POLITICA
Ante una deuda de $200.000 millones, el Gobierno analiza dividir la obra social de los militares
La división de la obra social de los militares sería la fórmula elegida por el Gobierno para alivianar la crisis del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa), que arrastra una deuda de $200.000 millones y un déficit operativo mensual de $10.000 millones, además del corte de prestaciones que afecta a sus casi 600.000 afiliados.
La deuda crece a un ritmo de $20.000 millones por mes y los cortes en las prestaciones se registran en medio de situaciones extremas que atraviesan pacientes oncológicos, otros que son sometidos a trasplantes, los que afrontan patologías crónicas severas y los insulinodependientes, entre otros cuadros graves. La crisis se profundizó en los últimos dos años, en los que pasaron por Iosfa tres presidentes.
Mientras la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anticipó hace dos semanas en una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados su decisión de que la Prefectura y la Gendarmería “no estén más en el Iosfa y tengan su propia obra social”, su par de Defensa, Luis Petri, trabaja para constituir una nueva entidad que garantice la cobertura de salud a los miembros de las Fuerzas Armadas y sus familias.
Ambos ministros quieren dejar encaminada una posible solución al desmanejo de la obra social antes del 10 de diciembre próximo, fecha en que pasará al Senado y Petri se sumará a la Cámara de Diputados.
Más allá de la crisis económica y financiera de la obra social –la tercera más grande del país, por sus dimensiones, detrás del PAMI y el IOMA-, Bullrich dijo en la reunión parlamentaria que las fuerzas de seguridad “se sienten mal en el Iosfa” porque hay prestaciones a las que no acceden. “Pagan burocracia y reciben menos servicios”, graficó. A eso se suma que las fuerzas federales tienen dos representantes en el Directorio y las Fuerzas Armadas, seis.
La ministra reveló que se está trabajando en reformular el Iosfa, , que fue creado por el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 637/2013 por la entonces presidenta Cristina Kirchner, al unificar las obras sociales que cada fuerza manejaba históricamente por separado. A juicio de Bullrich “se creó una superestructura que encareció totalmente el sistema” y en la práctica cada fuerza mantuvo la organización de su propia obra social.
Fuentes cercanas a la conducción de Iosfa confirmaron a que es necesario un DNU para modificar la norma vigente. Asimismo, desestimaron la posibilidad de que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea pasen a tener una obra social propia. La obra social es conducida desde noviembre de 2024 por la contadora Betina Surballe, tras las gestiones sucesivas del médico Oscar Sagás y del contador Roberto Fiochi, ambos mendocinos y en cuyas administraciones la deuda se multiplicó.
Según pudo saber , una de las propuestas que se estudian en el Gobierno apunta a que la abultada deuda sea asumida por el Ministerio de Economía. Así lo expresa un borrador que circuló en las Fuerzas Armadas. “La referida obligación será atendida con cargo a las partidas presupuestarias vigentes del Ministerio de Economía, quien adoptará las medidas necesarias para la regularización contable y financiera de la deuda asumida, y efectuará las modificaciones presupuestarias que correspondan”, se mencionaba en un documento de trabajo.
En sectores militares preocupa que la deuda de Iosfa siga creciendo, a pesar de que están prácticamente cortados los servicios. “Sin dar prestaciones igual persiste el pasivo”, señaló una fuente castrense.
No está aún definido, en tanto, qué pasará con la actual organización territorial de Iosfa, especialmente con las delegaciones que se asientan en zonas donde solo tienen presencia la Prefectura y la Gendarmería, y en qué medida se mantendrá o se recortará el plantel de 2700 empleados.
En sectores castrenses, más que a la estructura de la obra social, sostenida con el aporte de los afiliados, preocupa que la presidencia de la obra social dependa del poder político de turno. “La injerencia política en la gestión ha sido el factor determinante de la crisis institucional y financiera”, resumió un general retirado, al reclamar que se permita que los militares dirijan su propia obra social con verdadera autarquía”.
Una opción también en estudio, que no conforma a las Fuerzas Armadas, es el posible incremento de los aportes de los afiliados, del 6% al 7% del sueldo, más otro 1% para la inclusión del grupo familiar. Los retirados también aportarían el 7% de los haberes de retiro, a lo que se sumaría otros 2% por el grupo familiar. Ante esta posibilidad, fuentes militares advirtieron que “el Poder Ejecutivo Nacional carece de facultades para establecer tributos, que solo pueden ser regulados por una ley del Congreso”, al desechar la posibilidad de modificar las alícuotas por decreto.
De los casi 600.000 afiliados a Iosfa, se estima que el 60% corresponde a las Fuerzas Armadas y el 40% a las fuerzas de seguridad federales. Entre los militares, el Ejército suma 190.000 afiliados, la Armada unos 90.000 y la Fuerza Aérea, cerca de 70.000, según fuentes castrenses.
Mariano De Vedia,Fuerzas Armadas,Patricia Bullrich,Luis Petri,Conforme a,Fuerzas Armadas,,Reajuste salarial. Cuánto cobra el personal de las Fuerzas Armadas en noviembre,,Dos candidatos para Defensa. Petri acompañará a Milei a recibir los primeros aviones F-16 mientras se define su sucesión,,Histórico y crucial fallo
POLITICA
Ante industriales, Santilli anticipó que el Gobierno tendrá consenso para aprobar reformas en el Congreso
Ante un auditorio colmado de dirigentes y referentes empresariales, el ministro del Interior, Diego Santilli, cerró la Conferencia Anual de la Unión Industrial Argentina (UIA) con mensajes dirigidos a la dirigencia política y al entramado productivo del país.
“Nunca pensé que volvería acá con un triunfo electoral y como ministro del Interior”, se sinceró el funcionario en el inicio de un discurso en el que adelantó algunos lineamientos de las reformas laboral e impositiva que el Gobierno intentará que se aprueben en las sesiones extraordinarias del Congreso y que lo tendrán a él como articulador.
Santilli expresó su convicción de que el oficialismo cuenta con el respaldo necesario para impulsar y aprobar en las normas estructurales que considera indispensables, incluyendo la llamada modernización laboral y una reforma impositiva de alcance nacional.
En el encuentro, realizado en la sede de la UIA, Santilli coincidió en que la economía argentina ha transitado años sin lograr un crecimiento sostenido en el empleo formal, ni en la creación de pequeñas y medianas empresas. A pesar de los años de estabilización que atribuye a la asunción del presidente Javier Milei, el funcionario subrayó que persisten indicadores preocupantes, como la alta tasa de informalidad laboral, niveles de pobreza crecientes y múltiples tipos de cambio coexistiendo en el mercado.
“Argentina no generaba un puesto de trabajo neto en 15 años. El 52% de nuestra fuerza laboral es informal. Aquí nos tiene que doler a todos”, expresó frente a los industriales.
El funcionario puso especial énfasis en el cambio de rumbo implementado en los últimos meses. “Pasamos de una inflación del 211% a 30, del 54% al 30,7% de pobreza. Cero piquete, cero intermediación de planes”, enumeró Santilli, al repasar los resultados del programa económico del Ejecutivo. Atribuyó la posibilidad de avanzar con reformas de fondo a una nueva relación de fuerzas en el Congreso: “Hoy hay block power para lograr las reformas que hay que hacer”, aseguró.
La cuestión de las reformas pendientes ocupó un lugar central en el discurso. El ministro habló de la necesidad de un presupuesto estatal que marque un antes y un después en el manejo del gasto público, donde el 85% esté orientado a jubilaciones, educación y salud, y que prohíba el financiamiento del Banco Central al Tesoro. Subrayó, además, que el presupuesto que se presentará será el de menor gasto en tres décadas.
Respecto a la modernización laboral, Santilli anticipó un proyecto de ley “claro y contundente” destinado a reducir la informalidad y generar nuevas condiciones de contratación para quienes invierten y desarrollan actividades productivas. Al referirse a la llamada industria del juicio, lamentó que los altos costos de litigios laborales desalienten la formalización y encarezcan la operación de las empresas. “No sé cómo lo que vale 10 pasa a ser 100, eso es algo que tenemos que erradicar porque destruye la industria y encarece todos los costos”, manifestó.
La reforma fiscal fue presentada por Diego Santilli como un aprendizaje de experiencias previas, subrayando la importancia de coordinar los cambios en los tres niveles de gobierno: Nación, provincias y municipios. Sostuvo que sin una armonización de políticas impositivas, el ajuste realizado a nivel nacional podría ser absorbido por “tasas incomprensibles” en jurisdicciones menores.
En materia de seguridad, el ministro destacó logros obtenidos durante su anterior gestión ejecutiva en la Ciudad de Buenos Aires, describiendo a esa capital como “la segunda ciudad del continente con menos homicidios” después de Ottawa, y atribuyó parte de ese éxito a acciones firmes en materia de lucha contra el narcotráfico.
La agenda extraordinaria del Congreso, según adelantó Santilli, incluirá además la modificación del Código Penal con acento en la lucha contra la corrupción y iniciativas sugeridas por los gobernadores, a quienes el ministro busca integrar activamente en el debate político.
Santilli cerró su intervención ante los industriales convocados por la UIA con un mensaje de optimismo enfocado en el crecimiento a largo plazo: “Cuenten con un ministro del Interior que va a intentar unir las partes para que la Argentina crezca 30 o 40 años. La etapa que viene es la del crecimiento”, concluyó.
Tras el pase de ocho diputados y una senadora allegados a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a La Libertad Avanza (LLA), Pro se mantienen en alerta por la posible salida de otras dos legisladoras. Los esfuerzos del expresidente Mauricio Macri por blindar el bloque amarillo en el Congreso encuentran un límite en Gisela Scaglia, vicegobernadora de Santa Fe y presidenta del partido en la provincia, que se encamina a engrosar las filas de Provincias Unidas en la Cámara baja. Hay expectativa también por la vacante que dejaría Silvia Lospennato de confirmarse su asunción en la Legislatura porteña.
Macri encabezó ayer una reunión del Consejo Nacional de Pro en la sede del partido en Balcarce 412 para rediscutir su vínculo con LLA, prevenir nuevas fugas y delinear la nueva estrategia parlamentaria. Prevén acompañar las reformas del Presidente, pero, a la vez, reconstruir la identidad partidaria y ofrecer a largo plazo una alternativa liberal al sello violeta. Para lograrlo, apuestan a abroquelar a todos sus legisladores en un bloque sólido que se diferencie tanto de los libertarios como de otros espacios.
Esa meta tuvo ayer su primer embate cuando la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, tomó la palabra y confirmó que, de asumir su banca a fin de año, no se sumará a la bancada que conduce Cristian Ritondo. Integrará, en cambio, el bloque de Provincias Unidas, el frente de seis gobernadores cuya lista encabezó en las últimas elecciones nacionales.
El anuncio generó malestar entre los presentes que, minutos atrás, habían votado por echar de la reunión a Oscar Agost Carreño, con quien Pro mantiene un conflicto abierto por un accionar similar al planteado por Scaglia. Es que el diputado nacional había abandonado el bloque Pro en la Cámara baja para sumarse a Encuentro Federal, bajo el liderazgo del peronista Miguel Ángel Pichetto. Tal escisión había motivado la intervención del partido en Córdoba -donde ejercía como titular- y un fallido intento por apartarlo del espacio.
En este contexto, fue el exministro de Transporte, Guillermo Dietrich, quien salió al cruce de Scaglia -que también es presidenta del sello amarillo en su provincia- y advirtió que, tal como había ocurrido con Agost Carreño, no se debía pasar por alto la decisión de la vicegobernadora santafesina. También se escucharon críticas de parte del alcalde porteño, Jorge Macri. La pregunta es si, tras los recientes pases a La Libertad Avanza, Pro se encuentra en condiciones de librar una nueva batalla entre sus propios dirigentes para garantizar la cohesión interna y preservar su posición en el Congreso.
“Si ella quiere que Pro se fortalezca, tiene que asumir por el bloque de Pro”, aseguraron a en el partido macrista. No cuestionan su decisión de impulsar la creación de Provincias Unidas, sino de priorizar ese armado sobre su propia afiliación partidaria. “El problema no es integrar un frente; el problema es abandonar la construcción partidaria por ese frente”, indicaron.
En tanto, Silvia Lospennato podría asestarle un nuevo revés al plan de Macri de blindar su bloque parlamentario. La diputada nacional encabezó la lista de Pro para las elecciones de mayo en la ciudad de Buenos Aires y el 10 de diciembre deberá asumir su banca en la Legislatura porteña. Es, sin embargo, un compromiso que todavía no confirmó.
Es que la diputada tiene mandato en el Congreso Nacional hasta 2027 y, de irse, sería reemplazada por Lorena Petrovich, que responde a Bullrich y podría seguir los pasos de sus pares Patricia Vázquez y Silvana Giudice hacia las filas libertarias. La salida de Lospennato dejaría al bloque amarillo -que hoy integran 16 diputados- en una situación de mayor debilidad, por lo que su desembarco en la Legislatura porteña aún no está confirmado. Ayer, durante la cumbre del partido, la diputada no mencionó el tema y, al término del encuentro, evitó responder la consulta de este medio al respecto.
Lo cierto es que, de no asumir en el parlamento local, Pro se plegaría a otros partidos que presentaron candidatos testimoniales en sus listas -como sucedió con Fuerza Patria en las elecciones bonaerenses o La Libertad Avanza con la postulación de Adorni- y perdería, así, un diferencial. Sería también un golpe a la bandera de institucionalidad que pretende enarbolar el partido para reconstruir su identidad rumbo al 2027.
pase de ocho diputados,blindar el bloque amarillo,reunión del Consejo Nacional de Pro,bloque de Provincias Unidas,elecciones de mayo en la ciudad de Buenos Aires,Abigail Contreiras Martínez,Pro (Propuesta Republicana),Mauricio Macri,Congreso Nacional,Conforme a,,Más adhesiones. El gobernador de Salta prometió apoyo para el presupuesto y las reformas que quiere Milei,,La crisis de Iosfa. Ante una deuda de $200.000 millones, el Gobierno analiza dividir la obra social de los militares,,Cuadernos de las Coimas. El tribunal sumará una audiencia más a la semana y se leyeron nuevas acusaciones contra Cristina,Pro (Propuesta Republicana),,Apoyo a las reformas. Con Macri a la cabeza, Pro descartó conformar un interbloque con La Libertad Avanza,,Tensión entre aliados. En el Gobierno relativizan las críticas de Macri y dicen que Santilli ya no le respondía en Pro,,Análisis. Volvió el viejo Milei y se va Cristina
POLITICA
El Gobierno analiza convocar a la CGT para negociar antes de presentar la reforma laboral en el Congreso
El Gobierno planea convocar a la nueva cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) para negociar antes de presentar la reforma laboral en el Congreso. El Ejecutivo busca acercar posiciones con la central sindical en la previa del tratamiento del proyecto, que el oficialismo quiere ingresar primero por el Senado.
Es por eso que la Casa Rosada tiene en la mira un encuentro con Cristian Jerónimo (Sindicato del Vidrio), Jorge Sola (Seguros) y Octavio Argüello (Camioneros) en el corto plazo. En Balcarce 50 reconocen que no buscarán centralizar las negociaciones en el Consejo de Mayo, que no volvió a reunirse tras la salida de Guillermo Francos de la Jefatura de Gabinete.
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En la mesa política de Nación aseguran que apuntarán a reunirse con cada sector por separado para avanzar con las reformas. Es por eso que el nuevo ministro coordinador, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, coordinan encuentros con los mandatarios que firmaron el Pacto de Mayo para sumar adhesiones en el Congreso. Lo mismo aplica para el sector empresarial.
Según pudo saber TN, el proyecto del oficialismo contiene cambios en la Ley de Contrato de Trabajo (20.744) para reducir los costos de contratación, los impuestos laborales y la participación estatal en los acuerdos entre privados. Busca fomentar la mediación y el arbitraje como mecanismo de resolución de conflicto entre partes para evitar judicializaciones.
Lo mismo aplica para la optatividad del pago de la cuota solidaria de los sindicatos -medida que afectaría su recaudación-, la aplicación de los convenios específicos sobre los colectivos y la profundización de las limitaciones al derecho a huelga a través de la declaración del servicio esencial del 50% de áreas como la salud, transporte, telecomunicaciones y educación, entre otras.
Es una de las concesiones que realizó el Ejecutivo en septiembre de 2024 con la CGT: definió no reglamentar el artículo 94 de la Ley Bases, que modifica la Ley 20.744 y habilita despidos en casos de bloqueos a las empresas. Dispone que “podrá configurar grave injuria laboral, como objetiva causal de extinción del contrato de trabajo, la participación activa en bloqueos o tomas de establecimiento”.
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La Casa Rosada ya impulsó el año pasado la eliminación de multas al trabajo mal registrado, la ampliación del período de prueba a ocho meses junto con la creación del fondo de cese laboral optativo. En Balcarce 50 mantienen la postura además de no homologar paritarias por arriba de la inflación más allá de las tensiones con los sindicatos.
Los encargados de llevar los cambios en el régimen del trabajo son los ministros Federico Sturzenegger (Desregulación) y Luis Caputo (Economía) junto con el secretario de Trabajo, Julio Cordero. En Nación aseguran que ya hubo contactos con la nueva cúpula de la CGT para negociar los puntos de la reforma laboral.
El Gobierno formalizará la primera convocatoria a sesiones extraordinarias desde el 10 hasta el 31 de diciembre para tratar en Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados. Nación apunta a que los cambios en el régimen laboral comiencen a debatirse en la Cámara Alta bajo la interlocución de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y quiere ampliar las sesiones extraordinarias desde el 15 de enero hasta fines de febrero.
Las nuevas autoridades de la CGT anticiparon que buscarán abrir una mesa de diálogo con el Gobierno, pero remarcaron que rechazarán tres puntos que circularon sin confirmación oficial: el tope en las indemnizaciones, los bancos de horas y el salario por productividad. “No vamos a aceptar ninguna propuesta que sea regresiva con quita de derechos”, expresó Jerónimo en declaraciones radiales.
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El dirigente del sindicato del Vidrio aseguró que la central obrera está dispuesta a discutir “sobre bases convencionales y con criterios razonables”. Recordó además que el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, integra el Consejo de Mayo, y planteó que “mientras sea un diálogo criterioso, estamos dispuestos a conversar”.
Sola afirmó que la CGT no acompañará “nada que replique el DNU 70/23” y sostuvo que la Justicia ya declaró inconstitucional ese decreto. “Hay un sector del Gobierno que busca atomizar el poder sindical, tratándonos como adversarios políticos”, manifestó el dirigente del sindicato del Seguro.
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