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POLITICA

Alejandro Díaz, titular de la SIGEN: “En el caso de la ANDIS y el fentanilo fallaron los controles”

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El titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), Alejandro Fabián Díaz, recibe a Infobae en su despacho del tercer piso, ubicado en el emblemático edificio Yatahi, en la intersección de la Avenida Corrientes y Reconquista, en pleno centro porteño, con la certeza de quien carga un diagnóstico claro: la corrupción no es solo un problema administrativo ni financiero, es un fenómeno cultural que erosiona la confianza, debilita instituciones y, en sus palabras, “mata”.

El funcionario de carrera dentro del organismo de control que depende de Presidencia de la Nación, llegó a ese cargo por el desplazamiento de Manuel Blanco, funcionario que también había sido designado por el gobierno de La Libertad Avanza. Es Contador Público egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Por más de 40 años desarrolló actividades de auditoría, sindicatura y control gubernamental en importantes empresas estatales. Desde la puesta en funciones de la SIGEN en 1993, desempeñó tareas de supervisión de control interno en distintas áreas del organismo y de la Administración Pública.

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Auditorías y la prueba piloto en Capital Humano

–Cuando reemplazó a Miguel Blanco en el cargo circuló la versión que el síndico general anterior fue desplazado porque había hecho circular una auditoría sobre el Ministerio de Capital Humano, en el que se habían detectado algunas irregularidades.

–Que yo tenga noticias, no. Esto no fue así. No recibí ninguna indicación de que hubiese áreas vedadas para auditar. Al contrario: entré con las manos libres”, afirma Díaz sentado en la larga mesa de trabajo contigua a su despacho.

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El funcionario de La Libertad Avanza recuerda que fue la propia Sandra Pettovello, quien se ofreció “para un experimento inédito: una prueba piloto de evaluación de políticas públicas con tablero de mando”. Esto es: “Relevamos los objetivos del ministerio y establecemos indicadores. No hay que esperar al resultado final. La novedad radica en auditar durante el proceso y no solo después. Es así: nosotros evaluamos toda la información y los objetivos del ministerio. Tenemos que ir estableciendo indicadores. Los indicadores se pueden esperar hasta el final, para ver si se logra el objetivo, o se pueden medir en etapas intermedias.

El titular de la SIGEN explica que: “La idea es contar con indicadores intermedios que alerten desvíos. Sandra, por ejemplo, nos dice ‘quiero llegar a tal objetivo en determinada área’. Tal vez no lo logre, porque los indicadores intermedios ya marcan desvíos. Y si no se hace nada en el medio, no se consigue. La idea es que las medidas sean más oportunas. Esta sería una prueba piloto para empezar y después replicar en otros ministerios.

Alejadro Díaz recibió a Infobae en su despacho

—¿Qué son “desvíos”?

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—Por ejemplo, un objetivo puede ser bajar la desocupación. Si en lugar de bajar, la desocupación sube, ahí hay un desvío. Otro ejemplo: reducir la mortalidad infantil. El objetivo es ese, pero en el medio tenés que ir mostrando avances.

—Siempre se dijo que la auditoría era a posteriori, una vez terminada la gestión. Esto no va en esa lógica.

—Sí, es cierto: la filosofía del control es ex post. Pero hoy en día se habla de auditoría con normas globales: una actividad de aseguramiento (ex post) y otra de asesoramiento. Y esto va más por el asesoramiento, atento al reclamo de la sociedad.

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Para el Auditor General de la Nación: “La sociedad reclama políticas públicas efectivas. Un tablero de mando apunta a eso: a que las políticas públicas funcionen. La gestión pública tiene que dar un salto de calidad. Y los auditores, en esta tarea de asesoramiento, ayudan a adelantarse. Si no, siempre llegamos tarde. Hubo algún síndico de la Nación que hablaba de hacer ‘autopsias’, y no queremos hacer autopsias. Queremos colaborar para que la política pública llegue a dar el impacto pensado por los gobernantes, y no que dependa de burocracias u otras cuestiones que impidan alcanzar el destino esperado. La sociedad reclama políticas públicas efectivas. Si solo llegamos al final, siempre vamos a llegar tarde”, razona.

Miguel Blaco era el anterior Sindico General de la Nación

Por eso insiste en que el control no se reduce a revisar números. “Apuntamos a que los informes sean oportunos y agreguen valor a la gestión. Nuestro rol es también asesorar para que las decisiones políticas se traduzcan en resultados concretos”, sostiene.

La corrupción como flagelo

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Otro de los frentes prioritarios de la SIGEN es colaborar en el proceso de ingreso de la Argentina a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El funcionario lo define como un paso estratégico: “Argentina ya participa del G20, que aprueba normativas de la OCDE. Estar ahí nos permitiría incidir en su elaboración. Yo estuve varios años representando al país en la OCDE y sé de qué se trata”. La clave, insiste, es “hacer los deberes, aggiornar las regulaciones, cumplir estándares internacionales y avanzar en convenciones contra la corrupción.

Díaz vuelve una y otra vez sobre una idea central: la corrupción no es solo un desvío administrativo, sino un fenómeno cultural que atraviesa a toda la sociedad.

La OCDE es una organización internacional que promueve políticas para mejorar el bienestar económico y social de las personas en todo el mundo, actuando como un foro global para compartir ideas y encontrar soluciones a los desafíos sociales, económicos y ambientales

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—¿La corrupción mata?

—Sí, yo creo que la corrupción mata. Es un flagelo cultural en nuestra sociedad. En alguna conferencia hablé del caso de los cuadernos: ahí fallaron todos los controles. Y me enojé porque, en realidad, falló todo: la educación, la cultura, el empresario que sobornó, el funcionario que aceptó el soborno. Si la sociedad no logra cambiar esa cultura, terminamos siendo una sociedad corrupta que mata, que hace mal a la gente.

—¿La sociedad es corrupta o los funcionarios son los corruptos?

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—Los funcionarios provienen de la sociedad. Y además está esa sensación de que, cuando alguien accede a un cargo político, enseguida se piensa: “Ahora le va a ir bien”. ¿Y por qué debería ser así? Los salarios del Estado están muy deprimidos, lo dijo el presidente en la presentación del Presupuesto. Están congelados desde que asumieron. No tendría por qué uno enriquecerse en la función pública.

—Bueno, pero hay ejemplos que muestran lo contrario.

—Exacto. Y esos ejemplos terminan perjudicando a todos. Me acuerdo del sketch de Gasalla haciendo de funcionaria pública y su tecito: a todos les quedó esa imagen. Tenemos que revertirla, ser más rápidos y ágiles en la gestión.

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—¿Pesa en el funcionario la percepción que tiene la sociedad sobre ustedes?

—En mi caso, sí. Pesa mucho. Porque el impacto final es la sociedad. Es fundamental que no se queden con la imagen de Gasalla, sino que perciban trámites más ágiles y efectivos. El presidente (por Javier Milei) apunta a eso: desburocratizar al Estado y hacerlo más eficaz.

—La funcionaria de Gasalla decía “hacia atrás” cuando las personas se acercaban a la ventanilla. Pero antes de esa imagen que le incomoda, en otro programa, en “La Tuerca”, estaba el sketch del trámite infinito para plantar el arbolito.

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—Y eso sigue siendo así. Hay que mejorar la calidad de la gestión pública. Atender ese reclamo social que escuchamos todos los días. A veces se ve en los sufragios, otras en la vida cotidiana, en las quejas del taxista. La gente se queja del funcionario público, y hay que cambiar esa imagen con hechos concretos: demostrar que controlamos, que ayudamos a la gestión pública y que agregamos valor. Que quienes administran puedan mejorar la vida de la gente y del país.

Alejandro Díaz fue nombrado hace 40 días como jefe de la SIGEN

—Usted que conoce experiencias en otros países sobre control, gestión y auditoría, y ya que hablábamos de corrupción, ¿en qué ranking está ubicada Argentina en el mundo?

—Qué difícil… Hay distintos rankings y siempre quedamos muy arriba. Tenemos que trabajar más para cumplir con esas normas de la OCDE y avanzar en ese cambio cultural. Y claro, siempre educación y justicia: sin eso, los cambios no se producen.

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—Cuando habló de la causa de los cuadernos dijo: “fallaron varias cosas, no solo una”. Y mencionó la educación. ¿Por qué la pone como un factor en la corrupción de los cuadernos?

—Porque la educación hace a la cultura. Siempre sostuve que educación y justicia son dos pilares para el cambio cultural. Si no hay educación adecuada y justicia oportuna, todo se dilata. Hemos pasado 20 años para resolver causas que deberían resolverse mucho más rápido.

La AFA: de Grondona a Tapia

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Díaz también cumple funciones en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Se desempeña en funciones de control y fiscalización. Sobre el tema explica: “Fue hace muchos años, en la época de Julio Humberto Grondona. Había un Tribunal de Cuentas conformado por profesionales amigos de Grondona, y al ir quedando vacantes por edad, el mismo Grondona pidió currículum de profesionales más jóvenes. Un amigo que trabajaba en la AFA llevó el mío y Grondona me selecció. Entré como suplente del Tribunal de Cuentas. Ni siquiera era titular, pero siempre traté de mejorar el control”, relata.

Más adelante, con la renovación del estatuto de la AFA, quedó a cargo de la Comisión Fiscalizadora: “Terminé siendo presidente de la Comisión Fiscalizadora, la figura de control de la AFA. Ahora estoy con licencia, por un tema político, pero nunca por incompatibilidad”.

Julio Humberto Grondona nombró a Alejandro Díaz en la AFA    (Photo by Lalo Yasky/Getty Images)

—Entiendo que con “Chiqui” Tapia se lleva bien.

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—Lo saludé cuando ganamos el Mundial en una asamblea. Dudo que se acuerde de mí.

—¿Y Julio Grondona era “el padrino” como se dice?

—Lo conocí en un entretiempo de un partido de fútbol. Me presenté: “soy Alejandro Díaz, el que eligió para el Tribunal de Cuentas”. Me felicitó, pero dudo que recordara quién era yo. Es lo único que puedo decir de él.

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“Eliminamos capas geológicas”

—¿Si desde la SIGEN detectan irregularidades, por ejemplo, en un ministerio, a quién le avisa?

—Nuestra dependencia es del presidente de la Nación, y el nivel de reporte es a él, a la Secretaría General, e informamos a los ministerios a los que les detectamos alguna problemática, algún desvío o alguna observación de auditoría.

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—Nombró a la Secretaría General, ¿Karina Milei lo instruyó para que no investigue alguna repartición?—No, todo lo contrario. Me dio manos libres para revisar y ayudar al gobierno a mejorar la gestión. No tuve ningún tipo de condicionamiento, me sentí libre.

—¿Y hace cuánto está en el cargo?

—No llego a los dos meses, unos 40 días.

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—Y en estas pocas semanas de gestión, ¿encontró algo que dijera: acá hay que poner el foco?

—En principio sí, dentro de la organización interna de la SIGEN encontré varias cosas. Había informes del año 2023 que no habían salido y tenían que salir. Salieron. Había informes de 2024 que, a mi gusto, resultaban inoportunos: ya habían pasado nueve meses y tendrían que haber salido antes. Salieron también, todavía quedan algunos. La intención es mejorar la oportunidad.

En otro tramo de la entrevista, Díaz afirma que en la SIGEN: “Faltan normativas, falta un plan estratégico. Estamos tratando de hacer uno a largo plazo que no quede condicionado por cambios políticos. Estamos pensando en 2035 como horizonte”.

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Entre las novedades que delineó en la primera entrevista que otorgó desde su desembarco en la jefatura del organismo de control, Díaz informó que puso en marcha la reformulación del organigrama de la SIGEN. Eliminó las secretarías y subsecretarías que se supone, controlaban a las gerencias. Ahora dependerán directamente de él.

De esta manera fueron desplazados de sus cargos 20 funcionarios que formaban parte de “las capas geológicas de la administración pública: entran con un gobierno y no se van con el recambio presidencial”. “Eran cargos políticos”, refuerza y agrega: “Eran puestos inventados con el paso de los gobiernos y quedaron”.

—¿Cuándo van a presentar la nueva estructura?

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—La próxima semana. Decidimos empoderar a los técnicos de carrera. Cuando la incidencia política es más fuerte que la técnica, se empieza a distorsionar. Un organismo técnico, como siempre fue éste, empieza a perder resultados.

—¿Y qué hacían esas secretarías y subsecretarías que eliminaron?

—Supervisaban a los gerentes. Se suponía que agregaban valor a los informes, pero en la práctica generaban más distancia entre el Síndico de la Nación y los gerentes. Y más burocracia. Ahora, las gerencias dependen directamente de mí.

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Alejandro Día anunció cambios en el organigrama de la SIGEN

—A raíz del tema del fentanilo mortal y del escándalo de la ANDIS, los audios de Diego Spagnuolo y las pensiones por discapacidad, surgieron cuestionamientos por la falta de controles a la ANMAT, al INAME y la ANDIS. ¿En esas reparticiones faltan auditores internos?

—No. Los auditores están designados y en funciones. Puede haber habido problemas en la aprobación de estructuras por parte de SIGEN, pero las aprobamos nosotros. Y en general son estructuras grandes. Cuando un ministerio o empresa pedía 20 personas, se analizaba para encuadrar dentro de nuestros formatos. Pero siempre se aprobaron con la gente que había, nunca con menos. Si la estructura es chica, el día de mañana podrían cuestionarte. Tal vez hay una tendencia en la gestión pública a no acrecentar controles, porque eso implica tomar riesgos. Pero los auditores que me preguntaste están ahí.

—Entonces, ¿dónde estuvo el problema? ¿Hubo fallas graves en los dos organismos?

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—Sí. Ahí hablamos de las “tres líneas de defensa”. Las auditorías internas son una de esas líneas. Nosotros seríamos como una cuarta. Las defensas tienen que actuar antes de que llegue la auditoría. Lo ideal es que cuando llegue una auditoría, no encuentre nada. No porque los auditores sean malos, sino porque las líneas anteriores funcionaron. Nuestro trabajo también es empoderar esas líneas de defensa anteriores. Aunque parezca que atenta contra nuestra propia existencia, es así: si esas defensas funcionan, se encuentra poco. Pero a veces fallan.

—Bueno, entonces parece que fallaron.

—Ahora nos pidieron auditorías en ANDIS y en ANMAT. Ya las empezamos. Las haremos con gente propia de la SIGEN y con auditores internos, en forma conjunta, para aprovechar capital humano de ambos lados.

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Karina Milei, secretaria general de la presidencia impulsó a Alejandro Díaz para la titularidad de la SIGEN REUTERS/Agustin Marcarian

—Lo consulto porque vi auditorías anteriores en ANDIS y ANMAT. Ya había observaciones hace uno o dos años sobre deficiencias en compras de medicamentos, inspección de laboratorios, poca gente en ANMAT para auditar.

—Eso también es real. Cuando se hacen esas observaciones, después necesitas que del otro lado haya receptividad. El día a día del funcionario público hace que muchas veces no escuchen a los auditores. Pasa en muchísimos lugares. Están tapando baches y no logran ser receptivos a esas observaciones. Pero después pasa lo que pasa.

—¿Usted llega como Síndico General por qué razón? Le pregunto porque casi todos los síndicos anteriores tenían una impronta política muy marcada.

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—Yo tengo carrera administrativa, soy técnico de acá. Llevo 41 años en el Estado, unos 35 en la SIGEN. A mí me convocó Karina Milei.

—¿Y qué opinión le merece sobre los supuestos audios que se le adjudican y presuntos hechos de corrupción?

—En mí predomina siempre el principio de inocencia.

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La Corte Suprema aprobó un proyecto para limitar la influencia política en la selección de jueces

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La Corte Suprema de Justicia aprobó un nuevo esquema de reglas para el proceso de selección de jueces. La decisión se tomó con el voto favorable de Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, mientras que Horacio Rosatti no acompañó el acuerdo.

El resultado (dos votos contra uno) aparece como la primera señal visible de una nueva división interna dentro del máximo tribunal y, al mismo tiempo, como un movimiento que llamó la atención en el ámbito judicial porque se interpreta como una reacción frente a la avanzada de los Menem en la Justicia.

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La iniciativa establece modificaciones en el modo en que se desarrollan los concursos para cubrir vacantes judiciales. Hasta ahora, el Consejo de la Magistratura llevaba adelante ese proceso con amplia autonomía. Con el nuevo acuerdo, la Corte asume un papel de supervisión y corrección sobre ese mecanismo, con la intención de reducir la influencia política en la elección de magistrados.

En tribunales se leyó la decisión como un intento de ordenar el sistema de concursos y fijar pautas más estrictas. El proyecto aprobado por Rosenkrantz y Lorenzetti consiste en un reglamento para la selección de magistrados que será enviado al Consejo de la Magistratura para su análisis. Ese organismo, que es el encargado constitucional de organizar los concursos y proponer ternas de candidatos, deberá debatirlo en su plenario.

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Desde la Corte se señaló que el objetivo es limitar los márgenes de discrecionalidad y reforzar la centralidad del mérito y la idoneidad en el proceso de selección. En ese sentido, el nuevo esquema propone que la evaluación de los candidatos dé mayor relevancia a la formación académica y a los méritos profesionales concretos, por encima de trayectorias vinculadas a tareas administrativas dentro del Poder Judicial.

En términos prácticos, el acuerdo introduce varios cambios en la estructura de los concursos. Entre ellos, el anonimato total en los exámenes de oposición, reglas más definidas para las entrevistas personales, la digitalización del proceso de inscripción y presentación de antecedentes, y una ponderación mayor de la formación académica a la hora de evaluar a los postulantes.

La idea central que atraviesa la reforma es que los jueces sean elegidos por su capacidad y no por su cercanía con el poder político de turno.

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Uno de los puntos más sensibles del proceso actual es la etapa de la entrevista personal, que históricamente recibió críticas dentro del ámbito judicial y político. En el nuevo esquema se busca establecer criterios más claros y previsibles para esa instancia, que puede incidir de manera significativa en la posición final de los candidatos dentro del orden de mérito.

Además, el proyecto reorganiza la estructura general de los concursos. Entre otras medidas, prevé distintos tipos de procesos para cubrir cargos vacantes o anticiparse a futuras vacantes, con el objetivo de ordenar la planificación de las designaciones judiciales.

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El nuevo reglamento también incorpora herramientas tecnológicas. La digitalización del sistema de inscripción permitirá que los antecedentes de los candidatos se presenten y evalúen a través de plataformas informáticas, mientras que los exámenes contarán con mecanismos diseñados para garantizar el anonimato y reducir la posibilidad de interferencias externas.

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En paralelo, el esquema plantea criterios más objetivos para calificar los antecedentes personales, con la intención de disminuir la arbitrariedad en la evaluación. A partir de esas pautas se elaborará un orden de mérito provisorio, que luego dará paso a las entrevistas personales de los candidatos mejor posicionados.

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De todos modos, la reforma todavía debe atravesar una instancia clave. Para que el nuevo reglamento entre en vigencia, el Consejo de la Magistratura deberá aprobarlo con las mayorías necesarias durante su votación final. Recién entonces podrá aplicarse a los concursos para cubrir cargos judiciales.

En Tribunales, la decisión también es interpretada en el contexto político actual. La Corte resolvió avanzar con estas modificaciones mientras el Gobierno anunció el envío al Congreso de pliegos de jueces para cubrir una gran cantidad de vacantes existentes en el sistema judicial. Al mismo tiempo, dentro del Consejo de la Magistratura se registra una reconfiguración de fuerzas con un protagonismo creciente de La Libertad Avanza.

Corte Suprema, Corte Suprema de Justicia, Consejo de la Magistratura, Poder Judicial

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Senado: en medio de una fuerte polémica, avanza la designación de Lucila Crexell como embajadora en Canadá

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La Comisión de Acuerdos del Senado, con el apoyo del oficialismo y de la oposición dialoguista, le dio luz verde esta tarde a la postulación de la exsenadora por Neuquén Lucila Crexell como embajadora ante el gobierno de Canadá. Su pliego quedó en condiciones de ser tratado en la próxima sesión de la Cámara alta.

La nominación de Crexell fue impugnada desde el punto de vista moral y ético por la bancada kirchnerista, quien cargó contra la exlegisladora acusándola de haber canjeado su voto a favor de la Ley Bases, aprobada por el Senado a mediados de 2024, por un cargo diplomático.

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La embajadora propuesta rechazó las imputaciones y contraatacó acusando de mentir a los senadores de la bancada kirchnerista. “A mí me dan vergüenza las imputaciones falsas”, replicó Crexell, que recibió durante el debate un fuerte respaldo del resto de los bloques de la oposición, que salieron al cruce del kirchnerismo. Así, su pliego obtuvo dictamen favorable con 13 firmas del total de 17 miembros que tiene la Comisión de Acuerdos.

La presentación de la postulante ante la Comisión de Acuerdos tocó una cota máxima de tensión a partir con la intervención de Juliana Di Tullio (Justicialista-Buenos Aires) quien, a los gritos, le negó a Crexell condiciones para ocupar el lugar y adjudicó su nominación a una negociación espuria.

La senadora nacional Carolina Losada (UCR) junto a su par de Unión por la Patria (UxP) Juliana Di Tullio

No te dieron ese cargo por tus condiciones ni por tu currículum sino por los votos que les has dado a este Gobierno”, espetó Di Tullio, que alzó la voz cuando la exsenadora intentó responder a sus acusaciones.

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La violenta intervención de la senadora kirchnerista provocó la reacción de la radical Carolina Losada (Santa Fe) y de la peronista disidente Carolina Moisés (Jujuy). “Esto es violencia simbólica, estos es disciplinamiento y me molesta mucho que venga de algunas compañeras”, salió en defensa de Crexell la legisladora jujeña, quien no sólo le anticipó su voto “peronista” a favor de darle acuerdo como embajadora ante Canadá, sino que también se quejó porque “se intenta poner bajo sospecha la carrera de una mujer por el solo hecho de aspirar a un lugar de poder”.

Las alusiones al ataque de mujeres al que hizo mención Moisés apuntaron a las intervenciones de Di Tullio y de otra senadora kirchnerista, la riojana Florencia López, quien también le imputó falta de idoneidad moral para ser avalada como embajadora política por haber vendido su voto.

“Usted está imputándome un delito cuando la Justicia ya se expidió y quiero decirle que los fueros no la avalan para decir lo que se le antoje”, replicó Crexell, recordando el fallo del juez federal Daniel Rafecas que ordenó el archivo “por inexistencia de delito” de la denuncia formulada en su contra por el supuesto pago de canonjías por su voto en la Ley Bases.

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La misma imputación le había lanzado minutos antes otro kirchnerista, Carlos Linares (Chubut), quien consideró “fundamental” el apoyo de Crexell a favor de la Ley Bases −que en el Senado se aprobó por el voto de desempate de la vicepresidenta, Victoria Villarruel−, antes de concluir que su nominación como embajadora es la moneda de cambio por aquel respaldo. “Estamos dándole el visto bueno o no a que llegue a una embajada de la envergadura de Canadá por el pago de un favor, y eso es un escándalo”, sentenció.

Sergio UrribarriTwitter @SergioUrribarri

Cuando pudo pasar al ataque, Crexell le reprochó al kirchnerismo su inconsistencia. “Cuando habla de embajadores honorables pienso en [Sergio] Urribarri”, rememoró Crexell, en referencia al exgobernador de Entre Ríos designado embajador ante Israel y luego condenado por corrupción. Además, mencionó “cuando lo designaron a [Fernando] Pino Solanas como embajador ante la Unesco” que, recordó, “asumió en una boleta con Lilita Carrió y terminó apoyando al kirchnerismo” una vez que ingresó al Senado.

La primera en mostrar su apoyo a Crexell fue la radical Losada, quien le dijo que era “la mejor para el cargo” para el que está propuesta antes de disparar con munición gruesa contra la autoridad moral del kirchnerismo para impugnar la idoneidad de la postulante y asegurar que reaccionaba “por envidia”.

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Lo que más se huele es envidia, cierta situación de envidia. Porque la senadora contó que la Justicia la absolvió y sin embargo la están cuestionando los mismos que dicen que la que está presa con tobillera por chorra, y a la que tres tribunales la condenaron, dicen que es inocente, que debe estar libre”, sentenció Losada en alusión a Cristina Kirchner.

Antes de que el debate se desmadrara por las acusaciones políticas, Crexell tuvo tiempo de hacer una breve introducción en la que habló del “enorme potencial” que tiene la relación bilateral con Canadá, que tiene más de 150 años, porque ahora se ve potenciada “a partir de industrias tan dinámicas como la minería y la energía”.

También destacó “la fuerte relación en materia de seguridad nuclear”, ya que la Argentina tiene reactores de tecnología canadiense, y recordó que ambos países “integran un grupo de trabajo en las Naciones Unidas para reformar el Consejo de Seguridad”.

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Terminada la discusión por el pliego de Crexell, la Comisión de Acuerdos dictaminó, sin debate ni resistencias, un paquete de ascensos militares entre los que se destacan los jefes del Ejército y la Armada, y del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Se trata de los ascensos al rango superior de los actuales jefes del Ejército, general de división Oscar Santiago Zarich, y de la Armada y del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, vicealmirantes Juan Carlos Romay y Marcelo Dalle Nogare, respectivamente.

También obtuvieron dictamen favorable otros tres pliegos ómnibus con ascensos para 73 contraalmirantes de la Armada, 66 oficiales del Ejército (generales de brigada, coroneles y tenientes coroneles) y 38 efectivos de las Fuerza Aérea (comodoros y vicecomodoros).

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Gustavo Ybarra,Senado de la Nación,Canadá,Conforme a,Senado de la Nación,,Hasta 2028. El Gobierno designó como nuevo director del Banco Central a un economista de extrema confianza de Caputo,,Senado. Tratará la designación de Crexell como embajadora en Canadá y la promoción de militares,,Dudas sobre su futuro. Villarruel apuesta a 2027 sin un plan firme mientras sigue desde el Senado la interna del Gobierno

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Senado: oficialismo y aliados firmaron el pliego de la ex legisladora Crexell como embajadora en Canadá

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Oficialistas y dialoguistas de la comisión de Acuerdos del Senado dictaminaron esta tarde con al menos 13 firmas el dictamen como embajadora -política- argentina en Canadá a la exlegisladora nacional Lucila Crexell (Neuquén), y el despacho quedó habilitado para ir al recinto en las próximas semanas, ante un kirchnerismo que quedó muy en soledad con sus acusaciones contra la postulante, quien incluso fue defendida por la -de nuevo- peronista sin témpera cristinista Carolina Moisés (Jujuy), que criticó a sus excompañeras de violencia de género y de sororidad “demagógica”.

Durante la reunión de la comisión, que es comandada por el libertario riojano Juan Carlos Pagotto, avanzaron también varios pliegos militares, entre los que se encuentran la suba de grado de los jefes del Ejército -el actual general de división Oscar Santiago Zarich-, la Armada y el Estado Mayor Conjunto -vicealmirantes Juan Carlos Romay y Marcelo Alejandro Dalle Nogare, respectivamente.

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“Argentina tiene un enorme potencial y estoy honrada por esta designación”, comenzó Crexell, quien resaltó los “más de 150 años de historia diplomática” entre ambas naciones y “relaciones sostenidas y muy buena sintonía en diferentes aspectos”. Entre los nervios centrales aparecen la minería y la energía.

Minutos después, el kirchnerismo lanzó todo su arsenal con Fernando Salino (San Luis), Carlos Linares (Chubut), la justicialista Florencia López (La Rioja) y la jerarca cristinista Juliana di Tullio (Buenos Aires). El primero le consultó por Malvinas y Gaza. La exsenadora recordó, pese a que todos conocían su postura durante 12 años en la Cámara alta, las varias acciones en defensa de la soberanía en cuanto al primer punto. Sobre el segundo, se ciñó a los lineamientos de Cancillería.

La senadora peronista Florencia López. A su lado, el jerarca cristinista Eduardo de Pedro (Jaime Olivos)

En tanto, el segundo fue por su supuesto cambio de voto en relación con la ley Bases y una denuncia que ya fue rechazada por la justicia federal. “Si no reconoce que hay una sentencia firme, quiere decir que no es republicano y no respeta las decisiones judiciales”, respondió la ex legisladora a Linares.

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Tras ello, el jefe del PRO, Martín Goerling (Misiones), dejó en claro que Crexell “va a representarnos a los argentinos de la mejor manera”, y relató algunas negociaciones de la candidata durante viajes parlamentarios al exterior. Y no dejó pasar por alto los dardos opositores y reflotó el papelón del gobierno kirchnerista de Alberto Fernández, que tuvo al exembajador en Israel y exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, condenado por corrupción.

Con tonos más elevados fueron López y di Tullio. “Si teníamos dudas de conceder o no el acuerdo, hoy es imposible, cuando reconoce que en la casa de las leyes hubo negociaciones oscuras para aprobar la ley Bases”, sostuvo la riojana. La postulante halagó la “dramatización”, la calificó de “muy buena actriz”, descartó sus dichos y se apoyó en lo que hace gran parte del pleno del Senado: consensuar leyes como terminales de gobernadores.

“Esto está viciado de nulidad total y absoluta. Todo lo que se trate en esta comisión, y usted lo sabe bien”, manifestó di Tullio a Pagotto por los pocos lugares que oficialismo y dialoguistas dejaron al cristinismo en Acuerdos. Durante largas semanas, el interbloque “Popular” no quiso presentarse a trabajar en esas instancias.

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La senadora kirchnerista Juliana di Tullio (Gastón Taylor)

Pegado al kirchnerismo estaba la de nuevo peronista Carolina Moisés (Jujuy). Fue letal contra su ex amigas. “Si Lucila fuera varón, muchas cosas no serían dichas. Para los hombres es política y, para nosotras, sospecha. Parecen no ser suficiente los títulos -varios universitarios y maestrías para Crexell-. Tantos años de representación y se le está generando un escarnio”, expresó.

Qué dijo la justicia

En el expediente ya desestimado contra Crexell, el fiscal que intervino expresó que “más allá de las especulaciones que puedan generarse, no es posible establecer la relación causal entre su propuesta de designación y la decisión de su voto, pues tampoco es posible esclarecer la motivación última que habría impulsado a la senadora para finalmente definir su voto en el sentido que lo hizo”.

Seguido a ello, se señaló que “el comportamiento de los funcionarios públicos que realizan negociaciones en miras a lograr la sanción de un paquete de leyes enviado al Congreso” tampoco “puede catalogarse como un quehacer ilícito, si a la par no se comprueba que tengan lugar otros actos concretos que complementen esa actividad dentro de los parámetros de los tipos penales referidos”.

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Por dichas razones, se interpretó que “no se advierte que se esté ante el delito de cohecho denunciado como así tampoco se considera que las conductas traídas a conocimiento constituyan comportamientos tipificadores de delito alguno previsto en el código de fondo”. Por estos motivos, el juzgado Criminal y Correccional Federal 6 rechazó la acusación.

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