POLITICA
AFAGate: Tapia indemnizó con US$14 millones a una intermediaria española por el Prode y la “Liga Virtual”
Las apuestas deportivas son uno de los negocios más rentables del universo de la pelota. Y los deportes en videojuegos o los “e-games” son una de sus industrias más pujantes. Pero las leyes del mercado no aplican para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La entidad que conducen Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino rescindió dos contratos y pagó indemnizaciones por US$14 millones a la empresa española Odeoma Gestión SL en 2021, aunque los acuerdos se cancelaron de mutuo acuerdo y por cuestiones de fuerza mayor, según surge de documentos oficiales de la entidad y balances de Odeoma que obtuvo y analizó .
Las indemnizaciones por US$14 millones que embolsó Odeoma SL se suman, así, a los honorarios del 30% que cobró por su rol como agente recaudador o “intermediario” de la AFA, labor por la que recibió transferencias por más de US$30 millones de patrocinadores y otras empresas que sellaron acuerdos comerciales con la entidad de la calle Viamonte, tal como reveló este diario.
La trama que terminó en las indemnizaciones comenzó en febrero de 2018, cuando la AFA firmó un contrato con Odeoma −una sociedad integrada por el santiagueño Fabián Marcelo Saracco, de llegada directa a Toviggino− para desarrollar y gestionar un Prode online de apuestas deportivas para competencias del fútbol argentino durante diez años. El acuerdo −al que accedió − lo firmó Tapia e indica que la empresa española se llevaría, como contraprestación, el 30% de todos los ingresos que tuviera dicho negocio.
Ante las autoridades españolas, Odeoma informó una inversión de 1,3 millones de euros para la implementación del Prode. “Lo estamos desarrollando con entidades internacionales con las que mantenemos acuerdos firmados y, al mismo tiempo, estamos manteniendo distintos encuentros con plataformas gamming internacionales para la puesta en marcha y para su posible cesión o gestión”, notificó la compañía en su balance de 2021.
Pero el proyecto finalmente se cayó ese mismo año. “Como consecuencia de la pandemia Covid-19, este contrato nunca pudo ser ejecutado a satisfacción de las partes, razón que motivara su rescisión en fecha 1° de noviembre de 2021”, informó la AFA en el Boletín 6015 del Comité Ejecutivo. Y agregó: “Atento ello, para cumplir con la obligación contraída por la AFA, se ha procedido de manera excepcional el pago en efectivo en moneda extranjera a la firma Odeoma de los importes convenidos entre las partes en el referido acuerdo de rescisión”.
La rescisión del contrato, según reconstruyó en base a documentos internos, habría ascendido a los US$8 millones en favor de Odeoma. Y ese es el monto que, una semana después de la publicación en el boletín de la AFA, la entidad que lideran Tapia y Toviggino transfirió a la empresa española con el concepto “terminación de contrato predicciones deportivas”.
En total, Odeoma y su marca comercial, Gold Medal Sports, firmaron al menos siete contratos con la AFA desde 2018 en adelante. Sin embargo, ninguno apuntó a actividades en España. La mayoría de los contratos −a los que accedió este medio− le asignó un rol de representante comercial de la entidad de la calle Viamonte. Y con esa premisa, Odeoma embolsó ingresos de la AFA por auspicios para utilizar la marca del fútbol argentino, con el mismo porcentaje que acordó en diciembre de 2021 TourProdEnter LLC, la empresa estadounidense de Faroni y Erica Gillette.
En el caso de Odeoma, el perfil de la empresa registró una clara transformación desde 2018, cuando empezó a firmar contratos con la entidad de la calle Viamonte. Su crecimiento se aceleró, en especial desde 2020, acompañado del desembarco de dos administradores: el argentino Saracco y el español Melchor Israel Amoedo Merlín, cuyo primer apellido, escrito al revés, es Odeoma.
Amoedo Merlín aparece como el rostro más visible de esta compañía; firma casi todos los contratos con la AFA junto a Tapia y Toviggino. Pero en el entramado que comenzó en Madrid y luego se expandió a otras compañías aparece Saracco, accionista minoritario (49%) a través de la empresa Las Runas Development SL.
Comerciante de 60 años, Saracco es un argentino que vive en la localidad de Alcalá de Henares, en las afueras de Madrid, pero en la Argentina registró su domicilio, vivió y trabajó en Santiago del Estero, el pago chico de Toviggino. Y tenía trato directo con Juan Pablo Beacon, un alfil del tesorero que le daba órdenes directas, según reconstruyó . Apenas trascendió su nombre durante los últimos días, dio de baja sus cuentas en X y en Linkedin.
Gracias al vínculo que Saracco tejió con la AFA, Odeoma embolsó millones de dólares. Tanto por su intermediación en operaciones comerciales, como por las indemnizaciones que cobró. Porque el Prode online no fue el único contrato que le rescindió la AFA. También se cayó un proyecto de videojuegos. Este medio se comunicó con los socios de la empresa española y con la AFA, pero no obtuvo respuesta.
El 4 de julio de 2018, Chiqui Tapia y Toviggino firmaron un acuerdo con Odeoma para que asuma la representación comercial y el desarrollo de la “Virtual Liga Argentina”, un torneo de e-sports (Playstation) bajo la modalidad 11 contra 11. Es decir, una simulación del torneo local pero desde la consola. El contrato −al que accedió − detallaba que Odeoma sería el representante comercial de la AFA y que se quedaría con el 30% de los ingresos netos por un plazo de diez años.
Tapia llegó, incluso, a anunciar la “Virtual Liga” en diciembre de 2018 y comenzó a rodar en 2019 en el videojuego eFootball PES. Pero la AFA no mencionó a Odeoma en su lanzamiento. “La idea fue traída a la AFA por Virtual Pro Network (VPN), la plataforma que concentra la mayor base de datos de jugadores en todo el mundo”, indicaron las autoridades del fútbol local. La “Virtual Liga” ganó protagonismo cuando el fútbol argentino se suspendió durante la cuarentena por el Covid-19: la AFA lanzó la Copa #QuedateEnCasa en 2020, de la que participaron 21 equipos de la Liga Profesional.
Para entonces, Odeoma ya no formaba parte del proyecto. El 30 de diciembre de 2020, Tapia y Toviggino firmaron la rescisión del contrato. El documento −al que accedió − indica que por la finalización del convenio −que se hizo de mutuo acuerdo− la AFA le pagaría una indemnización de US$6 millones. “Ambas partes declaran que, como consecuencia de la pandemia, el contrato nunca pudo ser ejecutado, razón que motiva el presente convenio de rescisión contractual”, indica.
Las rescisiones contractuales no afectaron el ida y vuelta entre Buenos Aires y Madrid, al punto que Odeoma suscribió más convenios con la AFA. Así, por ejemplo, el Comité Ejecutivo informó en sus boletines de 2021 que se habían firmado contratos de auspicios y venta de imagen de la Selección con las empresas Bybit Fintech Ltd, Genius Sports Technologies Ltd y One Football Gmbh. En todos ellos, la empresa española apareció como el agente de cobro, con un fee del 30% sobre los ingresos.
No sólo eso. A través de su filial GMS Sports Services, Odeoma expandió a Estados Unidos sus negocios con la AFA. Firmaron un contrato en octubre de 2021 para “la gestión integral del proyecto AFA en Miami, tanto en el diseño, construcción, puesta en marcha y explotación”, indica el documento al que accedió este medio.
Tapia y Toviggino aceptaron de puño y letra la propuesta de la compañía por US$3 millones sólo durante el primer año.
Con la colaboración de Ricardo Brom
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La Corte Suprema de Justicia se reactiva este martes tras el receso de verano y en su hoja de ruta ya se vislumbran dos ejes: el pedido al Gobierno para que se cubran las vacantes en el Poder Judicial, que llegarían a más del 40% en 2026, y una exhortación a los jueces de tribunales inferiores a que le den celeridad a los juicios sobre causas de corrupción. Así informaron a fuentes al tanto de lo que será la agenda de prioridades del máximo tribunal.
Otro tema que inquieta es la integración de la Corte Suprema, pero no es un asunto que vaya a resolverse de inmediato sino a lo largo de los próximos meses.
El máximo tribunal tiene actualmente tres integrantes: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, por lo que para dictar una sentencia debe haber unanimidad. En caso de una disidencia, los jueces deben sortear conjueces entre los presidentes de las cámaras federales de todo el país, pues la mayoría debe conformarse como mínimo con tres firmas. A pesar de esta particularidad numérica, la Corte tiene su propia agenda para 2026 y ya la puso en marcha. Esta semana se desarrollará la primera reunión de ministros del año, con la llegada de Rosenkrantz, que estuvo de viaje en el exterior.
Aunque el tema que más preocupa en la Corte Suprema son las vacantes del Poder Judicial, que según sus proyecciones llegarán al 42% en 2026. Esta vez, los jueces de la Corte le creen a Gobierno cuando afirma que en marzo serán cubiertas.
La relación entre la Corte y el Gobierno hoy es buena y hay diálogo institucional. A los habituales contactos con el viceministro, Sebastián Amerio, se sumó el intercambio con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El funcionario formalizó un incremento del 280% del presupuestodel Poder Judicial: $28.973.850.716 en el inciso 4 (bienes de uso) del presupuesto del Consejo de la Magistratura.
El ida y vuelta por WhastApp preanuncia un año de buen diálogo entre ambos poderes, se ilusionan en el Consejo de la Magistratura y en la Corte ante la consulta de .
El Gobierno fracasó el año pasado con su intento de designar al juez Ariel Lijo y al catedrático Manuel García-Mansilla, con lo que ahora se muestra más cauteloso.
“No nos podemos equivocar más, cada decisión debe ser sobre seguro”, dijo un interlocutor del Gobierno en estos temas. Por eso es que hay ánimo de tratar el asunto, pero en marzo, y junto con el envío de los pliegos de los casi dos centenares de jueces al Senado.
Estas designaciones, que están pendientes desde hace dos años, le dan al Gobierno cartas para negociar con los gobernadores y senadores.
Asimismo, hoy el Gobierno tiene para negociar no solo los cargos de los dos jueces de la Corte, sino también los del Procurador General de la Nación y el del Defensor General de la Nación, además del Defensor del Pueblo. Es un paquete atractivo para negociar con la oposición.
El presidente Javier Milei rechaza negociar con el kirchnerismo, según fuentes oficiales. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, negó públicamente que buscarán dialogar con los enviados de la expresidenta.
Sin embargo, en el pasado hubo diálogo y se interrumpió tras la condena de Cristina Kirchner y cuando se hicieron públicas esas charlas entre Juan Martín Mena, enviado de la expresidenta, y el asesor presidencial Santiago Caputo.
Hoy el ánimo es seguir buscando los votos en el Senado, pero apuntado a los senadores que dependen de gobernadores radicales o del peronismo.
Creen que con el paso del tiempo, la ascendencia de Cristina Kirchner sobre los senadores va a ceder al tiempo que crezca la incidencia del voto de este nuevo grupo de legisladores que se referencian en gobernadores más afines al Gobierno.
“Si hay un candidato del peronismo potable está despejado el camino para que haya una negociación”, dijo una fuente de los tribunales.
La idea sigue siendo completar la Corte y no pensar en este momento en una ampliación del tribunal.
En el Senado el escenario no es el del año pasado. Hoy Cristina Kirchner no tiene el poder entre los senadores para poder imponer a un candidato, o candidata como se barajó con los nombres de Anabel Fernández Sagasti o María de los Ángeles Sacnun.
Cualquier iniciativa necesitará del acuerdo del resto del PJ, pues ya no tiene poder de veto ni un bloque unificado. Debería negociar su candidato con Gerardo Zamora, de Santiago del Estero; Sergio Uñac, de San Juan; Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Raúl Jalil, de Catamarca, y Gustavo Sáenz, de Salta. Este camino es una alternativa para reunir los votos cuando sea el momento de la decisión.
En la agenda de este año siguen siendo observados los casos de corrupción y el ritmo que lleva el caso de los Cuadernos de las Coimas, con Cristina Kirchner como principal acusada. Rosatti y Lorenzetti no ocultan esta preocupación.
Cuando en diciembre pasado trascendió la preocupación por el avance de los casos de corrupción, Rosenkrantz mencionó que el impulso de las causas de los cuadernos y los juicios pendientes contra la expresidenta no dependen de la Corte sino de los tribunales donde se encuentran esos casos. También admitió su preocupación por las vacantes existentes en el Poder Judicial.
Aún está resta definir en la Justicia el remate de los bienes de la expresidenta por la condena de la causa Vialidad y ponerle fecha a los dos juicios aún pendientes: el caso de la firma del Memorándum con Irán (más cerca de tener fecha de inicio) y la causa por lavado de dinero contra la expresidenta y su hijo Máximo Kirchner por las sociedades Hotesur y Los Sauces.
En esta último caso, el juez Rodrigo Giménez Uriburu se excusó porque fue uno de los jueces que condenó a Cristina Kirchner en Vialidad, y los otros compañeros del trbiunal, José Michilini y Adriana Palliotti, lo aceptaron. Se deberá ahora sortear a un nuevo juez, por lo que se demora su inicio.
Pero en la agenda de 2026 de la Corte se estudia otro caso de signo político contrario que podría implicar reabrir un expediente de lavado, que impacta de lleno en Jorge Macri, el jefe de Gobierno porteño.
En tanto, en estos dos meses por delante se baraja la continuidad o no del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y del viceministro, Sebastián Amerio, respaldado por Santiago Caputo.
Cuando Milei ganó las elecciones legislativas en octubre del año pasado, Cúneo Libarona estaba casi afuera del Gobierno. Lo llamó Karina Milei y le pidió que se quede en el cargo.
Cúneo Libarona se comprometió a quedarse hasta marzo o abril, fecha límite para poner en marcha el sistema acusatorio en Comodoro Py, su legado como funcionario. La continuidad de Cúneo Libarona obturó el casillero para evitar que sea cubierto por un candidato de Caputo. Ahora esa interna entre Caputo y Karina Milei sigue abierta y hay quienes dicen que la continuidad de Amerio está en discusión y que la hermana del presidente está “haciendo un casting” de candidatos para el área de Justicia.
No es solo el ministerio, que es a esta altura una dependencia vaciada de muchas de las funciones que tenía en el pasado, sino la incidencia en el Consejo de la Magistratura, el organismo que se encarga de remover y de signar magistrados.
Hasta ahora el poder en el Consejo de la Magistratura está en manos de los jueces, con Horacio Rosatti como presidente de la Corte y del Consejo, y el Gobierno tiene un solo consejero propio, Amerio, representante del Poder Ejecutivo en el cuerpo.
Pero este año todo puede cambiar y el Gobierno fortalecerse en el Consejo de la Magistratura. No solo con el representante del Ejecutivo, sino con consejeros abogados, que deben ser elegidos a fin de año.
Los concejeros que responden al Pro o al kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura hoy no tienen el mismo peso político que cuando llegaron a ese cargo, porque la fuente de donde emana su poder, está mermada. Por eso es que el equilibrio en el cuerpo puede cambiar. Karina Milei talla en esa selección y busca colocar al representante del Poder Ejecutivo. Se menciona al abogado Eduardo Viola, apoderado de La Libertad Avanza.
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El Gobierno hará cumplir el próximo miércoles el protocolo antipiquetes. Para eso, desplegará un operativo conjunto con todas las fuerzas de seguridad: Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía Aeroportuaria. También estará involucrado el Servicio Penitenciario, que tendrá móviles de traslado a disposición. Será en el marco de la movilización de la CGT en rechazo de la reforma laboral, cuyos detalles se discutirán ese mismo día en el recinto del Senado.
La protesta fue anunciada el viernes por el triunvirato cegetista, tras una reunión de su consejo directivo. “Dado que el próximo 11 de febrero se va a abrir la sesión de debate en la Cámara de Senadores, nos vamos a movilizar a la Plaza de los Dos Congresos”, afirmó Jorge Sola, cotitular de la entidad, durante una conferencia de prensa. La concentración será desde las 15 y, según anticipó, de forma “contundente y multitudinaria”.
Además, la central sindical replicará la protesta en las casas de gobierno provinciales para expresar su rechazo al proyecto en todo el país.
Por ahora, la CGT descartó convocar a un paro general. Según informó , guarda esa carta para una etapa posterior: cuando la reforma llegue a Diputados y se defina su sanción definitiva. No se descarta, sin embargo, que el conflicto termine trasladándose a los tribunales.
La movilización sindical se superpondrá con la marcha habitual de jubilados, pensionados y personas con discapacidad, que todos los miércoles se concentran frente al Congreso para reclamar mejoras en haberes y prestaciones.
La convergencia de protestas anticipa una jornada de alta tensión. El accionar policial y el comportamiento de los manifestantes estarán bajo especial observación. La semana pasada, durante una de estas marchas, fue detenido el sacerdote Francisco “Paco” Olveira en las inmediaciones del Congreso. El hecho generó el repudio inmediato del peronismo, que reclamó su liberación, concretada una hora después.
En una protesta similar, en marzo pasado, el fotoreportero Pablo Grillo resultó herido por el impacto de una cápsula de gas lacrimógeno.
El protocolo antipiquetes fue diseñado para garantizar la libre circulación en rutas y vías nacionales. Habilita la intervención directa de las fuerzas federales para despejar cortes de tránsito, al considerar estas acciones como delitos en flagrancia, sin necesidad de una orden judicial previa. Establece, además, el uso de la fuerza mínima y proporcional, la identificación de organizadores y participantes, y el registro de los vehículos involucrados. También prevé trasladar los costos del operativo a las agrupaciones responsables de las protestas.
Del despliegue participará la Policía de la Ciudad, que actuará como fuerza auxiliar en el tercer anillo de seguridad en torno al Congreso.
El desarrollo de la protesta será clave para medir el clima político dentro del recinto, donde los senadores debatirán la letra chica del proyecto de “modernización laboral” enviado por el Poder Ejecutivo.
La CGT califica la iniciativa del Gobierno como “regresiva”. Los gremios sostienen que el proyecto recorta derechos colectivos e individuales al flexibilizar las contrataciones y los despidos, limitar el derecho a huelga y debilitar el rol de las organizaciones sindicales.
Entre los puntos más cuestionados figuran la ampliación de las actividades consideradas “esenciales”, el fin de la ultraactividad de los convenios, las restricciones a la acción sindical en los lugares de trabajo, la posibilidad de extender las jornadas hasta 12 horas y la creación del Fondo de Asignación Laboral (FAL), bajo administración de la Comisión Nacional de Valores (CNV), como alternativa al régimen de indemnizaciones.
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POLITICA
Con la reforma laboral en agenda, el Gobierno vuelve a acercar posiciones con el PRO en el Congreso
La cercanía de debates clave para el Gobierno de Javier Milei en el Congreso reactivaron las conversaciones del oficialismo con bloques y partidos aliados. Entre ellos, no es menor el vínculo con el PRO, que fue el principal aliado durante los primeros dos años de gestión pero en los últimos meses la relación se desgastó.
Las diferencias llegaron a tal punto que en las filas del partido fundado por Mauricio Macri aseguran que ya no hay alianza entre las partes, pese a que en las elecciones legislativas nacionales del año pasado (hace poco 4 meses) fueron en una misma lista. Ahora, en la previa al retorno de la discusión legislativa, en los últimos días ensayaron un acercamiento entre las partes.
Leé también: Cómo se gestó el pacto de unidad entre Kicillof y Máximo Kirchner en el PJ bonaerense: qué implica a futuro
La foto entre el ministro del Interior, Diego Santilli, y el jefe de la bancada del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, no pasó desapercibida. Si bien se trata de dos hombres del mismo partido, hoy el “Colo” es un hombre clave del Gobierno. Además, una de las cartas que tanto La Libertad Avanza como el macrismo buscan instalar en la carrera por la gobernación bonaerense en 2027.
En ese encuentro, ambos coincidieron en la importancia de que la reforma laboral avance en el Congreso como una herramienta clave para generar más empleo formal, impulsar la inversión y modernizar el mercado de trabajo. Asimismo, abordaron la necesidad de avanzar en el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad.
Leé también: Los gobernadores peronistas se reunieron para definir una estrategia común en contra de la reforma laboral
El caso es que los gestos comenzaron unos días antes. “En la reunión de presidentes de bloque se definió que se baje la edad a 14 y se reconozca que el poder ejecutivo debe asignar recursos para su implementación, tal como lo pedía el PRO”, indicó a TN un referente del macrismo.
“Pasamos de un presupuesto con el oficialismo bloqueando cualquier tipo de modificación o sugerencia de mejora, a la adopción de un dictamen impulsado por otros bloques que propone algo distinto a lo que el gobierno inicialmente buscaba. Ellos querían 13 años y Monteoliva incluso llegó a decir que quería 12″, reconocieron.
Los guiños del Gobierno fueron bien recibidos en el PRO. “Vemos como una buena señal la apertura al diálogo y al consenso”, manifestaron desde la bancada en Diputados a este medio. Aunque aclararon: “Como dijimos en su momento, reconstruir la confianza es un camino largo”
“Después de la elección parecía que íbamos encaminados a reconstruir la Argentina en equipo y pasó todo lo contrario”, apuntaron en el PRO en referencia a los desplantes ocurridos tras haber ganado juntos las elecciones de octubre.
La búsqueda interna -y hacia afuera- del PRO
El 2026 parece todavía no haber arrancado políticamente para el PRO, pero de a poco comienzan a hacer sus primeros movimientos del año. Y a priori, la lógica de sus pasos es la misma con la que despidieron el 2025: despegarse del Gobierno de Javier Milei y reafirmar su identidad.
Atrás quedaron los días de acompañamiento incondicional de la gestión de La Libertad Avanza y, en cambio, ahora se impone un modelo de acción más pragmático: acompañar donde coincidan y cuestionar lo que consideren que haya que cambiar. Y esa va a ser la postura del PRO en el debate que se viene en el Congreso por las reformas que impulsa el Gobierno.
Este escenario de desconfianza mutua se mantiene en el 2026, y en la previa a un debate clave en el Congreso: la reforma laboral que impulsa Milei. Si bien el Gobierno logró la primera minoría luego de gestionar 2 años con clara desventaja parlamentaria, aún necesita de aliados -y no tanto- para convertirla en ley.
Un vínculo tenso desde sus inicios
El vínculo entre La Libertad Avanza y el PRO es mucho más complejo que el de eventuales aliados políticos. Si bien es cierto que los liderados por Mauricio Macri acompañaron desde el día 1 la gestión del presidente Javier Milei, también hubo muchos avances y retrocesos en la relación.
A tal punto que la alianza efectiva recién se cerró a nivel nacional para las elecciones legislativas de octubre, luego de varios amagues previos. Pero al cierre del año legislativo -y con la nueva conformación del Congreso- se reflotaron viejas diferencias. Desde allí, el PRO marcó distancia en la relación, en busca de reafirmar su independencia.
“La relación se rompió con lo de AGN pero nosotros vamos a defender el cambio del país, por encima de todo”, indicó un referente de peso del PRO a TN. En las últimas semanas de diciembre, con desplantes públicos luego de una polémica sesión en Diputados, donde el PRO denunció un acuerdo entre LLA y el kirchnerismo por cargos en la Auditoría General de la Nación. Este último capítulo llevó al límite al vínculo: “Dejamos de ser aliados”, sentenciaron en el bloque que conduce Cristian Ritondo a este medio.
PRO, La Libertad Avanza, Congreso
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