Los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez pidieron hoy citar nuevamente a indagatoria a Diego Spagnuolo, Miguel Ángel Calvete y Daniel Garbellini, en el marco de una ampliación de la investigación sobre las presuntas irregularidades dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Picardi y Rodríguez incluyen en su dictamen un audio que le envió Pablo Atchabahian, exdirector de accesos a los servicios de Salud de la Andis, al empresario y lobista Calvete, uno de los procesados en el expediente.

El mensaje se grabó un par de meses antes del inicio de la causa judicial. Se interpreta como una primera alusión de funcionarios de alto rango en el expediente, ya que el audio incluye una alusión críptica que parece referir a la interna política libertaria entre el asesor presidencial Santiago Caputo y los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, dos colaboradores estrechos de Karina Milei.

“Che Miguelito, ahí recién me llamó Dani [Garbellini] que estuvo con el pelado [Spagnuolo] charlando y también le comentó lo mismo que te comentó a vos de Caputito y que, bueno, la misma sensación. Así que, bueno, ya se lo informé al Helvético; ya está al tanto de todo. Me dijo que hoy mismo se lo iba a informar a Rioja así que estamos todos alineados en la misma. Dani [Garbellini] opina lo mismo. Todos opinamos lo mismo. Acá creo que ahora sí más que nunca hay que cerrar filas y espero que el pelado [Spagnuolo] lo entienda así y no haga una torpeza, ¿no?. Pero dejale la tranquilidad de que estamos todos alineados para la conservación de todo lo mismo. Así que, bueno, cualquier cosa te voy diciendo (…)”.

Además, en su dictamen, los fiscales Picardi y Rodríguez subrayan la respuesta que le envió Calvete a Atchabahian a través de Patricia Canavesio, identificada por la Justicia como una persona de confianza del empresario. “Pablo, clarísimo y todos alineados…!”, le contestó.

Los investigadores quieren saber quiénes están detrás de los grupos de funcionarios y empresarios de droguerías que manejarían en las sombras el sistema de compras de medicamentos con sobreprecios y por fuera de las normas.

Por eso, la referencia a “Rioja” o “Caputito” en el audio entre los involucrados está en la mira de la Justicia: “Es parte de lo que se esta trabajando en profundizar eso. La Investigación se profundiza en esta nueva etapa siguiendo esas pistas”, dijo a una fuente tribunalicia.

La investigación sobre la causa Andis está en manos del juez Ariel Lijo y del fiscal Picardi, quien decidió avanzar con el pedido de indagatoria de un grupo de exfuncionarios y empresarios ligados a supuestas maniobras de corrupción.

Como consignó , el mensaje de Pablo Atchabahian a Calvete también había sido citado en febrero pasado por el juez federal Sebastián Casanello cuando procesó a Spagnuolo, por los delitos de cohecho activo (cobro de sobornos), fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo.

Ni Casanello ni los fiscales Picardi y Rodríguez dijeron quién sería “Rioja”, que es la provincia de la que proviene la familia Menem. Tampoco hicieron una mención explícita a Santiago Caputo.

No obstante, citan este mensaje como una prueba de que las dos presuntas bandas que operaban en paralelo en la Agencia, la de Calvete y la de Atchabahian, actuaban “en bloque”, alineadas, para cuidar la estructura que les habilitaba sus negocios.

Diego Spagnuolo -extitular de la Andis

Fue procesado por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación a la administración pública y cohecho pasivo; además de asociación ilícita, en calidad de jefe. Se le trabó un embargo de $202.828.725.464.

Daniel Garbellini- exnúmero dos de Andis

Procesado por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación a la administración pública; además de asociación ilícita, en calidad de jefe. Se le trabó un embargo de $202.247.451.393.

Miguel Ángel Calvete- empresario y lobista

Procesado por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en calidad de partícipe necesario; defraudación a la administración pública nacional, en calidad de partícipe necesario y cohecho activo, en calidad de autor. Además, asociación ilícita, en calidad de jefe. Se le trabó un embargo de $203.072.992.394.

Pablo Atchabahian – Exdirector de Acceso a los Servicios de Salud de la Andis

Procesado por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en calidad de partícipe necesario; defraudación a la administración pública nacional, en calidad de partícipe necesario. Y asociación ilícita, en calidad de jefe, junto con el resto. Se le trabó un embargo de $202.247.451.393.

El juez federal de Mar del Plata, Alfredo Eugenio López, denunciado por proferir reiterados mensajes antisemitas en las redes sociales, renunció a su cargo.

Sin embargo, el Gobierno evitó aceptarle la renuncia de inmediato y pidió al Consejo de la Magistratura datos sobre el proceso que se le sigue por mal desempeño.

Las consecuencias de ir por un camino o por el otro son muy diferentes. Si la renuncia es rechazada y López es sometido a un juicio político que termina en su remoción, no cobrará la jubilación.

En cambio, si la renuncia es aceptada, podrá cobrar su retiro.

López, titular del juzgado federal 4 de Mar del Plata, está a un paso del jury, pues está siendo sometido a un proceso por expresiones antisemitas y xenófobas difundidas a través de sus redes sociales.

Entre sus declaraciones, el juez insinuó que ser judío es incompatible con la identidad nacional. También distinguió entre “judíos” y “argentinos” y utilizó “conceptos denigrantes impropios”, según la presentación.

Entre otras expresiones antisemitas, el juez con su usuario de X afirmó que “Hamas es una creación de Israel” y que “Israel es una farsa”. Hamas es un grupo terrorista palestino.

Asimismo, el juez replicó la foto de un demonio sosteniendo una bandera del Estado de Israel, y a la parca vestida con una bandera israelí. También amenazas de Irán contra Javier Milei.

Ahora, el Consejo de la Magistratura deberá confeccionar y remitir el informe solicitado por el Poder Ejecutivo antes de que la dimisión de López sea aceptada o rechazada.

Este paso es imprescindible: “tras lo cual el Gobierno quedará en condiciones de definir si acepta o no la renuncia del magistrado”.

Así, el caso de López pasa a integrar el grupo de actuaciones recientes donde el Consejo evalúa la conducta extrajudicial de jueces y su coherencia con las exigencias del cargo.

Organizaciones de la comunidad judía y otros particulares presentaron ante el Consejo de la Magistratura una serie de denuncias en su contra por publicaciones realizadas en su cuenta de X.

Con una copia certificada de capturas de pantalla de posteos, reposteos y respuestas desde el usuario del juez, los denunciantes apuntaron contra el magistrado por considerar que había utilizado esa red social “para difundir de manera sistemática expresiones antisemitas que comprometen su imparcialidad, idoneidad y decoro”.

También evaluaron que la conducta virtual del magistrado había configurado “un patrón de hostilidad hacia los judíos, el sionismo e Israel, excediendo cualquier debate razonable sobre política internacional”.

El juez de Mar del Plata dijo que lo suyo fue el ejercicio legítimo de la libertad de expresión; que no hubo delito en sus expresiones y que las organizaciones denunciantes no tienen legitimidad.

El Gobierno, al no aceptar en forma inmediata la dimisión del magistrado, preserva la potestad de llevar adelante procesos disciplinarios aun si el funcionario busca retirarse antes de un fallo definitivo.