POLITICA
AFA: chats muestran cómo un hombre de confianza de Toviggino ordenó mover millones de dólares a una empresa fantasma
Una serie de chats, facturas y comprobantes de transferencias a los que accedió TN exponen una maniobra mediante la cual fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) administrados en el exterior fueron enviados a Dicetel Corp, una supuesta empresa fantasma con sede en Miami, para finalmente ser retirados en efectivo en la Argentina.
La operatoria involucra a Juan Pablo Beacon, abogado y ladero de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA; a un financista identificado como “Fiño”; y a la firma TourProdEnter, de Javier Faroni, que manejaba unos 260 millones de dólares de la entidad madre del fútbol argentino fuera del país.
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La documentación y los intercambios de mensajes muestran cómo en febrero de 2022 se emitieron facturas por supuestos servicios que habilitaron transferencias desde TourProdEnter hacia Dicetel Corp. Luego, según las conversaciones, el dinero habría sido retirado y entregado en efectivo.
En total, Dicetel recibió alrededor de 4,8 millones de dólares desde Tourprodenter. El caso forma parte de una trama más amplia que incluye envíos por cerca de 8 millones de dólares a al menos cinco sociedades radicadas en Miami que hoy están disueltas o inactivas.
El primer intercambio clave está fechado el 18 de febrero de 2022. En ese chat, el financista le envía a Beacon una factura de Dicetel Corp por 299.962 dólares. Luego le pide que le avise cuando esté la transferencia. Minutos después, Beacon responde que el dinero será enviado y adjunta el comprobante de la transferencia realizada desde TourProdEnter a Dicetel. La operación figura acreditada y el financista agradece.
Ese mismo día se inicia el segundo tramo de la operatoria. Beacon pide otra factura “igual” pero por un monto mayor: 325.000 dólares. El financista envía una nueva factura de Dicetel por ese importe y solicita el comprobante del giro. Beacon vuelve a responder con las constancias de pago desde TourProdEnter hacia la empresa con sede en Miami.
Beacon es un abogado ladero de Toviggino. Una mano derecha del tesorero de la AFA.
Las imágenes de las facturas muestran a Dicetel Corp como proveedora de “outsourcing y consultoría de procesos administrativos”, “capacitación en filosofía lean para mandos medios” y “gestión integral de servicios de payroll”. Los documentos están fechados el 17 y el 18 de febrero de 2022 y consignan como beneficiaria a la AFA, con dirección en Viamonte 1366, Ciudad de Buenos Aires.
El tercer chat, fechado el 25 de febrero de 2022, muestra el paso final. El financista le avisa a Beacon que le va a enviar 277.000 dólares. Beacon contesta, tiempo después, que el dinero llegó de forma correcta. Según la información reconstruida, el dinero habría sido entregado en efectivo en una oficina ubicada en Lavalle 1718, cuarto piso, oficina C, vinculada a Beacon.
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La diferencia entre los 325.000 dólares facturados y los 277.000 entregados en efectivo aparece explicitada en los propios intercambios. El financista se quedaba con un 10% de comisión; un 1% de ese total habría sido para Beacon; y unos 15.000 dólares quedaban para otra persona identificada con el apodo “Grandote”. El resto era el monto que finalmente se entregaba en efectivo al destinatario final, cuyo nombre se desconoce pero se cree sería un dirigente de la AFA.
Detrás de estas operaciones aparece la figura del financista “Fiño”. En varios tramos de las charlas, dice estar en una cooperativa de vivienda y créditos para el consumo. La misma estaría ubicada sobre la Avenida Corrientes y declara como actividad servicios de crédito y préstamos fuera del sistema bancario tradicional.
La operatoria se inscribe en el manejo de fondos de la AFA en el exterior. TourProdEnter, la empresa de Javier Faroni, administraba unos 260 millones de dólares provenientes del contrato con Adidas, partidos amistosos, AFA Play y otros ingresos. Parte de ese dinero terminó girándose a Dicetel Corp y a otras firmas radicadas en Miami, señaladas como empresas sin actividad real.
Beacon aparece como una pieza central. Abogado, con cargos previos en la AFA, es señalado en el ambiente como la mano derecha de Toviggino. “Beacon es Toviggino”, repiten dirigentes y representantes. Beacon fue accionista de Malte SRL, firma que luego quedó en manos de SOMA SRL, vinculada al hermano del tesorero de la AFA, y que fue la segunda dueña de la conocida mansión de Pilar.
Un dato temporal refuerza las preguntas: el dinero que Beacon recibió, según los chats, fue un año antes de que Malte comprara esa propiedad. “La pregunta era básica: ¿de dónde salió la plata?”, señalan quienes siguen el caso.
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La documentación también muestra la injerencia directa de Beacon en el manejo de fondos de clubes. Central Córdoba de Santiago del Estero lo autorizó a cobrar cheques millonarios y a operar ante una sociedad de bolsa. Arsenal de Sarandí también le otorgó poderes. En paralelo, los chats lo ubican solicitando facturas de firmas como Dicetel y otras sociedades que, según la información publicada, facturaron millones de dólares por servicios que nunca se habrían prestado.
El circuito queda delineado con precisión en los intercambios: facturas emitidas por empresas radicadas en Miami, transferencias desde la administradora de fondos de la AFA, retiro del dinero a través de un financista y entrega en efectivo. Lo que aún no está documentado es el destino final de esos fondos. La pregunta que sobrevuela toda la trama sigue abierta: ¿a quién le entregaba Beacon ese dinero?
AFA, Claudio Tapia, Pablo Toviggino, Javier Faroni
En medio del debate por la reforma laboral, el senador y exgobernador de Chaco, Jorge Capitanich, recordó a su exesposa Sandra Mendoza, que murió este miércoles.
El legislador se sumó a la sesión más tarde por el fallecimiento de la dirigente política y agradeció el minuto de silencio que hicieron en el recinto al conocerse la noticia. “Muchas gracias a todos los senadores y senadoras por el homenaje y las condolencias. Se lo transmito a toda la familia y especialmente a mis hijas Jorgelina y María Guillermina”, expresó.
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En esa línea, resaltó: “Para nosotros es importante este reconocimiento para una persona como Sandra que tuvo una extensa trayectoria política. En ese devenir de la vida y de la historia nos encontró en una etapa que nos permitió engendrar dos hijas maravillosas, unidas en el compromiso de amor, solidaridad y un cariño fuerte por la patria”.
“Muy sentidas las palabras de todos los que han participado. Quiero agradecerles enormemente esta muestra de cariño, de amor y respeto”, cerró Capitanich.
El senador Bartolomé Abdala, que presidía la sesión, lo saludó al verlo ingresar al recinto y le dedicó unas palabras: “Cuando usted se ausentó, se hizo un minuto de silencio de manera unánime dándole el pésame por lo que está viviendo personalmente. Desde ya, el saludo fue aprobado y reconocido. Le deseamos pronta recuperación y que brille para ella la luz que no tiene fin”.
La legisladora kirchnerista, Juliana Di Tullio, fue quien solicitó un minuto de silencio en homenaje a la exdiputada.
El pedido fue acompañado por la senadora Patricia Bullrich, quien también le dedicó unas palabras. “He tenido el honor de conocer a Sandra Mendoza. Creo que merece el reconocimiento de todos. Adherirnos a este homenaje, a esta tristeza que está pasando su familia, sus hijos y darle el pésame de parte de todos nosotros”, manifestó.
El comunicado que confirmó la muerte de Sandra Mendoza
La dirigente peronista tenía 62 años y se encontraba internada en una clínica privada de Buenos Aires atravesando un grave cuadro de salud.
“Con profundo pesar despedimos a la exdiputada nacional por Chaco, Sandra Mendoza, quien deja una huella imborrable en la vida política y social de nuestra provincia. Su trayectoria estuvo marcada por el compromiso con las causas que defendió y por la firme convicción de trabajar por el bienestar de los chaqueños”, expresaron desde el Partido Justicialista chaqueño.
Mendoza nació en la ciudad de Sáenz Peña el 20 de abril de 1963. Fue kinesióloga, formó parte del Frente para la Victoria (FpV), en 2008 asumió como ministra de Salud de la provincia por un período de ocho meses y ejerció como diputada nacional por Chaco entre el 2009 y el 2017.
Estuvo casada con el exgobernador del Chaco, Jorge Capitanich, entre 1990 y 2009, con quien tuvo dos hijas.
Mendoza se encontraba atravesando complicaciones de salud desde octubre, cuando su cuadro de diabetes se agravó por un accidente doméstico que le generó dificultades en la movilidad. Desde entonces se instaló en Buenos Aires y hace poco fue internada a una clínica privada.
Jorge Capitanich, Sandra Mendoza, Senado
En un anticipo de lo que ocurrirá este jueves en el recinto de la Cámara de Diputados, el oficialismo obtuvo hoy un amplio respaldo en torno al dictamen de un nuevo régimen penal juvenil, iniciativa cuyo punto medular es la baja en edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
El dictamen, que se firmó en un plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto, obtuvo 73 firmas y será llevado mañana a la sesión especial que convocó el oficialismo, adonde espera darle media sanción. Se descuenta que será aprobado con amplia mayoría con el apoyo de Fuerza del Cambio –el interbloque que integran Pro, UCR, MID, Adelante Buenos Aires y Por Santa Cruz-; los bloques provinciales de Innovación Federal, los diputados sanjuaninos de Producción y Trabajo y un sector de Provincias Unidas.
Este debate meterá una cuña en la bancada de Unión por la Patria. Mientras el kirchnerismo anticipó su rechazo al proyecto, el Frente Renovador –que se referencia en Sergio Massa– se desmarcó del resto del bloque con un dictamen propio que, si bien propicia la baja a 14 años de la edad de imputabilidad al igual que el oficialismo, considera que para ello debería modificarse el Código Penal y no instrumentarse por medio de este régimen especial. Por ello se abstendría en la votación en general pero acompañaría el artículo puntual que establece los 14 años como el piso mínimo de imputabilidad.
También votará dividido el interbloque Provincias Unidas, ya que los diputados cordobeses acompañan –con disidencias- el proyecto impulsado por el oficialismo.
Los libertarios celebran el consenso alcanzado. Si bien su intención original era bajar la edad de imputabilidad a 13 años, la propuesta no tuvo consenso entre sus potenciales aliados.
“Este dictamen es el resultado de un trabajo serio, sostenido y responsable –destacó Laura Rodríguez Machado, presidenta de la Comisión de Legislación Penal-. No se trata de una respuesta improvisada ni de una consigna coyuntural, sino de una decisión institucional para ordenar un sistema que durante décadas funcionó con vacíos, parches y contradicciones”.
El proyecto, además de fijar el mínimo de punibilidad en 14 años, establece que el plazo máximo de las penas privativas de la libertad para los adolescentes será de 15 años (el proyecto del oficialismo lo fijaba en 20). Empero, este castigo -el de la privación de la libertad- sólo se aplicará como último recurso y para el caso de los delitos muy graves.
En aquellos casos en los que el menor haya cometido un delito cuya pena supere los tres años de prisión hasta un máximo de diez, pero no haya implicado la muerte de la víctima o una violencia física o psíquica grave, o se trate de delitos culposos, el tribunal podrá reemplazar la prisión por penas alternativas, como tareas comunitarias, prohibiciones de aproximación con las víctimas o medidas de reparación del daño causado. Lo mismo le cabría a aquel menor que no registre antecedentes de procesos penales anteriores.
Desde Unión por la Patria, la diputada Victoria Tolosa Paz expuso las razones del rechazo de su bloque al proyecto. Enfatizó que la iniciativa atenta contra los principios de la Convención sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y es objetada por un amplio abanico de especialistas en la materia, incluso la Iglesia.
“No cuestionan el proyecto porque Argentina no necesite un nuevo régimen penal juvenil —lo necesita— sino porque ‘delito de adulto, pena de adulto es una consigna vacía e inconstitucional”, advirtió Tolosa Paz, quien alertó que el presupuesto que asignó el Gobierno para financiar este nuevo régimen -$23.000 millones- es insuficiente y no llegará a las provincias.
El grueso de la bancada de Unión por la Patria es contrario a reducir la edad de imputabilidad aunque sí propone un nuevo régimen especial para los adolescentes en conflicto con la ley penal “sin punibilidad, con justicia restaurativa y una pena máxima de 10 años, en línea con la Constitución y los estándares internacionales”, expuso la legisladora
En réplica a Tolosa Paz, la diputada oficialista Silvana Giudici insistió en que el proyecto “no niega derechos” y que, por el contrario, “adecúa los parámetros penales a la Convención de Niños y Adolescentes y al sistema jurídico del país”.
Remarcó, además, que la mayoría de los proyectos presentados sobre la materia en la Cámara de Diputados, de la mayoría de las bancadas, proponen reducir la edad de imputabilidad, tendencia que se consolidó en legislaciones de distintos países del cono sur, como Chile, Colombia, Brasil y Uruguay.
se abstendría en la votación en general,Cámara de Diputados,Conforme a,,Rechazo a la reforma laboral. La marcha de la CGT se desarmó tras los incidentes y la plaza quedó vacía: hay detenidos,,Salió sorteado. Lijo será el nuevo juez del caso que investiga la corrupción en la Agencia de Discapacidad,,Reforma laboral. El nuevo apretón de manos de Milei con la “casta sindical”,Cámara de Diputados,,Diputados. Convocan a sesión para tratar el jueves la reforma penal juvenil y el acuerdo Mercosur-Unión Europea,,Idas y vueltas en Diputados. El Gobierno envió el proyecto de reforma penal juvenil, pero horas después lo retiró,,Ola de repudios. Lemoine rechaza la presión opositora para que se disculpe con Ian Moche y ratifica sus polémicos dichos
POLITICA
Reforma laboral: así se vieron los graves incidentes en el Congreso desde el drone de Infobae
La tarde en el Congreso de la Nación quedó marcada por una importante cobertura aérea de los incidentes durante el debate de la reforma laboral. Imágenes captadas por el drone de Infobae ofrecieron una perspectiva integral del enfrentamiento entre manifestantes y las fuerzas de seguridad, registrando escenas de tensión en la Plaza de los Dos Congresos y sus alrededores. La transmisión permitió observar con nitidez la magnitud de la movilización y la respuesta oficial, en una jornada que alteró el pulso de la Ciudad de Buenos Aires y acaparó la atención pública y política.
Desde las alturas, el dispositivo mostró la llegada sostenida de columnas sindicales y organizaciones sociales que se congregaron frente al Parlamento para rechazar la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional.
A medida que avanzaba la tarde, el drone captó el despliegue de gendarmería, policía federal y prefectura, apostados en distintos puntos para reforzar el perímetro de seguridad.
Las imágenes evidenciaban la tensión latente: grupos de manifestantes se desplazaban entre las vallas y banderas, mientras los efectivos aguardaban la orden de intervención. El sobrevuelo documentó el momento exacto en que se produjeron los primeros choques, con movimientos sincronizados de ambas partes y la utilización de carros hidrantes y gases lacrimógenos para disuadir los intentos de avance.
Los registros difundidos por Infobae permitieron dimensionar el alcance de los incidentes, que incluyeron la dispersión de manifestantes sobre la Avenida de Mayo y calles adyacentes. A través de la lente aérea, se observó cómo los grupos más enfáticos intentaron derribar vallas y arrojar objetos contra el cordón policial, desencadenando la respuesta de las fuerzas federales.
El drone captó imágenes de personas huyendo de los chorros de agua, mientras otros intentaban protegerse de los efectos de los gases y se reagrupaban en las esquinas cercanas. En paralelo, el tránsito quedó completamente interrumpido y decenas de unidades móviles policiales se desplazaron por la zona.
El operativo de seguridad, supervisado por la ministra Patricia Bullrich, incluyó la aplicación del protocolo antipiquete y la movilización de recursos logísticos inéditos para una jornada parlamentaria. El drone registró el despliegue de uniformados sobre Avenida Callao, Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos, así como la presencia de ambulancias y equipos de emergencia atendiendo a los primeros heridos.
Según consignó Infobae, el saldo provisorio fue de al menos diez personas lesionadas y varias detenciones, en medio de una jornada signada por la tensión y la incertidumbre.
La cobertura aérea evidenció también la reacción de los manifestantes, que respondieron con cánticos, pancartas y banderas en defensa de los derechos laborales. Las imágenes muestran grupos organizados replegándose y reorganizándose tras cada embestida policial, mientras otros intentaban negociar con los funcionarios encargados del operativo.
En los videos difundidos, se aprecian escenas de dispersión, corridas y enfrentamientos directos, seguidos de momentos de relativa calma antes de nuevos choques.
Mientras tanto, en el interior del Congreso, los legisladores continuaban el tratamiento de la reforma laboral bajo la custodia de un nutrido operativo. La cobertura aérea mostró el contraste entre la calma institucional en el recinto y el clima de confrontación en el exterior.
Funcionarios del Gobierno y dirigentes sindicales emitieron comunicados cruzados sobre la legitimidad de la protesta y el uso de la fuerza pública, mientras organismos de derechos humanos exigieron garantías para los manifestantes.
El presidente Javier Milei se refirió a los incidentes a través de un mensaje en redes sociales, en el que expresó: “Del otro lado tenemos esto”, en alusión a las imágenes de los disturbios difundidas ampliamente.
El tuit presidencial reavivó el debate sobre el protocolo antipiquete y los límites del derecho a protesta, en una jornada que quedará registrada por la singularidad de su cobertura visual y el impacto político que generó el desarrollo de los acontecimientos en el Congreso de la Nación.
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