El Gobierno avanza en la recolección de documentación para responder a los requerimientos judiciales por el viaje de Manuel Adorni a Punta del Este. En el Ejecutivo aseguran que remitirán todo lo que solicitó el juzgado de Ariel Lijo y sostienen que ya se ordenó reunir registros fílmicos, constancias administrativas y papeles vinculados con el traslado del jefe de gabinete y su familia, mientras la causa suma medidas para reconstruir quién pagó los vuelos y bajo qué condiciones se hizo el viaje.

Entre el material que preparan organismos del Estado, figuran las cámaras de la PSA y de otras áreas del aeropuerto, oficios con pedidos a la Secretaría General de la Presidencia, planes de vuelo requeridos a la ANAC, informes sobre movimientos y facturación, ingresos y egresos de hangares, y presentaciones vinculadas con la UIF. Fuentes al tanto del expediente aseguran que luego seguirán las declaraciones testimoniales.

En la Casa Rosada admiten dificultades para contener la escalada de tensiones y las atribuyen a la interna oficialista, en una lógica que argumentan que se replica en el caso Libra. Mientras un sector de Balcarce 50 empuja una estrategia de confrontación con el kirchnerismo y busca correr el eje hacia las causas judiciales de Cristina Kirchner, otro espacio interno se inclina por esperar a que “baje la espuma”.

En el entorno del jefe de Estado reconocen que Adorni sigue firme en su cargo, aunque lo describen “golpeado” y le reprochan haber salido a dar explicaciones sin una estrategia consolidada. “Todo estuvo mal manejado”, sintetizan en despachos oficiales.

En el plano judicial, la causa ya avanzó sobre medidas concretas. Lijo dispuso levantar el secreto fiscal de Imhouse y de Agustín Issin Hansen, además de pedir información bancaria para reconstruir la trazabilidad del dinero que financió el viaje.

Según la documentación incorporada al expediente, el vuelo de ida fue facturado por US$4830, mientras el regreso aparece dentro de un paquete de diez vuelos por US$42.250. También se requirieron informes a ARCA, ANAC, Aduana y a la Secretaría General para determinar si existió algún tipo de autorización, expediente, comisión de servicio, viáticos o respaldo institucional del traslado.

La causa por el vuelo fue impulsada por los diputados Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro, mientras que en paralelo tramita otra denuncia promovida por Marcela Pagano, que incorporó cuestionamientos sobre el patrimonio familiar de Adorni y los contratos de la consultora de su esposa. En tribunales no descartan que los expedientes terminen concentrándose bajo una misma órbita.

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En el Gobierno siguen de cerca los avances de la causa y conviven diferentes posturas: mientras que en un sector creen que el caso no va a escalar, en otro espacio interno advierten que puede aparecer más material que profundice los cuestionamientos al jefe de gabinete. En los distintos despachos oficiales unifican esfuerzos en intentar correr el eje y apuntar contra la trabajadora del aeropuerto que aseguran haber identificado como la que filmó al ministro coordinador.

Según pudo saber TN, es empleada de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y no hay ningún sumario ni investigación judicial en contra. Tampoco está previsto por el momento apartarla, más allá de que algunos funcionarios hablan de una denuncia judicial. El Ejecutivo apunta a blindar al ministro coordinador y busca reactivar la agenda legislativa con el envío de un paquete de reformas y el tratamiento de la Ley de Glaciares en Diputados.

Gobierno, Manuel Adorni, interna

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, lanzó una advertencia contundente sobre el avance del proyecto de una refinería de combustibles sintéticos en la ciudad uruguaya de Paysandú, frente a la costa entrerriana, y reclamó que la planta “tiene que relocalizarse”.

Frigerio comparó la situación con el conflicto ambiental que generó la instalación de la recordada pastera en Fray Bentos y aseguró que la provincia no permitirá “otra Botnia” en la región. El mandatario provincial remarcó que, a diferencia de lo que sucedió en el pasado, su administración inició gestiones diplomáticas y técnicas desde el primer momento para evitar que la iniciativa prospere en su actual localización.

Durante un discurso pronunciado este lunes en Colón, Frigerio repasó los antecedentes del caso Botnia y subrayó la necesidad de aprender de los errores cometidos hace dos décadas.

“No podemos permitir una nueva Botnia. No, no podemos, después de ese tremendo mal paso que dio la Argentina, repetirlo. Y yo creo que es importante analizar lo que pasó. En el 2002 se confirma la inversión de Botnia, en 2005 arranca la obra y en 2007 se termina. ¿Saben cuándo fue la primera reunión bilateral del gobierno argentino en aquel momento? Del presidente, 11 de marzo del 2005; del gobernador, 29 de marzo del 2005; y del canciller de aquel entonces, 5 de mayo del 2005. Yo ya mantuve tres reuniones. El canciller me acompañó en dos de esas reuniones. No fueron cuando la obra estaba en marcha. O sea, estamos haciéndolas justamente para evitar que esto prospere”, afirmó el gobernador.

Frigerio insistió en que la provincia está a tiempo de actuar y que el trabajo conjunto, tanto a nivel institucional como político, será clave para evitar un nuevo conflicto de larga duración con Uruguay. “Estamos aprendiendo de los errores que cometió la Argentina no hace mucho tiempo. Insisto con eso. Son datos constatables. Nosotros estamos analizando el estudio de impacto ambiental para ir con todas las de la ley para evitar que esto prospere. Ese es el compromiso que yo di. Trabajemos en conjunto, depongamos los intereses berretas de la política y trabajemos codo a codo para lograr el objetivo de preservar la identidad, la cultura y los puestos de trabajo de la región, que es lo único que nos debe interesar a todos los que estamos acá”, planteó.

El mandatario provincial explicó que, a diferencia de la experiencia anterior, la administración entrerriana mantuvo varias reuniones “desde el minuto cero” con autoridades del gobierno uruguayo para dejar clara la posición de Entre Ríos con respecto a la refinería.

En su cuenta de X, Frigerio afirmó: “Mantuve varias reuniones desde el minuto cero con autoridades de Uruguay para dejar clara nuestra posición: la refinería de combustibles sintéticos proyectada en Paysandú tiene que relocalizarse. Logramos que el estudio de impacto ambiental incluya a Colón y vamos a seguir muy de cerca sus conclusiones para definir los próximos pasos”.

El gobernador recalcó que la provincia no dudará en recurrir a instancias internacionales si fuera necesario. “Y si tenemos que ir a La Haya, vamos a La Haya. Si tenemos que ir a la Corte de Derechos Humanos, vamos a la Corte de Derechos Humanos. A todos lados vamos a ir”, advirtió, en referencia a los organismos multilaterales donde, en el pasado, se dirimieron controversias ambientales binacionales.

El proyecto de refinería en Paysandú prevé la instalación de una planta de combustibles sintéticos sobre la margen oriental del río Uruguay, frente a la costa entrerriana. La iniciativa generó preocupación en el gobierno provincial y en organizaciones ambientales, que advierten sobre el impacto potencial en la calidad de las aguas y los ecosistemas compartidos. La experiencia de la pastera Botnia, convertida en símbolo de la resistencia ambiental en la región, marcó un antecedente de movilización social y controversia diplomática que Frigerio busca evitar.

En febrero de este año, la fiscal federal Josefina Minatta presentó una denuncia por presunto daño ambiental contra el proyecto de la planta de hidrógeno verde que la empresa HIF impulsa en Paysandú, Uruguay. En el escrito, advirtió que el emprendimiento podría generar contaminación con impacto en territorio argentino y sostuvo que el Gobierno uruguayo incumplió el Estatuto del Río Uruguay, según consta en una presentación ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay.

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