POLITICA
Análisis | El Gobierno choca contra su techo operativo

Un incidente, el del vuelo no inspeccionado del avión del ya célebre Leonardo Scatturice, convertido en un escándalo. Los gobernadores desairando al Presidente en la celebración de la Independencia. Un oficialismo acorralado en el Congreso frente a propuestas que amenazan el equilibrio fiscal. Un intento psicodélico de revertir esa amenaza filtrando a través de Alejandro Fantino un alerta apocalíptico sobre el futuro de la economía. La desmentida posterior de esa maniobra. En varios frentes se constata la misma dificultad: el Gobierno encontró un techo operativo.
Es cierto que las encuestas pronostican que a los candidatos de La Libertad Avanza (LLA) les irá bien en las elecciones nacionales. Pero el problema es de otra naturaleza. Si no mejora y reorganiza los recursos para gestionar la administración y la política, a Javier Milei se le multiplicarán las dificultades antes y, sobre todo, después de los comicios. Porque los votantes suelen agradecer los servicios prestados concediendo una victoria, pero después reformula sus exigencias con nuevos desafíos.
La Justicia será la que decida si quienes desistieron de examinar el equipaje de Laura Belén Arrieta y de los tripulantes del Bombardier matrícula N1BRU, que aterrizó en Aeroparque el 26 de febrero pasado, cometieron un delito. Lo que ya está claro es que, por el modo en que manejó esa novedad, la Casa Rosada incurrió en un enorme error político. El síntoma más inquietante de esta situación es que alguien engañó al Presidente. Es decir, alguien le dijo que ese vuelo había pasado por todos los controles. Y le permitió asegurar, con su particular estilo, que la información que afirmaba que no fue así era una falsedad mal intencionada.
Ayer Milei, en una entrevista con Luis Majul, debió admitir que aquella noticia era verdadera. Es más, se ufanó de que, gracias a que trascendió, su Gobierno puedo disponer una investigación sobre ese viaje. Detalló que el equipaje que se transportó eran 10 piezas: algunas veces habló de valijas, otras de “bultos”, otras de “bolsas de compras”. Como dictaminaron los fiscales Claudio Navas Rial y Sergio Rodríguez, apenas se declararon cinco. Aparece aquí otro indicio de que al Presidente lo cuidan poco. Él aseguró conocer la cantidad de valijas o bolsas que venían con Arrieta. Pero los fiscales dijeron que no podrían afirmarlo. Que las que aparecen en las filmaciones son, por lo menos, diez. Acaso sería más prudente que Milei no se exponga con justificaciones demasiado minuciosas. No vaya a ser que en cualquier momento lo llamen a declarar porque, como le dijo Majul algo sorprendido, “usted conoce esto con mucho detalle”.
Milei desarrolló varios argumentos para justificar que el vuelo no hubiera sido supervisado por la Aduana. Por momentos afirmó que no se trataba de un delito, pero también alegó que, por cierto, cabe la presunción de inocencia. El Gobierno ya había consumido capital institucional cuando, al conocerse por primera vez la noticia, le hizo decir a Manuel Adorni que el equipaje de Arrieta era sólo un carry on y que se habían agotado las revisiones: “Es fácticamente imposible que hayan visto a alguien con diez valijas, porque las valijas no bajaron del avión”, le hicieron decir al pobre Adorni.
Muchísimo más grave que el desgaste de Adorni es que la Casa Rosada haya dispuesto Juan Pazo, el titular de ARCA, saliera a dar la cara. No sólo porque Pazo, a pesar de ser el superior de la Aduana, ignora buena parte de lo que sucede en los estamentos inferiores del organigrama. Lo delicado es que este funcionario representa al ministro de Economía Luis “Toto” Caputo. Es decir, involucraron en el escándalo del avión al equipo económico, cuya credibilidad el Gobierno debería tasar como su activo más valioso.
Ayer Economía agravó sus problemas de comunicación con un mensaje terrible sobre el futuro, para desbaratar la sesión parlamentaria de hoy, en la que se aprobarían leyes peligrosas para la estabilidad fiscal. La conducta de Caputo sirvió para que un gracioso comentara: “No hay problema. Toto ya tiene reemplazante. Javier piensa recurrir a Jorge Ledesma, el pastor evangélico del Chaco, que convierte los pesos en dólares”. Las fuerzas del cielo.
Sobre el avión que trajo a Belén Arrieta desde Miami, Milei pasó de decir que se había controlado todo, a afirmar que hay veces que no se controla nada. El viaje de la joven fue una de esas veces. De todos modos, aseguró el Presidente, no hay que intranquilizarse porque la carga que entró por Aeroparque salió de los Estados Unidos, “donde te controlan todo; es decir, lo que venía, venía de un lugar donde tenía un control serio”. Eso sí, no pudo explicar por qué la Justicia no determinó todavía de dónde salió el avión de la polémica. Si de Fort Lauderdale o de Opa-locka. Como es obvio, tampoco puede informar qué traían las valijas. ¿Dinero? ¿Tecnología? ¿Ropa de cuero? Imposible saber.
La laguna más importante que dejó Milei en su larga justificación es de qué se trató la comunicación que se produjo a través del teléfono celular que intercambiaron Arrieta y una agente de Aduana al lado del avión. ¿Quién estaba del otro lado? Majul se lo preguntó, pero el Presidente evitó detenerse en el asunto.
Milei aclaró también que él se fotografió con Arrieta, pero que no es amigo de ella. Precisó, además, que sabía de la existencia de Scatturice. Pero que, si se lo cruzara, no lo reconocería. Dada la defensa que realizó sobre la corrección del vuelo de la polémica, esas prevenciones tal vez fueron exageradas. O ingratas.
Arrieta y, sobre todo, Scatturice, trabajan para la C-Pac, ahora rebautizada C-Pack, la convención conservadora donde el Presidente milita junto a Donald Trump. Scatturice pertenece a esa liga desde antes de que Trump ganara por segunda vez la presidencia. Más aún, su intervención fue crucial en el acercamiento de Milei con Trump. Mantiene, además, un vínculo muy estrecho con el entorno del presidente norteamericano, en especial con Barry Bennet, su principal estratega de marketing. Un protagonismo que no deja dormir a Gerardo Werthein, quien se frota las manos con la controversia por la Aduana.
A propósito de Werthein y Washington: ¿qué hay de cierto sobre un conflicto entre la poderosa Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) y la Cancillería argentina, por las reglas sobre propiedad intelectual, que afectan a la industria farmacéutica? El diferendo, que comenzaba a resolverse con Diana Mondino, se reabrió con Werthein, a quien se reconoce como gran amigo de los laboratorios nacionales.
Al tomar distancia de Scatturice, Milei abrió una herida en su vínculo con Santiago Caputo, el “Mago del Kremlin”. Caputo es el principal nexo entre el Gobierno y Scatturice. Esa relación es muy anterior a la asociación entre el Presidente y el “Mago”. Scatturice tiene varios negocios de tecnología arraigados en el área de Educación desde la gestión de Mauricio Macri. Tiempos en que el ministerio lo conducía Alejandro Finocchiaro. El encargado de asignar esos negocios era Manuel Vidal, hoy mano derecha del joven Caputo. Esas contrataciones se fueron renovando hasta el año pasado. En vez de hacerse con la Secretaría de Educación, pasaron a la empresa Educ.ar.
Según el informe del Monitor de Transferencias a Empresas Públicas de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), Educ.ar S.A.U. recibió el año pasado un incremento interanual real del 1.825% (mil ochocientos veinticinco por ciento). Gran parte de ese aumento fue destinado a la contratación directa con OCP Tech, la empresa de Scatturice en la que trabaja Arrieta, que habría cobrado más de 70 millones de dólares. En OCP Tech aclaran que esa operación fue recomendada por la Universidad Tecnológica Nacional debido a que ofrece tecnología de CISCO, ya adoptada por el Estado, a un precio más barato que el de la competencia. Más allá de esa justificación, el sagaz Scatturice no sólo zafa de la Aduana; también evitó la motosierra. Cuánto que aprender.
Scatturice se ganó, a través de Vidal, la confianza del “Mago”, quien lo consultó para cubrir la jefatura de la DGI. Así llegó a ese cargo Andrés Vázquez. Este funcionario está hoy muy expuesto por una batalla judicial alrededor de sumas fabulosas: la sanción a Pablo Otero, el “señor del Tabaco”, por un reclamo de la DGI por más de 1000 millones de dólares. Vázquez promete, y hasta ahora está cumpliendo, que el organismo seguirá en litigio con Otero. El caso está en la Corte, que decidirá de un momento a otro. Otero busca con ansiedad que la DGI se flexibilice. Dicen que tocó todos los timbres. Entre ellos el de Santiago Viola, cercanísimo a Karina Milei y, al parecer, al “fuerza del cielo” José Luis Manzano. Habladurías.
Scatturice está en el centro de una trama de hilos transversales. OPC Tech ganó un contrato de provisión de tecnología con la UBA. Allí el contacto sería el radical Emiliano Yacobitti, jefe político de Martín Lousteau. Un detalle interesante: con Yacobitti trabaja, o trabajó hasta hace muy poco, el encantador “Manu” Vidal. Es un dato relevante porque Vidal es alter ego de Santiago Caputo, quien es el responsable político de la SIDE. Y Lousteau es el presidente de la comisión bicameral de control de los organismos de Inteligencia. “Todo tiene que ver con todo”, dirían en San José 1111.
A pesar de que buena parte de la administración de LLA está a cargo de expertos en comunicación como el “Mago” Caputo, el escándalo del avión se debió más a las declaraciones de los funcionarios que a lo que, hasta ahora, se verificó sobre la carga. Si, cuando se publicó la información sobre el avión de Scatturice por primera vez, no hubieran reaccionado negando lo ocurrido, tal vez no habría tanto revuelo. Pero la torpeza armó el escándalo que ocupa hoy a los diarios. Con un inconveniente: en el Departamento de Estado, en los fondos de inversión, en los bancos, todavía leen los diarios. No se informan por las redes sociales. Un dato que debería contemplar “Toto” Caputo, el profeta del fin del periodismo.
El juez Pablo Yadarola avanza con la investigación. Quiere saber, entre otras cosas, quienes se comunicaron a través de ese teléfono que pasó de las manos de Arrieta a las de un agente de la Aduana. También pidió información al país de origen del vuelo, y al del destino final: Estados Unidos y Francia. Hay alguien que presiona a Yadarola: Yadarola. Sencillo: como no ser severo con el caso si él fue quien procesó a Julio De Vido, Claudio Uberti, Ricardo Echegaray y Exequiel Espinosa, entre otros, por el misterioso viaje de Guido Antonini Wilson en 2007. Una curiosidad: para procesarlos esperó hasta el 19 de diciembre de 2018. Pasaron 11 años. Lijo style.
El Gobierno presenta un deterioro de su instrumental político. El triángulo de hierro se oxida. Santiago Caputo queda dañado con el affair del avión. El otro lado, Karina Milei, carga con la cruz del caso $Libra, más pesada desde ayer, cuando Hugo Alconada Mon reveló que Hayden Davis, el inventor del memecoin, transfirió 500.000 dólares a una cuenta anónima antes de reunirse con Milei, y 1 millón de dólares antes de lanzar su moneda digital.
Desde que se conoció el informe de los fiscales Navas Rial y Rodríguez, en la intimidad del Gobierno se expande una pregunta: ¿Qué estará pensando Karina? Alguien que la conoce muy bien, describe: “Ella es viva, es perspicaz. Además, controla todo. Armó su propio grupo: los dos Menem, Lule y Martín; Pilar Ramírez; Viola; y Sebastián Pareja, que tiene cada día más poder. Entre ellos crecen cada vez más las prevenciones sobre “Santi” Caputo. Sobre todo porque da órdenes, pero no firma. No es funcionario. Un día agarra el pendrive de las cripto, se muda a Montana, y no lo vemos más”.
El déficit político que se advierte en el oficialismo se proyecta sobre el Congreso. El conflicto con los gobernadores está entrelazado con las iniciativas de la mayoría parlamentaria que amenazan la política fiscal. Milei argumentó ayer que se debe a una voracidad de recursos. Es posible. Pero con los jefes provinciales hay también una guerra de poder. Desde La Libertad Avanza han instalado en muchas provincias candidaturas para competir por la legislatura local, que es el reducto que interesa a los gobernadores. Los que se postulan suelen adoptar el tono altisonante, por no decir insultante, del Gobierno. Los caudillos agredidos reaccionaron vaciándole al Presidente el acto del 9 de julio. Y respaldando propuestas legislativas de reparto de recursos.
Milei dijo que los gobernadores quieren destruir su gobierno. Por la tarde, su mejor amigo en el periodismo, Alejandro Fantino, reveló una conversación off the record con el ministro de Economía. Aseguró que Caputo le dijo que, si se vulnera el equilibrio fiscal, todo se va a desmadrar hasta las elecciones: el precio del dólar, el riesgo país, la inflación, el nivel de empleo. Caputo aclaró después que había hablado con Fantino, pero que no fue en esos términos. Más aún: aventuró que el video del periodista revelando esa charla fuera falso. Sin embargo, parecía verdadero, en especial porque nadie pudo mostrar una versión distinta de esa parte del programa.
En el mercado circulaba ayer una explicación tan insólita como verosímil. Un financista la formulaba de este modo: “’Toto’ quiso hacer la picardía del off con Fantino. La ilusión era frenar la sesión del Congreso. O que los gobernadores cargaran con el peso de un desastre. Pero, cuando Fantino lanzó semejantes pronósticos, ‘Toto’ dio marcha atrás y dijo que todo era falso. Si se mira el original de Fantino, es tremendo. Y es difícil creer que inventó las explicaciones de ‘Toto’”.
Si esta narración fuera cierta, la imagen de un oficialismo sin prudencia ni brújula política se consolidaría. El ministro Caputo le dio verosimilitud al episodio corriendo al programa de Majul en LN+ para dar explicaciones de lo que, un rato antes, había dicho que era una fake news. En esa entrevista, además, acusó a los gobernadores de querer “seguir robando miles de millones de dólares”. Alguien debería avisarle que, aunque La Libertad Arrase, como había vaticinado por la mañana Milei, el Gobierno seguirá estando en minoría en el Congreso. Es decir: el acuerdo con las provincias seguirá siendo indispensable.
El programa económico plantea varios interrogantes. El volumen del déficit de cuenta corriente; la falta de reservas; el peso de la deuda. Sin embargo, Milei puede ufanarse de un éxito contundente en el principal, y acaso único, objetivo que se fijó: el retroceso de la inflación.
El techo operativo que aparece en estos días revela que todos los percances que afectan al Presidente son políticos. Por eso suena muy interesante la reflexión del célebre cientista político del barrio Santa Bárbara: “A su propio plan, Milei tiene que agregarle, después de las elecciones, el ‘plan Larreta’. Tiene que armar una alianza que represente al 70% de la política. La solución está en la casta”.
POLITICA
A un año del caso $LIBRA: los avances y puntos muertos de un expediente que se mueve a dos velocidades

A un año del tuit con el que Javier Milei promocionó la moneda digital $LIBRA, la causa local que investiga el caso como una supuesta estafa muestra algunas zonas fértiles, con medidas que esclarecieron rasgos de la maniobra, y otras áreas más pantanosas, marcadas por las demoras y los puntos muertos.
En los tribunales de Comodoro Py, el expediente se abrió con vértigo, a pocos días del hecho, cuando el caso ya había tomado por asalto la agenda pública. Pero desde entonces, avanzó por dos carriles de distinta velocidad.
Ese desfase quedó reflejado en un fallo reciente de la Cámara Federal que avaló las medidas patrimoniales dictadas contra algunos de los investigados, pero advirtió al juez Marcelo Martínez de Giorgi sobre la necesidad de acelerar la investigación para que esas medidas no se desnaturalicen con el paso del tiempo.
Los principales involucrados son casi los mismos que hace un año: el presidente Milei, cuyo tuit hizo disparar la cotización del activo; el creador de la moneda digital, Mark Hayden Davis; y quienes habrían sido el puente entre ambos, los socios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. La investigación también alcanza a Karina Milei, señalada por haber facilitado los encuentros entre las partes, y, en un segundo orden, al exasesor de la Comisión Nacional de Valores Sergio Morales y a Julian Peh, un empresario ligado al proyecto $LIBRA desde el plano técnico.
Los progresos más visibles ocurrieron sobre una serie de millonarias transferencias cripto, sospechosas tanto por sus montos como por sus fechas coincidentes con momentos clave en la vida del caso.
Un puñado de estos movimientos se concretaron el 30 de enero de 2025, luego de que Davis, Novelli y Terrones Godoy se reunieran por tercera vez con Milei en la Casa Rosada, catorce días antes del lanzamiento de la moneda y el tuit presidencial.
Con la asistencia técnica de organismos especializados y los aportes de plataformas digitales, la fiscalía de Eduardo Taiano esclareció parte de ese complejo entramado de transacciones. En la causa está acreditado que el 30 de enero -luego de su reunión con Milei- Hayden Davis transfirió un total de USDC 1.015.000 (una moneda virtual que corre aparejada al dólar) a una cuenta a nombre de Orlando Mellino, un jubilado de 75 años con domicilio en una dirección del municipio de Tigre cuya numeración no existe, según pudo corroborar la Justicia. Mellino recibió ese dinero digital a través de dos operaciones espejo y horas más tarde lo giró a una tercera cuenta.
Sobre Mellino flota una nube de misterio y la presunción de ser un “prestanombres”. La Justicia le impuso una medida patrimonial, pero hasta el momento no se ordenó ningún allanamiento y ni siquiera cuenta con domicilio válido en el expediente, confiaron las fuentes consultadas.
En la causa también está acreditado que unos días más tarde, el 3 de febrero, el empresario Hayden Davis giró un total de USDC 3.965.627 a la cuenta de otra cara nueva del caso: el influencer cripto colombiano Camilo Rodríguez Blanco. Tanto él como Mellino habrían sido un puente de paso en la maniobra investigada, porque la Justicia validó también que gran parte de los activos que recibió el influencer fueron luego movidos a cuentas controladas por Novelli y Terrones Godoy. Una cuenta de la que Novelli es cotitular, por caso, recibió USDC 695.990 en la noche del 3 de febrero.
La fecha es clave porque un día después, Novelli, su hermana María Pía, y su madre, María Rafaele, arribaron a una sucursal del banco Galicia en Martínez con bolsos en sus manos, manipularon varias cajas de seguridad y se fueron, según consta en las actuaciones de la causa. Los familiares de Novelli volverían al banco 13 días después, durante el primer día hábil tras el lanzamiento de $LIBRA, presumiblemente a vaciar esas cajas, porque cuando la Justicia las registró estaban vacías.
Sobre Camilo Rodríguez Blanco, Novelli, su hermana y su madre, Morales y Terrones Godoy también rigen medidas patrimoniales, pero algunas de ellas fueron perdiendo fuerza con el paso del tiempo -ahora hay embargos por montos menores- y la Cámara, en su fallo de enero de este año, marcó que, por ser de carácter excepcional, estas medidas patrimoniales deben sustentarse sobre avances genuinos en la causa.
“No solo para asumir una postura respetuosa de los derechos de quienes se encuentran sometidos a proceso, sino también para procurar los restantes fines del proceso penal”, marcaron los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
Los teléfonos y las querellas
Otra línea de la investigación que avanza sin apremios es la relativa a los peritajes. En allanamientos realizados en marzo del año pasado a domicilios de Novelli, Terrones Godoy y Morales, la Justicia secuestró una serie de dispositivos electrónicos.
El fiscal ordenó analizar su contenido en septiembre, siete meses después del operativo y, al día de hoy, en el expediente no figura ningún avance en ese sentido, según fuentes del caso que consultó . Uno de los investigadores, sin embargo, dijo a este medio que ya se trabaja sobre la información que arrojaron los peritajes.
Por el momento, del caso forman parte dos grupos de querellas. Consideran que hay reunidos suficientes elementos para avanzar, al menos, con la indagatoria de Novelli y Terrones Godoy.
El abogado Nicolás Oszust representa al especialista cripto Martin Romeo, y Juan Grabois y Nicolás Rechanik a otros tres damnificados.
Las querellas han presentado escritos cuestionando la marcha del expediente y solicitando una gran serie de medidas, algunas más fuertes que otras, como la detención de Novelli y Terrones Godoy y su indagatoria.
La defensa de Novelli y Terrones Godoy, por su parte, buscó apartarlos del caso, pero en diciembre último, la Corte Suprema los ratificó al no atender el reclamo que presentó su abogado Daniel Rubinovich.
El juez Martínez de Giorgi calculó en U$S 12.000 el perjuicio de los querellantes, pero eso podría cambiar si a la querella se suman nuevos damnificados: un grupo de dos bielorrusos golpea las puertas del expediente y clama haber perdido más de 2,3 millones de dólares.
Entre abril y noviembre del año pasado, la causa en los tribunales de Comodoro Py convivió incómoda con una investigación paralela que llevaron adelante diputados de la oposición en el Congreso, una pesquisa que, por momentos, parecía llevar la delantera sobre algunos vértices del caso.
Entre sus conclusiones -que fueron giradas al juez de la causa-, la comisión destacó que $LIBRA repitió la lógica de tres proyectos previos en los que también participaron Novelli, Terrones Godoy y Milei. Son CoinX, Vulcano y $KIP, el precedente más cercano a $LIBRA y del que también formaron parte Julian Peh y Hayden Davis. Todos fueron impulsados por Milei y acabaron con el colapso del valor de sus activos y denuncias por estafa.
En una de sus pocas aclaraciones posteriores al escándalo, Hayden Davis negó que $LIBRA fuera una estafa, al decir que fue un “plan que salió muy mal a nivel presidencial”.
Pese a ser uno de los asuntos más delicados para el Gobierno y a que en la causa se tomaron medidas tempranas contra Milei -se pidió información sobre sus teléfonos-, a casi un año del nacimiento del expediente, el Presidente no ha designado aún un abogado que lo represente en el caso.
Significa que, en términos formales, el jefe de Estado no tiene acceso al expediente. Es una toma de posición que contrasta con la reacción inicial cuando la causa crecía y el presidente deslizó que sería el ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, quien se pondría al frente de la estrategia judicial del Gobierno.
por tercera vez,ordenó analizar,Federico González del Solar,Javier Milei,Conforme a,Javier Milei,,Ranking de políticos y empresarios. La encuesta que revela la fortaleza de los hermanos Milei, el lugar de Cristina Kirchner y Macri y la influencia del círculo rojo,,Imputabilidad de menores. La Iglesia y los cultos evangélicos, en veredas opuestas ante la reforma del régimen penal juvenil,,Caso $LIBRA. La ruta de los 100 millones de dólares que permanecen ocultos a un año del escándalo
POLITICA
La CGT se reunirá este lunes para evaluar un paro general durante el debate de la reforma laboral en Diputados

Tras la aprobación en el Senado de la reforma laboral impulsada por el oficialismo, la conducción de la CGT resolvió convocar de urgencia a su Consejo Directivo. La cita será este lunes y tendrá como eje analizar una medida de fuerza que comenzó a ganar respaldo interno: un paro general de 24 horas para el día en que la Cámara de Diputados inicie el debate del proyecto promovido por Javier Milei.
En el Congreso, mientras tanto, los bloques opositores reconocen que no reúnen los votos necesarios para frenar la iniciativa en la Cámara Baja. Ante ese escenario, evalúan estrategias orientadas a dilatar el tratamiento y aumentar el costo político para el Gobierno.
Leé también: Crece la presión de los gremios a la CGT para que convoque a un paro general en rechazo a la reforma laboral
La reunión de la central obrera está prevista para las 16 y se realizará de forma virtual, ya que varios dirigentes se encuentran fuera de la Capital por el fin de semana largo. La convocatoria se aceleró a partir de las presiones de distintos sectores sindicales que reclaman una respuesta más contundente frente a la reforma, al considerar insuficientes las movilizaciones realizadas hasta ahora.
En un primer momento, los cotitulares de la CGT —Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio)— evaluaban reunir al Consejo Directivo recién hacia mitad de semana. Sin embargo, en las últimas horas optaron por anticipar la convocatoria ante las señales de varios referentes gremiales que impulsan un paro de 24 horas como forma de profundizar el rechazo al proyecto.
Leé también: El Gobierno asegura que tiene los votos para aprobar una nueva Ley de Financiamiento Universitario
La presión sobre la CGT por la reforma laboral
Según deslizan desde el propio ámbito sindical, el triunvirato no estaba convencido de avanzar con una huelga general. No obstante, advirtieron que en distintos gremios comenzaba a tomar forma la idea de un cese de actividades, lo que podría haber dejado a la central obrera desfasada si no asumía la conducción de la medida. De todos modos, aseguran que la definición se debatirá con intensidad en la reunión de este lunes.
Horas antes, el titular de la UOM, Abel Furlan, presionó a la CGT para que convoquen a un paro general en rechazo a la reforma laboral. “La CGT estuvo negociando con el Gobierno. Nosotros tenemos una opinión muy personal: no había nada para negociar en esos 213 artículos, porque presentan una pérdida de dignidad para los trabajadores. Había que rechazarlo de manera absoluta”, deslizó el dirigente a Futurock.
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) le hicieron el mismo reclamo a la central obrera. “Estamos pidiendo que la CGT convoque a un paro. Están dadas todas las condiciones y sobran motivos para llamar a una huelga general”, afirmó a TN, el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar.
Otro de los sindicatos combativos es la Federación de Aceiteros y su titular, Daniel Yofra, se sumó al reclamo de la UOM y ATE. Ante la consulta de si la CGT debe convocar a una huelga, Yofra respondió: “Ojalá que despierten antes del tratamiento de la ley en Diputados y larguen un paro. No hay posibilidades de frenar una ley como esta, si no hay un plan de lucha”.
CGT, reforma laboral, Diputados
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El bloque libertario conducido por Bullrich admite ahora que sumó a último momento el cambio en las licencias, pero dice que “no se entendió”

Tras la nota de que mostró el desconcierto en el Gobierno sobre un cambio de último momento en la reforma laboral que permite reducir los salarios en casos de licencias, desde el bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), conducido por Patricia Bullrich, admitieron que allí se gestó la decisión de sumar el artículo.
Las limitaciones a las licencias motivaron críticas de aliados del oficialismo en la Cámara de Diputados, donde debe ahora ser tratado el proyecto.
Sin embargo, en el bloque libertario del Senado argumentaron que «no se entendió» cómo será la aplicación, que estuvo “mal interpretada” y que no busca quitar derechos laborales, sino que la intención es “terminar con las mafias” de las “licencias truchas” y escuchar el “ruego” de dueños de Pymes y de un grupo de jueces laborales.
Los cambios que reducen el porcentaje de pago de las licencias –del 100% actual al 75% o 50%, de acuerdo a las circunstancias- no estaban en el texto original que firmó el presidente Javier Milei.
Sin embargo, la modificación fue sumada a la media sanción aprobada del Senado, con el voto a favor de los aliados.
En el Gobierno, el viernes, tomaron distancia del cambio e incluso dijeron que debería haber sido idea de algún “senador”, mientras que los legisladores que colaboraron con la aprobación apuntaron directamente al oficialismo.
Este sábado, en diálogo con , desde el bloque libertario se hicieron cargo de haber incluido en el proyecto el artículo 44, del capítulo VII, con los cambios en el régimen actual de licencias.
“La introducción fue por pedido de jueces laboralistas razonables y por el ruego de los empresarios Pymes”, indicaron en la bacada conducida por Bullrich.
Ese grupo de magistrados, según el oficialismo, habría asesorado a La Libertad Avanza en el devenir de la reforma oficialista, cuyas conversaciones llevó adelante Bullrich en la Cámara alta. “Estamos para terminar con las mafias”, acotaron desde el bloque y dijeron: “Lo introdujimos con Legal y Técnica”.
El texto, aprobado en el Senado y en tránsito a Diputados, dice así: “En caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida dicha prestación, el trabajador tendrá derecho a percibir el 50% de su remuneración que perciba al momento de la interrupción de los servicios si la imposibilidad de trabajar fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implicara algún riesgo en la salud durante un período de tres meses si el trabajador no tuviera personas legalmente a su cargo, o de seis meses si las tuviera».
El artículo agrega que “si la imposibilidad de trabajar no fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador sobre el riesgo en la salud, percibirá el 75% de tal remuneración, en cualquier caso, durante el mismo período de tiempo dispuesto en el párrafo precedente».
Según las fuentes del bloque que hablaron con , el texto “se entendió mal” por el “bajo conocimiento de derecho laboral”. Dijeron que, en realidad, lo que supuestamente quiere expresar es que la baja en los haberes se hará desde los tres meses y desde los seis meses de licencia, de acuerdo a cada caso. Además, se mostraron abiertos a que si hay que realizar más aclaraciones, se puedan incluir en la reglamentación de la ley o en el convenio colectivo de la actividad.
La cuestión generó un escándalo desde el momento mismo en que el miembro informante, el senador libertario de Chaco, Juan Cruz Godoy, sumó el apartado en plena sesión. Según pudo reconstruir , el agregado apareció en las conversaciones entre oficialismo y aliados durante la última etapa de negociaciones en el Senado.
En un primer momento, el kirchnerismo -que votó en contra- lo denunció. Después, el ministro Federico Sturzenegger fue a Radio Mitre y debió explicar de qué se trataba, y así el tema tomó estado mediático.
En el Gobierno, el viernes, nadie se hizo cargo de haber ideado o pedido esas modificaciones. Una voz importante de la Casa Rosada deslizó que podría haber sido “algún senador”.
Al mismo tiempo, otras fuentes refirieron que Sturzenegger tuvo que salir a explicar los cambios porque justo le hicieron una entrevista, pero que no había sido de ninguna manera el ideólogo de este extracto; que el ministro del Interior, Diego Santilli, tampoco estaba al tanto; y que al secretario de Trabajo, Julio Cordero, se lo había visto “indignado” por este tema. Mientras, fuentes del bloque habían desconocido el autor, pero habían justificado los cambios.
Este sábado, desde la bancada admitieron que la modificación salió de ahí. “En la práctica se verificó un incremento de reclamos laborales sustentados en certificados médicos apócrifos o carentes de respaldo clínico, mediante los cuales se extienden licencias en forma reiterada sin causa que lo justifique. Asimismo, se advierte la existencia de circuitos irregulares (truchos) en los que determinados profesionales emiten constancias médicas a cambio de sumas de dinero, que varían según la cantidad de días a justificar -con mayor costo cuando se trata de prórrogas- y la patología invocada. Esas certificaciones son usadas para justificar ausencias que en muchos casos no responden a situaciones reales“, señalaron desde el bloque que comanda Bullrich.
Dijeron, también, que esto genera un impacto “económico y organizacional significativo” en las empresas. “La reiteración de certificados médicos impide determinar con certeza la duración efectiva de la ausencia, lo que dificulta la planificación operativa y la eventual contratación de personal de reemplazo. Como consecuencia, se incrementan los costos laborales y se afecta de manera particular a las Pymes, que cuentan con estructuras más acotadas y menor capacidad de absorción financiera”, plantearon.
Además, argumentaron que la reforma laboral libertaria mantiene “toda la normativa” de la Ley de Contrato de Trabajo en relación a la conservación del empleo y la reincorporación del trabajador, prevista en los artículos 211 y 212.
El viernes, senadores aliados le echaron la culpa al Gobierno por los cambios y dijeron a que incluso la idea oficial era mucho más restrictiva sobre las licencias, pero que ellos no quisieron convalidar todos los planteos. Desde el bloque libertario dijeron no recordar nada en relación con eso.
Estallado el tema, distintos abogados laboralistas advirtieron por una posible judicialización.
Ahora, además, el Gobierno está alerta por la posibilidad de que esa parte del articulado sea rechazada en Diputados o por la chance de que le introduzcan cambios, lo que dilataría los tiempos, ya que el proyecto tendría que volver al Senado. Eso iría en contra de la idea de la Casa Rosada, que era tener aprobada la reforma laboral antes de marzo.
nota de LA NACION,Paula Rossi,Reforma laboral,Senado de la Nación,Conforme a,,Pago de licencias. Acusaciones cruzadas y desconcierto en el Gobierno por un cambio a última hora en la reforma laboral,,Denuncian aprietes. Se agudiza la interna peronista y cada vez hay más ruido de ruptura en el kirchnerismo del Senado,,Tratado comercial. Las relaciones cárnicas: de Roca-Runciman a Milei-Trump,Reforma laboral,,¿Al cine le quedan dos años? Cómo impactan los cambios de la ley laboral en la financiación de las películas argentinas,,Pago de licencias. Acusaciones cruzadas y desconcierto en el Gobierno por un cambio a última hora en la reforma laboral,,Reforma laboral. Qué pasaría con las jubilaciones al reducirse las contribuciones patronales
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