argentino vinculado a la ideología nazi, y según el Centro Simon Wiesenthal muchos de ellos tenían cuentas en el banco suizo Schweizerische Kreditanstalt, predecesor directo de Credit Suisse.

Huellas digitales de Mengele quien huyó de Argentina a Brasil, donde murió en 1979.Huellas digitales de Mengele quien huyó de Argentina a Brasil, donde murió en 1979.

Según Credit Suisse, los investigadores de AlixPartners encontraron que en la lista de 12.000 personas muchas estaban duplicadas y en realidad eran menos de 9.000. Y, además, no había ningún miembro del Partido Nazi Argentino, según la lista de miembros de esta formación que el Gobierno de Estados Unidos elaboró en 1946.

Los investigadores sólo hallaron ocho miembros de la lista facilitada por el Centro Simon Wiesenthal que tuvieran posiblemente una cuenta en el Schweizerische Kreditanstalt entre 1933 y 1945, pero «siete de ellas estaban cerradas en 1937», señaló Credit Suisse.

Antes en 1988, bancos suizos reconocieron que jerarcas nazis había depositado dinero de bienes confiscados a los judíos antes y durante la II Guerra Mundial y acordaron pagar 1.250 millones de dólares a descendientes de las víctimas asesinadas y robadas.

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Las actas de Fabricaciones Militares contienen indicios sobre esa financiación de la «ruta de las ratas» hacia Argentina y su contenido todavía es un secreto.

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La planta de Paysandú no impactará en la costa entrerriana, según el informe de impacto ambiental de la empresa

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El montaje y puesta en funcionamiento de la planta de hidrógeno verde en Paysandú no traerá consecuencias negativas a Colón y al resto de las ciudades costeras argentinas, de acuerdo a una de las conclusiones que arroja el estudio de impacto ambiental de la empresa HIF, desarrolladora del proyecto. El dato fue confirmado a Infobae por una fuente con acceso directo al escrito.

El documento incluye un modelo 3D de la planta y de su visual desde la costa argentina. Según ese esquema, “no habría afectación al paisaje”. El escrito se presentó ante la Dirección Nacional de Medio Ambiente de Uruguay.

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El dossier completo, que consta de unas 2.800 fojas, será hecho público en las próximas semanas. Luego, se abrirá un período de estudio y análisis por parte de la cartera de Ambiente uruguaya. Este esquema incluye una ronda de consultas públicas sobre el emprendimiento. El proceso podría extenderse entre 6 y 8 meses. El lapso comenzó a correr el 13 de marzo, cuando la empresa presentó el informe.

Recién entonces, y si el Ministerio de Ambiente da luz verde, podría comenzar la obra civil del proyecto. La inversión rondará los USD 5,8 mil millones. La producción final de e-combustibles ya fue preubicada en otros países. El complejo se ubicará al norte de Paysandú, a la vera del río Uruguay.

El complejo prevé producir hasta 876.000 toneladas de e-Metanol por año y desarrollarse en cuatro etapas graduales para optimizar la producción

La planta se desarrollará en cuatro etapas o “trenes de producción”, avanzando de manera gradual. En su totalidad, el proyecto requerirá una inversión de USD 5.385 millones y produciría hasta 876.000 toneladas de e-Metanol por año. En el proceso productivo reciclará 900.000 toneladas de CO₂. Esta cantidad equivale a las emisiones anuales de casi 200.000 vehículos.

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Hasta ahora, HIF cuenta con la aprobación de la viabilidad ambiental de la planta. Es un primer paso. El segundo es el más complejo.

La empresa, controlada por capitales chilenos, mantendrá la línea de responder los requerimientos del Estado uruguayo. Y no intervendrá en la disputa que, hasta ahora, mantienen Argentina y el país vecino.

En rigor, el proyecto de Paysandú fue hecho por el Estado uruguayo. HIF es solo la firma que ganó la licitación. El proceso se inició durante la gestión de Luis Lacalle Pou, del partido Blanco. La actual administración del Frente Amplio heredó el esquema en marcha.

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Qué pasará con los planteos argentinos

El Gobierno de Entre Ríos y la Cancillería argentina cuestionan el lugar de emplazamiento original. Esto provocaría un impacto visual que afectaría en forma directa al turismo, la principal industria de la región.

La inversión total de la planta de hidrógeno verde HIF en Paysandú supera los USD 5.385 millones y reciclará 900.000 toneladas de CO₂ anualmente. (REUTERS/Joel Estay)

Ante este escenario, las autoridades del país vecino exigieron a la empresa que, en el estudio ambiental, incluyeran a Colón y sus alrededores dentro de la zona de impacto. ()

“Se deberán detallar los elementos más relevantes del medio natural, prestando especial atención al área Protegida Islas del Queguay, los cuerpos de agua y los montes nativos, así como los principales elementos del medio antrópico en el entorno de cada componente, tales como centros poblados del área de influencia (incluyendo a la ciudad transfronteriza de Colón), instituciones educativas y vías de tránsito”, planteó como condición el Ministerio de Ambiente.

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La respuesta a la que habría arribado la empresa al realizar las mediciones es que no el impacto visual sobre los balnearios no se produciría. Tampoco se registraría un efecto ambiental en el río.

Ahora la cuestión pasa por lo formal. El curso de agua es un recurso compartido entre ambos países. Un tratado de 1960 estableció que cualquier acción de uno de los dos Estados que lo afecte debe ser notificada y consultada con el otro. Hasta el momento, no hay elementos para constatar que este paso se haya dado.

Un problema de esta naturaleza estuvo detrás del conflicto por Botnia a principios de siglo. Argentina denunció a Uruguay por incumplimiento del acuerdo. La Corte de La Haya le dio la razón a nuestro país. Pero entendió además que la instalación de la pastera no violaba normas de protección ambiental.

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El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, adelantó que la posibilidad de una nueva demanda internacional está dentro de la estrategia. Pero una intervención del presidente uruguayo Yamandú Orsi calmó las aguas.

Cómo marcha la causa penal en Entre Ríos

En paralelo, la Justicia Federal de Entre Ríos avanzó con la demanda por contaminación. La denuncia fue promovida por la fiscal Josefina Minatta. El juez Hernán Viri la recepcionó y decidió tomar las riendas de la investigación. Por eso, encargó una serie de informes que Fiscalía pidió.

El magistrado le solicitó saber si se observaron los procedimientos de consulta del acuerdo binacional. El organismo encargado de esto es la CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay). Viri la emplazó a que haga llegar esta respuesta a su despacho en un plazo perentorio.

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Además, le pidió a la Secretaría de Turismo de Entre Ríos que le haga llegar estudios o evaluaciones sobre la influencia de la planta en la actividad turística de Colón y la zona.

Por otro lado, también involucró a la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Entre Ríos. En concreto, le solicitó un estudio de impacto ambiental sobre la costa argentina de la instalación de HIF en Paysandú.

Asimismo, requirió información por vía diplomática al Estado uruguayo. Esto incluye la que es de acceso público y la que tiene carácter reservado o confidencial. El pedido de Viri alcanza datos técnicos como tipo y cantidades de producción, personal y fecha de inicio de actividad. Además, la identificación de los responsables de HIF.

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Uno de los puntos más conflictivos del exhorto es la solicitud para acceder a una copia íntegra del memorándum que el Gobierno uruguayo y la empresa firmaron en diciembre. Se trata de la hoja de ruta del proyecto. Viri quiere conocer la letra oficial y también “aquella información que revista carácter reservado o confidencial, en la medida en que su ordenamiento jurídico interno lo permita”.

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Se dilata el debate por la Ley de Glaciares: el oficialismo convocará a una audiencia con gobernadores mineros

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Si bien terminaron las audiencias públicas por la Ley de Glaciares, La Libertad Avanza decidió hacer una instancia informativa más y convocar a los gobernadores de las provincias mineras, a funcionarios del Poder Ejecutivo y a integrantes del IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales). Después de eso sí buscarán firmar los dictámenes y enviarlos al recinto de Diputados.

Los mandatarios que concurrirán al Congreso están referenciados con las denominadas mesas del Cobre y del Litio. Sin embargo, en la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, pidió la presencia del resto de los gobernadores. Mientras que Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda, le solicitó a José Peluc, titular del plenario, sumar a especialistas.

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Esto dilata el debate, mientras el presidente de la Cámara, Martín Menem y Gabriel Bornoroni, jefe del oficialismo, hacen números buscando las mayorías para dictaminar la iniciativa y aprobarla en el recinto. “Buscamos que el proyecto que sancionó el Senado no se toque, asó lo convertimos en ley”, le dijo a TN un libertario de la mesa de conducción.

Los gobernadores de San Juan, Marcelo Orrego; Mendoza, Alfredo Cornejo; Salta, Gustavo Sáenz; Jujuy Carlos Sadir, y Catamarca, Raúl Jalil, que conformaron la mesa del cobre, participarán del debate por la ley de Glaciares en Diputados. (Foto: Gobierno San Juan).

En una primera instancia se planificó en las oficinas del oficialismo firmar los dictámenes la próxima semana y llevar al recinto el 8 de abril el debate, pero la incorporación de estos gobernadores podría atrasar el cronograma.

La segunda audiencia

Con algunos inconvenientes técnicos, lo que llevó a suspender por momentos la palabra de los participantes, se concretó este jueves la segunda Audiencia Pública por los cambios a la Ley de Glaciares. La participación ciudadana se realizó en formato virtual, con comunicaciones desde distintos puntos del interior del país.

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El plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente y de Asuntos Constitucionales, presididas por los oficialistas José Peluc y Nicolás Mayoraz, respectivamente, conectó con fuertes cuestionamientos a la iniciativa por parte de ambientalistas y con apoyo de los sectores mineros.

Con la presencia de pocos legisladores, tanto del oficialismo como de la oposición la reunión comenzó después de las 10 y se extendió hasta pasadas las 20.

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La exdiputada nacional, del peronismo federal, Graciela Camaño hizo uso de la palabra en el plenario y cuestionó el procedimiento llevado adelante por el oficialismo en la convocatoria de Audiencias Públicas: “Claramente la no realización de la audiencia obligatoria conforme a las pautas constitucionales determina la nulidad absoluta del acto que se emita en estas condiciones por configurar una violación en el elemento formal del acto al no haberse cumplido con los procedimientos esenciales previstos para la emisión del mismo”.

La exdiputada nacional Graciela Camaño participó de manera virtual del debate por los cambios ala Ley de Glaciares. (Foto: Télam).
La exdiputada nacional Graciela Camaño participó de manera virtual del debate por los cambios ala Ley de Glaciares. (Foto: Télam).

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Sobre la modificación a la Ley de Glaciares sostuvo: “Este proyecto cuyo objeto no es la minería, si no el ambiente, claramente viola el artículo 41 de la Constitución Nacional, y pretende transformar una ley que tiene características científicas de protección mínima uniforme para todo el territorio de los reservorios de agua dulce, en una ley de carácter político donde cada provincia va a definir qué ambiente periglacial va a proteger o no, conforme a su explotación minera”.

Los puntos de la norma

Las modificaciones a la Ley de Presupuestos Mínimos para la protección de los glaciares, sancionada en 2010, tienen como objetivo alterar la protección total que hoy tienen los glaciares y el ambiente periglacial. El Gobierno busca darles mayor margen a las provincias para determinar qué geoformas proteger y en cuáles habilitar actividades como la minería en función de su aporte hídrico.

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Los cambios propuestos permitirían la actividad industrial, como la minería y la exploración petrolera en zonas periglaciales, otorgando el poder de decisión a los gobiernos provinciales y mayor flexibilidad para el desarrollo económico.

Los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil, y de San Juan, Marcelo Orrego, participaron activamente del debate en las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, y de Medio Ambiente del Senado. Sus diputados acompañarían los cambios cuando el debate llegue al recinto de la Cámara baja. El pasado 26 de febrero el Senado aprobó el proyecto por 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención.

ley de glaciares, audiencias públicas, Diputados

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Tucumán: el diputado agredido por un empleado público con un cabezazo pidió investigar el accionar de la policía

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La brutal agresión que se registró en Tucumán con el cabezazo que el diputado libertario Federico Pelli recibió por parte de Marcelo “Pichón” Segura continúa sumando capítulos y ahora apuntaron contra el accionar de la Policía de la provincia. La querella presentó un escrito en el que pidieron investigar a los miembros de la fuerza involucrados y sostuvieron que “incumplieron sus deberes”.

En diálogo con La Gaceta, el propio Pelli sostuvo que el caso tomó repercusión producto de su cargo dentro de la Cámara Baja en el bloque de La Libertad Avanza. “Lo triste es que cuando le sucede a la gente a pie queda en la total impunidad. Lo más grave también, que yo vi en el video posterior, porque cuando recibo el ancazo ya pierdo noción de lo que estaba pasando, fue el accionar de la policía”, señaló.

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“Realmente eso me pareció insólito. La desidia con la que actuaron me parece un mensaje muy peligroso el que dieron esos agentes de policía. Frente a los poderosos o a gente vinculada al poder hay impunidad y te damos palmaditas para que te retires. Y con el ciudadano de a pie común actuamos con toda la rigurosidad y con toda la brutalidad del mundo o con la mayor severidad”, apuntó.

En las imágenes que se difundieron en redes sociales, se puede observar cómo todo comenzó con un breve cruce de palabras, en donde el diputado dijo: “¿Quién sos vos para dejar pasar?”. Acto seguido, tras la intención del agresor de no dejar pasar al diputado hacia la mencionada localidad, le pegó con la parte superior de la cabeza y el impacto le rompió la nariz, lo que lo dejó con la cara sangrando. Todo esto ante la vista de un grupo de agentes que estaban en la zona.

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De acuerdo a lo que señalaron los médicos que atendieron al diputado, sufrió un traumatismo encefalocraneano y nasal. Le realizaron una tomografía y detectaron que tiene una fractura del hueso nasal, por lo que quedará en observación, ya que no hay lesión cerebral. “Fue una desgracia con suerte”, señaló uno de los profesionales que lo atendieron en el Hospital Regional de Concepción en diálogo con medios locales.

Según la presentación ante la Justicia, la querella sostuvo que “el personal policial presente no solo no observaron ni ejecutaron las leyes cuyo cumplimiento y observancia debieron cumplir, sino que además, de manera dolosa, no solo omitieron, sino que incumplieron sus deberes”.

“El mismo imputado declaró que pidió ayuda y colaboración al personal policial, quienes en vez de proceder a la inmediata aprehensión del encartado, protegían y acompañaban a Segura en vez de solicitar ayuda o personal médico para que atiendan a la víctima de autos”, agregaron.

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En ese sentido, desde el lado de Pelli señalaron que, una vez que se produjo la agresión, el personal policial acompañó y protegió al imputado. Es por eso que piden que se incluya a los agentes y se los impute por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario pública.

Mientras tanto, el fiscal Miguel Ángel Varela, a cargo del caso, imputó a Segura por “lesiones graves agravadas por alevosía” y le ordenó una prisión preventiva de cuatro meses y su traslado al penal de Benjamín Paz.

Además, la decisión se fundamentó en la presencia de riesgos de fuga y posibles maniobras para dificultar la investigación, sobre todo por la necesidad de identificar a otros involucrados y de recuperar el teléfono móvil del imputado, quien aseguró haberlo extraviado durante el ataque.

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“Pichón” Segura se identificó como empleado público de la comuna de Los Bulacio. De acuerdo a la información a la que accedió este medio, tiene un antecedente penal por tenencia de armas de guerra, en el año 97′.

A través de sus redes sociales, Segura aseguró que estará ausente durante cuatro meses. “Voy a estar incomunicado 4 meses. Dejo mi celular a cargo de una CM. Por favor banquen hasta que todo esto acabe. Y como dijo Eva ‘volveré y seré millones’. Hasta la victoria siempre compañeros y compañeras”, escribió en su publicación.

En la misma cuenta oficial del empleado público se identifica como “tucumano y peronista”. Durante las últimas horas, mientras esperaba que se realizara la audiencia, realizó varias publicaciones asegurando que estaba “más fuerte y más entero que nunca”, y agradeció el apoyo de sus seguidores.

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