El canciller de la República Argentina, Pablo Quirno, sostuvo hoy una reunión con los embajadores de Arabia Saudita, Qatar, Emiratos árabes Unidos y Kuwait para analizar la situación en Medio Oriente, según informó el propio funcionario en su cuenta oficial de X.

Durante el encuentro, Quirno subrayó que la Argentina mantiene un respaldo firme ante las agresiones injustificadas que han sufrido esos países por parte de Teherán, así como un compromiso “inalterable” con el derecho internacional.

El ministro señaló que las acciones impulsadas por el régimen iraní representan una amenaza a la seguridad en el Golfo, la economía global, la libre navegación y el normal desarrollo del comercio internacional.

En la reunión, el canciller ratificó “la decisión de la Argentina de acompañar a los países del Golfo”, recordando el apoyo brindado en foros multilaterales —incluido el copatrocinio de la Resolución 2817 del Consejo de Seguridad, además de participaciones en el Consejo de Derechos Humanos y la Organización Marítima Internacional—.

Quirno enfatizó la postura argentina a favor de la paz, el respeto a la legalidad internacional y la protección de “quienes sostienen sociedades abiertas y libres”.

“Las acciones del régimen iraní no solo afectan la seguridad en el Golfo. Buscan erosionar modelos basados en la apertura, la estabilidad y la libertad, y ponen en riesgo la economía global, la libre navegación y el normal funcionamiento del comercio internacional”, dijo Quirno.

El canciller argentino agregó: “En este contexto, transmití la decisión de la Argentina de seguir acompañando a estos países, como lo hemos hecho en todos los ámbitos multilaterales, incluido el copatrocinio de la Resolución 2817 del Consejo de Seguridad, así como en el Consejo de Derechos Humanos y en la Organización Marítima Internacional”.

Del encuentro participaron el embajador de Arabia Saudita, Hatem Ghormulla Alghamidi, de Emiratos Árabes Unidos, Saeed Alqemzi, de Qatar, Battal Al Dosari y de Kuwait, Abdulaziz Albisher.

La guerra en Irán

Mientras tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, participaba este viernes en Francia de la reunión de cancilleres del Grupo de los Siete (G7), que se celebra en la Abadía de Vaux-de-Cernay, en un contexto de crecientes tensiones entre Washington y sus aliados por la ofensiva militar contra Irán y su impacto en el mercado energético global.

Rubio partió el jueves hacia el encuentro, ubicado a unos cuarenta kilómetros al suroeste de París, en lo que constituye su primer viaje al exterior desde el inicio de los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero. La cita se desarrolla en un contexto de divisiones dentro del bloque, que según fuentes diplomáticas se ubican en su punto más alto en más de una década.

Antes de embarcar, el secretario de Estado subrayó la relevancia estratégica del Estrecho de Ormuz, afectado por la escalada militar. “Los demás países obtienen mucho más combustible de ahí que nosotros”, señaló. El paso marítimo concentra cerca de un quinto del petróleo crudo y del gas natural licuado que circula a nivel global, y su cierre provocó una de las mayores perturbaciones energéticas de las últimas décadas.

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Tras una serie de reuniones entre el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni —y también entre la senadora Patricia Bullrich y el ministro coordinador—, el Gobierno se prepara para enviar al Senado los primeros 62 pliegos para cubrir vacantes judiciales.

En paralelo, para las próximas semanas se espera el ingreso de los proyectos vinculados a las reformas anunciadas por Milei el 1 de marzo. Este jueves, Bullrich, titular del bloque oficialista en el Senado, se reunió con Adorni para avanzar en la agenda legislativa. El encuentro también funcionó como respaldo político al jefe de Gabinete, en línea con el apoyo que ya habían expresado el Presidente y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

“Este va a ser el Congreso más reformista de la historia. Vamos a trabajar sin pausa para cambiar la Argentina”, publicó Bullrich tras la reunión, que cerró con un “¡Vamos Manuel!” en señal de respaldo.

Entre los proyectos que el Gobierno enviará al Congreso figuran la reforma del Código Penal, cambios en las leyes de expropiaciones, tierras y manejo del fuego, la regularización dominial para la integración socio urbana, modificaciones en la Ley de Glaciares, ajustes en la normativa de discapacidad y en el financiamiento universitario para adecuarlas al equilibrio fiscal. A esto se suman los 62 pliegos judiciales, que deberán ser tratados por el Senado.

Desde la oposición dialoguista también reclaman avanzar con las designaciones. La senadora Beatriz Ávila, del bloque Independencia (Tucumán), señaló a TN que “es lo que veníamos pidiendo desde el Senado”. Y advirtió: “Estamos en una crisis judicial que no veíamos desde hace mucho tiempo. Hay un alto porcentaje de cargos sin cubrir y eso puede resentir el funcionamiento de la Justicia”. En el caso de Tucumán, mencionó la necesidad de completar vacantes en el Tribunal Oral Federal y en juzgados federales.

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El miércoles, Mahiques confirmó el inicio del proceso formal para enviar los pliegos. “Se trata de cargos que hace años se encuentran sin titular, lo que impacta directamente en el funcionamiento del sistema judicial. Cubrir estas vacantes no es una opción: es una condición básica para que la Justicia funcione como corresponde”, afirmó.

El PRO pone el foco en la Corte

Desde el PRO valoraron el envío de pliegos, pero insistieron en que también es necesario completar la integración de la Corte Suprema. El senador Martín Goerling Lara sostuvo que “es clave avanzar con consensos” y remarcó la necesidad de incorporar una mujer al máximo tribunal.

“Venimos de una discusión fuerte en el Senado que terminó con el rechazo de los pliegos anteriores. Esperemos que ahora se pueda avanzar con candidatos que reúnan los consensos necesarios, porque sin los dos tercios será imposible aprobarlos”, explicó.

La Corte Suprema debería estar integrada por cinco miembros, pero tras las salidas de Elena Highton de Nolasco en 2021 y Juan Carlos Maqueda en 2024, el tribunal funciona con tres jueces: Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.

Cómo es el proceso de designación

La designación de jueces federales comienza en el Consejo de la Magistratura, que realiza los concursos y eleva una terna de candidatos. El Poder Ejecutivo elige a uno de ellos y envía el pliego al Senado.

Luego interviene la Comisión de Acuerdos, que convoca a audiencias públicas y emite dictámenes. Finalmente, el Senado vota la aprobación o el rechazo por mayoría simple de los presentes.

El procedimiento es distinto para los jueces de la Corte Suprema. En esos casos, el Poder Ejecutivo propone directamente al candidato. Tras una etapa de audiencias públicas y participación ciudadana, el pliego llega al recinto, donde requiere el voto de los dos tercios de los senadores presentes para ser aprobado.

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Con la campaña electoral ya instalada, el bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña presentó un paquete de proyectos que, según describieron, busca “agilizar” el Estado, recuperar el orden público y bajar los impuestos. El anuncio llegó en medio de la tensión con el PRO por la disputa por la sucesión en la Ciudad de cara a 2027 y, además, del escándalo que involucra a Manuel Adorni por un vuelo privado y la compra de viviendas que generan sospechas sobre su patrimonio.

Cuando el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció una nueva línea de créditos hipotecarios con tasa subsidiada para la clase media, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez, fue la primera en mostrar las tensiones. “Son las ideas que venimos impulsando desde el primer día y es hora de que se implementen en la Ciudad”, dijo, aunque expresó cierta “alegría” irónica. En privado, los libertarios hablan directamente de una “copia” por parte del PRO.

“Somos una oposición constructiva”, dicen en la bancada libertaria al referirse a la relación con el Ejecutivo porteño. Una definición que también utilizó Mauricio Macri a nivel nacional en su vínculo con el gobierno de Javier Milei. Aunque evitan pronunciarse sobre la estrategia electoral, con la presentación del paquete de medidas buscaron retomar la agenda política y “representar a los porteños que nos votaron”, según indicaron.

El espacio viene de cosechar una victoria en los últimos comicios que le permitió pasar de 3 a 14 legisladores. La lista fue encabezada por Adorni, quien sonaba como candidato a jefe de Gobierno porteño al igual que Patricia Bullrich. Hoy ambos parecieran estar hoy lejos de ese objetivo: Adorni, por las sospechas sobre la compra de viviendas y un vuelo privado; y la ministra de Seguridad, por el malestar que le generó que la acusaran de gestar esa operación.

Ahora, el bloque que preside Ramírez busca dejar atrás cualquier tipo de relación con la situación de Adorni e imponer una agenda parlamentaria con propuestas que incluyen una reforma impositiva con baja de tributos, medidas de simplificación administrativa y digitalización, incentivos a la inversión y cambios estructurales en el funcionamiento del Estado. A su vez, se contemplan reformas en materia institucional y de seguridad, como Ficha Limpia, la reforma del Código Contravencional, la baja de imputabilidad y una regulación más estricta del uso del espacio público.

Desde el bloque señalaron que incluso aspiran a conseguir apoyos de otros espacios, como el peronismo, para avanzar con la aprobación de las iniciativas. “Hoy La Libertad Avanza es el espacio más reformista de la Ciudad, con una agenda clara para mejorar las condiciones en las que viven, trabajan y producen los porteños”, sostuvo Ramírez.

A continuación, uno por uno, los proyectos presentados:

• Reforma Impositiva: incluye la eliminación de impuestos distorsivos y la reducción de Ingresos Brutos para pequeños contribuyentes. También contempla el Impuesto a Sellos en operaciones inmobiliarias, la reducción del impuesto inmobiliario, beneficios de hasta el 100% en Ingresos Brutos y la eliminación de tributos sobre instrumentos financieros, créditos y consumos financiados.
• Libertad comercial y simplificación: incorpora el silencio administrativo positivo y el reconocimiento de habilitaciones entre jurisdicciones.
• Modernización del Estado: establece el principio de “una sola vez”, un catálogo único de trámites obligatorio y la centralización de la información administrativa para reducir tiempos y discrecionalidad.
• Incentivo a inversiones (RIMI + RIGI): el RIMI prevé incentivos fiscales como la exención de Ingresos Brutos, Sellos y ABL, además de financiamiento del Banco Ciudad para inversiones medianas, mientras que la adhesión al RIGI garantiza estabilidad jurídica y beneficios para proyectos.
• Reforma VTV y autopartes: propone la sustitución del modelo actual por un sistema abierto y competitivo que permita validar la verificación técnica vehicular cuando el service se realice en talleres homologados. Además, elimina el esquema cerrado actual, habilita más prestadores, flexibiliza el grabado de autopartes, amplía plazos de revisión y elimina la fijación estatal de precios.
• Ley Bases porteña: busca achicar el Estado, desburocratizar la gestión, ampliar el alcance del silencio administrativo positivo, establecer plazos claros de respuesta, digitalizar trámites y crear un sistema más transparente y accesible.
• Reforma del Estado: incluye la eliminación de organismos superpuestos, una nueva ley de procedimiento administrativo con foco en la digitalización y la promoción de privatizaciones en actividades no esenciales.
• Ley de Comunas: el proyecto propone que solo cobren un salario los presidentes de las comunas y no el resto de los comuneros. “La iniciativa apunta a que las comunas asuman de forma efectiva funciones hoy superpuestas con el Poder Ejecutivo, reduciendo estructuras duplicadas, mejorando la gestión de cercanía y disminuyendo el gasto público”, señalaron.
• Ficha Limpia: busca impedir que personas con condenas por delitos graves accedan a cargos públicos, incluyendo delitos contra la administración pública, integridad sexual, narcotráfico, homicidio y trata de personas con condena confirmada en segunda instancia.
• Baja de imputabilidad: adapta la normativa local a la ley nacional, incorpora penas alternativas, monitoreo electrónico, reparación a la víctima y acelera los procesos judiciales.
• Reforma del Código Contravencional: propone endurecer las sanciones para garantizar el orden y la convivencia en el espacio público, con mayores penalidades por conductas violentas, protección reforzada a menores y sanciones por obstrucción del tránsito.
• Regulación de trapitos: establece un régimen más estricto para ordenar el uso del espacio público, con nuevas escalas de sanciones, agravantes por organización o intimidación y un esquema especial para eventos masivos con fiscalización activa.