Ya atardecía en el segundo día de la semana y en medio de un concurrido evento social el joven veinteañero se paró orgulloso frente a su interlocutor para relatarle la tarea que desempeñaba en la Casa Rosada como parte del staff de un ministerio. Exhibió su lealtad y compromiso con el proyecto libertario, así como su ilusión de cambio. Pero antes de terminar dejó una frase lapidaria: “Te quiero hacer una aclaración, yo no soy Lule Menem”.

Si la revelación de los audios de Diego Spagnuolo había dejado al Gobierno en estado de shock en los primeros días, la posterior reconstrucción de los hechos que hicieron varios actores le dio paso a una fase más profunda: la del quiebre interno, el desbarranque espiritual. Esa dolorosa constatación de que el proyecto que venía a reparar los vicios de la casta política puede terminar enlodado en un caso de presunta corrupción.

“Todos fingimos demencia y nos mantenemos como si nada hubiera ocurrido, pero hay varios que pensamos que lo de lo que revelan los audios es real”, reconoció un transeúnte reconocido de la Casa Rosada. Y esa es la novedad mayor de los últimos días, que solo se verbaliza en voz baja, y que ejerce un efecto anímico devastador dentro de un Gobierno hoy atravesado por desconfianzas y sospechas. El clima interno es el más denso que se haya respirado desde que se inició el mandato. Hay jornadas en las que parece que todo va a estallar por los aires porque no hay un actor ordenador.

Porque más allá de la estrategia de la negación pública a la que se aferró el discurso oficial, había funcionarios que sabían que el extitular de la Agencia de Discapacidad (Andis) venía comentando sus penurias con el esquema de contratación de la droguería Suizo Argentina, y otros tantos estaban enterados de la existencia de los audios. Durante meses se incubó debajo de la mesa presidencial la bomba que ahora terminó de estallar sin que se activara ningún mecanismo preventivo, una falencia que la gestión libertaria viene exhibiendo con una extraña vocación por la reincidencia.

En un período de tiempo que va desde el fin del verano hasta las primeras semanas de otoño, Spagnuolo mantuvo una serie de charlas reservadas en las que al menos a tres personas distintas del Gobierno les comentó el esquema de coimas que supuestamente regía en su dependencia. A una de ellas le dijo: “Se están llevando 800.000 dólares en mi cara”, a lo que el funcionario que lo escuchaba, en claro conocimiento de la situación, le respondió: “No, se están llevando dos palos”. La única recomendación que recibió desde el vértice del poder fue que lo hablara con Karina Milei, estación en la que su inquietud se terminó de marchitar.

Spagnuolo era una luz roja que caminaba sin que los detectores de riesgo se encendieran. Tampoco su gestión al frente de la Andis estaba bajo control. Como los otros responsables de organismos descentralizados él se reunía cada dos semanas en el Ministerio de Salud y el único tema que mencionaba era el de las bajas de las pensiones por discapacidad mal otorgadas. “Siempre nos decía que el resto de los temas los hablaba directamente con Javier”, recuerda uno de los testigos de esos encuentros. Ni siquiera sabían que era la única agencia que para sus operaciones no recurría al portal de contrataciones de bienes y servicios oficial, Compr.Ar. Nunca se lo preguntaron.

Es decir, nadie estaba al tanto de a quién le compraba ni a qué precios, un agujero negro por el cual transitó sin problemas la Suizo Argentina para incrementar sus ventas, y que conectaba Nordelta, donde vive Jonathan Kovalivker, con algunos despachos de la Casa Rosada. Quienes conocen de cerca el negocio hacen tres recomendaciones para sumar al análisis: 1) la atención puesta en la Suizo Argentina está dejando fuera de foco a otras prestadoras grandes, que están aprovechando el tiempo para emprolijar sus papeles; 2) si bien el gran negocio es con los medicamentos, en la Andis hay otro rubro importante que es el de la ortopedia, que no está siendo investigado aún; 3) si la Justicia profundiza la investigación, después del tema sobreprecios se va a encontrar con un entramado de facturaciones truchas.

La auditoría que dispuso el ministro Mario Lugones, a partir de la intervención de la Andis, difícilmente arroje algún resultado porque la Justicia ya incautó toda la documentación y los registros. Mala noticia para Guillermo Francos, que llamó todos los días para conocer resultados que le permitieran dar la pelea mediática. La expectativa de hundir a Spagnuolo como un funcionario infiel se diluyó especialmente tras el último operativo judicial del viernes.

En la Casa Rosada se activó una mesa de crisis que intenta articular la estrategia comunicacional, política y judicial, y hacer un control de daños. Tarea ardua e ingrata. Santiago Caputo convive allí con delegados de Karina y de los Menem. Los mensajes de los últimos días de Francos, Manuel Adorni y hasta del propio Milei estuvieron articulados desde ahí, basados en el principio de la admisión de los audios y la negación de los hechos denunciados.

También en ese ámbito se hace el seguimiento de la causa judicial que tienen a su cargo el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, una tarea que recae en el letrado Santiago Viola. La designación de abogados por parte del extitular de la Andis dejó alguna preocupación porque se trata de profesionales entrenados en dar pelea.

El propio Spagnuolo, en conversaciones informales que tuvo con sus antiguos compañeros de aventura en estos días, dejó entrever que la decisión de presentarse como arrepentido dependerá del nivel de hostigamiento del Gobierno. Si lo arrinconan, reaccionará como un gato sin escapatoria. Su situación también es compleja: no podrá inculpar a nadie sin autoincriminarse por no haber denunciado el supuesto ilícito.

La filtración de los audios malditos sigue siendo materia de controversia interna en ese ámbito. Un sector sostiene con convicción que quien está detrás es Franco Bimbi, el esposo de Marcela Pagano, quien lo habría grabado cuando Spagnuolo estaba en la búsqueda de asesoramiento legal. Así les habría contado sus penurias a varios abogados, entre ellos a Bimbi, quien después se encargó de filtrarlo a través de sus conexiones de inteligencia kirchneristas. Otros, en cambio, apuntan a la traición de una pareja que tuvo Spagnuolo durante un año. “Aparentemente hacía catarsis con ella, y un día lo empezó a grabar al darse cuenta del valor que tenían las revelaciones”, comenta uno de los que sostienen esta teoría, según la cual después se lo habrían hecho llegar a Pablo Toviggino, dueño del canal de streaming en el que se difundieron.

Sin embargo, algunos interlocutores vigentes del exfuncionario aseguran que Spagnuolo les confesó que esas charlas las mantuvo con Fernando Cerimedo, cuya esposa fue su segunda en la Andis. El hombre de las redes sociales, otra figura con experiencia en tareas de inteligencia, niega haber estado detrás de la operación. “No tengo nada para aportar del tema”, aduce.

Pero todas estas hipótesis tienen la ventaja de estar protagonizadas por villanos externos, el pérfido Bimbi, el inescrupuloso Toviggino, el malvado Cerimedo. El gran problema es que también hay quienes insisten en que las revelaciones guardan relación con la interna de Karina con Santiago Caputo, a quien le imputan, al menos, no haberse esforzado para evitar la difusión de las grabaciones.

Exhiben como prueba que el caso de los audios buscó tapar el escándalo del fentanilo adulterado que tenía en situación incómoda a Lugones, un protegido suyo, y que la intervención de la Andis en los hechos marcó el traspaso de esa caja desde la esfera de los Menem a la de su ministro.

Y ahí anida el otro problema acuciante para Milei, porque la situación entre los dos bandos es cada vez más insostenible. Del lado de Caputo sugieren sin eufemismos que todo lo que rodea a la estructura de Lule Menem genera ruidos y sospechas, desde las denuncias en las dependencias del interior de la Anses y el Pami, hasta la contratación de una empresa de seguridad de la familia por parte del Banco Nación. Hay presiones para que Karina le suelte la mano a su principal lugarteniente, o para que al menos le quite funciones. “Karina tiene que resolver qué hacer con Lule. Está muy claro quién es el responsable de esto que trae tanta zozobra”, argumentan.

Del otro lado, empiezan a verbalizar una amenaza encubierta: que el poder de Santiago será recortado apenas termine el proceso electoral. Concretamente, que perderá algunos de los soldados que le permiten manejar buena parte de la gestión de gobierno. Actores que conocen de cerca la relación entre Milei y Santiago Caputo aseguran que el vínculo entre ellos no tiene la misma fluidez de antes. Karina y Javier son siempre y en todo lugar un fenómeno inseparablemente fraterno.

El enfrentamiento entre la secretaria y el asesor tiene cooptado a un gobierno que enfrenta múltiples flancos abiertos en pleno cronograma electoral. Muchas veces emerge en forma de parálisis y desconcierto; en otras, como intercambio de operaciones cruzadas, cada vez más osadas. La divulgación de un audio de la hermana presidencial, presuntamente registrado en una reunión interna del año pasado, fue sal derramada en la herida. El mensaje no reveló nada importante; lo grave fue la señal de que hay grabaciones clandestinas sobrevolando como drones la cabeza del poder.

Un sondeo que encargó la Casa Rosada mostró que la imagen positiva del Gobierno y de Milei bajó 5 puntos por el escándalo de los audios, aunque aseguran que se puede revertir en el tramo que sigue hasta octubre.

En el caso de la elección del próximo domingo su efecto puede ser temporalmente más cercano, pero al mismo tiempo puede ser neutralizado por el nivel de apatía irreversible que se percibe en el territorio. Prácticamente no hay campaña; sólo algunos afiches y la soledad de los candidatos y punteros arengando para que vayan a votar.

Da la impresión de que la elección en la Provincia de Buenos Aires puede conducir a un piso de participación que marque una profunda transformación democrática, ya que terminaría de consagrar de hecho el voto opcional en vez del obligatorio que establece la ley. Hablaría de una sociedad que, sin organización ni eslogan, traduce la falta de representación política en deslegitimación institucional. Si hubiera alguien militando el ausentismo podría atribuirse un triunfo el próximo domingo.

En el Gobierno hacen saber que están detrás del peronismo por entre 5 y 8 puntos, aunque parece el mismo truco que utilizaron en mayo en la ciudad: mostrarse perdedores para sorprender con un mejor resultado. “Si nos ganan por menos de 5 puntos, es un triunfo para nosotros; si perdemos por entre 5 y 10, la interpretación depende del resultado seccional; y si perdemos por más de 10, es grave”, resume una figura al tanto de la estrategia, que reconoce que el problema de fondo es la lectura que hagan los mercados el día después, porque una reacción adversa podría comprometerlos hacia octubre.

En el marco de desinterés electoral generalizado, la única vibración surge de la crispación de la militancia, manifestada en los episodios violentos de Corrientes, Junín y Lomas de Zamora (para algunos observadores un mal preámbulo para la enrevesada elección del próximo domingo). Frente a esos espectáculos callejeros, los votantes no hacen más que aumentar su distancia y su rechazo.

En la recorrida que hizo Milei el jueves, y que terminó con un piedrazo y una evacuación de emergencia, el Gobierno buscaba exhibir cercanía y contacto con la gente, atributos que, percibían, el Presidente había descuidado. “Recuperar el espíritu de 2023”, lo explicaban.

Por ese motivo mantuvieron la idea de hacer la caravana por Lomas de Zamora, a pesar de que habían recibido una advertencia de los servicios de inteligencia de que se trataba de una desaconsejable excursión por “territorio hostil”, mensaje que le fue comunicado a Casa Militar. Por ese motivo se dispuso una custodia reforzada, pero a la que se le ordenó que no impidiera la cercanía del Presidente con sus seguidores.

Quedó claro que los agresores estaban vinculados con el peronismo local, pero a algunos actores del Gobierno les generó dudas la presencia en las cercanías de al menos tres funcionarios del municipio de Lomas de Zamora. “¿Para qué fueron a poner la cara ahí si sabían de la emboscada?”, se preguntaban en el oficialismo. La violencia de los militantes del PJ parece basada en una lógica tribal: el enemigo no puede pisar el territorio. Más allá de los comentarios jocosos sobre las agresiones que después hizo Milei en el Cicyp, alguien que estuvo cerca del operativo lo calificó como “un hecho muy grave. El Presidente quedó regalado, era un blanco móvil”.

La interpretación posterior al incidente quedó dividida en dos, como todo lo que afecta al Gobierno últimamente. Unos se alegraban de que el kirchnerismo hubiese vuelto a mostrar su peor versión y que les ofreciera una vía de escape del escándalo de los audios. Otros, en cambio, estaban preocupados por la percepción negativa que genera el hecho de que un Presidente no pueda moverse libremente, como si hubiera zonas donde está cancelado. “Cuando empezás a no poder controlar el territorio, comenzás a no controlar el Estado”, describió con crudeza un funcionario del Gobierno que tiene experiencia de otras vidas políticas.

Aparece entonces un dilema profundo para los postulados de La Libertad Avanza: el Presidente no puede recorrer un municipio porque no controla el terreno; para controlarlo hay que ejercer un dominio territorial; para eso se necesitan punteros; para tener punteros hay que acordar con la casta local. Conclusión: para gobernar necesita seguir las reglas de la casta, pero sin ser casta. Casi un oxímoron político.

El caso Spagnuolo justamente expuso esas complejidades. Un outsider sin experiencia puesto a administrar un aceitado mecanismo de prestaciones entre funcionarios y droguerías. Es un problema que merodea en torno de Milei desde el principio. El precio de ser un antisistema.