POLITICA
Annobón: Quién es el embajador enviado por Javier Milei para negociar con la dictadura de Obiang
En medio del silencio oficial argentino sobre las violaciones a los derechos humanos en la isla africana de Annobón, una inesperada filtración sacudió el tablero diplomático: fue la propia dictadura de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo —el presidente más longevo del mundo— la que reveló, vía Twitter, que el embajador argentino Juan Ignacio Roccatagliata se reunió con Miguel Ntutumu Evuna Andeme, un representante del régimen de Guinea Ecuatorial, en una dependencia diplomática de Etiopía para entregarle una «nota verbal» que prometía complicidad ante el genocidio annobonés.
La visita del Embajador #Juan Ignacio #Roccatagliata, es el testimonio del firme compromiso de la República Argentina de seguir fortaleciendo las excelentes relaciones de amistad con Guinea Ecuatorial, como dos países hispanohablantes y del Sur global. pic.twitter.com/W9bsz1YGU2
— Embajada Guinea Ecuatorial en Etiopía (@guinea_en50642) May 15, 2025
“La visita del embajador #Juan Ignacio #Roccatagliata es el testimonio del firme compromiso de la República Argentina de seguir fortaleciendo las excelentes relaciones de amistad con Guinea Ecuatorial”, publicó la embajada ecuatoguineana en Etiopía en su cuenta oficial, celebrando el alineamiento argentino con el sangriento régimen de Malabo. Luego del polémico encuentro y la catarata de críticas, el embajador argentino eliminó su cuenta de Twitter.
El pacto silencioso… revelado por la dictadura
Según describieron medios estatales de Guinea Ecuatorial, el embajador Roccatagliata entregó una comunicación oficial del gobierno argentino que, en nombre de Javier Milei, repudia las reivindicaciones del sufrido pueblo annobonés y reafirma el apoyo de la Argentina a la continuidad del sistema imperante en Guinea Ecuatorial. Con esa maniobra, la administración libertaria intentó tomar distancia del acercamiento de sectores de la política argentina para con el gobierno de Orlando Cartagena Lagar, primer ministro de la República de Annobón.
Tras la catarata de críticas, Juan Ignacio Roccatagliata borró su cuenta de Twitter.
El gesto argentino buscaba desactivar cualquier conflicto diplomático con la dictadura. Pero lo que pretendía ser una operación silenciosa se volvió boomerang: el sangiento régimen africano, en un claro intento propagandístico, decidió difundir la información como un triunfo político, ridiculizando al movimiento de reivindicación annobonés y celebrando la “amistad con la Argentina”.
¿Quién es Juan Ignacio Roccatagliata?
El diplomático enviado por Milei para negociar el silencio ante el genocidio perpetrado en Annobón no es un improvisado. Nacido en Buenos Aires en 1977, Roccatagliata lleva décadas desempeñando funciones en el ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y es lo que, según la verborragia libertaria, se conoce como un cuadro de la más rancia casta política. Desde diciembre de 2024 es embajador argentino en Etiopía, pero antes se desempeñó como director de cooperación multilateral y fue parte de las delegaciones en el G20, el Mercosur, las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos (OEA). Tiene una larga experiencia en relaciones con regímenes duros en Asia, Oceanía y África. Su especialización en cooperación Sur-Sur lo llevó a negociar con actores clave del hemisferio global más empobrecido
Algunos de los cuadros exhibidos en la página oficial de Juan Ignacio Roccatagliata.
Como contracara, además de negociar con dictaduras, Roccatagliata es artista visual. Pintor, fotógrafo y dibujante, ha descrito su obra como un ejercicio simbólico y emocional influenciado por el arte urbano y la arquitectura. Su biografía oficial lo presenta como un creador que se inspira tanto en Canaletto como en artistas contemporáneos como Philip Barlow o Eugene Lushpin. Esa presunta sensibilidad artística convive con su costado más pragmático, el de un funcionario que, en nombre del gobierno de turno, se sienta con representantes de regímenes autoritarios a negociar el negacionismo de un gravísimo genocidio y uno de los casos de descolonización más dantescos de la actualidad.
Silencio a cambio de silencio
La maniobra diplomática tiene una contracara extorsiva: el agradecimiento argentino al dictador Obiang por su “apoyo histórico” a la causa de las Islas Malvinas. Así lo indica el comunicado difundido por InfoAnnobón, medio estatal guineano creado hace algunos meses, donde se consigna que la Cancillería argentina reafirmó la “excelente relación” con Guinea Ecuatorial, sin cuestionar las recientes denuncias de tortura, secuestros y represión en la isla de Annobón, de la que se vienen haciendo eco innumerables organizaciones de derechos humanos.
La filtración incomodó al entorno de Milei, que busca alinearse con potencias occidentales pero, en los hechos, mantiene relaciones con autocracias africanas sin importar condiciones mínimas de respeto a los derechos humanos.
Annobón, el silencio que incomoda
Desde mediados de 2024, la isla de Annobón se encuentra bajo un férreo control militar tras una ola de protestas por la explotación minera, la contaminación y la destrucción ambiental que han constituido la gota que revalsó el vaso de una extensa historia de impunidad, dejado a la isla incomunicada, sin teléfono ni internet. Varios annoboneses han sido secuestrados y trasladados forzosamente a la capital sin garantías judiciales, y el régimen de Obiang ha iniciado una campaña de persecución contra quienes denuncian los abusos.
Entre los secuestrados se encuentran, paradójicamente, tres artistas: dos cantantes y el reconocido poeta Hermelindo León Laurel. La causa por estos vejámenes se encuentra, actualmente, cursando en Naciones Unidas.
En ese contexto, la reunión entre Roccatagliata y el enviado de Obiang —filtrada por la propia dictadura— deja expuesto el desinterés del gobierno argentino por los derechos humanos en Annobón y revela una política exterior dispuesta a mirar hacia otro lado mientras se consolida una dictadura que lleva más de cuatro décadas condicionando las libertades individuales a punta de pistola.
Al darle la espalda al reclamo annobonés, Javier Milei y el embajador que reporta a Gerardo Werthein no sólo avalan al régimen de Obiang, sino que se alejan de los principios liberales que dicen defender. Y, en lugar de sostener una posición de neutralidad activa o promover el diálogo, eligieron el camino de la sumisión diplomática, en un intento inentendible por evitar roces innecesarios con un régimen señalado por torturas, represión y censura.
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El reclamo salarial policial en Jujuy avanzó hacia una solución tras una propuesta formal presentada por el Gobierno a los delegados de agentes activos y retirados durante una reunión en la Central de Policía. Se trata de un esquema que aplicaría aumentos escalonados y establecería un piso salarial de $1.150.000, además de adicionales por presentismo.
Uno de los puntos claves del sistema que buscaimplementar la gestión que lidera Carlos Sadir sería alinear las actualizaciones salariales con el resto de los sectores de la administración pública. En este sentido, se tomaría como punto de partida el incremento del 10% anteriormente otorgado.
Al mismo tiempo, el paquete garantizaría a los agentes recién incorporados un sueldo mínimo neto de 1.150.000 pesos desde marzo. Además, se incluiría el pago de un adicional por presentismo y mejoras en los conceptos de títulos y posgrados.
La propuesta habría sido aceptada por los delegados policiales, aunque todavía se tendrían que realizar una serie de ajustes para terminar de definir el esquema final de remuneraciones. Según la información publicada por Jujuy al Momento, la prioridad del Gobierno provincial es retomar el funcionamiento habitual de la Policía y consolidar el consenso alcanzado.
Para destrabar el conflicto, el Poder Ejecutivo jujeño exigió «un compromiso mutuo por la paz y el respeto“. Por esto, pidieron que no haya encapuchados en las próximas manifestaciones que se realizaran, así como tampoco se quemen cubiertas o se lleve a cabo cualquier acto que pueda producir daños a propiedades públicas o privadas, subrayando la importancia de proteger la institucionalidad y la imagen de la fuerza.
En las horas previas, el conflicto salarial entre el Gobierno provincial y las fuerzas de seguridad había escalado hacia la vía judicial, debido a que las autoridades presentaron una denuncia penal contra los responsables de encabezar los disturbios ocasionados el lunes por la noche en las inmediaciones de la Casa de Gobierno.
Frente a esto, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) inició una investigación de oficio para determinar a los autores materiales de los ataques registrados en el edificio gubernamental.
Incluso, indicaron que ya tendrían en su poder las imágenes de las cámaras de seguridad y otros registros fílmicos que permitieron identificar a personas involucradas en la remoción de vallas y el uso de pirotecnia de alto poder. Bajo el punto de vista del Gobierno provincial, estas acciones son consideradas actos de vandalismo planificado.
En un comunicado, las autoridades calificaron los hechos como parte de una estrategia “coordinada y premeditada”, ejecutada por sectores sin “representatividad” en la fuerza. Desde los despachos oficiales, el mensaje fue claro al asentar que no se permitirán maniobras de minorías que “pongan en jaque la paz social”, un bien considerado estratégico ante el aumento de la conflictividad dentro del sector estatal.
Por su parte, el Ministerio Público de la Acusación destacó que los incidentes no derivaron en enfrentamientos directos entre miembros de las propias fuerzas de seguridad. “Lo peor se evitó: el choque entre pares”, afirmaron.
En este sentido, los investigadores resaltaron la disciplina mostrada por quienes custodiaban el edificio, pese a la presión ejercida por sus propios colegas y los familiares presentes. Así, confirmaron que la investigación judicial avanzará con el análisis detallado de las pruebas recolectadas, con el objetivo de determinar eventuales sanciones penales para los responsables.
El reclamo de efectivos de la Policía de Jujuy por un aumento salarial desencadenó movilizaciones y protestas en la provincia, luego de que exigieran la actualización del salario básico y mejoras en condiciones de trabajo. Estas abarcarían tanto la revisión de la jornada laboral como la dotación de recursos y renovaciones en la infraestructura de dependencias policiales.
El impacto del conflicto se potenció ante los incrementos diferenciados otorgados a la plana mayor de la fuerza, quienes recibieron un aumento del 70%. Además, sectores como los custodios de autoridades de Gobierno y el Cuerpo Especial de Operaciones Policiales (CEOP) accedieron a beneficios excluyentes, lo que profundizó el malestar entre agentes de menor rango, de acuerdo con Noticias (d) Jujuy.
En respuesta a este descontento, el secretario de Seguridad provincial, Juan Manuel Pulleiro, notificó que las resoluciones que concedían estos aumentos serán anuladas, una decisión orientada a calmar la tensión dentro de la institución policial.
El viernes, una delegación de policías retirados fue recibida por el ministro de Hacienda, Federico Cardozo, junto a autoridades de la Jefatura de Policía y del Servicio Penitenciario. En esa reunión, se acordó la conformación de una mesa de diálogo dedicada a analizar la situación salarial y los reclamos.
Los delegados anticiparon la presentación de un pedido formal de aumento del 50% para el personal policial y penitenciario. Aunque ese encuentro no logró contener el descontento de ese sector de las fuerzas de seguridad, se espera que el acuerdo con el Gobierno derive en el fin de las protestas.
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POLITICA
Legislatura porteña: La Libertad Avanza y Fuerza Patria presionan a Jorge Macri y desplazan a Pro de las principales comisiones
La oposición busca capitalizar la debilidad de Jorge Macri en la Legislatura porteña y presiona al jefe de gobierno para quedarse con la presidencia de las principales comisiones. Aunque Pro retendrá presupuesto, el peronismo y La Libertad Avanza (LLA) postergan al sello amarillo en las negociaciones y se encaminan a conducir los órganos que revisarán los pliegos judiciales y los vetos del mandatario.
La magra cosecha de Pro en los comicios de mayo pasado dejó al oficialismo en una situación frágil en el parlamento local con apenas 11 legisladores. La semana pasada logró completar la docena, con la adhesión de Pablo Donati, de Republicanos Unidos, a la bancada, pero todavía se mantiene detrás de Fuerza por Buenos Aires -cuyo bloque concentra un tercio de la cámara (20 bancas)- y los 14 libertarios, incluida Sandra Rey, reciente incorporación a la tropa de Pilar Ramírez desde las filas larretistas.
En este contexto, las dos principales bancadas opositoras buscaron hacer valer su superioridad numérica y tensaron las negociaciones con el oficialismo por el reparto de las comisiones. “Nuestro bloque entiende que, siendo el bloque mayoritario, nos corresponden comisiones más relevantes que en otras oportunidades”, explicaron en la bancada peronista.
Según pudo saber , aunque las negociaciones continúan en marcha, Fuerza por Buenos Aires se encamina a conducir la Junta de Ética, un órgano que jugará un rol clave este año si se concreta en el corto plazo el traspaso del fuero laboral a la ciudad. Es que por esa comisión pasan los pliegos para ocupar cargos públicos y vacantes judiciales previo a su discusión en el recinto.
En la Legislatura afirman que el oficialismo tiene los votos para aprobar el convenio firmado con el gobierno de Javier Milei para avanzar con el traspaso de competencias. Es el paso final para que el acuerdo entre en vigor, dado que ya recibió el aval de las dos cámaras del Congreso Nacional.
La Libertad Avanza también tendrá un rol central en los debates sobre temas judiciales en el nuevo período de sesiones ordinarias. Sucede que el sello violeta habría logrado quedarse con la comisión de Justicia, un nicho que buscaba mantener bajo su órbita la Unión Cívica Radical (UCR), en particular el sector del partido que responde a Daniel “Tano” Angelici, aliado de los primos Macri que, desde mediados del año pasado, integra la mesa chica del jefe de gobierno.
El dirigente radical tiene una fuerte injerencia en la Justicia porteña, un área en la que también talla el presidente del PJ porteño, Juan Manuel Olmos, quien ubicaría a uno de sus alfiles al frente de la Junta de Ética: Matías Lammens. Angelici -que tiene terminales en la Secretaría de Justicia porteña y el Consejo de la Magistratura local- apostaba a conservar el control sobre el órgano legislativo que digita los proyectos en materia judicial a través de su ladera Aldana Crucitta.
Según señalaron tres fuentes parlamentarias consultadas por separado, el operador judicial del macrismo habría intervenido directamente en las negociaciones para retener la comisión. En particular, advirtieron que habría mantenido diálogo con Pilar Ramírez, alfil de Karina Milei en la ciudad y presidenta del bloque libertario para destrabar la puja por esa codiciada comisión, aunque el partido de Milei terminó imponiendo su posición.
Se prevé que LLA se quede también con la comisión de Asuntos Constitucionales, que, entre otras cuestiones, revisa los vetos del jefe de gobierno. El presidente del órgano sería Nicolás Pakgojz, mano derecha de Ramírez.
Angelici no se quedará, de todos modos, al margen de las comisiones con mayor actividad. Legisladores de la oposición indicaron a que su alfil Crucitta finalmente presidiría Seguridad, que hasta el año pasado controlaba Pro a través de Gimena Villafruela.
En algunos bloques esperan que el oficialismo resista el intento por desplazarlo de este órgano, en especial ahora que Jorge Macri busca apuntalar su vocación reeleccionista en una agenda de mano dura y orden. Sin embargo, al cierre de esta nota, era Crucitta quien lideraba la carrera por la presidencia de esta comisión.
De confirmarse esta distribución, de las principales comisiones, Pro apenas conservaría Presupuesto. A pesar de los embates al oficialismo, tanto en fuerza por Buenos Aires como en LLA acordaron respetar la regla tácita por la que es el partido que gobierna el que conduce esta comisión. Según pudo reconstruir , dos nombres se barajaban para su presidencia: por un lado, la propia Villafruela, y, por el otro, Ignacio José Parera, un hombre del riñón de Cristina Ritondo.
El presidente de la bancada amarilla en la Cámara de Diputados y titular de Pro bonaerense -que renovó su mandato la semana pasada- participó de la apertura de sesiones ordinarias de Jorge Macri.
La decisión final probablemente recaiga en cuánto poder estará dispuesto a concederle a Angelici el alcalde porteño. Sucede que, aunque no es alguien de su fuero más íntimo, Villafruela mantiene una relación asidua con algunos aliados del radical como el secretario de Justicia, Francisco Quintana.
El oficialismo también controlará la comisión de Salud, que estará a cargo del dirigente de la Coalición Cívica, Facundo del Gaiso. Aunque no es Pro puro, el legislador juega en tándem con el bloque amarillo desde que encabezó la lista de diputados porteños de Jorge Macri en 2023.
La Libertad Avanza (LLA),magra cosecha de Pro,Sandra Rey, reciente incorporación a la tropa de Pilar Ramírez,pic.twitter.com/dYdepf0cbS,February 28, 2026,traspaso del fuero laboral,Daniel “Tano” Angelici,agenda de mano dura y orden,Abigail Contreiras Martínez,Legislatura Porteña,Jorge Macri,La Libertad Avanza,Conforme a,,Análisis. La guerra amenaza el plan de Javier Milei,,»Lo esperábamos». El puntapié inicial de la “Argentina Week”: entusiasmo, elogios y salones llenos en la noche de Nueva York,,Senado. Bullrich empuja una sesión para darle ingreso a los ascensos militares y al pliego de Mahiques,Legislatura Porteña,,Daniel Angelici. El radical que gana poder en la gestión porteña con el aval de los primos Macri,,Conflicto en la Legislatura. Jorge Macri vetó leyes de la oposición y abre un nuevo frente con un peronismo fortalecido,,Chiqui Tapia, sal y vinagre
POLITICA
Debaten si el caso contra el ex gobernador Sergio Urribarri por enriquecimiento ilícito llega a juicio oral
La causa que investiga al ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, por presunto enriquecimiento ilícito entró en una etapa clave, debido a que este martes comienzaron las audiencias, en las que se definirá si el proceso será elevado a juicio oral. La resolución podría conocerse a finales de abril.
El proceso lo lleva a cabo el juez de Garantías Mariano Budasoff en el Salón de Audiencias Nº1. Urribarri ya arrastra antecedentes por corrupción y, actualmente, se encuentra bajo restricciones en la ciudad de Concordia.
No obstante, en esta oportunidad, sería juzgado por el aumento patrimonial no justificado durante el período en el que estuvo a cargo de la Gobernación y fue diputado nacional. Según la pericia contable elaborada por el Ministerio Público Fiscal, entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2015, Urribarri incrementó su patrimonio en 1.546.772,05 pesos, 7.245.441,02 dólares y 16.300 euros.
La causa en curso no solo involucra al ex gobernador, debido a que el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros también está imputado por presuntamente haber sido el testaferro de Urribarri. Según planteó la Fiscalía, esta maniobra le habría permitido a quien fue mandatario entrerriano administrar sus bienes y fondos, mientras escondía su verdadero patrimonio.
De acuerdo con la información publicada por Uno Entre Ríos, los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano solicitaron una pena de cinco años y seis meses en prisión para el ex gobernador. Asimismo, para Cardona Herreros pidieron una condena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo.
Pero, previo a que ambos pudieran ser juzgados, el tribunal tendrá tiempo para evaluar la causa hasta finales de abril de 2026. Así, el cronograma de audiencias establecido por el Poder Judicial fija que las jornadas continuarán hoy, mañana y los días 17, 18, 19, 25, 26 y 31 de marzo, como así también el 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 y 30 de abril de 2026.
La defensa de Urribarri está representada por Raúl Barrandeguy y Miguel Ángel Cullen, mientras que Cardona Herreros cuenta con la defensa de Ignacio Díaz y José Raúl Velázquez. Ambos equipos cuestionaron la investigación al señalar que la Instrucción Penal Preparatoria habría estado “viciada de parcialidad” y calificaron de “deficiente y persecutoria” la labor del Ministerio Público Fiscal.
De hecho, a finales de enero, el ex mandatario publicó un video grabado desde su casa en Concordia, en donde expuso la falta de acompañamiento que tuvo por parte del Partido Justicialista. “Después de haber estado 51 días detenido ilegalmente, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones. No hay leyes, no hay códigos ni jurisprudencia que puedan justificar tan larga pesadilla”, cuestionó.
“A los dirigentes de mi partido quiero decirles que los entiendo. No es para cualquiera lo que me pasa a mí. Y es comprensible que tengan miedo de que les ocurra lo mismo, como algunos ya lo han reconocido. Uno de los principales objetivos de este proceso ha sido amedrentar, meter miedo a la dirigencia para que no hablen, no se jueguen, no opinen”, apuntó.
Luego de indicar que seguía en marcha la revisión de su condena a 8 años de prisión por los delitos de negociables incompatibles y peculado, Urribarri sostuvo que los cargos que le adjudicaron eran “acciones de gestión”. Además, advirtió que su detención preventiva podría generar “un peligroso antecedente para el futuro judicial de la provincia”.
La causa se originó a partir de una denuncia presentada en 2015 por los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, dando inicio a una extensa investigación judicial. Desde entonces, el expediente avanzó hasta la actual instancia de audiencia de remisión a juicio, donde se determinará si existen elementos suficientes para que Urribarri y Cardona Herreros enfrenten un debate oral.
En 2022, el ex gobernador fue condenado a ocho años de prisión en el denominado megajuicio por corrupción. Ese fallo fue revisado en varias instancias de apelación y ahora su destino depende de la resolución de la Corte Suprema de Justicia.
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