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Allanaron a ex funcionarios de Comodoro Rivadavia en el marco de una causa de corrupción con fondos para una emergencia climática

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El poder judicial de Chubut inició un nuevo capítulo en torno a la gestión del ex intendente de Comodoro Rivadavia Juan Pablo Luque, tras ordenar los allanamientos de domicilios y oficinas vinculados a exfuncionarios de su administración, enmarcados en una investigación por corrupción con fondos públicos destinados a una emergencia climática. El procedimiento judicial, confirmado este miércoles por el fiscal Cristian Olazábal, involucró a integrantes del círculo más cercano al dirigente kirchnerista, quien actualmente se postula como candidato a diputado nacional.

La causa, identificada como “Emergencia Climática II”, motivó una serie de operativos simultáneos en propiedades asociadas a exfuncionarios de confianza de Luque, considerado una de las figuras más relevantes del justicialismo provincial. Entre los lugares allanados, figura el domicilio del ex secretario de Economía comunal Germán Issa Pfister, cuyo rol resultó clave dentro del organigrama municipal y cuya proximidad política con el exintendente es reconocida por referentes del oficialismo local.

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Durante una conferencia de prensa realizada en la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, Olazábal brindó detalles sobre las medidas adoptadas.

“Se han llevado a cabo medidas de comprobación directa, consistentes en allanamientos, requisas personales, registros vehiculares, con la finalidad de secuestrar elementos que son útiles a la investigación”, precisó el funcionario judicial.

Los procedimientos se concentraron en la búsqueda y secuestro de equipos informáticos, celulares y documentación. “El porqué o el para qué lo secuestré no lo puedo decir, porque quiero preservar la investigación”, aclaró el fiscal ante las consultas periodísticas.

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Luque calificó lo ocurrido como una “persecución política disfrazada de justicia”

La noticia generó un inmediato revuelo político en la provincia, no solo por la cercanía de los protagonistas al ex intendente de Comodoro Rivadavia, sino también por el contexto electoral.

Luque calificó lo ocurrido como una “persecución política disfrazada de justicia”, según expresó en su cuenta de X tras la medida judicial contra su excolaborador Germán Issa Pfister. En sus declaraciones, sostuvo que se trató de una maniobra para reabrir una causa y prolongar “un manto de duda” sobre su entorno durante la campaña, opinión que profundizó el clima de polarización en Chubut.

La investigación judicial tiene su origen en el temporal que en 2017 afectó a Comodoro Rivadavia y generó un estado de emergencia que derivó en evacuaciones masivas y daños materiales por montos millonarios. A raíz de ese contexto, el municipio destinó recursos a obras y asistencia que, de acuerdo con fallos del Tribunal Oral, fueron objeto de maniobras ilícitas. “Nosotros iniciamos el juicio el 9 de mayo de 2024. Lo culminamos el 29 de agosto de 2024. Es decir, en cuatro meses transitaron 120 testigos por la oficina judicial”, recordó Olazábal durante su exposición pública.

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Como resultado de la investigación inicial, en 2024 la Justicia provincial condenó a varios ex secretarios municipales, entre ellos Abel Boyero y Rubén Palomeque, así como a inspectores comunales implicados en falsificación de partes y cobros indebidos por obras no realizadas. Además, cuatro empresarios resultaron condenados por su participación en el circuito de contrataciones irregulares. El proceso incluyó apelaciones y revisiones ante la Cámara penal y actualmente se encuentra en revisión por el Superior Tribunal de Justicia de Chubut.

“A fines de diciembre de ese año, los condenados recibieron arresto domiciliario y luego fueron liberados por revisión judicial”, afirmó el fiscal Olazábal, quien subrayó que la decisión de solicitar la libertad permitió evitar el cumplimiento de una pena de prisión durante la tramitación de recursos. “Si aquel 30 de diciembre de 2024 yo no hubiera solicitado la libertad de estas personas, hoy hubieran descontado nueve meses de prisión”, sostuvo.

La derivación política llegó también desde el gobierno provincial. El ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, respaldó el accionar fiscal y cuestionó los tiempos del Superior Tribunal: “Era muy obvio que querían licuar la pena y les salió mal. No entiendo por qué tanta dilación. Insumió más tiempo en responder esta impugnación extraordinaria que el juicio, que fue muy complejo”, manifestó.

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El surgimiento de la causa “Emergencia Climática II” responde a nuevos elementos detectados por la Procuración General durante el juicio original. Esos hallazgos derivaron en el impulso de nuevas pesquisas y la realización de los allanamientos de este miércoles, bajo órdenes de la Fiscalía. Los investigadores buscan ampliar la documentación sobre el uso de los fondos y los circuitos administrativos implementados durante la emergencia, recogiendo evidencias que puedan robustecer la acusación.

La Justicia mantiene bajo reserva los detalles sobre las pruebas incautadas y la eventual citación de los exfuncionarios implicados. Hasta el momento, no se difundieron imputaciones formales, aunque el foco de la pesquisa apunta a determinar responsabilidades individuales en el presunto desvío de recursos públicos. El propio fiscal evitó dar precisiones sobre los nombres, aunque confirmó que los investigados “son personas vinculadas a en aquel entonces funcionarios que integraban la municipalidad de Comodoro Rivadavia”.

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Causa Spagnuolo: la Justicia rechazó los pedidos de nulidad de los dueños de la droguería Suizo Argentina

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El juez federal Sebastián Casanello rechazó los pedidos de nulidad presentado por los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina, en el marco de la causa que investiga presuntas compras irregulares de medicamentos por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Los planteos habían sido formulados por su abogado, Martín Magram, quien cuestionó el origen de la causa por el uso de grabaciones no autorizadas y sostuvo que los hechos ya habían sido juzgados en una investigación anterior que terminó archivada.

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La decisión de Casanello va en línea con la postura que había manifestado días atrás el fiscal Franco Picardi, quien se opuso a la nulidad. Ahora, la defensa podrá apelar ante la Cámara Federal.

El expediente se inició a fines de agosto a partir de una denuncia presentada por Alejandro Díaz Pascual, miembro de la asociación civil Arco Social. Allí se señalaban compras millonarias realizadas por la ANDIS a la droguería Suizo Argentina por unos $30.000 millones, sin licitación pública.

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La denuncia involucró también al entonces titular de la agencia, Diego Spagnuolo, quien fue desplazado del cargo tras la filtración de audios en los que hablaba de supuestos pedidos de coimas. El material fue difundido por medios de comunicación y motivó la apertura del expediente.

Entre los argumentos de la defensa, Magram había advertido que el caso no podía avanzar porque ya existía una investigación previa cerrada por hechos similares, lo que a su criterio configuraba una situación de “cosa juzgada”. Esa causa fue archivada en febrero de este año.

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Este es el interior de la caja fuerte de Jonathan Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina. (Foto: TN)

También cuestionó con dureza los procedimientos ordenados por el juez. “La orden contenía muchísima información. Lo que se llevaron pone en jaque el funcionamiento de la firma”, había dicho el abogado tras los allanamientos realizados en la sede de la droguería.

Además, justificó la negativa de los Kovalivker a entregar las claves de sus teléfonos celulares, aludiendo a cuestiones de privacidad. “Un celular tiene información sensible. No es que no las entregan porque tengan algo que esconder. Están expuestos a un escarnio público con fotos de sus hijos o videos íntimos, como uno donde Eduardo Kovalivker lee poesía”, declaró.

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Por ahora, la investigación se mantiene en una etapa preliminar. El análisis de los contratos continúa y no hay definiciones judiciales sobre la eventual existencia de irregularidades ni sobre el origen de los fondos involucrados.

En su presentación, Díaz Pascual también había vinculado a la droguería con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y con su primo Eduardo “Lule” Menem, funcionario cercano a Karina Milei.

Hasta el momento, el análisis de los contratos y la documentación secuestrada se encuentra en una etapa preliminar y no existen conclusiones definitivas sobre la existencia de irregularidades ni sobre la procedencia de los fondos involucrados. Desde la droguería Suizo Argentina, en tanto, aseguran que ninguno de los contratos presenta irregularidades y que la firma jamás ofertó con sobreprecios.

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Agencia Nacional de Discapacidad, coimas, Sebastián Casanello

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Maturano rechazó la conciliación obligatoria y justificó la reducción de velocidad en los trenes: “Cuidamos la vida de la gente”

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El titular de La Fraternidad, Omar Maturano, advirtió que no acata la conciliación obligatoria dispuesta por el Gobierno ante la reducción de velocidad que aplicaron durante dos días los maquinistas en los trenes y que causaron demoras y trastornos a miles de usuarios.

“Rechazamos la conciliación obligatoria”, dijo el sindicalista a Infobae al referirse a la medida dictada por la Secretaría de Trabajo para que los conductores de locomotoras hagan circular los trenes a la velocidad normal y no a 30 km/h como lo hicieron de manera sorpresiva durante dos días en las líneas Roca, Mitre, San Martín, Sarmiento, Urquiza y Belgrano.

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Para Maturano, no corresponde aplicar la conciliación obligatoria porque la reducción de velocidad en los trenes no constituye una medida de fuerza, sino una acción preventiva. “Si es para cuidar a las personas, no es una protesta; los trenes no están en condiciones”, advirtió.

Omar Maturano, titular de La Fraternidad

El dirigente justificó esa medida porque, a su juicio, la crisis en el sistema ferroviario alcanzó un punto crítico: en ese sentido, denunció la falta de inversión, el deterioro de la infraestructura y la imposición de condiciones laborales que, según alertó, ponen en riesgo tanto al personal de los trenes como a los pasajeros.

¿Cómo se solucionaría este conflicto? Para Maturano, la fórmula sería: “Que nos den las herramientas de trabajo, es decir, trenes y vías en buenas condiciones. Es como si a un tornero se le rompe el torno martillo. Si lo puede arreglar, lo arregla. Pero si no, pide otro torno martillo. Si no hay, ¿cómo va a trabajar ese día?“.

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Además, el líder de La Fraternidad detalló que “faltan conductores porque se están yendo al retiro voluntario, de la misma forma que falta personal en los talleres”. Y dijo que a los pasajeros que se quejan por la velocidad tan lenta en los trenes les daría un mensaje: “Le estamos cuidando la vida a ellos y a nosotros mismos para que no haya accidentes mortales en los trenes”.

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, y su subsecretaria, Claudia Testa

El dirigente gremial relató su diálogo de este jueves con la subsecretaria de Trabajo, Claudia Testa, para tratar de solucionar el conflicto. “Si me das una orden de que tenemos que funcionar a la velocidad que dispone la Secretaría de Transporte, lo hacemos, pero si sucede un accidente, quedás como responsable porque me estás obligando a eso, le dije. Y me contestó: No, ni loca”.

Maturano dijo que propuso que “la policía laboral inspeccione las formaciones y las vías para verificar que estén en buenas condiciones”, pero señaló que quedaron en responderle porque no sabían si podían hacerlo.

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Luego de que en la reunión los funcionarios le aseguraron que los repuestos para poner en condiciones los trenes y las vías iban a llegar al país recién en marzo de 2026, Maturano dijo que abandonó el encuentro.

El gremio de los maquinistas denunció que los trenes y las vías están en malas condiciones

El sindicalista sostuvo que su reclamo no es salarial sino vinculado con las condiciones de seguridad de los trenes. “¿Qué salario? Ya nos impusieron la pauta», dijo en relación con el aumento otorgado a los ferroviarios en sintonía con el tope salarial puesto por el Gobierno. Y agregó: “Estoy concentrado en las condiciones mínimas de seguridad en las que deberíamos trabajar”.

Detalló que el número de alertas sobre problemas en las vías que reciben los conductores de locomotoras se incrementó de manera alarmante: “En el itinerario que tenemos escrito desde enero de este año hay 40 precauciones más que antes para que vayamos a 30 kilómetros por hora, a 12 o a 20, y es porque no arreglan las vías y los coches no tienen repuestos”, denunció.

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“En vez de tener 20 formaciones para salir, ahora tenés 18, y de las 18 hay 6 en malas condiciones porque no tienen frenos o le faltan motores de tracción -precisó-, así que al final ya te quedaron sólo 12 formaciones”.

Omar Maturano dijo que los respuestos para arreglar los trenes y las vías llegarán al país en marzo de 2026 (Foto: Shutterstock)

El deterioro afecta a todas las líneas, según el dirigente: “Es en todas. En el Mesopotámico Carga, por ejemplo, hay 10 descarrilamientos por día. Cuesta más traer una empresa encarriladora privada que arreglar la vía”.

Ante la consulta sobre qué le responden las autoridades sobre esta situación crítica, Maturano indicó: “Nada, ¿qué te van a decir? Que no pueden y que en marzo de 2026 lo van a arreglar porque vienen los repuestos de China. Hasta marzo del 26 vamos a seguir trabajando así, pero tenemos todos los trenes desguazados”.

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Por eso insistió: “Vamos a sacar las formaciones que estén en condiciones porque no podemos sacar una formación que no tenga frenos. Si de 20 formaciones hay 18 en condiciones, sacamos las 18. Vamos a correr a velocidad itineraria. ¿Qué quiere decir velocidad itineraria? Lo que me marque el itinerario, que a tal hora tengo que estar en tal estación. Vamos a hacer lo que dice la empresa. Ahora, si hay precaución, freno, paso a la velocidad que me dicen y continúo el viaje así“.

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Elecciones Santiago del Estero 2025: qué se vota el 26 de octubre

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Santiago del Estero elegirá gobernador el próximo 26 de octubre (Archivo: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

El domingo 26 de octubre, los electores de Santiago del Estero concurrirán a las urnas para participar de las elecciones legislativas nacionales 2025. La particularidad de ese día es que es uno de los distritos donde se renovarán también las máximas autoridades a nivel provincial, y el rumbo político que tomará el distrito.

Los cargos nacionales que vota Santiago del Estero el 26 de octubre

Los cargos que están en juego que corresponden a la provincia en el Congreso son tres (3) senadores nacionales, y tres (3) diputados nacionales.

En total, la ciudadanía asistirá en todo el país a los comicios para elegir 127 bancas en la Cámara de Diputados y 24 en el Senado, lo que definirá el pulso político nacional, y las mayorías que habrá en el Poder Legislativo durante los próximos dos años del gobierno de Javier Milei.

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Qué vota Santiago del Estero a nivel provincial el 26 de octubre

Santiago del Estero elige este año al gobernador y vicegobernador, es decir, los máximos cargos a nivel distrital. Son comicios a contramano de la mayoría de las provincias, donde se renueva la gobernación en los años que coiciden con las elecciones nacionales.

Además, se renovarán 20 bancas de la Legislatura provincial, 163 comisionados municipales, además del jefe comunal y concejales de Clodomira y Villa Atamisqui, dos localidades que tienen calendario electoral diferenciado tras haber sido intervenidas por la provincia.

Cómo se vota en Santiago del Estero el 26 de octubre

En Santiago del Estero, el electorado enfrentará un proceso electoral concurrente el día de los comicios, debiendo emitir su voto en dos urnas diferentes. Para los cargos provinciales, se utilizará el método tradicional denominado boleta sábana, en el cual se presentan todas las candidaturas de un partido o alianza en una única papeleta

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En contraste, los cargos para el Congreso nacional se elegirán mediante el sistema de boleta única de papel (BUP), que permite al votante seleccionar entre los diferentes candidatos y fuerzas políticas en una sola hoja.

Este modelo implica que los ciudadanos recibirán dos papeletas distintas al ingresar al cuarto oscuro, una correspondiente a cada jurisdicción electoral. El uso del sistema tradicional en el ámbito provincial mantiene la práctica histórica de la provincia, mientras que la implementación de la boleta única de papel para los cargos nacionales responde a la reforma política impulsada por el presidente Javier Milei.

Quiénes son los candidatos a gobernador en las elecciones 2025 en Santiago del Estero

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El candidato a gobernador por el Frente Cívico es Elías Suárez, jefe de Gabinete y hombre de máxima confianza de Zamora, acompañado en la fórmula por Carlos Silva Neder, actual vicegobernador y referente del justicialismo local.

La decisión causó sorpresa en diferentes sectores políticos y entre los propios aliados del oficialismo; mientras algunos esperaban una nueva candidatura de la esposa de Zamora, desde el entorno del gobernador resaltaron que la designación de Suárez responde a un criterio de liderazgo y continuidad.

En la oposición, La Libertad Avanza (LLA), espacio impulsado por Karina Milei y Martín Menem, decidió postular a Italo Ciocolani, ex referente del PRO y actual titular de la UDAI Santiago, del ANSES.

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El frente Despierta Santiago, integrado por el radicalismo no zamorista, el PRO y el Movimiento Viable, presentó al diputado provincial Alejandro Parnás como candidato a gobernador.

La cuarta lista viene de la mano del Frente Renovador. El máximo referente local del espacio, el ex intendente de La Banda y candidato a diputado provincia, Pablo Mirolo, impulsa a Veronica Larcher como candidata a gobernadora para sucederlo a Zamora.

Quiénes pueden votar en los comicios nacionales y provinciales de Santiago del Estero

El derecho al voto incluye a ciudadanos argentinos, extranjeros residentes y personas privadas de la libertad, de acuerdo con los requisitos del Código Electoral.

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El sufragio es obligatorio a partir de los 16 años para ciudadanos argentinos nativos, con residencia permanente en el distrito correspondiente y sin inhabilitación vigente. Los ciudadanos naturalizados acceden al voto a partir de los 18 años. Además, los extranjeros residentes también están habilitados para votar desde los 16 años, siempre que cuenten con DNI extranjero, residencia permanente y estén inscriptos en el padrón electoral.

La normativa también contempla la participación de personas privadas de la libertad: pueden votar siempre y cuando figuren en el padrón.

Existen exenciones a la obligatoriedad del voto para ciertos grupos. Según el Código Electoral, están exceptuados de votar los jueces y auxiliares judiciales con funciones durante la jornada, los ciudadanos mayores de 70 años, cuyo voto es optativo, quienes se encuentren a más de 500 kilómetros de su lugar de votación, las personas enfermas o imposibilitadas por razones de fuerza mayor, y los trabajadores de servicios públicos esenciales que no puedan asistir por sus tareas, siempre que el empleador informe la situación con al menos diez días de anticipación.

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Para ejercer el voto, los documentos válidos son el DNI tarjeta —incluso si contiene la leyenda “no válido para votar”—, la DNI libreta celeste o verde, la libreta cívica y la libreta de enrolamiento. La recomendación oficial es presentarse en la mesa de votación con el documento que figura en el padrón o una versión más actualizada, evitando siempre uno anterior. La presentación debe realizarse con el documento físico, ya que no se acepta su formato digital.

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