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Acuerdo de Kicillof y la oposición para designar 131 jueces y fiscales: cómo es el reparto y tres casos cuestionados

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Con una demora atribuible -otra vez- a los conflictos internos en el oficialismo provincial, el Senado aprobará este miércoles los pliegos de 131 candidatos a ocupar cargos en el Poder Judicial bonaerense.

El proceso de designación de magistrados -jueces y fiscales de casi todos los departamentos de la Provincia- había quedado trabado a fines de 2024 por una disputa entre el sector del PJ que responde al esquema de Verónica Magario y Fernando Espinoza (ambos líderes del poderoso distrito de La Matanza) y referentes de La Cámpora. Había un severo cuestionamiento a un postulante que -según los matanceros- impulsaba el dirigente Facundo Tignanelli, presidente del bloque de diputados y estrecho colaborador de Máximo Kirchner.

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Ambos sectores en pugna pelean el predominio del mayor distrito del país. Allí funciona un departamento judicial que constituye un escenario de la contienda interna. Había más de 20 cargos vacantes para los tribunales del distrito. Al final, este miércoles se aprobarían 17 designaciones en esa jurisdicción judicial del conurbano.

Esa disputa del kirchnerismo, y la postulación de colegiados cuestionados por hechos de impacto público, pospusieron una sesión en la que iban a aprobar los pliegos hace seis meses. La propuesta más controvertida era el ascenso de la fiscal de Menores del fuero platense, Sabrina Cladera, quien tuvo una intervención polémica en el caso que terminó con la muerte de Kim Gómez, una nena de 7 años que mataron en un intento de robo en la capital bonaerense.

Cladera -cercana al camporismo- fue quien dejó en libertad, sin revisar el expediente, a un menor de 17 años que luego quedó imputado en el asesinato de Kim. Estaba propuesta para integrar una Cámara Penal en La Plata.

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Se cayeron los acuerdos y las postulaciones quedaron en suspenso. Pasó el receso y pasaron las disputas por el desdoblamiento electoral, la suspensión de las PASO y el nuevo calendario electoral. Todas resoluciones que debían debatirse en el parlamento.

Ahora, a partir de un reclamo de la oposición y de una reunión de presidentes de bloque, donde asomó una “fumata blanca” la vicegobernadora y presidente del Senado, Verónica Magario, convocó a la sesión para debatir las postulaciones. El oficialismo provincial propuso cerca del 60% de los pliegos y la oposición el 40%.

El Poder Judicial bonaerense tiene más de 460 vacantes. Están en los 18 departamentos en que está dividida la Provincia. Hay en el fuero penal, en el laboral, en el civil y en el contencioso. Faltan funcionarios en fiscalías, en juzgados y en cámaras. Aún cuando el año pasado, el Senado logró designar 135 aspirantes.

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Esta irregularidad -provocada por jubilaciones, retiros o fallecimientos de los titulares- resiente la administración de Justicia. “Es necesario continuar avanzando sobre todo en la designación de fiscales y jueces penales para poder dar respuesta real a los problemas de inseguridad”, planteó el radical Ariel Bordaisco, vicepresidente del bloque UCR-Cambio Federal.

El camino para llegar a la magistratura tiene un recorrido extenso. Con paradas técnicas estrictas (antecedentes, exámenes, selección, revisión de trayectoria, en el Consejo de la Magistratura) y otras pruebas que tienen la impronta política.

Según explicaron en el ministerio de Justicia provincial, a cargo de Juan Martín Mena, ligado al camporismo, “el 95% de los nombres que han sido proporcionados a la Comisión de Acuerdos pertenece al “sistema” judicial”. Es decir, son hombres y mujeres con años de desempeño en los Tribunales provinciales.

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Son figuras que están alejados de los focos de atención pública, excepto cuando quedan involucrados en casos conmocionantes. Y tienen actuación controversial, como el caso de la fiscal Cladiera.

No obstante pueden aparecer máculas. La senadora Florencia Arietto (aliada a LLA) cuestionó la postulación de Ramiro Larrañaga, como juez penal en La Matanza. Sostuvo que tenía actitudes “indecorosas” con sus alumnas mientras era docente en la Universidad de Morón en la carrera de criminalística.

También asoció algunas candidaturas con vínculos el massismo. No sería extraño. El dirigente del Frente Renovador extiende su influencia sobre el departamento judicial de San Isidro. Comparte esa pericia con Gustavo Posse, varias veces intendente de ese distrito.

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Ocurre algo similar con Julio Alak, ex ministro de Justicia de Axel Kicillof y de Cristina Fernandez, y ahora intendente de La Plata. “No pasa ningún pliego sin el visto bueno del “Turco””, admiten en el Senado provincial. Es el caso de María Ventura Martínez, propuesta para integrar una segunda sala de Apelación en lo contencioso Administrativo en la capital provincial. Ese fuero resuelve los litigios de particulares contra el Estado.

Todos miran de reojo quiénes serán los ocupantes de los despachos judiciales. Maximiliano Abad (senador UCR de Buenos Aires) o Guillermo Montenegro (intendente de Mar del Plata) revisan los nombres de los que irán a ese departamento Judicial.

Igual que Gustavo Menéndez (de Merlo) o los que designan en Lomas de Zamora, que reportan algún lazo -formal pero sobre todo informal- con Martín Insaurralde.

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Esta sesión tendrá como único tópico el nombramiento de los jueces. Luego Kicillof deberá firmar los decretos que lo pondrán en funciones. Por ahora, los otros proyectos polémicos -reelección indefinida de legisladores e intendentes; pedido de endeudamiento que hizo el Gobernador- pasarán para un próximo cónclave parlamentario. No hay espacio para discutir todo.

Es que hoy el cristinismo no alcanza a reunir el número para llevar al recinto el proyecto para derogar la limitación de mandatos de legisladores y concejales, presentado por el peronista Luis Vivona, que no pudo ser tratado en sesión especial por falta de votos.

Axel Kicillof,justicia,Provincia de Buenos Aires

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Reclamos de la CGT por la reforma laboral, tensión con la industria e interna en Justicia: los frentes abiertos del Gobierno

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Con la reforma laboral en vigencia, un nuevo capítulo se abre en el mercado de trabajo argentino, en medio de una disputa creciente entre el Gobierno y el sector industrial por el rumbo de la economía. Mientras el oficialismo defiende la apertura económica y cuestiona el modelo productivo anterior, los empresarios reclaman un período de transición para adaptarse al nuevo escenario.

La ley, aprobada por el Congreso hace el viernes 27 de febrero, comenzó a regir desde el momento en que fue publicada en el Boletín Oficial. Desde entonces, se aplica tanto a los nuevos contratos laborales como a los ya existentes.

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Sin embargo, la implementación inmediata de la norma deja una incógnita relevante: qué jueces serán los encargados de aplicarla. Los jueces laborales nacionales dejaron de recibir nuevas demandas, mientras que el fuero laboral de la Ciudad de Buenos Aires todavía está en etapa de creación. Además, aún falta la reglamentación de algunos aspectos de la reforma.

El Gobierno considera que la modificación del régimen laboral es una condición necesaria para fomentar la creación de empleo. Pero dentro del propio debate económico se reconoce que la reforma por sí sola no garantiza ese resultado. El factor decisivo seguirá siendo el nivel de actividad económica.

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el ministro de Economía, Luis Caputo, saluda en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, (Foto: REUTERS/Agustin Marcarian)

Ese punto está en el centro del conflicto entre la Casa Rosada y el sector industrial. La tensión quedó expuesta durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, cuando el presidente Javier Milei calificó a algunos empresarios de “prebendarios”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, reforzó esa línea de argumentación. En distintos planteos públicos hizo una defensa del libre mercado y reiteró que el Gobierno mantendrá la política de apertura económica.

Desde la Unión Industrial Argentina (UIA) respondieron con un posicionamiento defensivo del sector. Los industriales sostienen que el Estado debe acompañar el período de transición que implica pasar de un modelo económico cerrado a otro más abierto.

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Caputo, por su parte, afirma que el Gobierno acompañará a aquellas industrias que estén dispuestas a competir. Pero al mismo tiempo sostiene que el país no tiene hoy un modelo industrial que valga la pena preservar porque, según su visión, no es suficientemente potente ni genera empleo.

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Debajo de ese malestar oficial con el empresariado también aparece otro desacuerdo de fondo. En el Gobierno creen que parte del sector industrial impulsa una devaluación y se opone a la política de dólar barato que adoptó la administración de Milei.

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Los industriales rechazan esa interpretación. Señalan que no pretenden volver al esquema económico anterior, pero advierten que la transición hacia una economía más abierta implica un proceso de normalización complejo.

Según explican, el modelo actual ya no depende de la emisión monetaria ni del gasto público para sostener la actividad. En ese nuevo escenario, las empresas consideran que el desafío pasa por reducir costos —algo que describen como difícil debido al peso de los impuestos— y lograr un abaratamiento del crédito para la producción y el consumo, que todavía se mantiene en niveles elevados.

La interna por el control de Justicia

Juan Bautista Mahiques se abraza a Karina Milei durante su jura como nuevo ministro. (Foto: Consejo de la Magistratura)
Juan Bautista Mahiques se abraza a Karina Milei durante su jura como nuevo ministro. (Foto: Consejo de la Magistratura)

Mientras la discusión económica dominó el plano público durante la semana, en el terreno político el foco estuvo puesto en la interna dentro del Gobierno por el control del Ministerio de Justicia.

La disputa entre Santiago Caputo y Karina Milei terminó resolviéndose a favor de la hermana del Presidente. El nombramiento de Santiago Viola como nuevo secretario de Justicia reflejó ese desenlace: Viola, apoderado de La Libertad Avanza, conoce a Karina Milei desde la campaña electoral. Además, fue quien acercó al actual fiscal general porteño Juan Bautista Mahiques al primer círculo de poder del oficialismo.

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El anterior secretario de Justicia, Sebastián Amerio —alineado con Santiago Caputo— es considerado dentro del Gobierno como un funcionario con capacidad técnica. Por ese motivo le ofrecieron ocupar la Procuración del Tesoro.

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El actual titular de ese organismo, Santiago Castro Videla, está siendo evaluado como posible candidato para integrar la Corte Suprema de Justicia.

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En paralelo, el frente judicial también tendrá novedades en los próximos días. La semana próxima el juez Diego Amarante indagará al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al dirigente Pablo Toviggino.

El magistrado investiga si ambos cometieron un delito al no entregar al Estado, dentro del plazo legal, los aportes que la Asociación del Fútbol Argentino había retenido a sus empleados y jugadores. Según fuentes del expediente, el juez parece inclinado a procesarlos. De todos modos, la definición final del caso dependerá del avance de la causa, que continúa abierta.

Javier Milei, Unión Industrial Argentina, UIA, Ministerio de Justicia, Justicia, reforma laboral

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El plan de Karina Milei para potenciar la formación de militantes libertarios para buscar la reelección en 2027

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Con la mente en las elecciones del 2027, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ideó un plan para que las regionales provinciales de La Libertad Avanza puedan dar lugar a la formación de referentes que se conviertan en futuros dirigentes políticos del espacio y defiendan las ideas de Javier Milei. Con algunas experiencias en funcionamiento, las autoridades nacionales trabajan en la unificación de criterios para centralizar el objetivo partidario.

Bajo esa premisa, la referente porteña, Pilar Ramírez, anunció recientemente la organización de lo que denominó “Escuela de Dirigentes”, que funciona con otra metodología en varias provincias. “Nuestro modelo de Ciudad exige cuadros bien formados“, argumentó la jefa del bloque libertario en la Legislatura porteña a través de su cuenta de X, luego de una reunión organizativa con la titular de La Libertad Avanza.

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Según supo Infobae de fuentes partidarias, la Ciudad de Buenos Aires motoriza el diseño de una instancia formativa, con la participación de varios integrantes del Poder Ejecuivo, para “crear una comunidad” que nuclee e integre a personas que se referecian con el espacio.

Asimismo, se abrirá un canal de capacitación, con actividades formativas y sociales como charlas, debates y cursos en los que participen ministros y referentes que permitan moldear el perfil “anti casta” de los militantes y nutrirlos del lineamiento ideológico. El proyecto en el que trabajan los equipos que responden a la legisladora podría estar listo a mitad de año y apunta a robustecer las filas violetas en la previa al desafío de competir por la Ciudad.

En Buenos Aires, el diputado y armador libertario, Sebastián Pareja, impulsó la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político, fundada por la legisladora Miriam Niveyro, y con sede en distintos puntos de la provincia. “Esta institución desarrolla el pensamiento crítico de ideas comprometidas con los principios del liberalismo; los mismos promueven el respeto a la vida, la libertad y la propiedad privada”, reza la página web de la entidad que dirige académicamente Fernanda Coitinho y que funciona desde hace cinco años con intención de “educar a la ciudadanía”.

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Algo similar ocurre, de manera artesanal, en el interior del país en provincias como Córdoba, La Rioja y San Juan, con las particulares que cada regional le imprime a la dinámica.

Ante este escenario, las autoridades nacionales del sello buscan unificar criterios y centralizar la metodología para ordenar las instancias formativas a las que someterán a la militancia, pero también a quienes quieran acercarse. “Todo partido en formación tiene la obligación de hacerlo”, reveló una importante fuente de La Libertad Avanza a Infobae.

“La idea es retomar experiencias de las provincias y centralizar criterios después del 20 de marzo”, sostuvo una fuente del ecosistema libertario.

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Es que detrás de la necesidad de elevar el nivel de los referentes del partido se esconde la determinación de ampliar la representación a nivel nacional rumbo al 2027 por lo que este año apostaran a reforzar la presencia en el interior. Atentos a la posibilidad de que los gobernadores desdoblen las elecciones, en las filas libertarias prometen que atenderán las alianzas trazadas, pero anticipan que de anticipar los comicios competirán con los propios en todos las provincias sin importar el sintonía con los gobiernos provinciales. “Si adelantan, tenemos obligación de presentar listas”, afirmó una voz al respecto.

Pasados los primeros dos años de gestión, y luego de haber conquistado la personería jurídica, La Libertad Avanza vio validada en octubre la estrategia que lleva el sello de Karina Milei y la colaboración del titular de la Cámara de Diputados y vicepresidente del espacio, Martín Menem, y Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional.

Reunión de los titulares de LLA a nivel nacional convocada por la presidenta del espacio, Karina Milei

“La demostración de octubre es que la gente sigue confiando en la marca por eso tenemos que trabajar para potenciarla y llevar el modelo de Milei a todos lados”, argumentó a este medio un dirigente del espacio.

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Pasada la primera reunión partidaria convocada por la menor de los Milei, en la que los referentes provinciales se llevaron el mandato de impulsar la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) en todas las legislaturas, en la mesa nacional maduran la posibilidad de repetir una vez por mes las reuniones con las autoridades provinciales del partido para mantener aceitada las instancias de debate internas.

En paralelo, el Poder Ejecutivo tiene entre su lista de prioridades el envío al Congreso de una reforma política que modifique el sistema de votación actual. Para eso, aspiran a eliminar las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), modificar el régimen de partidos políticos, entre otros puntos.

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Falleció Antonio José Rodas: fue senador peronista y asesor de Jorge Capitanich

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El exsenador nacional y dirigente histórico del peronismo de Chaco, Antonio José Rodas, falleció este viernes a los 64 años debido a complicaciones cardiológicas. Rodas, quien gobernó la ciudad de Fontana en diversos períodos (1995-1997 y 2010-2019), fue recordado por el exgobernador Jorge Capitanich como el “mejor Intendente de la historia de Fontana”.

Su trayectoria política comenzó como concejal en 1991 y, aunque en los años noventa enfrentó una destitución y prisión preventiva por una denuncia de malversación, terminó absuelto al no encontrarse pruebas en su contra.

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Durante su paso por el Senado de la Nación, Rodas se destacó por su fe católica y su férrea oposición a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Entre sus principales iniciativas legislativas figuró el proyecto de “Fe de vida”, promulgado en 2023, con el cual buscaba eliminar ese trámite obligatorio para los jubilados.

Hasta diciembre pasado, se desempeñó como vicepresidente de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable e integró áreas clave como Justicia, Salud y Presupuesto, ganándose el respeto de opositores como el radical Maximiliano Abad, quien lo definió como un “hombre de diálogo y compromiso”.

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En 2022, el legislador protagonizó una recordada polémica al proponer que un jardín de infantes chaqueño llevara el nombre de Esteban Bullrich como un “homenaje en vida”. Rodas expresó en aquel momento: “Simplemente trato yo de que los homenajes se puedan dar en vida”, resaltando la lucha del exsenador del PRO contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Pese a que el gobierno provincial aceptó la iniciativa por decreto, la propuesta fue rechazada en la Cámara alta por senadores de Juntos por el Cambio, quienes consideraron que Bullrich no habría deseado tal distinción mientras continuaba su batalla personal.

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Tras ser electo nuevamente como intendente de Fontana en 2023, Rodas renunció antes de asumir por los problemas de salud que finalmente derivaron en su deceso. Su histórico rival político, el radical Víctor Zimmermann, con quien compartió la representación de Chaco en el Senado, expresó su “profundo pesar” por la partida de quien fuera su competidor durante décadas.

Capitanich, por su parte, destacó el legado de infraestructura del dirigente en su ciudad, mencionando la construcción de 1500 viviendas, redes cloacales, pavimento y la instalación de un Escuadrón de Gendarmería Nacional.

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