No podía llegar en un momento más oportuno. En medio de otra sucesión de heridas auto-inflingidas, el canciller Pablo Quirno anunció en Washington la firma del acuerdo comercial y de inversiones con los Estados Unidos, cuyo marco había sido signado y anticipado hace tres meses. Una noticia de gran impacto y efectos, capaz de cambiar la tendencia negativa para el oficialismo que dominaba la agenda pública desde hace poco más de una semana.

El alineamiento incondicional, que desde la hora cero de su gestión Javier Milei decretó con la potencia norteamericana y desde hace trece meses reforzó sin límites con Donald Trump, acaba de dar su primer fruto formal y efectivo. Un paso que genera renovadas expectativas y oxígeno, luego del salvataje e intervención financiera de los Estados Unidos en setiembre del año pasado, durante la campaña electoral.

Casualmente o no, esa alianza acababa de tener horas antes otra expresión de coincidencias y emulaciones con la creación de la “Oficina de respuesta oficial” por parte de la Presidencia, que replica un espacio similar presentado por la Casa Blanca hace tres meses, destinado a sostener y relanzar por otros medios la batalla contra la prensa y el periodismo, que en los últimos días recobró acá intensidad y agresividad.

En tal contexto, la comunicación del entendimiento con los Estados Unidos hecha por el Gobierno se dio por pasos, como para sostener el interés y tratar de controlar celosamente los efectos de la difusión. Sólo cuatro horas después del primer anuncio de la firma se divulgaron los detalles.

La dinámica muestra un cambio notable respecto de la comunicación del acuerdo marco, el 13 de noviembre pasado, que rápidamente hizo que se advirtieran y subrayaran varias asimetrías que el entendimiento parecía reforzar más en beneficio de los Estados Unidos que de la Argentina.

En ese proceso, la difusión hecha ayer por el canciller Quirno, firmante en Washington, destacó en su segunda comunicación los beneficios que traería aparejado para la Argentina el acuerdo tanto en materia de comercio bilateral o por la rebaja de aranceles como de inversiones, sobre todo en áreas estratégicas o sensibles. Minerales, energía y economía del conocimiento, en primer plano.

Además, se subrayó el beneficio que significará que “Estados Unidos eliminará los aranceles recíprocos para 1675 productos argentinos en una amplia gama de sectores productivos”. Y se destacó la significativa ampliación de la cuota exportable de carne, que reportaría ingresos adicionales por unos 800 millones de dólares. Así como la rebaja arancelaria para el acero y aluminio. Un guiño para el maltratado CEO de Techint, Paolo Rocca, después de los furibundos ataques personalizados de Milei.

Menos precisas fueron las referencias hechas en esas comunicaciones a las obligaciones contraídas por el país derivadas del convenio, ni detalles de los beneficios que se concederían en reciprocidad a las empresas e intereses de los Estados Unidos.

Al respecto, una rápida comparación hecha sobre el texto finalmente difundido expone la disparidad cuantitativa y cualitativa de compromisos asumidos por cada parte. Según Chat GPT, en el documento aparecen más de 60 expresiones que indican que la Argentina se compromete a algo en forma taxativa, mientras que para el país norteamericano casi no hay manifestaciones de similar tenor, salvo en casos de obligaciones o compromisos recíprocos. Apenas una primera referencia.

De todas maneras, ya desde el segundo comunicado de la Cancillería se anticipa que habrá sectores productivos que serán impactados (se verá en qué medida y de qué forma) por las anunciadas eliminaciones por parte de la Argentina de 221 “posiciones arancelarias” que incluyen las industrias de maquinaria, insumos médicos y productos químicos, así como por la rebaja en autopartes, y el otorgamiento de cuotas para el ingreso de vehículos, carnes “y otros productos agrícolas”. A mirar las letras chicas.

El Gobierno celebró el acuerdo no solo como parte de su “alianza estratégica” con los Estados Unidos, sino como otro logro de su estrategia de inserción comercial, en línea con los convenios alcanzados por el Mercosur con la Unión Europea (UE) y con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés).

En ese punto los entendidos, diplomáticos y expertos en comercio internacional, mantienen algunas dudas sobre la forma en la que operarán, se complementarán o entrarán en algún conflicto.

Al respecto, un experimentado negociador argentino, que participó en varias etapas del proceso de discusión con la UE , señaló: “Todo es todavía bastante confuso. Es un mundo nuevo de bilateralismos que se mezclan con un mundo viejo de multilateralismos y no está claro cómo se van a articular. Además, Trump no tiene autoridad para negociar aranceles y la Corte de su país aún no decidió [en las demandas planteadas por los aumento adoptados como represalia contra varios países]. Y surgen las dudas con las indicaciones geográficas que reconocimos a la UE”.

De todas maneras, la Argentina, como bien destacó con pompa y circunstancia el Gobierno, se acaba de convertir en el primer Estado sudamericano en integrar un acotado club de países que alcanzan un acuerdo comercial y arancelario de esas características con la primera economía del mundo.

El hecho singular en sí mismo adquiere una relevancia mayor al darse en medio de la recrudecida guerra comercial entre los Estados Unidos y China y el proceso de transferencia de poder de Occidente a Oriente. El Gobierno de Milei rubrica así el alineamiento del país sin cortapisas con la primera, pero declinante, potencia.

El proceso está abierto, mientras en la Argentina recrudecieron en los últimos días los debates por los efectos de la apertura comercial y la competencia en condiciones aparentemente desiguales para los productores locales.

El promocionado acuerdo firmado ayer con los Estados Unidos desplazó esa polémica del centro de la escena, pero no la cerró y, muy probablemente, la reabrirá recargada. Son varios los sectores industriales que esperan con cierta ilusión como los que lo hacen en guardia y con cierto temor más detalles de lo firmado, así como su aplicación.

La polémica desatada ante la pérdida en una licitación privada por parte de Techint, a manos de una empresa india, en la que se zambulló Milei con una furibunda diatriba contra Rocca, CEO y principal accionista de ese conglomerado, dio lugar a una discusión en la que tipo de cambio, cepo cambiario para empresas y empleo volvieron a instalarse. Temas tabú para el Gobierno.

Como si fuera poco, no solo la industria siderúrgica y el emporio Techint, uno de los principales grupo empresarios y con mayor nivel de inversión en el país, fueron objeto de la ira presidencial y los ataques del oficialismo, sino que a eso se sumó el embate que encabezó el ministro de Economía, Luis Caputo, contra la industria textil y de la indumentaria con su provocadora (y frívola) afirmación de que jamás se había comprado ropa en el país “porque era un robo”.

Solo con eso parecía el Gobierno dilapidar el positivo mes de enero que había logrado en la agenda pública local e internacional, lo que le había reportado una mejora en la imagen presidencial y de la gestión. Pero otra vez fue más allá con su tendencia a autolesionarse.

Después de haber dejado correr durante cuatro meses el anuncio de que este 11 de enero la inflación respondería al nuevo índice de Precios al Consumidor que hace ya más de un año tenía listo el INDEC, Milei y Caputo se negaron a aplicarlo y provocaron la renuncia del reconocido titular del organismo, Marco Lavagna.

Para peor, la admisión de que ese nuevo indicador no regiría llegó mucho después de que Lavagna hubiera presentado y se hiciera pública su renuncia, con una sucesión de confusas explicaciones por parte de Caputo, que solo alimentaron suspicacias y afectaron la confianza respecto del organismo oficial de estadísticas. Un activo que con mucho esfuerzo y durante dos gobiernos y medio se había logrado restañar, después del desastre provocado por la intervención y manipulación kirchnerista.

El impacto negativo en la opinión pública fue inmediato. Según un relevamiento en redes sociales realizado por la consultora Ad-hoc, el Indec recuperó un protagonismo a un nivel que no había alcanzado desde marzo de 2024, cuando se publicó la esperada inflación de febrero que reflejaba el impacto de la devaluación dispuesta por el flamante gobierno de Milei.

La centralidad de la polémica tuvo, además, un signo netamente perjudicial para el Gobierno: “Las menciones digitales que relacionaron a Milei con Indec registraron un 67,8% de negatividad”, destacó el titular de la consultora, Javier Correa. “Se convirtió en un tema con alta participación mediática que opacó a otros debates: entre el 1° y el 4 de febrero las menciones al Indec triplicaron la conversación sobre reforma laboral», agregó el informe de Ad-Hoc.

La misma consultora había difundido dos días antes otro relevamiento en el que se destacaba que “enero fue el cuarto mes positivo para la imagen digital del presidente Javier Milei” y que “la única conversación relevante que el gobierno no controló” en ese mes fueron los incendios en la Patagonia, que “generaron críticas hacia Milei y hacia el gobernador de Chubut, ‘Nacho” Torres’”.

Esas evidencias, coincidentes con el celoso seguimiento que hacen de la dinámica de la opinión pública y de las redes sociales, parecen explicar la ira que desataron en Milei los planteos de Rocca, su impacto masivo, así como la reacciones que provocaron las polémicas apariciones mediáticas de su ministro de Economía, el desplante de Lavagna y el pésimo tratamiento comunicacional que le dio la Casa Rosada al tema del Indec, todavía no zanjado.

Quienes frecuentan los pasillos de la Casa Rosada y fuentes de la cúpula mileísta dan cuenta de la irritación presidencial que, como se sabe, nunca es mesurada, y la ponen en la génesis del lanzamiento por parte del asesor Santiago Caputo de la “Oficina de respuesta oficial”. Un ente destinado a patrullar medios de comunicación y redes para “desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política”, según su texto de presentación.

La oficialización y estatización del patrullaje y señalamiento público que las milicias digitales y comunicacionales oficiales y paraestatales mileístas ya realizaban, expone la obsesión del oficialismo y del propio Presidente por la agenda pública, así como parece otra avanzada para obturar críticas y disidencias.

Las prevenciones y cuestionamientos que manifestaron entidades de los medios y el periodismo, como Adepa y Fopea, así como el pedido de información pública presentado por Poder Ciudadano y los rechazos que manifestaron distintos representantes del arco político, dan cuenta de la inquietud que despertó la iniciativa.

Por el contrario, su lanzamiento fue auto-celebrado públicamente primero por su autor intelectual, el guru mileísta Caputo, por el propio Presidente, después, y, a continuación, por el ministro de Economía, y el jefe de Gabinete, a los que luego le siguieron otros funcionarios que no quisieron quedar afuera de la lista de festejantes. Podría ser un pecado capital.

La iniciativa, que recuerda anteriores acciones e intentos de silenciamiento y hostigamiento a periodistas y medios y de control del debate público, como los que se dieron durante el kirchnerismo, especialmente a partir de 2008, no es, de todas maneras, un producto de la industria nacional. Se trata de otro artículo importado sin pago de aranceles ni regalías, que precedió por apenas unas horas al anuncio del acuerdo comercial con los Estados Unidos.

La “Oficina de respuesta oficial” capu-mileísta es casi una copia fiel de Rapid Response 47, el canal de respuesta en redes de la Casa Blanca, y de su portal “Media Bias” ( Seguramente sobre esto no habrá reclamos de la oficina norteamericana de defensa de la propiedad intelectual, un derecho que el flamante acuerdo exige a la Argentina respetar a rajatabla.

Al alineamiento incondicional, Milei le suma la imitación. Para bien o para mal.