Luego del escándalo de Julio “Chocolate” Rigau, una nueva investigación judicial sacude a la Legislatura bonaerense. Ayer, se amplió la imputación de los empleados de planta permanente del Senado, detenidos el 29 de diciembre pasado. Están acusados de haber abusado sexualmente de cuatro mujeres. Los imputados militaban en una agrupación kirchnerista de La Plata y uno de ellos había trabajado también en la municipalidad.

La causa por abuso sexual tramita en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2, a cargo de la fiscal Betina Lacki, quien solicitó a fines del año pasado la detención de Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz. Según consignó Ignacio Fernández Camillo, abogado de tres de las víctimas, son cuatro las denunciantes por abuso sexual: dos lo hicieron en 2019 y otras dos en 2025.

A raíz de estas últimas dos denuncias fue que se avanzó con las aprehensiones a fin del año pasado. Y ayer se amplió la imputación por los otros cinco episodios denunciados en 2019. “Hay una quinta víctima, pero no denunció abusos sexuales. Denunció lesiones y amenazas en la puerta del Senado en 2014″, detalló el letrado a .

Rodríguez está imputado por el delito de “abuso sexual con acceso carnal” y Silva Muñoz como “partícipe necesario” de esos actos, agravados en algunos casos por privación ilegítima de la libertad y empleo de armas. Empezarán hoy los peritajes de los dispositivos electrónicos de los detenidos.

Ambos imputados operaban bajo el paraguas de “La Orden de la Luz”, una estructura con características de secta que habría captado a algunas de sus víctimas en movilizaciones políticas y con promesas de trabajo en el sector público, de acuerdo a lo que surge del expediente judicial.

Contaban, además, con una larga trayectoria en la política local. Tanto Rodríguez como Silva Muñoz integraban la planta permanente del Senado bonaerense y militaban en el Movimiento Ciudadano La Capitana, una agrupación peronista de la capital provincial que, en el último tiempo, volcó su apoyo al gobernador Axel Kicillof.

La Capitana nació en 2018 como un desprendimiento del frente Unidos y Organizados, una estructura militante en apoyo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Fue precisamente su hermana, Giselle Fernández, quien lideró durante muchos años la agrupación en la que recalaron Rodríguez y Silva Muñoz.

Según informaron a tres dirigentes del Partido Justicialista consultados por separado, Fernández había abandonado la conducción del movimiento hace años, una vacante que habrían cubierto los imputados. En enero de 2022, Luis D’Elia había compartido en sus redes sociales un video −que hoy no está disponible− en el que la hermana de la exmandataria explicaba los motivos de su salida.

En el último tiempo, y con el peronismo atravesado por una fuerte interna entre Kicillof y el titular del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, La Capitana buscó acercarse al gobernador. El 22 de febrero de 2025, el mismo día en que el mandatario provincial lanzó el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), la filial bonaerense de la agrupación compartió un posteo bajo la consigna “Es con Axel” en su cuenta oficial de Instagram. Desde entonces, militan a Kicillof en sus redes sociales y participan de actividades organizadas por el MDF.

En la agrupación de Kicillof reconocen que tanto Rodríguez como Silva Muñoz se presentaban en actos del movimiento, pero niegan una conexión directa con ellos. “En dos actos me los crucé”, indicó a un militante del MDF, pero aclaró que el movimiento no cuenta con una estructura orgánica a la que pudieran integrarse formalmente los imputados y que la mayoría de sus actividades son abiertas a todos los que respalden al gobernador. “Vienen a los actos los que se referencian en Axel, se acercan y se sacan fotos. Acompañaban y eso, pero no eran parte del MDF”, explicó.

Otro referente de la agrupación de Kicillof que pidió preservar su identidad ratificó esta versión. “No dependían de nosotros, pero siempre andaban dando vueltas”, dijo. Según su reconstrucción de los hechos, La Capitana había sido incorporada a una lista de difusión de actividades del frente, lo que permitió que estuvieran al tanto de su agenda durante varios meses. Ambos imputados habrían sido apartados de este esquema en agosto de 2025, luego de que empezaran a circular en el MDF versiones sobre las denuncias por abuso sexual en su contra.

El paso de Rodríguez por La Capitana también le valió para conseguir, en 2019, una candidatura en La Plata. Integró la lista de concejales de la boleta que encabezaba la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, que se postulaba para la intendencia de la capital bonaerense, pero cayó ante el candidato de Pro Julio Garro. Silva Muñoz, por su parte, fue precandidata a concejala de La Plata por el Frente de Todos en 2021.

En 2023, en tanto, su agrupación respaldó la candidatura a jefe comunal de Gastón Castagneto, militante kirchnerista e hijo de Carlos Castagneto, diputado nacional de Unión por la Patria y extitular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Alberto Fernández (2022-2023). Ese apoyo habría sido la puerta de ingreso a la municipalidad de La Plata, hoy a cargo del peronista Julio Alak.

En las PASO municipales de 2023, el peronismo presentó cinco listas para la intendencia encabezadas por Paula Lambertini (extitular de la Anses local), Guillermo Escudero, Luis Arias y los ya mencionados Castagneto y Alak. Esta última fue la boleta que logró imponerse en la interna y que, en los comicios generales de noviembre, le arrebató la intendencia a Pro por una diferencia de poco más de 600 votos.

Según reconstruyó , ante este ajustado triunfo, en diciembre de 2023, Alak cerró un acuerdo con todas las agrupaciones peronistas que habían disputado las PASO, lo que permitió que algunos de sus dirigentes desembarcaran en la gestión. En este contexto, Castagneto juró como titular de la Secretaría de Relaciones con la Comunidad. Al poco tiempo, Rodríguez desembarcaría en esa cartera.

En un decreto con fecha del 30 de octubre de 2024 y en el que se determinan los titulares autorizados y el fondo fijo para cajas chicas de cada repartición municipal, el imputado figura como responsable de la subsecretaría de Convivencia Ciudadana, dependiente de la secretaría de Castagneto. En la intendencia indicaron que ingresó al área en febrero de 2024 como asesor ad honorem, pero apenas duró ocho meses en el cargo y fue desplazado en octubre de ese mismo año.

En registros oficiales de la municipalidad de La Plata también figuraba como funcionaria Melina Gaudino, señalada en la causa por abuso sexual. l testimonio de una de las víctimas, Gaudino −a quien conocía desde 2017 por militancia compartida− se había comprometido a brindarle ayuda y le presentó a Claudio Yacoy, quien se ofreció a representarlas ante la Justicia. El abogado ya fue citado a declarar ante la fiscal.

Según consta en la declaración, a partir de entonces, Gaudino habría informado a las víctimas sobre presuntos avances en la investigación que −luego se enteraron− no estaba en curso. “Nos dijo que estaba presentada la solicitud de tobillera, la prisión preventiva y que el primero de julio el juez de garantías había dictado la indagatoria de los imputados”, continuó y especificó que nunca se les informó sobre el número de causa. Ante una serie de inconsistencias en la información que les aportaba Gaudino, una de las víctimas se presentó ante la fiscalía, donde se anotició de que no existía ninguno de los avances que se les había comunicado.

Gaudino había sido designada en febrero de 2024 como directora general de Acceso a la Justicia y Asistencia a las víctimas de La Plata. Según indicaron en el municipio, fue desplazada en noviembre de 2024. Anteriormente, se había desempeñado en el Ministerio de Seguridad de la provincia, un área de la que fue desvinculada tras la asunción de Javier Alonso como titular de la cartera en diciembre de 2023.

intentó comunicarse con el Senado bonaerense para consultar por la actual situación laboral de los dos empleados imputados, pero en la Legislatura se negaron a brindar detalles y aseguraron que toda la información está a disposición de la Justicia. Las autoridades de la Cámara alta −hoy a cargo de la vicegobernadora Verónica Magario− tampoco se expidieron públicamente al respecto.

Según pudo saber , previo a realizar las denuncias, una de las víctimas acudió al área de Género del Senado local para informar sobre los abusos. La oficina la habría contactado con el Ministerio de Mujeres y Diversidad y −según señalaron en la cartera− le brinda asistencia desde entonces.

“Se les aconsejó denunciar. Estos son delitos de instancia privada, no son delitos donde se pueda actuar de oficio”, explicó a este medio Estela Díaz, ministra de Género bonaerense. “A fines de 2024, se empiezan a tener las reuniones y ellas recién llegan a denunciar a mediados del año pasado”, continuó. La defensa de las víctimas confirmó que la Dirección de Situaciones de Alto Riesgo y Casos Críticos del ministerio se puso a disposición.