La Casa Rosada entró en la recta final de uno de los movimientos más relevantes de su plan económico: la privatización del Belgrano Cargas y Logística. Según confirmaron fuentes oficiales, el pliego con las condiciones de participación será publicado en diciembre y definirá el destino de más de 7.600 kilómetros de vías férreas que atraviesan 17 provincias.

La estrategia, considerada clave por el Ejecutivo, pretende atraer inversiones privadas para modernizar el transporte ferroviario de cargas y mejorar la competitividad logística del país.

Altos funcionarios del Gobierno aseguran que el documento técnico “ya está prácticamente terminado” y que todas las áreas involucradas trabajan para que la licitación se active antes de fin de año. En paralelo, equipos especializados ultimaron en los últimos días la valuación de los activos, una tarea compleja por la diversidad del material disponible: desde locomotoras y vagones hasta talleres, inmuebles y corredores estratégicos.

A diferencia de las privatizaciones realizadas en los años 90, el esquema que proyecta el Ejecutivo se basa en una desintegración vertical de la empresa estatal. La estructura actual será dividida en bloques, con procesos de adjudicación independientes.

Por un lado, el material rodante será subastado mediante remates públicos; por otro, las vías y los terrenos serán concesionados por décadas bajo el régimen de obra pública. Los talleres ferroviarios también quedarán bajo concesión, con la obligación de permitir el acceso a distintos operadores.

La propuesta contempla un modelo de infraestructura de acceso abierto, donde el adjudicatario de cada tramo deberá garantizar la circulación de cualquier empresa habilitada para transportar cargas. El Estado, en tanto, mantendrá la propiedad de las tierras y de todas las trazas ferroviarias involucradas. Con el dinero obtenido por la venta del material rodante, se conformará un fideicomiso destinado a financiar obras de modernización.

El interés empresario ya comenzó a tomar forma. Tres grandes grupos se preparan para competir por los segmentos más estratégicos de la Línea Belgrano y del ramal San Martín. El primer conglomerado está encabezado por Aceitera General Deheza (AGD), acompañado por ACA, Bunge, Cargill, COFCO y Louis Dreyfus, que ven en el ferrocarril una vía decisiva para abaratar costos logísticos.

El segundo actor es la minera británica Río Tinto, que apunta a reforzar su presencia en las provincias del NOA y Cuyo, donde el sistema ferroviario es clave para el traslado de minerales críticos. El tercero en juego es el gigante Grupo México Transportes (GMXT), que desembarcará en el país con planes de invertir alrededor de USD 3.000 millones.

En este contexto, la mira también está puesta en Vaca Muerta. Los técnicos del Ejecutivo consideran que la privatización puede ser el puntapié inicial para avanzar, más adelante, en obras que conecten la formación neuquina con trazas ferroviarias aptas para trasladar insumos críticos, como la arena de fractura, que hoy depende casi por completo del transporte vial. Esa limitación es vista como un cuello de botella para el crecimiento energético.

La operatoria estará a cargo de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), liderada por Diego Chaher, en coordinación con el Ministerio de Economía. ATEP también será la responsable de responder consultas y elaborar la letra chica del proceso junto con la conducción del Belgrano Cargas, encabezada por Alejandro Núñez.

Actualmente, la empresa estatal emplea a 4.233 personas y recibe alrededor de 4.000 millones de pesos mensuales en inversión de capital. Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, las transferencias del Estado crecieron 8,8% en términos reales respecto del año pasado, un indicador de la centralidad que mantiene el servicio incluso en plena transición.

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Entre tantas internas, el peronismo nacional comenzó a moverse para estructurar una postura de cara al tratamiento del Presupuesto 2026 y la discusión sobre las reformas de fondo que impulsa el gobierno de Javier Milei luego del rotundo triunfo electoral conseguido el 26 de octubre en todo el país.

Es por eso que desde el PJ Nacional se activó una serie de reuniones para empezar a acercar posiciones entre las diferentes terminales partidarias y de Fuerza Patria, con el objetivo de tener una postura común para el momento que llegue el tratamiento de los proyectos en las dos cámaras del Congreso.

Además del Presupuesto, el Gobierno pretende tratar la reforma laboral, impositiva y tributaria. Temas muy sensibles que van a generar un debate abierto y, al mismo tiempo, pantanoso, debido a los múltiples intereses que están en juego desde los sectores empresariales, los sindicatos, las pymes y la política.

El partido funciona en la cabeza de José Mayans y Germán Martínez, como los dos vicepresidentes con más influencia y capacidad de coordinación. Ambos, que también son presidentes de los bloques de legisladores de Fuerza Patria en el Congreso, se mantienen en línea con el arco dirigencial del peronismo, desde los intendentes y los legisladores, hasta los gobernadores y Cristina Kirchner.

La ex presidenta, que mantiene su lugar al frente de la presidencia del PJ pese a estar cumpliendo la condena de la causa Vialidad en el departamento de San José 1111, está encima de los temas, de las posturas que se plantean en las reuniones que se realizan en Matheu 130, y de los consensos que se buscan entre las tribus que le reportan directamente y las que no están alineadas al cristinismo, pero se mantienen bajo la órbita del partido a nivel nacional.

La semana pasada los cinco vicepresidentes del PJ (José Mayans, Germán Martínez, Mariel Fernández, Ricardo Pignanelli y Lucía Corpacci) se reunieron con las autoridades de los bloques legislativos y algunos referentes de Fuerza Patria en el Congreso, para empezar a discutir el posicionamiento respecto a la agenda de temas que el Gobierno ya avisó que tiene intenciones de tratar en los próximos meses.

Fue un primer paso para comenzar a delinear una estrategia partidaria. El martes que viene habrá una nueva reunión de los vicepresidentes, pero esta vez será con los secretarios del partido vinculados a los temas a tratar. El miércoles habrá una reunión de Mayans con los senadores de Fuerza Patria que se realizará en el partido. Martínez ya tuvo una reunión con los diputados el miércoles de la semana pasada.

En la agenda de las autoridades partidarias también está convocar a los gobernadores del PJ para que brinden su posición e influyan en la construcción de la postura partidaria y legislativa. El partido tiene seis gobernadores, pero solo cuatro tienen posibilidades de asistir: Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Sergio Ziliotto (La Pampa).

Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), están distanciados del partido nacional, pero siguen en sintonía con los PJ provinciales. La distancia tiene una explicación que lleva nombre y apellido: Cristina Kirchner. Ambos mandatarios decidieron tomar distancia del kirchnerismo y no participan de la vida partidaria.

A la convocatoria podría sumarse Gustavo Melella (Tierra del Fuego), que no es parte del PJ, pero es un aliado estratégico permanente que tiene el peronismo. No hay fecha ni hora, pero sí existe la idea de que esa convocatoria se concrete en las próximas semanas.

“Si hiciese falta, vamos a convocar al consejo nacional del partido y al congreso”, explicaron a Infobae desde Matheu 130. Se trata de los dos organismos deliberativos más importantes que tiene el partido. Esa sería una forma de movilizar la estructura partidaria vinculándola a un tema de gestión legislativa.

También está en carpeta tomar contacto con la nueva CGT. El triunvirato que integran Christian Jerónimo (Empleados del vidrio), Jorge Sola (Seguro) y Octavio Argüello (Camioneros) aún no tuvo un encuentro con las autoridades partidarias para evaluar una postura respecto a la reforma laboral, aunque ya saben que el proyecto que se conoció, tal como fue filtrado, no tiene posibilidades de recibir el apoyo sindical.

Lo cierto también es que nadie sabe con exactitud si el Gobierno va a poner en debate el proyecto presentado por la diputada libertaria por Santa Fe Romina Diez que tiene, entre algunos artículos polémicos, extender la jornada laboral, la reglamentación del derecho de huelga en numerosas actividades y la incorporación del concepto de salarios dinámicos o variables, vinculados al mérito individual, la productividad o la situación económica de la empresa, tal como adelantó este medio.

La nueva CGT no tiene acuerdos políticos con ninguno de los sectores más fuertes del peronismo. Ni con Cristina Kirchner ni con Axel Kicillof. El recambio de autoridades influyó en esa nueva identidad, ya que el triunvirato presidido por Héctor Daer tenía una mayor cercanía a la gobernación bonaerense. “Vamos a aportar desde nuestro lugar para construir una alternativa peronista en el 2027″, se limitaron a plantear en la cúpula de la central obrera.

El peronismo trata de buscar la forma de llegar a acuerdos para tener una postura cohesionada cuando llegue el momento del debate parlamentario. Un objetivo político de alta complejidad en los convulsionados tiempos que vive la histórica fuerza política.

Camila Dolabjian,Conforme a