Terminar con las primarias presidenciales que el expresidente Néstor Kirchner impulsó luego de su derrota en las elecciones legislativas de 2009. Y acabar con los “curros” que conforman la ley de financiamiento de los partidos políticos, sancionada en 2002 al calor de la crisis derivada de la explosión de diciembre de 2001.

Estos son los principales objetivos de la reforma electoral que el Gobierno prepara para presentar “cuando el presidente (Javier) Milei lo decida”, según confirmaron a dos miembros del gabinete nacional. En la Casa Rosada no descartan que el Presidente mencione esta reforma en su discurso del próximo domingo.

Todo indica que la nueva ley a presentarse, aún en preparación según un ministro, se fundamentará en el paquete de reformas electorales que el entonces asesor Federico Sturzenegger incluyó en la ley Bases, y que finalmente fueron quitados del proyecto por falta de consenso.

Entre otros puntos, los primeros proyectos de la ley Bases incluía la eliminación de las Paso, cambiar el sistema uninominal para terminar con las listas sábana, anular el financiamiento público de los partidos políticos, y establecer la Boleta Única, que fue aprobada y utilizada en las elecciones legislativas de octubre pasado. “Es uno de los tres o cuatro proyectos importantes que queremos aprobar en 2026″, afirmaron desde una oficina clave de la gestión libertaria.

“Está claro que no nos gustan las PASO, son muy caras y le sirven sólo a los políticos”, afirmaron cerca de uno de los integrantes de la mesa política, que el lunes pasado, con la secretaria general de la Presidencia Karina Milei a la cabeza, debatió la reforma electoral que se viene. “Es absurdo, en este contexto, gastar sumas astronómicas en una interna”, coincidió otra fuente gubernamental.

Desde el Gobierno negaron que la eliminación de las primarias tenga por objetivo privar a la oposición, en especial al peronismo, de una herramienta para resolver sus internas y elegir de ese modo a su candidato.

“No hacemos las cosas porque nos convengan sino porque corresponde”, sostuvieron en otro despacho dónde también se conversó sobre el asunto. Desde el bloque de diputados de Pro, que encabeza Cristian Ritondo, aclararon que “el tema aún no comenzó a debatirse”, pero acotaron que una de sus propuestas es suspender las Paso en caso de haber listas únicas, pero no eliminarlas. Vale recordar que, en 2023, el macrismo definió a través de ese mecanismo su candidato a Presidente, en aquel caso a Patricia Bullrich, que derrotó a Horacio Rodríguez Larreta en la competencia interna. “No nos conviene anularlas”, confesó otro referente macrista, una opinión compartida en el conglomerado de gobernadores y ex mandatarios como el cordobés Juan Schiaretti, que conforman Provincias Unidas. Tanto en la ciudad de Buenos Aires como en territorio bonaerense, las Paso continúan vigentes para cargos locales.

En relación con el financiamiento de los partidos políticos, el proyecto a presentarse permitiría aportes privados con un tope mucho más alto que el vigente y menos controles. El sistema reemplazaría al actual aporte del Estado nacional a los partidos. Según las estimaciones oficiales, los giros del Estado se reducirían al mínimo o directamente desaparecerían.

También propone terminar con los espacios gratuitos cedidos a los partidos políticos y distribuidos actualmente por la Cámara Nacional Electoral antes de cada elección, que deberán costearse sus propios espacios. Los beneficios para el oficialismo de turno, con mayor capacidad para conseguir fondos del sector privado, resultan evidentes, y los partidos pequeños quedarían en desventaja.

En principio, dos referentes del oficialismo en la Cámara de Diputados expresaron que esperan “que el proyecto llegue desde el Poder Ejecutivo” y afirmaron desconocer aún sus detalles. “Llega todo cocinado”, afirmaron con ironía desde una de las oficinas importantes del oficialismo en el Congreso.

El ministro del Interior, Diego Santilli, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, son dos de los miembros de la mesa política que trabajan en el texto final, mientras que en el Senado será Bullrich, actual jefa del bloque violeta en la Cámara alta, la encargada de buscar consensos para aprobar una norma que, en principio, prevé resistencias, sobre todo en lo que hace a la financiación de las agrupaciones políticas.

“Se está trabajando en la mesa política, y después llegarán los detalles; todo el gobierno quiere avanzar”, resumen desde Balcarce 50.

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la extradición de un exfuncionario del régimen chavista buscado por Interpol que está acusado de haber blanqueado unos cinco millones de dólares mientras se desempeñaba como directivo de la empresa estatal de Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Se trata de Luis Abraham Bastidas Ramírez, quien es buscado por el Principado de Andorra luego de que se descubriera que funcionarios chavistas habían utilizado bancos de ese país para lavar millones originados en la corrupción.

El exfuncionario había sido detenido en 2018 por la División Investigación Federal de Fugitivos de la Policía Federal en Córdoba, luego de tareas de inteligencia criminal que permitieron dar con el buscado. Había llegado a Argentina en 2015 y atendía un kiosco mientras su esposa regenteaba una peluquería.

La causa quedó en manos del Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja. El buscado se negó a ser extraditado porque temía por su vida y su integridad física si Andorra lo enviaba a Venezuela. También solicitó a la Argentina ser refugiado político.

Inicialmente, el juez denegó la solicitud por defectos formales, pero en 2020 la Corte Suprema de Justicia anuló esa decisión. En octubre del 2021 el juzgado declaró procedente la extradición por blanqueo proveniente de la corrupción. La defensa apeló y la Procuración General aconsejó ratificar el fallo.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti confirmaron este jueves la decisión. La defensa se quejó porque Andorra no describió claramente los hechos que le imputan al venezolano, pero la Corte dijo que este asunto ya fue resuelto por el juez de Córdoba.

El máximo tribunal del país aseguró que Andorra informó que el delito precedente en que se sustenta la imputación por lavado de activos era “recepción de sobornos a directivos de PDVSA que mediaban en la adjudicación de obra a determinadas empresas a cambio de un precio”.

Por eso no es necesario incorporar mayores exigencias sobre la prueba del proceso extranjero que sostiene la imputación, ya que en las causas de extradición no se discute la responsabilidad del buscado en los hechos. La defensa también había planteado la prescripción de los hechos. La Corte rechazó este argumento.

Como en todos los procesos de extradición, la Corte actúa como tribunal de revisión del fallo del juez que intervino y la palabra final la tiene ahora el Poder Ejecutivo, que debe decidir si lo envía o no al Principado de Andorra.