POLITICA
Analía Del Franco: «El león se comió al gato y a la institución que lo albergaba»
En primer lugar, Analía Del Franco se refirió a la situación interna del Pro: “El león se comió al gato y también a la institución que lo albergaba. Ya no estamos hablando de partidos políticos, sino de espacios flexibles que pueden recomponerse, pero no está claro si en la provincia de Buenos Aires van a sostener el sello o cada uno irá por separado”.
Respecto al rol del oficialismo nacional y su impacto en territorio bonaerense, advirtió: “Si Javier Milei pone a alguien con su nombre en la lista de la provincia, se llevaría un gran porcentaje de los votos”. Y alertó que una eventual alianza entre el Pro y La Libertad Avanza “le competiría mucho al peronismo unido”.
Consultada sobre el apoyo al presidente Javier Milei pese a la caída del poder adquisitivo, la analista señaló una marcada contradicción social: “En los focus groups, durante la primera media hora, la gente se queja de que todo está caro, de que no se puede más… pero cuando preguntamos si lo apoyarían en las elecciones, muchos responden que sí, que hay que dejarlo terminar, que aún tienen expectativas”.
En cuanto a los resultados de las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires, destacó: “En las comunas del sur, donde ganó Leandro Santoro, hace apenas dos años había triunfado Milei en el balotaje. Son zonas pobres, con el menor nivel de participación, lo que puede estar indicando una bronca o desencanto generalizado. La gente no se engancha con ningún opositor, pero tampoco quiere volver atrás”.
Del Franco también abordó el fenómeno de la baja participación electoral, que se viene repitiendo en distintos distritos: “Es un fenómeno mundial, tiene que ver con el vínculo con la política. Por suerte en Argentina es obligatorio votar, pero igual hay apatía. La gente está desencantada con la política, y eso también se refleja en las urnas”.
En ese sentido, explicó que las elecciones legislativas suelen generar menos interés: “Siempre tienen menor participación que las ejecutivas. Lo nuevo es que en CABA fue la primera vez que se celebraron un día diferente a las nacionales. También hubo muchos candidatos, pero después se centralizó todo y se terminó nacionalizando la discusión con la intervención del propio presidente”.
Analía, Del, Franco:,
Un dirigente de la Seccional La Matanza de la UOCRA y dos delegados sindicales fueron condenados a un año y seis meses de prisión de ejecución condicional, junto con el pago de las costas procesales, por el bloqueo realizado en marzo de 2023 contra la pyme Concrete.
La sentencia fue dictada por el titular del Juzgado en lo Correccional Nº 2 de La Matanza, Horacio Héctor Giusso, e involucra a Diego Oscar Oviedo, Norberto Alejandro Palavecino y Juan Emilio Flores como coautores del delito de turbación de la posesión, cometido en la planta de la pyme en Altos de Laferrere, partido de La Matanza.
Oviedo se desempeña como secretario de Actas de la UOCRA de La Matanza, que lidera Heraldo Cayuqueo, y Palavecino y Flores eran delegados de Concrete, que en sus tres plantas del Conurbano tiene 100 empleados.
En el fallo, el juez consideró probado que “el 7 de marzo de 2023, un grupo de unas 20 personas, portando banderas de la UOCRA, bloqueó el acceso principal de la fábrica con dos automóviles, impidiendo el ingreso y egreso de camiones de materia prima entre las 6.50 y las 12″ y menciona que “los videos aportados por la acusación mostraron la presencia de Oviedo y Palavecino en los vehículos que obstruyeron la entrada”.
El tribunal impuso a Oviedo, Palavecino y Flores la pena de un año y 6 meses de prisión de ejecución condicional, junto con el pago de las costas procesales, y estableció reglas de conducta: prohibición de contacto con Félix Sebastián Di Maio (dueño de la pyme), Germán Darío Arévalo y Luis Hernán Villavicencio, y prohibición de ingreso a la planta de Concrete por cuatro años. De todas formas, se afirma en el fallo que “la ejecución de la pena queda en suspenso bajo estas condiciones”.
En diálogo con Infobae, Sebastián Di Maio dijo: “Con este fallo siento alivio porque la justicia es lenta y uno está solo en un Conurbano que está difícil. Se hizo justicia y siento que puedo seguir apostando a este país».
Según el empresario, que se dedica a la producción de hormigón elaborado, sufrió “10 años de hostigamiento” por parte de los delegados desde que fueron elegidos porque le hacían exigencias desmedidas y le pedían una “colaboración” económica para el sindicato. “Cobraron el sueldo durante 10 años sin trabajar -dijo- y ante cualquier queja nuestra les metían presión a los empleados para que trabajaran a desgano o no hicieran horas extra”.
“Gente del sindicato llamaba a los empleados para que exigirles que no trabajen -relató-. En la empresa trabaja gente que vive en la zona y les decían: ‘Sé dónde mandás a los pibes del colegio y sé quién es tu mujer’. Era parte del hostigamiento para que no fueran a trabajar”.
Como las empresas del rubro suelen cerrar a fin de año por una baja del trabajo, y ante la actitud hostil de los representantes sindicales, Di Maio bajó las persianas de la planta de La Matanza durante dos meses y dejó abiertas las otras dos, en Avellaneda y en Tortuguitas, y despidió a los delegados y a 4 empleados.
En ese momento, el empresario se puso en contacto con la abogada Florencia Arietto, una experta en asesorar a pymes bloqueadas, que le recomendó reabrir la empresa, pero a la semana se produjo el bloqueo por parte de los dirigentes y activistas de la UOCRA La Matanza. Por eso Di Maio presentó una denuncia penal contra los delegados, en la que figura que la pyme “perdió aproximadamente 5 millones de pesos por la imposibilidad de despachar hormigón ese día” y que “los camiones de proveedores externos no pudieron ingresar hasta el mediodía, lo que afectó la producción y la entrega a clientes”.
Aunque la defensa de los acusados argumentó que el bloqueo se encuadró en el ejercicio legítimo del derecho de huelga, protegido por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, el juez Giusso citó en su fallo jurisprudencia de la Corte Suprema que establece que el derecho de huelga no ampara conductas que excedan el ejercicio pacífico ni justifica la comisión de delitos comunes durante conflictos laborales.
Arietto afirmó que la condena a los 3 representantes de la UOCRA no tiene cumplimiento efectivo, pero resaltó: ”Es un antecedente que nos sirve para replicar en otros casos porque es de manual, es el típico bloqueo».
POLITICA
Se cae el caso del Fútbol para Todos: el fiscal pidió absolver a Mariotto y penas leves para Aníbal Fernández y Capitanich
El caso del supuesto fraude con el otorgamiento de fondos por parte del gobierno kirchnerista a la AFA para el programa Fútbol para Todos está a punto de quedar en la nada: en las últimas audiencias del juicio, el fiscal federal Miguel Ángel Osorio pidió absolver a Gabriel Mariotto, coordinador del programa, y reclamó leves penas para los exjefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich.
Las acusaciones iniciales más severas quedaron en una acusación de fraude y violación de deberes de funcionario público, que merecieron un pedido de tres años de prisión en suspenso para Aníbal Fernández y una acusación de violación de sus deberes de funcionarios para Capitanich, con un pedido de pena de ocho meses de prisión en suspenso. Ambos fueron jefes de gabinete de Cristina Kirchner.
Capitanich reaccionó ante el alegato fiscal: en una declaración pública sostuvo que fue “inconsistente, infundado y conjetural” y que “no se sostiene en las pruebas producidas durante el juicio”. Dijo que incluso el fiscal reconoció que que “los fondos, una vez pagados a la AFA, dejaban de ser dineros públicos”. Por lo que, a su criterio, es “absurdo” que la jefatura de Gabinete controlara su destino.
“Después de diez años de proceso, fue decepcionante escuchar un alegato leído de principio a fin, práctica prohibida por el Código Procesal, y cargado de apreciaciones políticas más que jurídicas. Lo único que buscan es mancillar mi nombre y ensuciar una política pública legítima como fue Fútbol para Todos, que democratizó el acceso al deporte y la cultura”, dijo Capitanich.
Al quedar fuera del caso los administradores del programa y solo acusados los funcionarios, es difícil que el tribunal oral federal integrado por los jueces Ricardo Basilico, Juan Michilini y Adrián Grumberg, puedan establecer que existió una conducta delictiva, dijeron a fuentes de los tribunales.
En la misma línea remarcaron que es extraña la tesis de que los fondos públicos dejan de serlo cuando ingresan a las arca de la AFA y por eso no se configura el fraude a la administración pública.
El fiscal general Osorio pidió condenas en suspenso para Luis Segura, expresidente de AFA, a dos años de prisión; a Carlos Alberto Pandolfi, ex tesorero de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), a un año; a Norberto Monteleone, exgerente general de ese sindicato a un año y a Natale Antonio Rigano, expresidente de la firma Iveco, a dos años.
El pedido de pena para Aníbal Fernández es de ejecución condicional. En tanto, el fiscal Osorio pidió absolver a Mariotto, excoordinador de Fútbol para Todos; a Miguel Ángel Silva, exsecretario general de AFA; a Rubén Manuel Raposo, exadministrador financiero de AFA; a Raúl Pagano, exgerente financiero de FAA; a Sergio Marchi, exsecretario general de FAA; y a Eduardo Amirante, Jorge Antonio Galitis y Carlos Dávola, los directivos de las entidades crediticias Cooperativa de Vivienda Crédito y Consumo Amigal Limitada y Grupo Climafin.
Estos últimos están relacionados con financieras que cambiaban por dinero los cheques que los clubes recibían de la AFA. Según la acusación, existió un perjuicio al Estado por más de 131.608.000 pesos entre 2010 y 2015.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que también participó de los alegatos, detalló cuánto dinero público se habrían llevado las supuestas maniobras de corrupción entre 2010 y 2015. Para los 131.608.000 pesos que totalizarían la defraudación, solicitaron que los acusados lo reintegren solidariamente -actualizado a cifras actuales- en beneficio del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard) y la Asociación del Fútbol Argentino.
La acusación era por fraude y desvío de fondos públicos, vinculados al contrato que la Jefatura de Gabinete mantuvo con la AFA por los derechos de televisación del futbol, fortaleciendo la economía de los clubes y sin que los usuarios debieran pagar para ver los partidos del torneo de primera división.
Sin embargo, la investigación judicial que condujo el fiscal Eduardo Taiano sostuvo que los clubes aumentaron sus deudas y no pagaron sus acreencias con la AFIP.
La AFA no avanzó con la auditoría a los clubes. En la acusación inicial, el fiscal Taiano había estimado que se cobraron cheques a través de la AFA y otras entidades, y aunque “la operatoria de descuento de cheques de pago diferido resulta legal, lo cierto es que se ha producido un desvío hacia las arcas” de las empresas financieras intermediarias, lo que “significó un daño al patrimonio público y, por otro lado, un escenario de fortalecimiento de las finanzas” de las compañías privadas.
La acusación detalló que los pagos de la AFA a los clubes no llegaban completos ya que los imputados aplicaban un “descuento”, y esa diferencia entre el monto emitido y el recibido era destinada a entidades crediticias. La causa se centró en los contratos entre la AFA, la Jefatura de Gabinete de ministros y la empresa Iveco desde febrero de 2010.
La AFA recibió aproximadamente 86 millones de pesos por los derechos otorgados a la empresa automotriz, que habría pagado sus avisos un 75% menos que lo que se abonaba en promedio. La Auditoría General de la Nación advirtió precios irrisorios, una opción de recibir camiones como forma de pago que no tenía justificación, y la omisión de los mecanismos propios de las contrataciones públicas.
Hernán Cappiello,Conforme a
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Qué es la teoría del fruto del árbol envenenado que algunos funcionarios sostienen en la causa por los audios deSpagnuolo
La filtración de los audios que desataron el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), atribuidos a su extitular Diego Spagnuolo, abrió un nuevo frente en los tribunales. Mientras el juez federal Sebastián Casanello, avanza con allanamientos y pericias, comenzó a instalarse en el oficialismo la teoría del “fruto del árbol envenenado”: si la prueba inicial es falsa o ilícita, todo lo que derive de ella carece de validez y debe ser excluido del proceso judicial.
Sobre esta especulación, el abogado y funcionario de Seguridad, Fernando Soto planteó en su cuenta de X que la Justicia no puede avanzar sobre pruebas inválidas: “El audio atribuido a Spagnuolo está claramente armado y compaginado y -de ser real- ha sido obtenido ilícitamente. Por lo tanto, es una prueba inválida. Toda actuación judicial construida sobre una prueba inválida es, insalvablemente, nula”.
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En esa línea, funcionarios del oficialismo sostienen que, si se confirma que la grabación fue adulterada o conseguida de forma ilegal, la investigación no podría sostenerse. Sin embargo, la Justicia continúa con las medidas de prueba para determinar la autenticidad de los audios y el alcance de las acusaciones.
La reacción del oficialismo
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, calificó el escándalo de los audios como una “monumental operación” y sostuvo que se trata de una “maniobra” para perjudicar al Gobierno a pocos días de las elecciones legislativas bonaerenses del 7 de septiembre.
En la misma línea, el subsecretario de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem, apuntó contra el kirchnerismo en redes sociales a través de un comunicado: “No es casualidad que este tipo de maniobras aparezcan justo dos semanas antes de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, último reducto del kirchnerismo».
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Y cerró: “Ya estamos acostumbrados a estas prácticas que solo buscan dañar la imagen del Gobierno para obtener un rédito meramente electoral”.
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