Con una demora atribuible -otra vez- a los conflictos internos en el oficialismo provincial, el Senado aprobará este miércoles los pliegos de 131 candidatos a ocupar cargos en el Poder Judicial bonaerense.

El proceso de designación de magistrados -jueces y fiscales de casi todos los departamentos de la Provincia- había quedado trabado a fines de 2024 por una disputa entre el sector del PJ que responde al esquema de Verónica Magario y Fernando Espinoza (ambos líderes del poderoso distrito de La Matanza) y referentes de La Cámpora. Había un severo cuestionamiento a un postulante que -según los matanceros- impulsaba el dirigente Facundo Tignanelli, presidente del bloque de diputados y estrecho colaborador de Máximo Kirchner.

Ambos sectores en pugna pelean el predominio del mayor distrito del país. Allí funciona un departamento judicial que constituye un escenario de la contienda interna. Había más de 20 cargos vacantes para los tribunales del distrito. Al final, este miércoles se aprobarían 17 designaciones en esa jurisdicción judicial del conurbano.

Esa disputa del kirchnerismo, y la postulación de colegiados cuestionados por hechos de impacto público, pospusieron una sesión en la que iban a aprobar los pliegos hace seis meses. La propuesta más controvertida era el ascenso de la fiscal de Menores del fuero platense, Sabrina Cladera, quien tuvo una intervención polémica en el caso que terminó con la muerte de Kim Gómez, una nena de 7 años que mataron en un intento de robo en la capital bonaerense.

Cladera -cercana al camporismo- fue quien dejó en libertad, sin revisar el expediente, a un menor de 17 años que luego quedó imputado en el asesinato de Kim. Estaba propuesta para integrar una Cámara Penal en La Plata.

Se cayeron los acuerdos y las postulaciones quedaron en suspenso. Pasó el receso y pasaron las disputas por el desdoblamiento electoral, la suspensión de las PASO y el nuevo calendario electoral. Todas resoluciones que debían debatirse en el parlamento.

Ahora, a partir de un reclamo de la oposición y de una reunión de presidentes de bloque, donde asomó una “fumata blanca” la vicegobernadora y presidente del Senado, Verónica Magario, convocó a la sesión para debatir las postulaciones. El oficialismo provincial propuso cerca del 60% de los pliegos y la oposición el 40%.

El Poder Judicial bonaerense tiene más de 460 vacantes. Están en los 18 departamentos en que está dividida la Provincia. Hay en el fuero penal, en el laboral, en el civil y en el contencioso. Faltan funcionarios en fiscalías, en juzgados y en cámaras. Aún cuando el año pasado, el Senado logró designar 135 aspirantes.

Esta irregularidad -provocada por jubilaciones, retiros o fallecimientos de los titulares- resiente la administración de Justicia. “Es necesario continuar avanzando sobre todo en la designación de fiscales y jueces penales para poder dar respuesta real a los problemas de inseguridad”, planteó el radical Ariel Bordaisco, vicepresidente del bloque UCR-Cambio Federal.

El camino para llegar a la magistratura tiene un recorrido extenso. Con paradas técnicas estrictas (antecedentes, exámenes, selección, revisión de trayectoria, en el Consejo de la Magistratura) y otras pruebas que tienen la impronta política.

Según explicaron en el ministerio de Justicia provincial, a cargo de Juan Martín Mena, ligado al camporismo, “el 95% de los nombres que han sido proporcionados a la Comisión de Acuerdos pertenece al “sistema” judicial”. Es decir, son hombres y mujeres con años de desempeño en los Tribunales provinciales.

Son figuras que están alejados de los focos de atención pública, excepto cuando quedan involucrados en casos conmocionantes. Y tienen actuación controversial, como el caso de la fiscal Cladiera.

No obstante pueden aparecer máculas. La senadora Florencia Arietto (aliada a LLA) cuestionó la postulación de Ramiro Larrañaga, como juez penal en La Matanza. Sostuvo que tenía actitudes “indecorosas” con sus alumnas mientras era docente en la Universidad de Morón en la carrera de criminalística.

También asoció algunas candidaturas con vínculos el massismo. No sería extraño. El dirigente del Frente Renovador extiende su influencia sobre el departamento judicial de San Isidro. Comparte esa pericia con Gustavo Posse, varias veces intendente de ese distrito.

Ocurre algo similar con Julio Alak, ex ministro de Justicia de Axel Kicillof y de Cristina Fernandez, y ahora intendente de La Plata. “No pasa ningún pliego sin el visto bueno del “Turco””, admiten en el Senado provincial. Es el caso de María Ventura Martínez, propuesta para integrar una segunda sala de Apelación en lo contencioso Administrativo en la capital provincial. Ese fuero resuelve los litigios de particulares contra el Estado.

Todos miran de reojo quiénes serán los ocupantes de los despachos judiciales. Maximiliano Abad (senador UCR de Buenos Aires) o Guillermo Montenegro (intendente de Mar del Plata) revisan los nombres de los que irán a ese departamento Judicial.

Igual que Gustavo Menéndez (de Merlo) o los que designan en Lomas de Zamora, que reportan algún lazo -formal pero sobre todo informal- con Martín Insaurralde.

Esta sesión tendrá como único tópico el nombramiento de los jueces. Luego Kicillof deberá firmar los decretos que lo pondrán en funciones. Por ahora, los otros proyectos polémicos -reelección indefinida de legisladores e intendentes; pedido de endeudamiento que hizo el Gobernador- pasarán para un próximo cónclave parlamentario. No hay espacio para discutir todo.

Es que hoy el cristinismo no alcanza a reunir el número para llevar al recinto el proyecto para derogar la limitación de mandatos de legisladores y concejales, presentado por el peronista Luis Vivona, que no pudo ser tratado en sesión especial por falta de votos.