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POLITICA

Ante el espejo chileno: Milei, entre el partido del ajuste y el de la inflación

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Ya no es el oasis macroeconómico latinoamericano de crecimiento imparable, pero, para la política argentina, Chile sigue siendo un modo de la normalidad que la Argentina todavía no alcanzó. Las elecciones presidenciales del domingo ofrecieron dos postales. Primero, la escena que generó admiración más obvia: el llamado telefónico del presidente saliente al presidente electo. Un diálogo fundado en la lógica de la convivencia política aun cuando se da la alternancia de ideologías en el poder. En el caso chileno, esta vez, una alternancia entre la izquierda más acentuada, la de Gabriel Boric en alianza con el Partido Comunista, y la derecha más definida de José Luis Kast. Pero esa escena no se produce en un vacío: exige la preexistencia de consensos previos, muy difíciles de conquistar por parte de una sociedad y la política. Y ahí entra la otra foto que ofreció la elección chilena, la menos comentada, una postal clave de los treinta y cinco años de democracia chilena: la continuidad, sorprendente para la mirada argentina, de la racionalidad macroeconómica.

Para el liderazgo político argentino, Chile representa una utopía regional posible que, sin embargo, todavía queda lejísimo de este lado de los Andes: consenso democrático indiscutido cruzado con consenso macroeconómico sostenido, no importa el signo político que ocupe la presidencia. En la Argentina, lo primero es un hecho. Lo segundo, la gran deuda pendiente.

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El caso chileno toma más cuerpo todavía dada la coyuntura argentina. Hay que prestarle atención a dos noticias de los últimos días: tienen que ver con dos esfuerzos para delinear los cimientos de una arquitectura macroeconómica resistente a la corrosión de la alternancia política. Una noticia es de este lunes: el inicio de “una nueva fase” en el programa monetario, según el anuncio del Banco Central. La gestión de Milei inicia la segunda mitad de su mandato con foco en dos de los grandes temas críticos pendientes de la macro mileísta: el nivel de reservas y el tipo de cambio. Según el Banco Central, 2026 se convertirá en sinónimo del año de gestión en que Milei y su equipo económico entran en la fase de acumulación de reservas y una flotación del tipo de cambio entre bandas, pero cada vez más realista, ahora mejor adecuada a la inflación.

La otra noticia, de la semana pasada, el envío del proyecto de ley al Congreso, por parte del Poder Ejecutivo, para impulsar un régimen penal más duro con las reglas fiscales, la prohibición de presupuestos deficitarios y la imposición de penas de diez años de prisión para los funcionarios que autoricen emisión o aumento de gastos sin respaldo.

En ambos casos, el Gobierno busca consolidar el ordenamiento macroeconómico y su continuidad en el corto plazo pero también a mediano plazo: de aprobarse esa ley −y si superara el control judicial−, la alternancia política no generaría los riesgos de impacto macroeconómico que genera actualmente. Por ejemplo, la compra récord de dólares que hicieron los argentinos en octubre ante el riesgo de derrota oficialista en la elección de medio término: 4699 millones de dólares en un solo mes. Si a la cultura de la macro racional le toma tiempo hacerse carne en la política y en el votante, Milei opta por intentar imponerla por ley. El objetivo es que la macroeconomía racional dure más allá de sí mismo: ese sería su mayor legado.

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Es cierto que la economía chilena se encuentra bajo presión: el diagnóstico es “crecimiento estancado”. El “milagro” de la Concertación chilena, de la década del ’90, con un crecimiento promedio anual en torno al 6,2 por ciento, con picos de 11,5 en 1992, al estancamiento en torno al 1,8 por ciento en los últimos años, llegó a su fin. “Esta tendencia de crecimiento vigoroso fue perdiendo fuerza y, para la década de 2020, el crecimiento apenas superaba el 2 por ciento”, según un informe del FMI de junio de 2025. Sin embargo, a diferencia de la Argentina, ese desafío se da en un horizonte cultural donde la inflación es inconcebible. En 1990, Chile volvió a la democracia con un 26 por ciento de inflación, pero a los diez años, en 2000, después de una década de baja empinada y sostenida, ya la había llevado a 3,8 por ciento. En los últimos años, gira en torno al 3 y 4 por ciento, excepto en 2020 y 2021, por la pandemia.

El gasto público también viene aumentando. Su suba más crítica se dio entre 2014 y 2018, en la segunda presidencia de Michelle Bachelet, cuando se instaló en torno al 20 por ciento, otra vez, lejos de las escalas argentinas. Aún con el estallido de 2019, ya en la segunda presidencia de Sebastián Piñera, los indicadores macro que tanto preocupan a la Argentina estaban lejos de las distorsiones patrias: ese año, la inflación chilena fue tan sólo del 2,25 por ciento.

Con ojo chileno, esa macro tiene problemas. “Masivo rechazo a las ideas que trajeron estancamiento y decadencia. Gran triunfo para la libertad y democracia. La libertad y el sentido común avanzan en todo el continente. VLLC!!!”. Así se expresó en X el viceministro de Economía argentino, José Luis Daza, que celebró el triunfo de José Antonio Kast. Como chileno, Daza conoce como nadie el panorama económico trasandino: vista desde el regreso de la democracia a Chile, la macro chilena empieza a agrietarse. Vista desde la Argentina, la voluntad de continuidad de la racionalidad macroeconómica por parte de una experiencia de izquierda como la de Boric, más allá de decisiones criticables, resulta envidiable.

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Esa postal macroeconómica a la chilena es la que resuena en la Argentina. Y lleva a dos preguntas. Primero, ¿cuál es el rol de la presidencia de Milei en el contexto de la gran imposibilidad argentina? Es decir, ¿qué papel histórico le toca a su mandato ante la ausencia de continuidad macroeconómica entre las experiencias liberales y las perokirchneristas? Y más todavía: ¿qué rol le cabe luego de las promesas incumplidas de las dos experiencias liberales de los cuarenta años de democracia argentina?

Después del menemismo, llegó su caída y una experiencia político-económica de sentido opuesto: el kirchnerismo, primero el de Néstor Kirchner y luego, el de Cristina Fernández. Después de la racionalidad macroeconómica de Macri y Cambiemos, volvió la cuarta versión del kirchnerismo, con políticas también opuestas. Para Milei, el problema es que las dos experiencias con voluntad de reordenamiento macroeconómico ortodoxo y racional, cada una con sus matices, terminaron en fracasos. Milei tiene la doble responsabilidad histórica de hacer un liberalismo económico con éxito económico y social. Y que además logre continuidad, más allá de quién esté en el poder.

Chile lo hizo. Y de la manera más inconcebible para el ojo argentino: por una continuidad de políticas de la dictadura de Pinochet a la democracia de la Concertación, y más allá, incluso con Bachelet y Boric, aun con sus puntos problemáticos. Alejandro Foxley fue el primer ministro de Hacienda de la Concertación. Ya en democracia, adoptó el modelo de los Chicago boys de Pinochet, que crecía al 7 por ciento, con mejoras en aspectos sociales: apertura comercial y económica, equilibrio fiscal, Banco Central independiente.

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El proyecto de Javier Milei se juega entre estos dos partidos: entre los efectos colaterales del Partido del Ajuste, en un extremo, y el Partido de la Inflación, en el otro. Es decir, por un lado, la gestión libertaria está obligada a demostrar un punto central: que las experiencias políticas que prometen ordenamiento racional de la macroeconomía, con el ajuste como primer paso, no terminan en crisis y estallido social y una nueva escalada del nivel de pobreza. Por el otro lado, la política económica de Milei está obligada desmantelar el sentido común que sostiene las experiencias perokirchneristas en el poder, el Partido de la Inflación: el impulso del mercado interno y del consumo a expensas de las arcas públicas y la emisión y la inflación imparables.

Por eso, la experiencia chilena es un caso testigo fundamental para Milei: las recetas que las propuestas de centroderecha ofrecen en la Argentina tuvieron éxito en la democracia chilena. La macro ordenada llevó al crecimiento y a la reducción de la pobreza, y también de la desigualdad. La experiencia chilena demuestra históricamente que el ajuste es tan sólo el primer paso hacia una cadena de causas y efectos macroeconómicos que desemboca primero en equilibrio o superávit fiscal e inflación a la baja, y luego conduce al crecimiento, el desarrollo, más clase media y menos desigualdad.

Hay una segunda pregunta que surge de esa confrontación con una macro tan estable como la chilena y la comparación con la discontinuidad argentina: ¿por qué buena parte de la política argentina sigue leyendo la democracia chilena como un camino de consolidación de desigualdad e injusticia social cuando los indicadores clave desmienten esa versión? La categoría de “neoliberalismo” como etiqueta de todo lo malo.

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Los hechos dicen otra cosa. Entre 2000 y 2020, comparado con la Argentina, Chile gastó la mitad en protección social pero sus niveles de pobreza eran apenas de un tercio de los niveles argentinos. El dato surge del “Mapa de las políticas sociales en la Argentina. Aportes para un sistema de protección social más justo y eficiente”, del CIAS. Y según los propios indicadores chilenos, entre 1990 y 2018, la pobreza cayó el 40 por ciento. La desigualdad también se redujo. Su sistema educativo, además, es el que presenta mejores resultados en América Latina y sus sectores vulnerables están más incluidos en la universidad que en la Argentina.

La interpretación kirchnerista es un síntoma de una limitación epistemológica del kirchnerismo: una resistencia política-cognitiva que privilegia la creencia y la ideología por sobre la percepción y la realidad. Basado en ese espejo distorsionado, el kirchnerismo, y buena parte del peronismo en general, se consolida como el partido que descree de la macro ordenada. Sin una percepción política libre de ataduras ideológicas, que se base en un análisis de los hechos, la continuidad de la macro racional se enfrenta a un enorme obstáculo. Cualquier alternancia ideológica la puede alejar de su centro.


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Oficial: hasta el momento no encontraron víctimas argentinas en el incendio en Suiza

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Las autoridades argentinas aseguraron que, por ahora, no hay ciudadanos argentinos afectados por el incendio ocurrido durante la madrugada de este 1° de enero en la estación de esquí de Suiza, que dejó decenas de muertos y numerosos heridos de gravedad.

La información fue confirmada a este medio por fuentes oficiales de la Cancillería, que indicaron que no se registraron heridos ni fallecidos de nacionalidad argentina a raíz del siniestro que afectó al bar Le Constellation en el inicio del Año Nuevo. No obstante, continúan las tareas de emergencia en el lugar de la tragedia.

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El hecho se produjo esta madrugada en el reconocido establecimiento de la localidad suiza de Crans Montana. Todos los indicios recogidos permitieron a las autoridades locales excluir la hipótesis de un atentado, ya que se ha determinado que la explosión que se escuchó alrededor de las 01:30 de esta madrugada (hora local) fue causada por el incendio.

En tanto, es muy probable que entre las numerosas víctimas haya varios extranjeros, ya que Crans Montana es una estación muy visitada por los esquiadores en el periodo de fin de año.

De acuerdo con declaraciones de la fiscal general Beatrice Pilloud a la BBC, las autoridades se encuentran trabajando para identificar a las víctimas y devolver los cuerpos a sus familias cuanto antes.

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“A la hora en que les hablo contabilizamos un centenar de personas heridas, muchas gravemente, así como decenas de personas que presumiblemente han fallecido”, dijo el comandante de la Policía Cantonal de Valais, Frederic Gisler.

“La prioridad es la medicina legal para ayudarnos a identificar a las personas fallecidas”, indicó por su parte la procuradora general del cantón de Valais, Beatrice Pilloud.

Investigación y causas del incendio

Las circunstancias detrás del incendio permanecen sin aclararse por completo. El comunicado de la Policía cantonal de Valais describe que el fuego tiene un “origen indeterminado” y la investigación sigue en curso.

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Previamente, el portavoz policial Gaetan Lathion informó a la agencia de noticias AFP sobre una “explosión de origen desconocido” en el local aproximadamente a la 01:30, hora local.

Medios como Blick y Le Nouvelliste recopilaron testimonios de asistentes que sugieren que la detonación pudo haber estado vinculada con el uso de material pirotécnico durante un concierto en el bar, aunque esta hipótesis no ha sido corroborada por las autoridades, que mantienen la reserva sobre el detonante del siniestro.

Respuesta de las autoridades y labor de rescate

La movilización fue inmediata tras el inicio del incendio. De acuerdo con la Policía del cantón de Valais, un gran número de policías, bomberos y socorristas se desplazó al sitio para socorrer a las víctimas.

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Como parte del operativo de emergencia, la zona quedó completamente cerrada al público, y se instauró una zona de exclusión aérea sobre Crans-Montana. Horas después, ambulancias seguían apostadas en la entrada del bar, cuyas ventanas sorprendían rotas, y la prensa local advertía que el “olor a quemado aún en el aire” era muestra palpable del impacto y la gravedad del incendio.

Se estima que hay turistas extranjeros dentro de las víctimas del incendio (REUTERS/Denis Balibouse)

Testimonios y ambiente durante la tragedia

Un turista estadounidense entrevistado por la AFP relató cómo las personas “corrían y gritaban en la oscuridad”, mientras él filmaba las llamas intensas que envolvieron el local.

Según declaraciones al diario 24 heures, los residentes recordaron que la fiesta en Le Constellation se encontraba en pleno apogeo, animada por música y champán, hasta que la noticia del incendio desató la preocupación general y los sonidos de sirenas rompieron el ambiente festivo.

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Otro vecino explicó que, por la coincidencia con los fuegos artificiales de Año Nuevo, inicialmente no comprendieron la gravedad de lo que ocurría, hasta que la presencia de humo reveló la magnitud del drama.

Las autoridades confirmaron que no fue un atentado terrorista (Police/Handout via REUTERS)

Perfil del bar y contexto en Crans-Montana

El bar Le Constellation destaca como uno de los establecimientos favoritos de los jóvenes, con capacidad para unas 300 personas en el interior y 40 en la terraza, según la policía y fuentes del resort.

Durante la noche de la tragedia, al menos un centenar de personas se encontraba allí celebrando el paso de año.

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Crans-Montana, célebre por su exclusividad y afluencia internacional, se encontraba colmada de turistas y residentes cuando la catástrofe se interpuso, truncando las celebraciones y dejando una cicatriz en la memoria de la estación.

Disasters / Accidents,Europe

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POLITICA

El Gobierno respaldó la denuncia en Estados Unidos por el circuito oculto del dinero y los desvíos millonarios de la AFA

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La Justicia de Estados Unidos y el Departamento del Tesoro investigan una denuncia por presuntos desmanejos financieros en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que preside Claudio “Chiqui” Tapia. El expediente describe un esquema de cobro, desvío y ocultamiento de fondos millonarios generados por la explotación comercial de la Selección argentina. La presentación, a la que accedió Infobae de fuentes con acceso a la causa, fue realizada ante la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), bajo la responsabilidad del fiscal federal Jason A. Reding Quiñones. Y tuvo un aporte que recién ahora se conoce: el Gobierno argentino se presentó para apoyar la investigación y prometió colaboración.

En una carta enviada por el Ministerio de Seguridad dirigida al fiscal Reding Quiñones, que Infobae pudo conocer, se transmtió “El pleno respaldo del Gobierno argentino a la investigación en curso originada a partir de la denuncia presentada por el abogado Gilberto M. Garcia, en la cual se describen una serie de presuntas irregularidades financieras que involucran a altos dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)”. En el centro de la trama está la empresa TourProdEnter LLC, de Javier Faroni y su pareja, Erica Gillette.

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“De acuerdo con la documentación presentada ante su oficina, existirían 19 millones de dólares estadounidenses que debieron haber sido depositados en la Argentina, pero que en cambio fueron enviados a los Estados Unidos a partir de contratos celebrados entre la AFA y diversas entidades internacionales”, continúa la misiva que apunta contra la conducción de la entidad madre del fútbol, que preside “Chiqui” Tapia, y está fechada el 2 de septiembre.

Y destaca un aspecto fundamental, que confirma la posición de la Casa Rosada: “Entendemos que este asunto no refleja meras irregularidades administrativas, sino posibles violaciones a la legislación tributaria y anticorrupción argentina, así como conductas financieras incompatibles con la normativa estadounidense en materia de prevención del lavado de dinero”.

“Solicitamos respetuosamente a su oficina que preste especial atención a estas acusaciones y que inicie o continúe las investigaciones que pudieran encontrarse en curso. Nuestra oficina permanece a disposición para brindar la asistencia que resulte pertinente, incluida la coordinación intergubernamental, el aporte de documentación o la formulación de declaraciones que sean necesarias para facilitar una revisión exhaustiva”, prosigue.

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La carta del Ministerio de Seguridad concluyó con una frase de enorme importancia: “La Argentina valora su asociación con los Estados Unidos en materia de aplicación de la ley y regulación, en particular en lo referido a la conducta financiera internacional y la gobernanza del deporte”.

Se trata de una novedad que confirma el respaldo de la gestión de Javier Milei a la investigación de las oscuras maniobras en torno a la gestión de los millonarios fondos de la entidad que preside Chiqui Tapia.

Un escándalo con derivaciones insospechadas

El caso se sustenta en una denuncia acompañada por contratos, anexos bancarios, resoluciones internas y comunicaciones formales, presentada por el abogado estadounidense Gilberto M. Garcia, patrocinante del empresario argentino Guillermo Tofoni, titular de la firma World Eleven. Tofoni aportó la documentación y solicitó acogerse al régimen de protección de denunciantes.

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Aunque la acusación identifica transferencias por al menos USD 19 millones, los propios textos presentados ante las autoridades estadounidenses advierten que ese monto representa solo un caso testigo dentro de una operatoria mucho más amplia. De acuerdo con los contratos y negocios relevados, los ingresos generados por partidos amistosos, patrocinios y derechos comerciales de la Selección argentina en los últimos años podrían alcanzar hasta USD 300 millones.

Un cartel marca el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en Washington, Estados Unidos (foto Reuters)

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida y FinCEN, dependiente del Departamento del Tesoro. El fiscal Jason A. Reding Quiñones tiene a su cargo la evaluación inicial y la eventual apertura de una investigación penal.

El escrito fue elaborado y presentado por Gilberto M. Garcia, abogado con matrícula en Estados Unidos, en representación de Guillermo Tofoni. En la denuncia se solicita la protección del denunciante, según la legislación estadounidense que ampara a quienes aportan información sobre presuntos delitos financieros y lavado de dinero.

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Guillermo Tofoni es un empresario argentino vinculado al fútbol internacional y titular de la empresa World Eleven. Según el expediente, aportó contratos, comprobantes de transferencias y otra documentación que permitió reconstruir el circuito financiero bajo sospecha.

Tofoni sostiene que los fondos generados por la AFA en el exterior debían ingresar a la Argentina, ser declarados ante las autoridades fiscales y distribuirse conforme al estatuto de la Asociación. Sin embargo, habrían sido desviados a Estados Unidos a través de una estructura sin justificación económica real.

Guillermo Tofoni, titular de WorldEleven, impulsó la denuncia en Estados Unidos

El corazón de la denuncia: texto y anexos

La denuncia presentada ante FinCEN y la Fiscalía Federal supera las veinte páginas y está acompañada por anexos numerados que documentan los negocios investigados. No se trata de una acusación genérica: el escrito detalla fechas, montos, contratos, cuentas bancarias y entidades intervinientes.

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Entre los documentos centrales figura el contrato de organización de un partido amistoso internacional en Beijing, celebrado entre la AFA y China Rainbow International Investment Co. Ltd. El acuerdo establece una compensación económica de USD 5 millones por la participación de la Selección argentina, derechos de imagen y derechos comerciales. El contrato fija que el beneficiario es la AFA y que el pago debe realizarse a una cuenta indicada por la Asociación. Sin embargo, el dinero no fue depositado en la Argentina.

Otro anexo clave es el contrato de patrocinio internacional con Binance Investments Co. Ltd., que contemplaba un pago de USD 12 millones a favor de la AFA. El acuerdo señalaba que los fondos debían destinarse al desarrollo institucional y deportivo del fútbol argentino. A pesar de ello, el pago fue transferido desde Binance Suisse a una cuenta bancaria en Estados Unidos, sin constancia de su ingreso al sistema financiero argentino.

A estos documentos se suman comprobantes de transferencias bancarias de Synovus Bank, con sede en Alabama, donde figura como beneficiaria TourProdEnter LLC, empresa de Erica Gillette y su esposo, el empresario teatral y ex funcionario de Alberto Fernández, Javier Faroni. También, notificaciones del propio banco solicitando explicaciones sobre el origen y el destino de los fondos conforme a las normas de prevención de lavado de dinero. Según los anexos, no consta respuesta documentada a esos requerimientos.

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TourProdEnter LLC y el mecanismo de cobro

La Selección de Messi se convirtió en un negocio muy redituable después de conseguir el campeonato del mundo

La denuncia dedica un capítulo específico a TourProdEnter LLC, una sociedad registrada en Florida. Según la documentación incorporada al expediente, la empresa no tiene empleados, infraestructura ni actividad económica comprobable que justifique la recepción de montos millonarios.

Existe una resolución interna de la AFA que la designa como agente comercial para actividades en el exterior. Sin embargo, los denunciantes subrayan que no hay autorización expresa para que perciba la totalidad de los fondos derivados de contratos internacionales, sino, en todo caso, una compensación por servicios. No hay pruebas de que TourProdEnter LLC haya organizado partidos, negociado patrocinios o prestado servicios equivalentes al volumen de dinero recibido.

Para la denuncia, este punto es central: la utilización de una sociedad sin actividad real como receptora de fondos aparece como un indicador típico de maniobras de ocultamiento y posible lavado de activos.

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Claudio “Chiqui” Tapia, en el centro del esquema

El texto de la denuncia coloca en el centro de la operatoria al presidente de la AFA, Claudio Tapia. En varios pasajes se sostiene que, dada la estructura de gobierno de la Asociación, resulta imposible que transferencias de esta magnitud se hayan realizado sin su conocimiento y autorización.

La presentación remarca que Tapia concentra las decisiones financieras y contractuales de la AFA, firma los acuerdos internacionales y ejerce control sobre los flujos de dinero. Desde esa perspectiva, se lo señala como responsable de permitir o disponer que fondos pertenecientes a la AFA fueran desviados al exterior sin rendición de cuentas.

Cuando resulta inevitable mencionar a otros niveles de decisión, el escrito alude a la cúpula de la AFA, describiendo una estructura de poder concentrada, sin controles internos robustos ni auditorías independientes.

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De los USD 19 millones al universo de USD 300 millones

El expediente identifica transferencias por USD 19 millones, aunque la denuncia aclara que ese monto corresponde solo a dos contratos específicos. El texto detalla que la AFA habría percibido, a través del mismo circuito, decenas de millones adicionales por otros partidos amistosos y acuerdos comerciales celebrados en 2023 y 2024.

Según la estimación incluida, si se consideran el valor de mercado de los amistosos internacionales de la Selección campeona del mundo, los contratos en Asia, Estados Unidos y Medio Oriente, y los patrocinios globales, el volumen total de fondos bajo análisis podría alcanzar los USD 300 millones. La denuncia sostiene que una parte sustancial de esos ingresos no habría sido declarada ni ingresada al sistema financiero argentino.

La intervención de FinCEN responde al uso del sistema bancario estadounidense para canalizar los fondos. Las normas de la Bank Secrecy Act obligan a los bancos a reportar operaciones inusuales y a implementar controles estrictos de debida diligencia.

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La denuncia cuestiona si Synovus Bank presentó los correspondientes Reportes de Actividad Sospechosa y si cumplió con todas las obligaciones regulatorias frente a transferencias de gran volumen destinadas a una sociedad sin actividad comprobable.

El dato político: el respaldo formal del Gobierno argentino

Sede de la AFA, en Buenos Aires

El elemento más novedoso del expediente es la intervención directa del Gobierno argentino. El 2 de septiembre de 2025, el Ministerio de Seguridad envió una carta formal al fiscal Jason A. Reding Quiñones en la que expresó su pleno respaldo a la investigación originada en la denuncia presentada por Gilberto M. Garcia en representación de Guillermo Tofoni.

En ese documento, el Gobierno sostuvo que los hechos denunciados no constituyen meras irregularidades administrativas, sino posibles violaciones graves a la legislación tributaria y anticorrupción argentina, además de conductas incompatibles con la normativa estadounidense de prevención del lavado de dinero. La carta también dejó constancia de la disposición oficial a colaborar activamente con la Fiscalía y con el Departamento del Tesoro.

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Ese apoyo formal incorporó a la causa un peso institucional decisivo: la denuncia pasó a contar con el aval explícito del Estado argentino ante la Justicia de Estados Unidos.

Una causa abierta con impacto institucional

La investigación continúa en etapa de análisis en Estados Unidos. Los documentos, los anexos contractuales y las transferencias bancarias describen una maniobra compleja, con un volumen de dinero potencialmente millonario y una estructura de decisiones concentrada en la conducción de la AFA.

Mientras el fiscal Jason A. Reding Quiñones y FinCEN avanzan en el examen de la documentación aportada por el abogado Gilberto M. Garcia y el empresario Guillermo Tofoni, las preguntas centrales siguen abiertas: cuánto dinero se cobró realmente, por qué no ingresó a la Argentina y quiénes decidieron ese circuito financiero. Las respuestas, ahora, quedaron en manos de la Justicia de Estados Unidos y del Departamento del Tesoro.

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La nueva trama de lavado de dinero que involucra a los hermanos Calvete con el narcotráfico en Paraguay

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La historia empresarial de Miguel Ángel Calvete es una caja de sorpresas. También de escándalos. En 2015, mientras era concejal de Cambiemos en La Matanza, montó junto a su hermano Alejandro una red de sociedades en Paraguay que sirvieron como fachada para que el ciudadano argentino-español Jorge Haron Hougham blanqueara millones de dólares provenientes del narcotráfico. Así surge de las pruebas descubiertas por una investigación judicial abierta en Asunción.

Es otro capítulo delictivo, hasta ahora desconocido, que se suma a la saga expuesta desde que el apellido Calvete quedó asociado a la trama de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) como el cerebro de las compras amañadas durante la gestión de Diego Spagnuolo.

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Su contraparte en este negocio es hijo de Raúl Ricardo Hougham, alias “El Rey del Plástico”, un estafador argentino que se ganó fama mundial con la clonación de tarjetas de crédito en Europa durante los 90, cuando los controles eran más laxos en la era pre Internet. Jorge Haron Hougham aparece incluso en algunos artículos periodísticos de esa época como parte de la organización que terminó con su padre cumpliendo condena en una cárcel de Barcelona.

Desde Madrid pusieron en aviso a las autoridades paraguayas del desembarco de Hougham en ese país. Lo conocían bien: había sido detenido en julio de 2001 en el pequeño pueblo de Derio, en las afueras de Bilbao, cuando estaba cargando paquetes de cocaína en un Seat León. El relato de la fiscal paraguaya María Estefanía González detalla, además, que Hougham había sido el artífice de una operación que trasladó la droga en un velero. La Policía Nacional de España decomisó 650 kilos de cocaína.

Las autoridades españolas advirtieron casi 15 años después que Hougham podría haberse mudado a Paraguay para blanquear el botín de supuestas operaciones narco. Efectivamente, Hougham se puso en contacto allí con la contadora paraguaya Gloria Ramírez Peralta que, a su vez, estableció contacto con Miguel Ángel y Alejandro Calvete. Los hermanos argentinos crearon tres sociedades que fueron clave para canalizar ese dinero a través de operaciones de compra-venta de propiedades y otras maniobras de lavado, reconstruyó la fiscal González.

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Jugaban a varias bandas. En aquel año, Miguel Ángel había sido elegido concejal de La Matanza por Cambiemos y hacía campaña pegado a Mauricio Macri, a María Eugenia Vidal, Patricia Bullrich y otras figuras del nuevo poder. A la vez, alquilaba una serie de departamentos que, cuatro años después, la Justicia calificó como sedes para el ejercicio de la prostitución. Los dos hermanos serían condenados a cuatro años de prisión por proxenetismo a raíz de esa actividad, aunque Alejandro fue absuelto en segunda instancia.

Miguel Calvete, Alejandro Finocchiaro y Patricia Bullrich durante la campaña de Cambiemos de 2015 en La Matanza

En Paraguay, los Calvete registraron las sociedades Flashlight SA, Forum SA y Gapa SA, todas con domicilio en Lambaré, un municipio del conurbano de Asunción. Las compañías compartían dirección, teléfono y escribana con otra empresa que había sido constituida por el propio Hougham el mismo día que ellos, indica el escrito al que accedió .

La fiscal consideró que las empresas de los Calvete eran apenas una pantalla para el blanqueo. “Starflash registra actividades ilegales, indistintamente, mimetizadas en otras legales, por lo que se adscribe a una empresa fachada”.

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La casa donde tiene registrada una empresa Alejandro Calvete en Lambaré, cerca de Asunción, Paraguay

Forum SA, cuyo contacto oficial era Alejandro Calvete, fue habilitada en el rubro de construcción de viviendas y contaba con permiso de importación y exportación de productos. Sin embargo, tanto esta sociedad como las demás prácticamente no tuvieron movimientos comerciales entre 2015 y 2017. Las empresas habían extendido poderes en favor de Ramírez Peralta, quien fue señalada como “el cerebro financiero” de la organización, para establecer contacto con oficinas públicas, bancos y otras instituciones.

Los Calvete tuvieron éxito con Starflash SA: ganaron una licitación pública para proveer “un generador de energía” a la municipalidad de Lambaré por 200 millones de guaraníes (unos 30.000 dólares). Los concursos públicos han sido una de las especialidades de los Calvete, como lo evidencia la causa sobre irregularidades en la Andis. El fiscal Franco Picardi investiga la manipulación de licitaciones públicas en dicho organismo, que habría sido pergeñada por Miguel Ángel Calvete. Pidió su detención. Aunque no lo logró, el exconcejal está preso en Ezeiza desde octubre en cumplimiento de su condena por proxenetismo.

Las empresas de los hermanos argentinos también aparecen involucradas en al menos seis operaciones de compra-venta de propiedades y otras tantas de vehículos. Por ejemplo, la venta de un BMW modelo 335D coupé daba cuenta de que Alejandro Calvete contaba con un permiso de conducción sobre ese auto. La fiscal también detalló que las sociedades habían registrado una alta cantidad de operaciones de cambio de divisas, muchas eran la conversión de pesos argentinos a guaraníes, con el supuesto objetivo de ingresar ese dinero en el mercado paraguayo.

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A pesar de las pruebas incluidas por la fiscal, los Calvete no estuvieron oficialmente acusados en el expediente paraguayo, según la documentación revisada por este medio. “Esta organización no está conformada solo por los dos acusados (Hougham y su contadora), sino que también abarca a otras personas respecto de las cuales continúan en curso las pesquisas de la fiscalía”, indica el escrito al que accedió .

“Los acusados se sirvieron de las empresas Gapa, Forum y Starflash (propiedad de los Calvete) con las que realizaron actividades económicas, principalmente la construcción y compra-venta de propiedades, mimetizados con transacciones legales, en el intento de dificultar su detección”. Forman parte, así, de la primera etapa denominada del blanqueo que las autoridades calificaron como “ocultación”.

La causa judicial contra Hougham y su contadora paraguaya todavía atraviesa un largo derrotero en los tribunales de Asunción, ya que su defensa logró que un tribunal declarara nula la acusación, ya que −entendieron− había una recusación contra la fiscal que estaba pendiente de resolverse al momento de firmar la acusación. El caso todavía continúa entre apelaciones y ahora tendrá que resolverlo la Corte Suprema.

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Miguel Ángel y Alejandro Calvete fueron socios en Argentina en empresas como Finefox SRL y Energy Nature Free SA, que fueron registradas en 2017, después de su colaboración con Hougham. Con esta última sociedad fueron investigados en Buenos Aires por un proyecto fallido para construir una sucursal del Mercado Central en Colegiales.

Los hermanos fueron condenados en 2019 por alquilar departamentos para el ejercicio de la prostitución. Pero sus negocios no se detuvieron. Alejandro volvió a España, donde vivió gran parte de su vida. Como reveló , constituyó en 2020 una red de laboratorios de cannabis medicinal que fue usada para justificar la operatoria de un clan de narcotraficantes mexicanos. Logró salir de España en 2022 antes de que la Policía Nacional de ese país detuviera a todos los involucrados en la trama. Sobre él pesa una orden de busqueda y captura por lavado y tenencia ilegal de armas.

El último paradero de Alejandro Calvete lo vuelve a localizar en Paraguay, donde registró este año la sociedad Power Capital Energy SA. intentó localizarlo en Lambaré, pero no lo encontró en el domicilio. “Estuvo aquí la semana pasada”, dijeron desde la oficina. Fuentes que lo conocen sostienen que salió hacia un nuevo destino: algunas lo ubican en la Argentina; otras en Brasil.

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Con la colaboración de Gabriela González Escalada


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