La Cámara de Diputados de la Nación convocó para el 12 de febrero de 2026 a las 11:00 horas una sesión especial destinada a debatir una serie de proyectos sobre el Régimen Penal Juvenil. El pedido fue realizado por el diputado Gabriel Bornoroni junto a otros legisladores, quienes impulsan la discusión de una agenda centrada en la responsabilidad penal de adolescentes y menores de edad en Argentina.

Esto estaba previsto en el cronograma que había adelantado el oficialismo la semana pasada en la reunión que realizó el presidente de la Cámara, Martín Menem, con los titulares de cada uno de los bloques. Sin embargo, la novedad fue que en el pedido de sesión que hizo el presidente del bloque de LLA, en el temario apareció el tratamiento del acuerdo Unión Europea-Mercosur.

El acuerdo comercial con los países que conforman la Comunidad Económica Europea ingresó al Congreso de la Nación la semana pasada pero hasta ahora no hubo una sola reunión de comisión para debatirlo. Recién se espera que mañana -hoy a la tarde se va a conformar la comisión del Mercosur– los diputados tengan un primer debate al respecto, por eso es que llamó la atención el apuro del oficialismo en los legisladores de la oposición.

Este “apuro” se podría justificar en la intención del Gobierno de ser el primer país de la región en ratificarlo. Y, aunque parezca un detalle menor, el oficialismo aceleró una vez que se enteró que el Congreso de Brasil ya tiene dictamen y planea tratarlo post carnaval.

Sin embargo, choca de frente con la realidad de la Unión Europea donde están a la espera de lo que resuelva mediante un dictamen el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el acuerdo de asociación. Esta decisión que pidió el Parlamento Europeo no cuestiona el acuerdo económico pero sí su validez jurídica.

Sin embargo, y aunque hay una buena recepción de parte de la oposición respecto del entendimiento con la UE, muchos legisladores señalaron que es apresurado. “Estábamos trabajando sobre otros temas, es muy complicado que en 24 horas se pueda analizar y tomar una posición respecto de la cantidad de intereses que tiene el acuerdo”.

Régimen Penal Juvenil

El otro punto en el temario es la modificación del régimen Penal Juvenil. El gobierno había mandado ayer un proyecto de ley para que sea el que se busque dictamen. En el mismo establecía la baja de la edad de imputabilidad a los 13 años y una pena máxima de 20 años. A diferencia de lo que había enviado en 2024, en este caso tenía fondos asignados. Sin embargo, anoche y sin mediar muchas explicaciones, decidió retirarlo.

Es por eso que en el temario del llamado a una sesión para el jueves figuran al menos trece expedientes que abordan distintas propuestas para modificar, derogar o crear un nuevo marco legal para el tratamiento penal de personas menores bajando la edad de imputabilidad de 16 años a 13 y 14 años. Entre los documentos destacados se encuentra el Mensaje Nro. 46 enviado por el Poder Ejecutivo el 15 de julio de 2024, que propone un proyecto de ley específico para el Régimen Penal Juvenil.

Sin embargo, como es el mismo proyecto de hace dos años, cuando la Argentina no contaba con un Presupuesto, el documento que se establece en el temario no cuenta con fondos asignados.

Varias de las iniciativas presentadas contemplan la derogación de la actual Ley 22.278, vigente desde 1980, y su reemplazo por un sistema que regule la responsabilidad penal de adolescentes a partir de los 14 años. También se analizarán modificaciones al Código Penal Argentino y la introducción de nuevos criterios para la imputabilidad de menores.

La convocatoria incorpora expedientes impulsados por diferentes bloques parlamentarios, entre ellos los proyectos 0244-D-2024, 1099-D-2024, 1218-D-2024 y 2467-D-2024, que proponen cambios profundos en materia de justicia juvenil. De acuerdo con el temario oficial, las iniciativas buscan establecer un marco normativo actualizado para los delitos cometidos por adolescentes, así como regular las condiciones de detención y resocialización.

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El bloque de La Libertad Avanza consolidó su dominio en la Cámara de Diputados durante la configuración de las comisiones para las sesiones extraordinarias, asegurándose la presidencia de todas las nuevas formaciones y profundizando el perfil de gobierno parlamentario que impulsa el oficialismo. Esta maniobra refuerza el control libertario en momentos en que, según las críticas de la oposición, se limita el pluralismo y la representación proporcional en el órgano legislativo.

Al cierre de la maratónica jornada, la bancada libertaria retuvo la totalidad de las presidencias de las siete comisiones constituidas ese día, a las que se suman las de Presupuesto y Hacienda, encabezada por Bertie Benegas Lynch, y Legislación Penal, presidida por Laura Rodríguez Machado, ambas creadas en diciembre. La diputada oficialista Silvana Giudici justificó la medida al señalar: “De las 46 comisiones permanentes estamos constituyendo 9 y a este bloque, por la proporcionalidad, le corresponden 19, por lo que no nos arrogamos mayor representatividad de la que tenemos”.

La sesión comenzó a las 10:00 en la Sala 2, cuando se conformó la comisión de Familias, Niñez y Juventudes, liderada por la diputada salteña María Gabriela Flores. Más tarde, Álvaro Martínez de LLA (Mendoza) asumió la presidencia de la comisión de Justicia y, al mediodía, Lisandro Almirón de Corrientes quedó a cargo de Legislación del Trabajo. El oficialismo, con 95 diputados que lo posicionan como la primera minoría, contó con el respaldo de bloques satélites como el PRO y la UCR, lo que facilitó su estrategia para copar las presidencias.

Este avance fue inmediatamente cuestionado por Unión por la Patria, cuyo bloque decidió reservarse la postulación de sus representantes como gesto de protesta. La diputada Paula Penacca advirtió: “Queremos dejar sentado que se están constituyendo comisiones que varias fuerzas políticas estaban al frente ejerciendo la presidencia y ha sido la decisión del oficialismo asumir la presidencia de todas. No hay necesidad de esto, debe haber una representación genuina de todos los bloques y vamos a insistir con esto”. Penacca también criticó el apresuramiento del oficialismo, afirmando: “Ingresaron un proyecto de reforma de la ley penal juvenil a la mañana y a la tarde lo retiraron. Es absurdo que nos quieran llevar a patadas en el culo”.

Desde la bancada libertaria, Giudici replicó: “No hay intención de llevar a nadie a patadas en el culo, puedo dar fe que así era en años anteriores”, y defendió el procedimiento bajo la premisa de la proporcionalidad parlamentaria.

La nómina de comisiones conformadas incluyó Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, con José Peluc (LLA, San Juan) como titular; Relaciones Exteriores y Culto, a cargo de la diputada Juliana Santillán (LLA, Buenos Aires); y la comisión del Instituto del Mercosur, cuya presidencia hasta ahora estaba en manos del peronismo, siendo designado en su lugar el ex diputado del PRO, actual libertario, Damián Arabia, designación que fue eje de una disputa durante la jornada.

La estrategia libertaria encontró escasa resistencia efectiva por parte de los bloques opositores, que optaron por retirarse de las reuniones en señal de disconformidad. “Se quedaron con todo, es un muy mal inicio”, comentó un diputado de la oposición que se mantuvo en silencio durante los procesos de conformación de las comisiones.

En este esquema, La Libertad Avanza se queda con la potestad de convocar o no y de manejar el temario de las comisiones más importantes de la Cámara de Diputados de la Nación, no solo para los temas que se debatirán entre mañana y el 27 de febrero, sino que también quedarán de esa manera por los próximos dos años, hasta que nuevamente se renueve la mitad de los diputados que integran la Cámara de Diputados de la Nación.

En la CGT respiran aliviados. La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, anunció los 28 cambios acordados en la reforma laboral que se debatirá este miércoles en el Senado y allí se incluyen dos modificaciones que exigía la central obrera: se mantienen las cuotas solidarias, aunque con una vigencia de 2 años y un tope del 2 por ciento de los salarios, y se elimina el artículo que bajaba las contribuciones patronales para las obras sociales.

Otro punto importante es que el proyecto dejará que los empleadores sigan siendo agentes de retención de las cuotas de afiliación, “siempre que medie conformidad expresa del trabajador y acuerdo entre las partes”, y se deberá tener una autorización de la Secretaría de Trabajo.

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