POLITICA
Analizan más de 15 celulares secuestrados en las causas contra el juez Bailaque: quedó al borde del Jury
Hay cientos de chats, pero también información valiosa que aporta la ubicación de cada llamada, y los entrecruzamientos de todas la comunicaciones para saber con quiénes hablaban los imputados. La información surge de más de 15 celulares secuestrados por la Justicia en las tres causas abiertas contra el juez federal Marcelo Bailaque, que esta semana quedó a un paso del juicio político. El teléfono del magistrado es el más importante aunque todavía no se pudo abrir. Ya están bajo análisis el celular de un secretario del juzgado, y otros tres aparatos secuestrados al ex jefe de la ex AFIP de Rosario y Santa Fe, Carlos Vaudagna, un persona clave en la trama.
Los teléfonos, secuestrados en su mayoría en la causa por la supuesta extorsión a dos empresarios, fueron abiertos por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), un organismo que depende del Ministerio Público Fiscal, y el contenido ahora está siendo analizado por los fiscales que intervienen en las investigaciones.
“No es sólo análisis de los chats, también hay entrecruzamiento de llamadas, GPS, y ubicaciones, es un análisis más global”, explicó una fuente de la investigación.
Son más de 15 teléfonos. El más importante es el de Bailaque, secuestrado en noviembre del año pasado, durante un allanamiento en su juzgado, a cargo de la Gendarmería, aunque todavía no se logró abrir, pudo saber este medio de fuentes judiciales. En ese operativo también se llevaron el celular de su secretario letrado, Gustavo Guazzaroni.
En el listado también aparecen los teléfonos del empresario Guillermo Whpei, del abogado y contador Omar Rizzo, de Román Scattolon (de la dirección General Aduanera Hidrovía de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero), y de otros funcionarios de la ex AFIP.
“El teléfono de Whpei no aporta demasiado: la mayoría de los mensajes están borrados y no se encontraron conversaciones con Bailaque”, asegura una fuente con acceso al expediente. Sin embargo, los fiscales encontraron decenas de llamados con el juez.
Whpei es un empresario poderoso de Rosario. La acusación en su contra es por su vínculo estrecho con el juez federal. Los fiscales que intervienen en las causas lo acusan de haber participado en una maniobra para extorsionar a dos financistas. Pero también está imputado por utilizar esa influencia para direccionar $1.000 millones hacia una entidad financiera que preside.
La causa de la extorsión a los financistas se potenció a partir del testimonio del ex titular de ARCA de Rosario y Santa Fe Carlos Vaudagna, quien se arrepintió ante la Justicia y entregó varias propiedades.
Según ese testimonio, la maniobra comenzó en 2019, tras una reunión en la casa de Bailaque, en la que también estuvo el empresario Whpei y un periodista. El primer paso fue una “investigación” administrativa en la ex AFIP contra el agente de bolsa Jorge Oneto y el empresario Claudio Iglesias. Con ese material, se hizo una denuncia anónima para que intervenga el juzgado de Bailaque. El objetivo final era pedirles dinero a los empresarios a cambio de cerrar las investigaciones. Pero había otro motivo oculto: una interna en la compañía de seguros San Cristóbal, donde Iglesias aspiraba a un cargo.
Vaudagna reconoció que los financistas terminaron pagando 160 mil dólares, en varias cuotas.
El rol de Whpei habría sido clave porque hizo de intermediario con los financistas. La primera reunión, según el testimonio del arrepentido y de los propios empresarios, había tenido lugar en octubre de 2019, en las oficinas de Whpei, en Sarmiento al 700, en el centro de Rosario.
Whpei también está acusado de haber influenciado en la decisión de Bailaque de transferir fondos de la cooperativa de trabajadores portuarios de San Lorenzo y Puerto San Martín a la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, que pertenece al Grupo Unión, de los hermanos Whpei.
Concretamente, los fiscales le imputan haber desplegado “maniobras” para lograr determinar al interventor judicial de la cooperativa y a Bailaque para que promuevan el desbloqueo de los fondos entre febrero de 2020 y abril de 2021. En total fueron 1.000 millones de pesos. “La decisión del juez estuvo precedida de un pedido del interventor y los fondos no fueron todos a la misma mutual”, destacó una fuente de la defensa de Whpei.
El empresario fue detenido en un primer momento pero luego se le otorgó la domiciliaria porque está a cargo de una hija discapacitada.
Bailaque tiene otra causa por presuntas maniobras dilatorias en favor del capo narco Esteban Alvarado y su ex esposa Rosa Natalí Capuano, con quienes habría tenido una conexión a través del contador Gabriel Mizzau.
El teléfono del contador se abrió hace tiempo. Los mensajes y las comunicaciones fueron una prueba clave. De hecho, se determinó que tenía más de 800 llamados con la ex mujer de Alvarado.
Al momento de la imputación, los fiscales Juan Argibay Molina, Matías Scilabra y Federico Reynares Solari le atribuyeron a Bailaque no haberse excusado al intervenir en una causa contra Alvarado que estaba en su despacho desde 2013. Concretamente, lo acusaron de haber demorado escuchas telefónicas a Natalí Capuano, quien estaba como responsable de una de las empresas mencionadas.
Los fiscales vienen trabajando junto a los titulares de la Procelac, Diego Velasco, y de la Procunar, Diego Iglesias, quienes intervinieron activamente del proceso.
“No tengo ni tuve ningún tipo de vinculo de modo directo ni a través de un tercero, amigo o no, con narcotraficante alguno. Jamás he tenido trato alguno para favorecer a personas investigadas por narcotráfico, inconcebible además en esta ciudad que ha sido golpeada en mayor medida por el contexto de violencia en relación al mundo del tráfico ilícito de estupefacientes”, sostuvo Bailaque en su defensa ante el Consejo de la Magistratura.
El juez no logró conmover a los consejeros. Por unanimidad, esta semana la Comisión de Acusación votó la apertura de un Jury y la suspensión del magistrado. “Se encuentra debidamente acreditado y configurado el mal desempeño del magistrado Bailaque, por obrar con falta de integridad, de transparencia, de imparcialidad, de probidad y de decoro, que les es exigida a los magistrados de la Nación, en perjuicio del sistema de justicia y erosionando así la confianza pública en el sistema judicial”, opinó el diputado Alvaro González, que encabezó la investigación, antes de la votación.
El juicio político quedó en manos del plenario del Consejo de la Magistratura. Para avanzar se necesitan los dos tercios de los integrantes. El proceso se interrumpirá si el Gobierno acepta la renuncia de Bailaque. Según pudo saber este medio, hay un debate interno si se debe aprobar o rechazar la renuncia.
La investigación penal avanza por otro camino. “Lo que queda ahora, una vez analizada la prueba, es presentar la acusación para ir a juicio”, resumió uno de los fiscales involucrados. Para eso, el contenido de los teléfonos puede ser determinante.
El proceso contra Bailaque expuso las bondades del sistema acusatorio, que en dos meses comenzaría a implementarse en Comodoro Py. Las audiencias son orales y el proceso avanza a otra velocidad.
En la audiencia donde los fiscales expusieron la imputación contra el juez federal se conocieron varios mensajes encontrados en un celular de Vaudagna. Ahora los fiscales analizan el contenido de otros tres celulares secuestrados al ex funcionario de ARCA en octubre del año pasado.
Las pericias no terminaron. Esta semana se abrirán cuatro pen drive y una computadora.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue el encargado de comunicar la presentación judicial contra una serie de manifestantes, a los que el Gobierno identificó como los culpables de los incidentes en las inmediaciones del Congreso.
“Atacar al Congreso de la Nación y agredir a las fuerzas de seguridad es un delito grave contra el orden constitucional. El que las hace, las paga”, señaló el funcionario libertario en las últimas horas.
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Según dejó trascender el oficialismo, son 17 los identificados y gran parte de ellos, cuenta con antecedentes por robo agravado, lesiones y otros delitos.
Los nombres brindados por el Ministerio de Seguridad, fueron: Lucas Horacio Cabrera, Claudio Marcelo Figueroa, Héctor Rodolfo Cabrera, Martín Castiñeiras, Federico Alberto Mazzagalli, Matías Enzo Roldán y Patricio Hernán Castellan.
También figuran Denis Alejandro Figueredo, Néstor Alejandro Flores, Lucas Ezequiel Lobato, Nahuel Ezequiel Britos, Carlos Nicolás Kipper Amalfi, Manuel Edgardo Barrios, Natanael Benjamín Aguirre, Jorge Ismael González, Pedro Antonio Juárez y Roberto Daniel Tassano.
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La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que el Gobierno presentará una denuncia por terrorismo contra los responsables de los hechos violentos registrados durante el debate de la reforma laboral en el Congreso.
Según explicó, los incidentes no fueron “una agresión más contra las fuerzas de seguridad, sino una acción organizada destinada a desestabilizar el orden institucional”.
Monteoliva subrayó que los actos excedieron “el marco de las manifestaciones tradicionales”. “Gente con bidones de nafta y bombas molotov en la mochila, bulones para tirar con gomera, palos de bandera convertidos en lanzapalos. ¿Cómo se llama eso? Eso es violencia extrema con la intención de desestabilizar”, afirmó. Y agregó: “Fue un acto de terrorismo”.
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La funcionaria precisó que la denuncia invocará la Ley Antiterrorista (N° 26.734), que contempla penas más severas, detenciones sin excarcelación inmediata y una investigación federal.
“Vamos a denunciar por terrorismo, porque una bomba molotoves una bomba. Es un arma, y con toda la intención de generar no solo muerte, sino caos”, enfatizó.
Sobre el accionar policial, Monteoliva explicó que la prioridad fue dispersar los focos de violencia con agua y gases para minimizar daños. “La intención primera es dispersar precisamente para desconcentrar ese conflicto que se había focalizado en dos o tres puntos”, dijo. También destacó la dificultad de detener a los agresores en flagrancia: “No había manera de detenerlos con brigadas en ese momento cuando están tirando bombas molotov”.
Hasta el momento se identificaron más de diecisiete personas, con edades que van de 20 a más de 60 años, provenientes de distintas provincias. La ministra aclaró que no todos tienen antecedentes, aunque algunos presentan historial delictivo extenso, y mencionó la posible vinculación de algunos con barras bravas o agrupaciones de izquierda combativa y anarquistas.
Monteoliva rechazó rumores sobre policías infiltrados: “Eso de estar diciendo que es un policía o que es un expolicía, no sé de dónde lo sacan. Es un disparate”. Según el balance oficial, hubo más de setenta detenidos y heridos leves, principalmente efectivos y civiles.
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POLITICA
“Una de más”: el Gobierno reconoce que los cambios a las licencias por enfermedad podrían traer problemas en las negociaciones
El proyecto de reforma laboral que el oficialismo logró aprobar en el Senado había pasado casi desapercibido en uno de sus aspectos: la reducción sustancial de los plazos de las licencias pagas y la redefinición del porcentaje salarial que percibirán los trabajadores ante enfermedades o accidentes no vinculados al trabajo.
En el bloque legislativo de La Libertad Avanza reconocen que ese apartado había pasado “por debajo del radar” hasta el mismo día de la sesión en el Senado. Pero señalan que el tema cobró relevancia la mañana siguiente a la media sanción, cuando el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, brindó un ejemplo para explicar el alcance de la medida.
“Si te lastimaste jugando al fútbol, es decir, en una situación en la que tomaste una acción activa y el empleador no tuvo nada que ver, y quedaste temporalmente incapacitado para trabajar, en ese caso la cobertura es del 50%”, indicó. “La idea es que esto también apunta a reducir las licencias que se volvían prácticamente eternas, porque en la práctica no implicaban ningún costo para la parte que ingresaba en ese esquema”, agregó.
Dos miembros del Poder Ejecutivo reconocieron que ese ejemplo catapultó el tema de discusión a la agenda pública. “Se mandó una de más, como siempre”, afirmó una fuente del bloque de La Libertad Avanza a Infobae.
“Eso fue lo que calentó, como cada vez que sale a hablar Sturzenegger”, comentó un miembro del oficialismo. La molestia dentro del Gobierno no se debe al contenido del ejemplo, con el que están de acuerdo, sino a que no era el momento de instalar esa cuestión en la agenda pública.
Los especialistas en comunicación ya analizan cómo revertir la carga negativa que tuvo ese caso en los medios y en las redes. El Gobierno cuenta con más de una semana antes de que se trate esta cuestión en una sesión en el recinto, y La Libertad Avanza debe conseguir adhesiones en la Cámara de Diputados para que el proyecto remitido desde el Senado no sufra modificaciones.
Si se rechaza o modifica un solo título del proyecto, el oficialismo debe devolverlo a la Cámara alta, lo que demoraría la sanción definitiva de toda la reforma. Milei ya firmó el decreto para extender un día más el período de sesiones extraordinarias para que la reforma laboral pueda tener sanción el 28 de febrero, un día antes de la Apertura de Sesiones Ordinarias en la que hablará Javier Milei.
El temor en el oficialismo es que la discusión que se generó sobre este punto desincentive a actores de la oposición dialoguista para avalar ese apartado. Una alta fuente reconoció a Infobae su preocupación por no poder conseguir los votos necesarios para ratificar ese punto.
Tras la media sanción de la reforma, el oficialismo afirmaba tener asegurados los votos para la aprobación en general y altas posibilidades para las votaciones en particular. Actualmente, esto no está garantizado: el primer bloque que expresó su desacuerdo fue el PRO, al pedir que se reincorpore el artículo que permite recibir el sueldo a través de una billetera virtual.
El bloque de Provincias Unidas mantiene serias diferencias con más aspectos del proyecto. “Vamos a marcar diferencias en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), en el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI). Con lo de las licencias por enfermedad no hay fisuras, nos oponemos”, remarcó uno de sus integrantes, informando que solo hay apoyo de ese bloque en 9 de los 26 títulos.
Las críticas sobre la modificación de las licencias surgen por lo que podría ocurrir en casos de enfermedades más graves y que no necesariamente tengan vínculo directo con el desempeño en el lugar de trabajo. Además, se discute si esto traerá mayor judicialización o no, un aspecto que el proyecto busca reducir. El abogado laboralista Julián de Diego afirmó a Infobae En Vivo que la reforma provocará una mayor cantidad de conflictos legales en las empresas.
Qué dice la modificación de las licencias por enfermedad
Las nuevas reglas establecen límites de entre 3 y 6 meses para las licencias pagas, según si el trabajador tiene personas a cargo, y reducen los porcentajes de sueldo abonados durante la baja.
El texto prevé que, cuando la imposibilidad de trabajar derive de una actividad voluntaria y consciente que implicara un riesgo para la salud, el empleado percibirá el 50% de su remuneración básica. Este período será de 3 meses si no tiene cargas de familia y de 6 meses si las tuviera. Para situaciones donde no hubo voluntad ni conciencia del riesgo, el porcentaje de pago sube al 75%, manteniendo el mismo plazo de licencia.
Estas modificaciones resultaron de extensas negociaciones entre el Gobierno y las empresas. En el esquema vigente, un trabajador con menos de 5 años de antigüedad y sin cargas de familia accede a una licencia paga de 3 meses, y de 6 meses si tiene cargas de familia. Si la antigüedad supera los 5 años, actualmente la licencia por enfermedad o accidente es de 6 o 12 meses según el grupo familiar, y se paga el 100% del sueldo. La reforma elimina la extensión a 12 meses y el pago total, limitando la licencia a un máximo de 6 meses y ajustando el porcentaje abonado.
Estas disposiciones también abarcan los accidentes o enfermedades psiquiátricas originadas fuera del trabajo y obligan al trabajador a informar de inmediato cualquier imposibilidad para asistir al primer día laboral por enfermedad o accidente, salvo motivos de fuerza mayor. Si el aviso no se realiza y no se comprueba la causa posteriormente, se pierde el derecho a la remuneración.
Las inasistencias deberán justificarse mediante certificados médicos emitidos y firmados digitalmente por profesionales habilitados. El trabajador deberá someterse a controles médicos designados por el empleador; si existiera una discrepancia insalvable entre diagnósticos, la ley prevé la intervención de una junta médica en entidad oficial o la solicitud de un dictamen en institutos reconocidos, cuyo costo asumirá el empleador.
Respecto a la recidiva de enfermedades crónicas, la reforma aclara que no serán consideradas nuevas enfermedades, salvo que la reaparición ocurra después de 2 años desde el primer episodio. La normativa también establece que la suspensión del trabajador por motivos económicos o disciplinarios no afecta el derecho a cobrar la remuneración parcial correspondiente a la licencia paga por enfermedad o accidente.
POLITICA
Coimas en la ANDIS: la Cámara Federal obligó a revisar el embargo multimillonario contra la empresa aérea Baires Fly
La investigación judicial por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo. La Cámara Federal porteña dispuso recalcular el embargo millonario que pesaba sobre la firma de aviación privada Baires Fly SA, una de las compañías señaladas en el expediente por supuestos movimientos financieros vinculados al pago de medicamentos.
El embargo había sido fijado por el juez federal Sebastián Casanello por una suma superior a los $7.000 millones. Sin embargo, los camaristas entendieron que el monto carecía de fundamentación suficiente y resultaba desproporcionado frente al estado actual de la causa, por lo que ordenaron emitir una nueva resolución con criterios más precisos.
Los magistrados remarcaron que la medida cautelar debe mantenerse, pero con un cálculo acorde a la evidencia reunida hasta el momento. En otras palabras, la empresa continuará afectada patrimonialmente, aunque el monto será redefinido.
El rol de la empresa en la causa
La investigación gira en torno a presuntas maniobras de facturación simulada y lavado de dinero vinculadas a la compra de medicamentos destinados a personas con discapacidad. Según la hipótesis fiscal, parte de los fondos habría sido canalizada a través de distintas empresas, entre ellas la aerolínea privada.
Coimas en la ANDIS: la Justicia procesó a Diego Spagnuolo por corrupción
El expediente incluye comunicaciones y transferencias bancarias bajo análisis judicial. De acuerdo con la pesquisa, algunas droguerías habrían enviado dinero a cuentas relacionadas con la compañía aérea, tras lo cual se emitían comprobantes por supuestas horas de vuelo o kilómetros aéreos.
La Justicia sospecha que esos servicios no se habrían prestado realmente y que las facturas podrían haber servido para justificar movimientos financieros. En el expediente se detectaron comprobantes emitidos entre 2023 y 2025 por montos millonarios, lo que motivó la intervención del juzgado y la posterior medida de embargo.
En paralelo, el magistrado procesó al ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, junto a otros imputados, por delitos que incluyen asociación ilícita, cohecho y defraudación contra la administración pública. La causa continuará bajo la subrogancia del juez Ariel Lijo, quien deberá tomar nuevas declaraciones indagatorias.
Entre las personas citadas figura un empresario vinculado a la compañía aérea, sospechado de haber participado en la circulación del dinero investigado. La fiscalía considera que su intervención pudo haber sido clave para canalizar transferencias provenientes de empresas proveedoras del Estado.
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Los cuestionamientos de la Cámara
El tribunal de apelaciones señaló que, si bien existen elementos que justifican la cautelar, la suma fijada inicialmente no guarda relación clara con la responsabilidad que, por ahora, se le atribuye a la firma. Incluso destacó que la empresa no fue imputada formalmente como persona jurídica al momento de dictarse la medida.
Por ese motivo, los jueces indicaron que el juzgado debe volver a analizar la afectación patrimonial y establecer un monto razonable sustentado en pruebas concretas. Uno de los camaristas, en minoría, consideró suficiente aceptar como garantía una aeronave ofrecida por la empresa.
Además, en otra resolución vinculada al expediente, la Cámara dispuso revisar cómo se incorporaron al proceso ciertos audios que mencionarían presuntos pagos ilegales a funcionarios, una decisión que podría incidir en la validez de parte de la prueba.
La causa ANDIS se transformó en uno de los expedientes judiciales más delicados en materia de corrupción vinculada al sistema de salud y asistencia social. Con nuevas indagatorias en puerta y medidas bajo revisión, el avance de la investigación podría tener impacto político y judicial en los próximos meses.
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