Mientras es investigado por el uso de vuelos privados para viajar al exterior e incluso podría abrirse una causa en su contra por presunto enriquecimiento ilícito, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindará su primer informe de gestión en el Congreso el 29 de abril. Para esa instancia, la oposición envió 4800 preguntas.

El dato es que esa cantidad de consultas llegó en tan solo 48 horas. Es decir, se enviaron a razón de 100 preguntas por hora. Ahora, los distintos ministros elaborarán las respuestas que correspondan a sus áreas, que después expondrá Adorni en el Congreso. Según está establecido, el informe debe llegar a los legisladores antes de la sesión.

La cantidad de consultas recibidas marca un hito en el Congreso: se trata de un 45% más de preguntas que en la última presentación de su antecesor, Guillermo Francos, en agosto del 2025. También representa un incremento del 18% respecto de la sesión informativa que hasta ahora había registrado más consultas (más de 4000) en abril del año pasado.

Adorni confirmó su exposición en el Congreso en la conferencia de prensa que encabezó la semana pasada en la Casa Rosada. Allí evitó responder preguntas de los periodistas sobre su incremento patrimonial. Incluso aseguró que solo hablará ante la Justicia, argumento que podría repetir ante los legisladores.

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En la sesión informativa estará presente el presidente Javier Milei, quien confirmó su asistencia a través de sus redes sociales. “No me lo pierdo. Ahí estaré…!!! Ciao!”, aseguró en su cuenta de X, en claro gesto de respaldo al jefe de Gabinete.

Sucede que la oposición espera la exposición de Adorni para interrogarlo no solo por su incremento patrimonial, sino también por las últimas novedades del caso LIBRA, donde se investigan los vínculos con el entorno presidencial, incluido el propio Milei y su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia.

Adorni deberá responder preguntas incómodas y dar explicaciones sobre episodios que son un problema para el Gobierno. Además, en Diputados ya se preparan pedidos de interpelación y solicitudes de informes vinculadas a sus viajes y propiedades.

Por otra parte, crece la tensión judicial sobre el jefe de Gabinete. En las últimas horas, el fiscal federal Gerardo Pollicita citó a declarar como testigo a la escribana Adriana Mónica Nechevenko, quien intervino en la operación de compra del departamento del barrio de Caballito por parte de Adorni.

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Docentes y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizaron desde las 10 de la mañana una jornada de clases públicas frente al edificio donde reside el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la calle Miró al 500, barrio de Caballito. La actividad, que se desarrolló durante todo el día, buscó visibilizar la crisis presupuestaria que enfrentan las universidades públicas y evidenciar el contraste entre la situación salarial de docentes y la situación patrimonial del funcionario.

El inmueble donde vive Adorni, adquirido en noviembre de 2025, se encuentra a escasas cuadras de la sede de Filosofía y Letras de la UBA, lo que facilitó la presencia de cátedras completas que habitualmente dictan clases en Puán. En el lugar se congregaron estudiantes, docentes, vecinos y jubilados que, según describió Luca Bonfante, secretario general del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras (CEFyL), participan habitualmente de movilizaciones en defensa de la educación pública.

El evento se inscribe en el marco de un paro nacional de 72 horas convocado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, que agrupa a federaciones como Conadu y Conadu Histórica. La protesta recibió el respaldo de sindicatos y agrupaciones de izquierda, y se desarrolló mientras continúan las investigaciones judiciales sobre el patrimonio de Adorni, denunciado por presunto enriquecimiento ilícito y bajo análisis por la adquisición de propiedades y vuelos privados.

Durante la jornada, las clases públicas abordaron temas como la reciente orden judicial que obliga al Gobierno Nacional a aplicar de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario, el proyecto de modificación de la ley de glaciares y el aniversario del inicio de la última dictadura militar. Se sumaron trabajadores de FATE y vecinos del barrio, quienes manifestaron su apoyo a los reclamos por mejores condiciones laborales y mayor presupuesto para el sector.

La protesta frente al departamento de Adorni fue impulsada “no sólo por la exigencia de la recomposición salarial, sino en defensa de la universidad pública y en acompañamiento a los trabajadores docentes y no docentes”, indicó Bonfante en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas.

Las consignas más reiteradas señalaron el marcado contraste entre los 228.095 pesos netos que percibe un ayudante de primera en la UBA y el nivel de vida del jefe de Gabinete desde que asumió el cargo, situación que ha generado críticas y denuncias de diversos sectores. Según informaron los organizadores, la elección del lugar no fue casual: se buscó “dejar en evidencia la precariedad salarial frente a un funcionario investigado por su crecimiento patrimonial”.

El departamento de Adorni, situado en una de las zonas más exclusivas de Caballito, fue adquirido por USD 230.000 mediante una hipoteca no bancaria otorgada por las anteriores propietarias, según un documento obtenido por el diario La Nación. No obstante, una gran cantidad de publicaciones del rubro inmobiliario indican que el precio actual de mercado de propiedades similares en edificios de la zona es superior a lo declarado por el funcionario.

La polémica patrimonial involucra además la compra de una casa en el country Indio Cuá Golf Club de Exaltación de la Cruz a nombre de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, y viajes al exterior, entre ellos un vuelo privado a Punta del Este en Carnaval y un viaje a Nueva York como parte de la comitiva presidencial. El funcionario reconoció públicamente que vive en el barrio de Caballito, pero evitó dar detalles sobre otras propiedades o el origen de los fondos para la compra de inmuebles.

La última declaración jurada de Adorni presentada ante la Oficina Anticorrupción corresponde a 2024, ya que el plazo para la del año siguiente vence a mitad de este año. En ese documento figura sólo un departamento en Parque Chacabuco y otro en La Plata, ambos adquiridos antes de llegar a la jefatura de Gabinete. El inmueble de Caballito, adquirido en noviembre de 2025, aún no aparece en la documentación oficial.

El fiscal federal Gerardo Pollicita concentra las denuncias promovidas por diputados nacionales, quienes aportaron documentación sobre el pago de expensas y solicitaron la citación de la escribana que intervino en las operaciones inmobiliarias. El funcionario y su esposa también figuran como deudores ante la AGIP por cuotas impagas del impuesto inmobiliario correspondientes a 2025 y 2026.