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Andrés Vázquez, jefe de la DGI, pagó con cheques a su nombre impuestos de tres condominios en Miami que no declaró en la Argentina

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El titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Edgardo Vázquez, pagó durante años los impuestos inmobiliarios de tres departamentos en el estado de Florida cuyas valuaciones superan los 2 millones de dólares, propiedades que nunca declaró como funcionario público ante la Oficina Anticorrupción (OA), según surge de nueva documentación pública oficial del condado de Miami-Dade que obtuvo .

Esos documentos oficiales muestran que Vázquez abonó los impuestos a título personal, con cheques electrónicos (“e-checks”) emitidos a su nombre, sobre tres propiedades ubicadas en las avenidas Brickell números 495 y 1060 de Miami, y en Collins número 17.475 de Sunny Isles, en el extremo sudeste de Estados Unidos. Según dos fuentes con acceso a las actuaciones judiciales, todavía no está comprobado si Vázquez declaró esos inmuebles y/o el entramado societario utilizado ante el organismo para el cual trabaja: la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP).

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Andrés Vázquez, jefe de la DGI, en la foto de su pasaporte, incluida en los registros de constitución de sus sociedades offshore
Un documento del condado de Miami-Dade en el que figura el pago de impuestos de uno de los departamentos de Andrés Vázquez con un cheque a su nombre

Vázquez administra dos de esas propiedades en Florida –la tercera la vendió–, mediante un esquema de sociedades offshore que controla desde hace trece años. Esas compañías, de acuerdo a la documentación disponible, continúan activas. La estructura abarca una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) que es controlante de otras dos compañías constituidas en Panamá, que a su vez sirvieron de vehículo para controlar los inmuebles en Miami.

, en una investigación conjunta con el Centro Latinoamericano de Periodismo de Investigación (CLIP), reveló la existencia de esas tres propiedades en diciembre pasado, lo que generó la apertura de una investigación judicial por la presunta comisión de los delitos de omisión maliciosa, evasión tributaria y lavado de activos.

La pesquisa quedó primero en manos del juez federal Daniel Rafecas y del fiscal Carlos Rívolo, quien requirió exhortos a Estados Unidos y varios paraísos fiscales. En septiembre Vázquez hizo una presentación a partir de la cual logró que el expediente pasara al juez Marcelo Martínez de Giorgi y al fiscal Guillermo Marijuán (que ya instruían otra causa sobre él).

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La investigación judicial se encuentra ahora en pleno desarrollo, según confirmaron fuentes judiciales a . El juez ordenó múltiples medidas que solicitó el Ministerio Público Fiscal; es decir, Marijuán y dos fiscalías especializadas: las procuradurías de Investigaciones Administrativas (PIA) y de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Designado en octubre de 2024 por el presidente Javier Milei para luchar contra la evasión fiscal y promover la recaudación tributaria, al asumir Vázquez colocó en puestos estratégicos a su pareja y a colegas de su confianza del área de fiscalización, varios de los cuales habían acumulado cuestionamientos por su rol dentro de la AFIP durante las investigaciones sobre Lázaro Báez y Cristóbal López, entre otros íconos kirchneristas.

LA NACI0N consultó al funcionario desde el jueves. Le envió una serie de preguntas escritas, a través de una vocera, pero al cierre de esta edición no había respondido.

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Funcionario desde 1990 de la por entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Vázquez se convirtió con el paso de los años en un referente clave del área de inteligencia fiscal del ente recaudador y director de la estratégica Regional Sur Metropolitana entre 2009 y 2016, período en el que afrontó denuncias penales; entre otras, por un operativo contra el Grupo Clarín durante el apogeo del kirchnerismo.

Fue también durante el kirchnerismo cuando Vázquez adquirió los tres inmuebles en Miami. Los compró entre 2013 y 2015, a nombre de la firma Alcorta Corp y Pompeya Group Corp, según surge de documentos oficiales de esa ciudad. Meses después, Vázquez reconfiguró la estructura y las tres propiedades quedaron bajo las órbitas de Panchy Ventures Limited y Galanthus Capital Limited, dos sociedades constituidas en las Islas Vírgenes Británicas (BVI).

El complejo Icon Brickell, en Miami, donde compró un departamento Andrés Vázquez, jefe de la DGI del gobierno de Milei

La ley de ética pública, de 1999, obliga a los funcionarios estatales a presentar una declaración jurada al año en la que consten todas las propiedades y bienes a su nombre o a los de su familia inmediata.

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El 9 de enero de 2013, Alcorta Corp adquirió la unidad 3504 en el complejo Icon Brickell, en el número 495 de la avenida Brickell, por 710.000 dólares. Un día después, esa misma sociedad compró otro departamento, en el 1060 de la avenida Brickell, por 350.000 dólares. Y en 2015, Pompeya Group Corp compró la tercera propiedad, la suite 904 del condominio Chateau Beach Residences, en Sunny Isles Beach, por 980.000 dólares.

Según la documentación tributaria y registral que obtuvo , el primer inmueble es un condominio de 140 metros cuadrados. El 29 de noviembre de 2014 figura que “Andrés E. Vázquez” pagó 13.649,91 dólares en concepto de “Real Estate Property Tax” con el echeck 15-070721; en 2015, “Andrés Edgardo Vázquez” pagó 14.051,70 con el echeck 16-113095; y en 2016 fueron 13.798,24 con el echeck 17-022080, práctica que continuó hasta que a partir de 2019 Alcorta Group se encargó del pago anual.

Otro documento en el que figura el pago de impuestos de uno de los departamentos de Andrés Vázquez con un cheque a su nombre

Según esa misma documentación, el segundo inmueble está tasado hoy en 419.200 dólares. Y el mismo día de 2014, 29 de noviembre, y con el mismo echeck que usó para pagar la propiedad anterior -el 15-070721-, “Andrés E. Vázquez” pagó 8077,24 dólares en concepto de “Real Estate Property Tax”. Y también figuró por su nombre completo al abonar las obligaciones en 2015 y 2016, siempre con cheques electrónicos.

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El tercer inmueble, en tanto, se trata de un condominio de 136 metros cuadrados y en 2019 fue puesto otra vez en el mercado con una valuación de 1.190.000 dólares. Como en las anteriores dos propiedades, “Andrés Edgardo Vázquez” figura como el que pagó el impuesto inmobiliario con echecks entre 2016 y 2018, para luego figurar Alcorta Corp.

Constancia de 2018 del pago de impuestos por parte de Andrés Vázquez por una propiedad en Miami

Los registros tributarios del condado de Miami no son el único eslabón que conecta a Vázquez con los tres inmuebles. En la sociedad Panchy Ventures Limited aparece en los registros junto a Silvia Ivone Rodríguez –su primera esposa, también funcionaria de la AFIP–, con un título de copropiedad con derecho de supervivencia, y un paquete de 50.000 acciones que repartieron entre ambos por mitades, hasta que la sociedad se disolvió en 2022.

En la sociedad Galanthus Capital Limited, Vázquez figura como único director de la compañía creada por el bufete Trident Trust, que lo categorizó como cliente de riesgo por su condición de funcionario público y «Persona Políticamente Expuesta (PEP)“, por lo que abrió un legajo de ”debida diligencia reforzada“. En ese legajo constan la fotocopia de su pasaporte, su email personal y una dirección en la calle Julieta Lanteri de Puerto Madero, la misma que obra en su pasaporte.

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La reconocida simpatía futbolística de Vázquez aportó un último dato que lo ata al entramado. Identificado con el club Huracán, su correo electrónico privado alude a ese club (”La Quema”), y los nombres de las dos sociedades constituidas en Panamá también refieren a esa institución: el estadio de Huracán queda sobre la avenida Alcorta, en el barrio de Pompeya.


Andrés Edgardo Vázquez,reveló,Hugo Alconada Mon,Andrés Vázquez,ARCA,Conforme a,Andrés Vázquez,,»Quebranto a la independencia». Presentan una nueva denuncia contra el jefe de la DGI y la oposición cuestiona a Milei,,Le subió el rango y el sueldo. El jefe de la DGI firmó un ascenso para su pareja siete días después de asumir,,Una «cueva» y dos cuentas. Así fue la trama que llevó a Lijo a sobreseer a Andrés Vázquez, actual director de la DGI

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El líder de la CGT atribuyó la reforma laboral a la esquizofrenia electoral: “La sociedad vota con emoción y después te reclama con razón”

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La entrevista con Jorge Sola en Infobae a las Nueve expuso el rechazo sindical a la reforma laboral aprobada en el Senado. El secretario general de la CGT advirtió sobre una presunta pérdida de derechos de acuerdo a la visión de su sector y el impacto político de la votación.

Jorge Sola, secretario general de la CGT, adjudicó la media sanción de la reforma laboral a lo que definió como una “esquizofrenia electoral” de la sociedad argentina que le permitió al oficialismo ganar las elecciones presidenciales en 2023 y aumentar su representatividad en el Congreso durante los comicios legislativos del año pasado.

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“La sociedad vota con emoción un domingo y el lunes te reclama con la razón. Te dice voto esto porque no me gustaba lo de atrás, porque hay incertidumbre de futuro, pero después al otro día te dicen ‘pero che, estos derechos me los van a sacar’”, señaló. “Sí, son los que votaste y hoy tienen noventa diputados y veinte senadores. Eso es lo que se votó. Bien. Contra eso, que es una fortaleza política de este gobierno, hay que pelear”.

Durante la charla con el equipo integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Sola remarcó la postura de la CGT frente al avance del proyecto oficialista: “Nosotros militamos por un proyecto que se oponía al de la senadora Bullrich, en ese caso candidata a presidenta, y al del presidente Milei. Perdimos. Exactamente, lo hicimos militando, diciendo: ‘Lo que está enfrente va a venir por los derechos de los trabajadores’. Tratamos de convencer a la gente, no lo logramos. Se ganó esa opción”.

La CGT y la advertencia sobre la pérdida de derechos laborales

Sola enfatizó que la reforma se apoya en “la conculcación de muchos derechos individuales”, y criticó el debilitamiento de la representación gremial. “Hay una gran cantidad de derechos individuales de los trabajadores que van a ser conculcados. El debilitamiento de las representaciones gremiales, el derecho de huelga, las asambleas, la representación gremial, las estructuras gremiales, y después una gran transferencia de recursos económicos por parte de los trabajadores hacia el sector empresario”, enumeró.

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El dirigente gremial sostuvo que la organización advirtió con anticipación el riesgo de este escenario: “La CGT advirtió sobre lo que se enfrentaba ante este proyecto y que se votara. Apenas inició el gobierno, fuimos los primeros que estuvimos en pie de lucha y seguimos estándolo. Somos la única estructura del movimiento social que está en pie de lucha permanente desde el primer mes en que asumió este presidente”.

Consultado sobre la magnitud de la movilización sindical tras la media sanción, Sola defendió la capacidad de convocatoria de la central obrera: “Había cien mil personas en la plaza. Yo estuve ahí adentro, caminé cada una de las columnas. Por supuesto, hubo otros grupos que se sumaron a los que nosotros no controlábamos. Nosotros, la protesta y el reclamo en paz social, lo hemos mantenido en cada situación de la democracia argentina”.

Las críticas a la reforma y el rol de la CGT

Uno de los puntos más discutidos fue la supuesta falta de contundencia de la CGT en su respuesta. Sola rechazó esa lectura: “Es una percepción tuya. Nosotros estamos en un plan de acción que empezó el 18 de diciembre con una convocatoria y ayer tuvimos otra, desvirtuada por servicios que trataron de cambiar el foco. Pero la herramienta del paro y de la huelga todavía está en vigencia”.

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A la vez, Sola se desligó de los incidentes ocurridos tras la retirada de la CGT de la Plaza de Mayo: “Cuando los tres secretarios generales llegamos al frente de la columna, a los diez minutos se desvirtuó todo. Ese sector fue para el lado de la CGT, pero no voy a hablar de eso, porque si no estamos hablando de la anécdota y no de lo central”.

Respecto a la defensa de los derechos laborales, Sola remarcó: “No hay modo de recuperar ningún derecho individual si no hay una estructura gremial que represente a los trabajadores. El proceso que se pretende, de tratar de que cada trabajador puede defender por sí mismo sus derechos en esta suerte de idealización que tiene el gobierno, no existe. La única manera es con estructuras gremiales fuertes que representen los intereses de los trabajadores”.

El debate por los aportes sindicales y la judicialización de la reforma

Sola contestó a quienes acusan a la CGT de priorizar el mantenimiento del aporte sindical por sobre otros derechos: “Ningún aporte es obligatorio de por sí. Vos no te afiliás a un gremio porque el gremio lo decide”. Y aclaró: “Ese aporte solidario es el que se hace en algunas cuestiones circunstanciales y particulares por la negociación paritaria o convenio colectivo. No todos los gremios lo tienen”.

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El dirigente advirtió sobre las consecuencias del debilitamiento de la estructura social: “Cualquier estructura social que se debilite, como lo están haciendo con las jurisdicciones provinciales sacando dinero o con las obras sociales, implica profundizar la rotura del tejido social productivo y eso implica mayor desorden social del que hoy tienen”.

En cuanto a la judicialización del tema, Sola fue tajante: “¿Ustedes creen que puede pasar que hay violaciones de derechos constitucionales? El derecho de huelga no pasa el filtro de la constitucionalidad ni cerca, sino otro que atraviesa todo el proyecto de ley y que tiene que ver con el principio protectorio del derecho del trabajo. Esta ley, así como está votada, no termina aplicándose. Ya lo digo”.

Sola también abordó el tema de las licencias laborales, a raíz de declaraciones de Federico Sturzenegger: “No hay licencias eternas. Las licencias siempre tienen una certificación médica. En la actual ley de contrato de trabajo, el empleador puede chequear que esa enfermedad inculpable suceda. La filosofía de Sturzenegger es que la economía no está al servicio del trabajador, el trabajador es un engranaje para que funcione la economía. No funciona así el mundo, ni en los países que él dice llevar como norte”.

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El desafío de la representatividad sindical y el recambio generacional

Sola defendió su rol y el de la actual conducción de la CGT ante las críticas a la dirigencia sindical: “Yo represento a la CGT, que muchas veces desde los medios piden un recambio. Este es un recambio, no solo desde lo discursivo, sino también de lo pragmático. Todavía no pudimos poner en agenda la gran cantidad de cuestiones que tenemos para hacer de la CGT porque la agenda que apenas asumimos nos la puso el Gobierno con la reforma laboral”.

Al ser consultado sobre la percepción social de los líderes sindicales, respondió: “Vos no sabés lo que soy yo. Corro solidariamente, construyo merenderos, voy a mi ciudad. Eso también hay que tenerlo en cuenta. A nosotros nos revalidan con una inspección permanente del Ministerio de Trabajo. Después, la moral de cada uno se la defiende cada dirigente”.

Finalmente, defendió la legitimidad de la afiliación sindical: “La representación sindical en la Argentina es una de las más grandes del mundo. Tenemos alrededor de nueve millones de trabajadores formales y más del 50 % de los afiliados. Firman y dicen: ‘Yo quiero estar afiliado a este gremio’, porque ven que ahí hay una representación”.

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Sola concluyó explicando el próximo paso del plan de lucha: “Nos reunimos en consejo directivo para definir cómo seguimos el día que se trate en diputados. Prefiero muchas más veces la gente en la calle que un silencio que no hable”.

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Reforma laboral: la alianza entre el oficialismo y los gobernadores se mantiene en Diputados

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CÓRDOBA.− Aunque el oficialismo nacional no espera sobresaltos en el acuerdo alcanzado entre la Casa Rosada y los gobernadores para la reforma laboral que ya tiene media sanción del Senado, en las últimas horas se multiplicaron los ruidos por la forma en que se pagan las licencias por enfermedades y accidentes en el texto aprobado y algunos legisladores alineados con los mandatarios podrían sumarse a los que piden cambios.

La preocupación más fuerte de los gobernadores en el origen de la discusión era la reducción de Ganancias para empresas y su impacto en la coparticipación. Eliminado ese punto, se dieron por satisfechos y habilitaron sus votos en el Senado. El cuidado de las arcas provinciales fue el aspecto que concentró toda la atención de los mandatarios, que prácticamente no se involucraron en el debate de los aspectos laborales en sí de la reforma.

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Así, no solo los gobernadores aliados electorales de los libertarios como Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco) dieron su apoyo, sino que los senadores que responden a Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Sáenz (Salta), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Hugo Passalaqua (Misiones) y Martín Llaryora (Córdoba) acompañaron el proyecto del oficialismo. También lo hizo la senadora radical con monobloque propio (Despierta Chubut) Edith Terenzi, que mantiene un estrecho alineamiento con el gobernador Ignacio Torres.

Diego Santilli se reunió con gobernadores para acercar posiciones respecto a la Reforma Laboral. Estuvieron presentes Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca), en la Casa de Salta.

El oficialismo confía en que todas las alianzas tejidas para el paso de la reforma por el Senado se mantendrán y, con eso, alcanzaría el número necesario para aprobar la ley. El viernes por la tarde, la iniciativa llegó a Diputados. El próximo miércoles 18 se analizaría en el plenario de comisiones y la sanción debería ser antes del fin de las sesiones extraordinarias.

La senadora Patricia Bullrich ya adelantó que el Gobierno no aceptará cambios: “La ley ya está, es esta”. Incluso, le restó importancia a los cambios que introdujo el Senado. El mensaje esta vez no apunta a los gobernadores, sino Pro, cuya bancada quiere reincorporar el pago de salarios a través de billeteras virtuales.

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En las negociaciones previas al paso por el Senado, a cargo del ministro del Interior, Diego Santilli, los esfuerzos estuvieron enfocados en los peronistas como Sáenz, Jaldo (una senadora cercana rechazó el proyecto) y el catamarqueño Raúl Jalil (aunque el senador Guillermo Andrada votó en contra). Ese grupo, que acompañó al oficialismo en el arranque de la gestión de Javier Milei, tomó distancia en la última parte de 2025. La relación parece estar recompuesta ahora.

Si el debate por los puntos relacionados a pagos de licencias recrudece, los seis diputados con los que cuentan Jaldo (bloque Independencia) y Jalil (Elijo Catamarca) tendrán un rol clave en la votación final.

Innovación Federal −el bloque cuyo armado lidera Sáenz− cuenta con nueve legisladores que si mantienen la alineación del Senado se sumarán a los 95 libertarios.

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En el caso de Provincias Unidas, que agrupa a 19 legisladores, habría votos divididos. Los cinco cordobeses mantendrían la posición de apoyo del Senado, pero hay puntos de lo aprobado en debate, lo que también alcanza a los santafesinos Gisela Scaglia y Pablo Farías. La misma conducta asumirían el rionegrino Sergio Capozzi y los dos jujeños alineados con Carlos Sadir (Jorge Rizotti y María Zigarán).

Las diferencias dentro del bloque podrían darse porque Martín Lousteau impulsa un proyecto propio de reforma laboral, una alternativa al de los libertarios.

Por supuesto, los mandatarios de Buenos Aires, Formosa, La Pampa, La Rioja y Tierra del Fuego, quienes no mantienen contactos con la Casa Rosada, son los que sostienen los reclamos. Después de la media sanción de la reforma, pidieron a la Nación que convoque al Consejo Federal del Trabajo (CFT). El planteo, por una nota firmada por los titulares de las carteras laborales de esas provincias, fue entregado al secretario de Trabajo, Julio Cordero.

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A ese grupo se sumó, en esta oportunidad, el misionero Hugo Passalaqua, aunque los senadores que le responden −Carlos Arce y Sonia Rojas Decut− votaron a favor del proyecto.

El retiro del artículo que reducía Ganancias a las empresas conformó a los gobernadores, pero irritó a las cámaras empresarias, que hace tiempo vienen reclamando sobre ese impuesto. Esta vez se impuso el pragmatismo en las negociaciones. Un informe de la consultora Empiria da cuenta de que mientras que el proyecto original representaba un costo fiscal de 0,8% del Producto Bruto Interno, ahora quedó en 0,13%.


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Diputados debate bajar a 14 años la edad de imputabilidad: cómo es la ley en otros países

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Diputados debate en el Congreso la Ley Penal Juvenil. La iniciativa propone reducir la edad de imputabilidad a 14 años. La propuesta alinea la legislación nacional con la tendencia de algunos países de la región. Al mismo tiempo, genera un amplio debate legislativo y social. En Infobae en Vivo Al Mediodía brindaron detalles acerca de qué territorios disponen de una normativa similar.

“El proyecto que están discutiendo en este momento en la Cámara Baja fija en catorce años la edad de imputabilidad”, explicó Federico Mayol durante Infobae en Vivo Al Mediodía. El proyecto legislativo busca modificar el sistema vigente, que fija la imputabilidad desde los dieciséis años, para situarla ahora en una cifra debatida regionalmente.

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La propuesta, según precisó el periodista, se inscribe en un contexto regional: “Catorce años es lo que rige en países como Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Venezuela. En Brasil, México, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá la edad es aún menor: doce años”, detalló Mayol.

De acuerdo con el profesional, “la tendencia regional es hacia edades más bajas de imputabilidad penal”. Aclaró que cada país introduce matices según la gravedad del delito y los sistemas de protección a la infancia.

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Por otro lado, si se observan los países europeos, muchos disponen de una ley similar al proyecto tratado este jueves en la Cámara Baja. En el caso de España, desde el año 2000 que la edad punitoria descendió hacia los 14, pero la legislación no admite que los menores que delinquen afronten sanciones penales.

Asimismo, las normativas de Italia, Austria y Alemania podrían contemplar una penalización, si se demostrara que el adolescente juzgado estaba en plena consciencia de sus actos y pudiera ser capaz de comprender la gravedad de los mismos. Además, el régimen penal aplicado a menores de edad en Inglaterra comparte cierta similitud con estas condiciones, salvo que la definición de minoridad varía entre los 10 y los 17 años.

Modificaciones en la ley

Sobre los alcances concretos del proyecto, Mayol describió: “Se privilegian medidas complementarias o no privativas de la libertad. Por ejemplo, prestación de servicios a la comunidad, prohibición de conducir o de salir del país, siempre y cuando el delito no sea un homicidio ni haya víctimas graves”. Además señaló: “El texto fija una pena máxima de quince años para los menores, con posibilidad de libertad condicional tras cumplir dos tercios de la condena”.

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La limitación presupuestaria de 23 mil millones de pesos plantea interrogantes sobre los recursos y la capacidad operativa del sistema penal juvenil Foto: UNER Medios

Continuamente, Mayol analizó los desafíos de aplicar la normativa en la práctica. “La discusión no es solo la edad, sino qué condiciones materiales existen para que la ley se cumpla”, advirtió. Y planteó las dudas presupuestarias: “El presupuesto destinado es de veintitrés mil millones de pesos”, e interrogó si ese monto permitirá contar con los recursos y el personal especializado para alojar a los menores adecuadamente y ofrecerles tratamientos contra las adicciones.

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