Cristina Kirchner pidió a la Corte Suprema de Justicia que le saquen la tobillera electrónica que controla el cumplimiento de su condena mientras está presa en su casa.

La expresidenta también solicitó que se flexibilice el regimen de visitas en su departamento de San José 1111 de Constitución.

La defensa de Cristina Krichner planteó un recurso extraordinario contra el fallo de la Cámara de Casación que había ratificado las reglas de conducta restrictivas que le impusieron los jueces que la condenaron.

El abogado de Cristina Kirchner, Alberto Beraldi, también recusó a los jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkratz y Ricardo Lorenzetti.

Cristina Kirchner cumple arresto domiciliario en su departamento de San José 1111, en Constitución.

El uso de la tobillera electrónica fue confirmado tanto por el tribunal como por la Cámara de Casación. La defensa cuestiona la necesidad de mantenerla.

El 12 de julio pasado, la Cámara de Casación confirmó que Cristina Kirchner se mantenga con tobillera electrónica en su lugar de detención y que continúe con el actual régimen de visitas restringido.

La defensa de la expresidenta había pedido quitársela y el fiscal ante la Cámara de Casación, Mario Villar, había reclamado que se modificara el domicilio en aras de su seguridad y la tranquilidad de los vecinos.

Beraldi pidió que le saquen la tobillera electrónica y flexibilicen el régimen de visitas, que exige que autorización previa para visitas no incluidas en una nómina de familiares y allegados.

Los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, por mayoría, decidieron mantener sus condiciones de detención en ese lugar

También se pronunciaron sobre el recurso presentado por el fiscal Mario Villar, que había sugerido un cambio en el lugar de detención y mantener el actual régimen de prisión domiciliaria.

El juez Gustavo Hornos, quien votó en primer término, rechazó los planteos de Cristina Kirchner y sostuvo la validez del uso de la tobillera electrónica de vigilancia y de la obligación de solicitar autorización judicial para visitas fuera de la nómina original.

Hornos dijo que “este tipo de maniobras constituye un atentado contra el sistema democrático” y que “la corrupción, como delito doloso contra el Estado que conlleva enriquecimiento ilícito, ha sido reconocida como una de las formas más graves de ataque a las instituciones republicanas”.

Por eso, “el proceso penal y su sanción constituyen el más poderoso medio del que dispone el Estado para restituir el orden quebrantado”.

El juez formó mayoría con su colega Diego Barroetaveña, quien también avaló el mantenimiento de las medidas de control.

Barroetaveña dijo que no existe prohibición para que el juez imponga reglas de conducta siempre que sean pertinentes y estén vinculadas a las condiciones de la condenada. Consideró que la restricción de visitas (exigiendo autorización para personas no listadas) es una “mínima restricción” y una precaución para la seguridad de la expresidenta, así como una atribución del juez para velar por el cumplimiento efectivo de la pena sin desnaturalizarla.

Además, señaló que el planteo de la defensa era “conjetural” ya que no se había rechazado ninguna visita hasta el momento, e incluso se había autorizado una visita del presidente de Brasil, Lula da Silva.

Sobre el uso de tobillera Barroetaveña afirmó que este mecanismo es el más eficaz para controlar el cumplimiento de la detención domiciliaria y que su implementación permite una modalidad de cumplimiento “cualitativamente mejor” que la prisión carcelaria, sin ser una “mortificación o estigmatización”.

Por su parte, el juez Mariano Borinsky votó en disidencia por revocar la obligación de utilizar tobillera electrónica, y el régimen de autorizaciones.

Borinsky explicó que el juez de ejecución tiene jurisdicción en lo que se refiere exclusivamente al control sobre el cumplimiento de las sanciones impuestas a un condenado y aclaró que, momentáneamente no existirían motivos para obligar a un cambio de domicilio; sin perjuicio de que a futuro pudieran evaluarse otros sitios alternativos, a fin de preservar la tranquilidad pública y la paz social.

Un fuerte cruce ocurrió este viernes entre la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, y su par en la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso. Fue en relación con la causa que investiga la purga policial de 24 altos mandos de la Policía Bonaerense que se reunieron con Maximiliano Bondarenko, el candidato actual de Javier Milei por la tercera sección electoral y denunciado por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Bullrich aseguró que dicha causa es “inventada” por Kicillof, a quien también calificó de “inútil”. “Le armó una denuncia a Maxi Bondarenko y echó a 25 policías en una provincia donde la seguridad no sobra”, escribió en X.

La ministra sostuvo que ahora “el show se le dio vuelta” al mandatario provincial. “Ahora el fiscal lo investiga por espiar ilegalmente a policías bonaerenses durante más de 10 años. Persecución, abuso de poder y espionaje ilegal”, señaló en la red social. Alonso no tardó en responder y manifestar que “Bullrich miente”.

A fines de julio, una investigación interna que partió de una denuncia anónima derivó en el desplazamiento de altos mandos de la policía que estaban acusados de militar para el candidato mileísta. Bondarenko es un exintegrante de dicha fuerza y actual concejal de Florencio Varela. Será la cara libertaria en la sección que representa el bastión del peronismo históricamente.

La denuncia indicaba que este grupo de efectivos integrantes de la cúpula de la Policía Ecológica, con puestos de conducción y cargos de alta jerarquía, realizaban tareas políticas para Bondarenko. Eran directores, subdirectores y jefes de operaciones, con cargos de comisarios mayores y comisarios inspectores. También hacía referencia a un asado que habrían tenido los acusados con Bondarenko una semana antes de que fuera anunciado como candidato libertario en Florencio Varela.

Bondarenko rechazó las acusaciones de Kicillof y sostuvo que compartió “un asado de camaradería” con los policías, con quienes tenía una relación de amistad.

La Dirección de Asuntos Internos de la Bonaerense tomó acción y allanó las oficinas de los efectivos. Encontraron “gran cantidad de material probatorio y partidario”. Alonso dispuso el pase a disponibilidad de todos ellos mientras continúa la investigación judicial.

“Bullrich miente. ¿De dónde surge tanta preocupación por esta causa, ministra? No interfiera con la investigación judicial. No hay nada de lo que dice que sea cierto: la causa por conspiración sigue en marcha, con más pruebas cada día. Ya se lo informé“, escribió el ministro bonaerense en X.

Alonso la llamó a “no sentirse perseguida por la historia” donde ella “fue acusada por el actual Presidente y que nunca se aclaró”. “Intente no repetir los mismos hábitos: la mentira no conduce a nada. Si están nerviosos por alguna medición electoral que están viendo, no intente intervenir en la Justicia mintiendo. Los hechos son claros”, señaló.

En medio de la investigación, unos presuntos chats entre Bondarenko y los policías acusados se filtraron. Fue ante ello que el Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Bullrich, presentó una denuncia por espionaje ilegal, persecución ideológica y abuso de autoridad.

Lo hizo ante la fiscalía general de La Plata y ahora la Justicia debe investigar cómo se accedieron a fragmentos de esas conversaciones. Según la presentación de la cartera, la División de Asuntos Internos recibió pruebas que incluían chats de WhatsApp, nombres, audios y diversos planes de acción para la Policía Bonaerense.

En su denuncia, el Ministerio de Seguridad aseguró que Bondarenko prestó servicio en la policía durante 25 años donde por “su labor profesional” formó “vínculos con sus compañeros de trabajo, afianzados por toda una vida de relación”.

“Ese grupo de compañeros y amigos, casi familiares de toda una vida —como es natural— se reúnen asiduamente”, explicaron. También negaron que los acusados hayan participado en “supuestos hechos de sublevación” y que, por ende, fueron cesanteados por “razones puramente ideológicas”.

Una semana atrás, la denuncia de Kicillof se redujo a una causa por malversación de caudales por el uso de computadoras oficiales para tareas particulares. Tal como publicó , el fiscal subrogante Álvaro Garganta recibió siete computadoras secuestradas a los policías investigados y pidió realizar un peritaje. En tres de ellas hay documentación señalada como incriminatoria para los efectivos.

Son notas con el logotipo de La Libertad Avanza con pedidos de acceso a la información para conocer el despliegue policial y de móviles en Esteban Echeverría. Allí se mencionaban trabajos como planes de seguridad. Hay siete policías que son los más complicados porque son los dueños de las computadoras secuestradas.

Aunque Kicillof inició un sumario administrativo contra los policías por realizar actividad política mientras estaban en funciones -lo que es una violación de la ley orgánica de la Policía Bonaerense-, no alcanza para una imputación penal.