A 50 años del golpe de 1976, pese a las fragilidades de la coyuntura política y las deudas sociales que aún arrastra el país, en la Argentina se consolida el fuerte rechazo a la dictadura militar: el 71% tiene hoy una imagen negativa de ese período de la historia.

Así lo refleja un informe del observatorio Pulsar, el área especializada en opinión pública de la Universidad de Buenos Aires (UBA), y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que a través de una encuesta nacional de 1136 casos y un estudio cualitativo, a partir de ocho grupos focales, publicó la investigación “Miradas retrospectivas sobre la dictadura argentina: 50 años después”.

En tiempos de grietas y polarizaciones políticas, los resultados del estudio arrojan una evaluación negativa contundente sobre la dictadura de 1976/1983. El 71% de la gente considera que el último gobierno de facto fue “malo” o “muy malo” y el 63% afirma que no hubo motivos que justificaran el golpe contra el gobierno de María Estela Martínez de Perón. A eso se suma que el 70% cree necesario que el Estado siga juzgando a los militares por violaciones a los derechos humanos.

Según el estudio, la memoria sobre la última dictadura tiene plena vigencia. El 71% conoce mucho o algo sobre lo que ocurrió en el país en aquellos años. El 22% admite que “sabe poco” y el 6% declaró no saber nada sobre el tema.

Además, apenas el 7% conserva una visión positiva de la experiencia militar en la Argentina. Un dato que llama la atención de los realizadores del estudio. “En otras experiencias similares, como el régimen de Augusto Pinochet en Chile y la dictadura de Francisco Franco en España, los niveles de imagen positiva duplican la valoración favorable en la Argentina”, reveló el director de Pulsar, Augusto Reina, al presentar los resultados.

Otro dato contundente de la muestra es que el 61% de los encuestados por Pulsar y el CELS describen el accionar del gobierno militar como el despliegue de “un plan sistemático de desaparición de personas y violación de derechos humanos”. Los que consideran, en cambio, que “fue un gobierno que encaró una lucha contra el terrorismo, en la que pudo haber habido excesos” alcanzan el 32 por ciento.

La franja de quienes sostienen la idea de “un plan sistemático” es mayor entre las mujeres (+12%), los que presentan un nivel educativo medio y alto (+6/8%) y residentes en Capital y Gran Buenos Aires (+8%).

Marcela Perelman, directora del área de investigación y archivo del CELS, observó que el rechazo a lo que significó la dictadura es amplio y que las divisiones que suelen plantearse en las discusiones públicas o en el ámbito político se focalizan en grupos reducidos. Llamó, de este modo, a “no dejarse llevar por los posibles microclimas”.

Reina y Perelman observaron que tanto en quienes se posicionan en los grupos de “plan sistemático” como en los que se cometieron “excesos”, predominan sentimientos negativos, como “dolor, temor y condena total”. Sin embargo, aparecen diferencias en los testimonios.

“La dictadura fue el peor monstruo de la Argentina”, describió una persona del AMBA, entre 40 y 50 años, frente al “plan sistemático de desaparición de personas”. Otra voz, de 20 19 años, del interior, que lamentó los “excesos”, sostuvo que “era otra vida… de los niños yendo a la escuela y ver gente armada, de ir a meterse en las casas rápido por miedo, no hablar con gente de más porque puede que éste le cuente al otro y vayan y te secuestren, se te metan a tu casa y te lleven”.

En lo que se refiere al origen de la información tomada en cuenta para sostener su argumentación, el 44% de los encuestados mencionó que se informó principalmente sobre los hechos ocurridos entre 1976 y 1983 a través de la escuela o la universidad. Otras fuentes de información han sido conversaciones con familiares y amigos (30%) y, en menor medida, por noticias o programas especiales (10%). Un 6% se enteró, según el informe, mediante series, películas, libros o producciones musicales.

Los autores del estudio concluyen que el golpe militar de 1976 no tenía justificación social. Mientras el 43% sostuvo que no existían razones, el 18% respondió que había “pocos motivos”. Ambas respuestas se engloban en un 63%. El 16%, en cambio, opinó que había “bastantes motivos” y otro 11% sostuvo que existían “muchos motivos”.

El 39% ubicó como principal responsable de la dictadura al gobierno de Jorge Rafael Videla, Eduardo Emilio Massera y Orlando Ramón Agosti, como primera mención. El 16% responsabilizó a los Montoneros y el 13% al gobierno de Isabel Perón.

Frente a los juicios por delitos de lesa humanidad, el 51% se mostró “muy de acuerdo” con que el Estado siga juzgando a los militares y el 19% se declaró “bastante de acuerdo”. Así, los procesos judiciales tienen un respaldo del 70 por ciento. En el otro extremo, un 13% se mostró “poco de acuerdo” y otro 13% respondió “nada de acuerdo”.

En tanto, el 30% de los encuestados dijo que tiene “algún conocido, familiar o amigo que haya sido desaparecido, detenido o perseguido por la dictadura. Proporción que los responsables del estudio consideraron significativa. No obstante, el número refleja que, medio siglo después, la experiencia directa con la dictadura de 1976 “es más limitada”.

Frente a la pregunta sobre “qué pasaría si mañana hubiera un golpe de Estado”, el 83% considera poco o nada probable esa posibilidad. El sentimiento transversal y mayoritario es que “eso no va a pasar”.

En tanto, el 78% marcó la opción de que “la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno”, frente a un 10% que admitió que en “algunas circunstancias” se podría aceptar un gobierno autoritario y un 7% que se mostró indiferente.

Tucumán sigue conmocionada por la agresión que sufrió el miércoles el diputado nacional libertario Federico Pelli durante un incidente en una zona afectada por inundaciones. El agresor fue identificado como Marcelo Segura, alias “Pichón”, quien ahora es foco de la investigación judicial que se abrió al conocerse las imágenes en las que se ve cómo le pega un cabezazo al legislador.

Segura es un puntero del peronismo muy conocido en el ambiente local. Reside en San Miguel de Tucumán y en sus redes sociales dice haber estudiado en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Es empleado del gobierno de Tucumán, con registros de haberes hasta febrero de este año.

Su defensa quedó a cargo del abogado Ernesto Baaclini, quien afirmó que su cliente está arrepentido y sostuvo que la agresión se produjo en medio de una discusión previa, sin planificación.

Según medios tucumanos, Segura tendría relación con el ministro del Interior provincial, Darío Monteros, ya que habría trabajado como personal de seguridad en dependencias del área.

La Libertad Avanza (LLA) exige que se investigue si existió algún tipo de responsabilidad política detrás del ataque. El gobernador Osvaldo Jaldo es un aliado del mileísmo a nivel nacional, aunque mantiene una férrea disputa en el ámbito provincial.

La investigación quedó a cargo del fiscal Miguel Varela, que aún no determinó la calificación del suceso.

El diputado Pelli fue revisado por un médico forense para establecer la gravedad de las lesiones sufridas, y no se descarta que Segura sea imputado por lesiones graves.

La audiencia judicial fue programada para los próximos días, en un caso que generó fuerte repercusión política y se suma al clima de tensión entre el oficialismo nacional y sectores del peronismo en la provincia.