El Gobierno arranca una semana clave con la mira puesta en lo que sucederá a partir de hoy en el Congreso de la Nación. Allí se empezará a trabajar en el segundo período de sesiones extraordinarias, luego del tramo de diciembre, con la confianza puesta en que podrán aprobar los proyectos que envió el presidente Javier Milei.

Entre ellos están la reforma laboral; la aprobación del acuerdo Unión Europea- Mercosur; la ley Penal Juvenil, y las modificaciones en la ley de Glaciares.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volverá el miércoles a encabezar una nueva reunión de mesa política. Allí estarán los actores que la componen habitualmente y que en la previa a ese encuentro mantendrán reuniones con diferentes sectores para lograr la aprobación de las leyes.

Estarán junto a Adorni la jefa del bloque libertario en la Cámara Alta, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara Baja, Martín Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; el de Economía, Luis “Toto” Caputo; el asesor Santiago Caputo; y el subsecretario, Ignacio Devitt. En las últimas también estuvo la secretaria general de Presidencia, Karina Milei.

La de este miércoles será la cuarta reunión de la mesa política del año y será con la mira puesta en terminar de delinear la estrategia que se impusieron para el tratamiento de todos los proyectos. Si bien todos son prioritarios para el Gobierno, el de la reforma laboral ocupa un lugar central.

El oficialismo la considera la reforma de segunda generación “fundamental”, que confían en que les permitirá introducir trabajadores al mercado formal y desde allí poder proyectar otros cambios en agenda.

En las distintas terminales del oficialismo coinciden en afirmar que los votos para su aprobación “están”, al tiempo que admitieron que están dispuestos a aplicar algunos cambios en el proyecto. Aunque afirman que están guardados bajo llave y no dejarán trascender hasta último momento cuáles serían. Los definen como cambios menores. “No son sustanciales”, dijeron en la Casa Rosada.

“No vamos a dar ningún detalle que entorpezca la negociación. La primera parte de la ley no se toca, si cambiamos, son cuestiones que no son significativas”, dijo una alta fuente al tanto de lo conversado internamente.

Reconocen que persisten diferencias con los gobernadores alrededor del capítulo de Ganancias por su impacto en la coparticipación. Distintas voces libertarias coincidieron ante este diario que harán “todo lo posible hasta último momento” para lograr el acompañamiento en ese punto.

La reducción pensada para el Impuesto a las Ganancias para sociedades, toca directamente las recaudaciones provinciales, y eso genera las reticencias de los mandatarios provinciales, incluso los aliados.

“Diego (Santilli) está trabajando en eso, pero está difícil”, describió una de las voces consultadas. “Necesitamos arreglar con ellos. Si no lamentablemente quedará afuera, pero haremos todo lo posible hasta último momento para que eso no suceda”, agregó.

Santilli será uno de los que mantendrá una serie de reuniones en las próximas horas, previas a la mesa política, según cuentan cerca de su cartera. Eso se suma los contactos que estableció durante enero con los mandatarios de: Corrientes, Chubut, Salta, Entre Ríos, San Juan, Neuquén, Río Negro, Tucumán y Catamarca.

Bullrich, por su parte, se reunirá este martes por la tarde con senadores radicales en el Congreso. A la par de otras reuniones que se sumarían a su agenda.

Los gobernadores, por su parte, podrían llegar a juntarse este miércoles un encuentro en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), lo que despierta la atención del oficialismo.

La reforma de la ley Penal Juvenil, que el lunes pasado el gobierno anunció que se incorporaba al temario, será otro de los temas que dan por sentado que se aprobará. Allí, los libertarios impulsan la baja de imputabilidad a 13 años, pero saben que esa parte de la pelea será dura. La oposición los podría acompañar, pero poniendo como mínimo de edad de imputabilidad, los 14 años. En el oficialismo, aunque preferirían que fuera a los 13, considerarán una victoria que la ley salga igual.

También están convencidos de que se aprobará “cómodamente” el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, al que se llegó, en enero pasado, luego de 25 años de negociaciones.

“Es imposible que alguien no lo vote: lo intentaron destrabar en todos los gobiernos durante los últimos 25 años”, describió una de las fuentes consultadas. La misma apuntó que se buscará su rápida aprobación más allá de que el acuerdo haya quedado judicializado en el viejo continente.

El otro tema es el de la modificación a la ley de Glaciares, que responde a un pedido de varios gobernadores cuyas provincias se beneficiarían por las inversiones que generarían los cambios, creen que será otra de las victorias que se podrían anotar antes de llegar a la apertura del año legislativo, el 1° de marzo próximo.

La renovación del Consejo de la Magistratura abrirá un nuevo frente de disputa dentro del oficialismo. Con la mirada puesta en la próxima conformación del organismo que interviene en la selección y remoción de jueces, Karina Milei empezó a mover fichas para ampliar su influencia sobre un terreno sensible: la Justicia. El avance no solo reordena el tablero institucional, sino que anticipa un choque interno con el asesor presidencial Santiago Caputo.

Este año se deben renovar los 19 integrantes del Consejo de la Magistratura y en el Gobierno ya trabajan para asegurarse perfiles afines. No se trata de una estrategia aislada, sino de una definición política que se cocina en la cúpula libertaria, donde la secretaria general de la Presidencia concentra la toma de decisiones. Según pudo saber de distintas fuentes oficiales, Karina Milei quiere manejar de primera mano los hilos judiciales y ya puso a su equipo a trabajar en ese sentido.

El Consejo de la Magistratura es una pieza clave del funcionamiento del sistema judicial. Entre sus atribuciones figuran la aprobación de concursos y la remisión al Poder Ejecutivo de las ternas vinculantes de candidatos a magistrados, así como la apertura de los procesos de remoción de jueces, la suspensión preventiva y la formulación de las acusaciones correspondientes. En un contexto de numerosas vacantes en los tribunales, su integración adquiere un peso político adicional.

De los 19 consejeros -más su titular, el presidente de la Corte Suprema, hoy Horacio Rosatti-, uno representa al Poder Ejecutivo; cuatro provienen del Poder Judicial; cuatro son abogados con matrícula federal; dos pertenecen al ámbito académico y científico; y los ocho restantes corresponden al Poder Legislativo, repartidos en partes iguales entre Diputados y el Senado.

En la Cámara baja, La Libertad Avanza (LLA) aspira a quedarse con los dos representantes que le corresponden al espacio más numeroso. Los nombres ya empezaron a circular. En el oficialismo dan por hecho que el cordobés Gonzalo Roca, uno de los dos libertarios que hoy integran el Consejo, conservará su lugar. El segundo nombre aún no está definido, aunque uno de los posibles candidatos es el de Álvaro Martínez, actual suplente de Roca. La cualidad que más se destaca del mendocino es la lealtad, un atributo especialmente valorado en el armado libertario.

La negociación expone, al mismo tiempo, las tensiones internas del principal bloque opositor. Por los otros dos miembros que le corresponden a Diputados se abre un interrogante. El espacio que sigue en número al oficialismo es Unión por la Patria (UP), donde conviven el kirchnerismo, el massismo, el PJ del interior, los movimientos sociales y el sindicalismo. Hoy el kirchnerismo conserva cuatro lugares en el Consejo, todos alineados con Cristina Kirchner: Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade por Diputados; Anabel Fernández Sagasti y Mariano Recalde por el Senado.

Si bien el kirchnerismo podría retener su peso en la Cámara alta -si logra frenar el avance libertario, que está cerca de arrebatarle la primera minoría-, en Diputados parte desde una posición desventajosa. El escenario más probable es que solo pueda aspirar al lugar correspondiente al segundo bloque con mayor representación. Con un kirchnerismo en retroceso, la discusión por ese espacio amenaza con tensar aún más la convivencia interna. “Nosotros vamos a opinar”, advirtió un dirigente del Frente Renovador.

La opción que asoma como más funcional es una división del bloque. Es una posibilidad que las diferencias políticas ya anticipan, aunque el pragmatismo aparece como el argumento decisivo. En ese esquema, el kirchnerismo podría quedarse con un representante y otra fuerza peronista con el último consejero, correspondiente a la tercera fuerza. La fragmentación deberá, no obstante, ser clara y anticipada para evitar que la Justicia objete una división meramente instrumental, sin una diferenciación política explícita.

En el Senado, los libertarios también apuntan a ampliar su bloque para convertirse en la primera minoría y quedarse con dos consejeros. Allí, la candidata natural es la neuquina Nadia Márquez. A la pastora evangélica la habían tentado con la presidencia provisional de la Cámara, pero el segundo lugar en la línea sucesoria quedó, por ahora, en manos de Bartolomé Abdala. Márquez está bien considerada dentro del ecosistema libertario: probó su alineamiento como secretaria parlamentaria del bloque de Diputados y es una dirigente de confianza de Karina Milei y de los Menem. Reúne todos los requisitos que el oficialismo busca ponderar.

El nombre del segundo aspirante a consejero en el Senado -si finalmente logra ese lugar- dependerá de los acuerdos políticos que el oficialismo consiga cerrar para ampliar su base parlamentaria.

La puja por el Consejo de la Magistratura también anticipa un nuevo capítulo en la interna del poder libertario. Hoy, el representante del Poder Ejecutivo en el organismo es Sebastián Amerio, secretario de Justicia y hombre de confianza de Santiago Caputo. Su continuidad abre una disputa directa con Karina Milei, que busca encapsular el margen de maniobra del asesor presidencial en el terreno judicial.

En ese contexto, empezó a circular el nombre del abogado Santiago Viola como posible reemplazante de Amerio. Viola es el apoderado de LLA y ya había sido considerado para integrar otro organismo clave, la Auditoría General de la Nación (AGN). En ese caso, sin embargo, terminó relegado por Mónica Almada, la candidata libertaria con pasado en Pro y la UCR, cuya designación no estuvo exenta de polémica.

Los movimientos en el Ministerio de Justicia, que todavía conduce Mariano Cúneo Libarona, no serán inmediatos. En el oficialismo prevén postergar esa discusión hasta marzo, una vez concluido el período de sesiones extraordinarias, durante el cual esperan avanzar con las reformas laboral y penal juvenil.

La secretaria general, no obstante, ya prepara el terreno para lo que vendrá. El 20 de enero, Manuel Adorni -uno de sus principales aliados dentro de la administración libertaria- formalizó un incremento del 280% del presupuesto del Poder Judicial: $28.973.850.716 en el inciso 4 (bienes de uso) del presupuesto del Consejo de la Magistratura. Según informaron fuentes judiciales, tanto la Corte Suprema como el Consejo encontraron en Adorni “un canal de diálogo” para atender las necesidades de infraestructura y tecnología de los tribunales federales y nacionales de todo el país.