POLITICA
Ante una oposición impotente, el Gobierno profundiza su estrategia para aprobar las próximas reformas

Los libertarios festejaron en la madrugada del viernes la aprobación de la reforma laboral en Diputados y no perdieron el tiempo: antes del mediodía ya habían conseguido el dictamen para darle sanción definitiva en el Senado con apenas un cambio la semana que viene.
El oficialismo viene de cosechar resonantes victorias en las sesiones extraordinarias del Congreso y busca mantener la buena racha: antes de que la oposición pueda salir de su desconcierto planean sancionar el proyecto de modernización laboral y el nuevo Régimen Penal Juvenil, ratificar el acuerdo Mercosur-Unión Europea, avanzar con una propuesta para el financiamiento para las universidades, modificar la ley de Glaciares y validar legislativamente el acuerdo comercial con Estados Unidos.
La nueva configuración de la mesa política libertaria mejoró notablemente la performance del oficialismo en el Congreso. Patricia Bullrich al mando de las negociaciones en el Senado le aportó al Gobierno más flexibilidad a la hora de negociar los proyectos. Por ejemplo, no dudó en eliminar el capítulo de Ganancias para que los gobernadores apoyen la reforma laboral en la Cámara alta y tampoco tuvo pruritos para retirar el artículo sobre las licencias médicas por accidentes y enfermedades.
En tándem, el ministro del Interior Diego Santilli y Eduardo “Lule” Menem consolidaron un canal de diálogo con los gobernadores -aceitado con Aportes del Tesoro Nacional y transferencias de obras- que le permitió al oficialismo ampliar su base de aliados. Las provincias jugaron un rol clave para asegurar el quórum de la reforma laboral, incluso las que después votaron en contra del proyecto, como Catamarca, y colaboraron para bajar la edad de imputabilidad a 14 años y ratificar el acuerdo Mercosur-UE.

El “principio de revelación” le abrió paso a la “rosca” tradicional y los resultados fueron rotundos. Un antes y un después si se compara con el escenario legislativo hostil que enfrentó el Gobierno en la segunda mitad del año pasado, cuando se vio obligado a recurrir tres veces al veto presidencial para luego perder ante las insistencias del Congreso.
Ahora los libertarios se encaminan a cumplir dos de sus objetivos inmediatos: ser el primer país del Mercosur en ratificar legislativamente el acuerdo con la UE y aprobar la reforma laboral y la baja de la edad de imputabilidad antes de que termine febrero, lo que permitirá que el presidente Javier Milei incluya estos logros en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias el 1 de marzo.
Sin embargo, el oficialismo no planea dormirse en los laureles y apuesta a aprovechar al máximo la falta de respuesta opositora. La semana que viene comenzará en el Senado otro debate que traerá polémica: la reforma de la Ley de Glaciares.
Este proyecto fue prenda de negociación con las provincias como San Juan, Mendoza, Catamarca, Jujuy y Salta, que venían reclamando por esa iniciativa para potenciar los emprendimientos mineros, especialmente las exportaciones de cobre.

La ley actual define a los glaciares como bienes de carácter público y extiende la protección al ambiente periglacial, es decir, a las áreas de suelos congelados que regulan los recursos hídricos. Dado que prohíbe expresamente actividades que puedan afectar la condición natural de los glaciares, como la liberación de sustancias contaminantes, la construcción de infraestructura ajena a la investigación científica, la exploración y explotación minera e hidrocarburífera y la instalación de industrias, muchas provincias plantean que interfiere con la explotación de sus recursos naturales.
Según el Gobierno, el nuevo proyecto ordenará el marco normativo, eliminará interpretaciones arbitrarias y fortalecerá el federalismo ambiental, permitiendo que las provincias asuman mayor protagonismo en la gestión de sus recursos.
Es decir, cuando un glaciar o ambiente periglacial esté incluido en el Inventario Nacional de Glaciares, se presumirá que forma parte del objeto protegido por la Ley de Glaciares, pero si una provincia determina que no cumple con funciones hídricas, dejará de estar protegido por la norma y se eliminará del Inventario, lo que habilitará la explotación productiva en el lugar.
Por otro lado, la Casa Rosada ya envió y espera aprobar en las primeras semanas de marzo un nueva ley de financiamiento universitario, que apunta a reformular la ley 27.795. Ese proyecto fue vetado por Milei pero luego la oposición consiguió insistir con su sanción en el Congreso. Sin embargo, nunca se aplicó completamente porque desde la Casa Rosada argumentaron que no estaba contemplado de dónde saldrían esas partidas presupuestarias.

“Lo de ahora es un punto medio entre lo que reclamaban los rectores y lo que quería el Gobierno, es algo mucho más lógico”, dijo a Infobae un integrante de la mesa política.
En concreto, el proyecto propone actualizar los gastos de funcionamiento según la inflación observada (IPC-INDEC) por encima del 14,3%, que es “el valor promedio anual utilizado para la confección del proyecto de Ley de Presupuesto para el Ejercicio 2026”. Es decir, si la inflación efectiva supera ese 14,3%, el crédito para las actividades 14 (Funcionamiento), 15 (Hospitales Universitarios) y 16 (Ciencia y Técnica en Universidades) del Programa 26 se ajustará para preservar el incremento real.
Respecto a las remuneraciones, el artículo 5° fija una recomposición 2025 paga en 2026 para docentes y no docentes, con tres incrementos del 4,1% cada uno (marzo, julio y septiembre), calculados sobre los básicos vigentes al 31 de diciembre de 2025—en total, 12,3%—y ordena al Ejecutivo convocar paritarias obligatorias al mes de sancionada la ley, con periodicidad no mayor a tres meses. “Dicha convocatoria deberá ser abarcativa del personal docente y no docente”, expresa la norma.
Finalmente, el Gobierno trabaja contrarreloj para enviar a Diputados el acuerdo comercial con Estados Unidos, lo cual conlleva dificultades extra porque se deberán modificar varias leyes para poder cumplir con lo pactado.
En las filas libertarias confían en que los gobernadores volverán a garantizar la ratificación del acuerdo porque, al igual que con el tratado Mercosur-UE, tendrán como prioridad abrir nuevos mercados para sus economías regionales y atraer inversiones para desarrollar proyectos productivos que generen empleo. De hecho, el acuerdo con la UE obtuvo el respaldo de cerca de la mitad del bloque Unión por la Patria, donde primaron los intereses provinciales.
En la apertura de sesiones del 1 de marzo, el presidente Milei podrá exhibir resultados concretos en al menos dos temas históricamente postergados, como la modernización laboral y la baja de la edad de imputabilidad. Ambas cuestiones fueron parte de la agenda de distintos partidos durante décadas, pero fueron los libertarios los que consiguieron destrabar los acuerdos necesarios para convertirlas en ley.
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POLITICA
El Gobierno toma la paritaria de Camioneros como modelo: cómo es la nueva pauta salarial que pone a prueba al sindicalismo

Ya comenzó la temporada alta de las paritarias 2026, con la negociación de los aumentos salariales que regirán durante un año, pero el Gobierno afrontará una etapa desafiante en esta materia: como está elaborando el decreto reglamentario de la reforma laboral, decidió no aplicar aún la apertura de acuerdos por empresa o por regiones, como reclaman desde el sector empleador.
Según interpreta la Casa Rosada, algunos artículos de la flamante Ley 27.802 de Modernización Laboral no requieren reglamentación, como la finalización de la ultraactividad de los convenios colectivos, la reglamentación del derecho de huelga en los servicios esenciales y el tope del 2% para cuotas solidarias, pero hay otros que sí exigen un desarrollo reglamentario antes de aplicarse, como la formación de sindicatos de empresa y los convenios por región o por empresa.
El primer test en este rubro fue la paritaria cerrada este viernes por el Sindicato de Camioneros. Antes de firmarse, Hugo Moyano había pateado el tablero al exigir un aumento del 8% para recuperar lo perdido ante la inflación y la negativa a aceptar mejoras con vigencia superior a la trimestral para evitar nuevos desfases.

Ese combo preocupaba al Gobierno y también a algunos empresarios del interior que pidieron a la Secretaría de Trabajo que, a tono con la reforma laboral, se abrieran las negociaciones a nivel de región o de empresa para no tener que aplicar aumentos que rigen a nivel nacional en toda la actividad y pactar cifras adaptadas a las críticas realidades locales, pero la respuesta fue negativa. “La ley no está reglamentada, con lo cual no es plenamente operativa en ese punto”, advirtieron los funcionarios que recibieron el planteo.
Algunos empresarios sospechan, sin prueba alguna, que el Gobierno demora la reglamentación de la reforma laboral porque la CGT está presionando para incidir en su redacción y lograr que se atenúen puntos que son considerados perjudiciales para el poder sindical.
Pero lo que más preocupa hoy a los dirigentes gremiales es que el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo busca mantener los nuevos aumentos salariales por debajo de la inflación, es decir, con cifras menores al 2%, mientras, como se sabe, el nivel de los últimos Indices de Precios al Consumidor mostró una tendencia a la suba, por lo que la pauta oficial para las paritarias 2026 presagia un horizonte de crecimiento de la conflictividad sindical.

Trabajo amenaza de nuevo con no homologar los convenios que superen el tope salarial, pero la administración Milei sabe que será difícil mantener un cepo en acuerdos que se negocian luego de que la inflación de febrero llegó a 2,9%. “Esperábamos el dato y sabíamos que vendría en ese entorno; claro que nos preocupa, pero nos ocupa», reconoció Caputo antes de vaticinar que la inflación quebrará el 1% mensual en 2026: “Si no es agosto, será septiembre u octubre”.
Algunos acuerdos salariales que ya se firmaron son cuestionados por Economía, como el de la Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC), que lidera Carlos Bonjour, porque consiste en un aumento del 9,5% para el trimestre febrero-abril, a pagarse en tres cuotas de 3%, 3% y 3,5%. Es decir, cifras por encima de la inflación actual y la prevista.
Por eso el Gobierno puso en la mira a una paritaria que puede tener un efecto contagio como la de Camioneros: pese a que en el gremio volvió a tener protagonismo el díscolo Pablo Moyano gracias a una tregua con su padre, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, monitoreó las tratativas de sindicalistas y empresarios y quedó aiiviado con el resultado final: se firmó un aumento semestral con cifras por debajo de la inflación, todo lo contrario de lo que reclamaba Hugo Moyano.

A su vez, para tranquilidad del líder sindical, y con la excusa de la demora en dictar el decreto reglamentario de la reforma laboral, no habrá por el momento posibilidad de esquivar el convenio por actividad y pactar cifras de aumento menores a nivel de región o de empresa. Una excelente noticia para gremios como Camioneros, que mantienen el enorme poder y los derechos exclusivos que les da la personería para negociar y firmar paritarias en nombre de todos los trabajadores de la actividad.
¿Puede convertirse el flamante acuerdo de Camioneros en la paritaria modelo que, como quiere el Gobierno, se repetirá en todas las actividades? Parece difícil, aunque es cierto que algunos sindicatos pueden moderar sus reclamos salariales ante el temor de que se multipliquen los cierres de empresas y haya una fuerte ola de despidos, en un contexto donde existen señales económicas que causan creciente inquietud.
La fuerte caída del consumo y el aumento de los locales comerciales vacíos (en enero y febrero creció un 38,5% respecto del mismo bimestre de 2025) son datos que prenden luces amarillas, aunque el Gobierno tiene suerte en algo: la CGT está hoy virtualmente congelada y el ala dura nucleada en el Frente de Sindicatos Unidos (FRESU) intensificó sus protestas, pero aún no tienen tanto peso. Y, sobre todo, un aliado no declarado como Hugo Moyano le hizo el favor de firmar, una vez más, una paritaria extremadamente moderada.
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POLITICA
Caso Adorni: la fiscalía activó la causa y pidió informes a la Casa Rosada sobre la comitiva

La causa en la que se investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por llevar en el avión presidencial a su esposa en un viaje oficial a Nueva York se activó hoy con la solicitud de la fiscal federal Alejandra Mángano a la Secretaría General de la Presidencia de la lista de pasajeros y las normas relacionadas con el uso del avión presidencial. Se investiga una presunta malversación.
Mángano -dijeron fuentes tribunalicias a – le envió un oficio a la Secretaría General de la Presidencia, que está a cargo de Karina Milei, en el que le pide que le informe quiénes son los integrantes de la comitiva presidencial que acompañaron el viaje del presidente a Nueva York esta semana para el evento denominado “Argentina Week”.
Asimismo, la fiscal le solicitó que le informe sobre las resoluciones que rigen el uso de los aviones oficiales.
Bettina Angeletti, esposa de Manuel Adorni, integró la comitiva oficial que acompañó al presidente Javier Milei durante su viaje a Nueva York. Ocupó un lugar en el avión presidencial y se alojó en el hotel de la comitiva.
La pasajera no es funcionaria, se dedica al coaching ontológico y se presenta como “experta en desarrollo organizacional” en su currículum público.
El asunto derivó en un escándalo político y pedidos de informes en la Cámara de Diputados y dos denuncias penales.
Una de las denuncias fue presentada por la diputada Marcela Pagano, disidente de La Libertad Avanza, que acusó a Adorni de malversación de caudales públicos por el uso del avión presidencial.
Esa causa recayó por sorteo en el juzgado federal de Daniel Rafecas, que la delegó en la fiscal Mángano.
Así la fiscalía comenzó la investigación y sus primeras medidas son pedir informes a la Secretaría General de la Presidencia.
Fuentes del Gobierno dijeron a que la normativa permite a Milei invitar a viajar en el avión presidencial a quien decida y que esa sería la respuesta que estaría dando el Gobierno a la Justicia al responder a los pedidos de Mangano.
Pagano en su denuncia dijo: “Apenas diez días antes del viaje, la propia Jefatura de Gabinete había impulsado una reforma al régimen de viajes oficiales al exterior, que establece limitaciones estrictas a la composición de las comitivas -un máximo de un funcionario por evento internacional- y que exige justificación explícita de la presencia de cada integrante adicional”.
Además, Pagano afirmó: “El denunciado no solo habría incurrido en una conducta irregular, sino que lo habría hecho en contradicción directa con la normativa que él mismo promovió”.
La diputada agregó que el asunto es más grave porque Adorni ahora amplió sus facultades y se requiere su firma como jefe de Gabinete para toda erogación del Estado.
En tanto, el abogado Gregorio Dalbón impulsó otra denuncia contra el jefe de Gabinete por el viaje de su esposa a los Estados Unidos.
Hay otra presentación por el viaje de Adorni a Punta del Este realizado en un avión privado durante el feriado de Carnaval. Esta última causa es por supuesto enriquecimiento ilícito. La denuncia es también de Pagano y tramita en el juzgado de María Servini.
En tanto y en paralelo, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que es una fiscalía especializada en casos de corrupción, abrió un expediente preliminar para investigar los viajes de Bettina Angeletti a Nueva York y el del funcionario a Punta del Este en un avión privado.
Según informaron en la PIA a , se trata de una “investigación preliminar” que abarca ambos vuelos
La investigación preliminar de los fiscales puede terminar en una denuncia penal -si es que entiende que hubo algún delito- en una recomendación administrativa o directamente ir al archivo.
El hecho de que la investigación abarque el viaje a Punta del Este realizado por Adorni con su amigo Marcelo Grandio, experiodista de la TV Pública, implica que los investigadores realizarán un análisis patrimonial sobre el funcionario.
Grandio dijo que el viaje en el avión privado “lo pagó él [por Adorni] con plata del Estado”. Ese vuelo, que tiene una duración de unos 35 minutos, cuesta unos 10.000 dólares.
El jefe de Gabinete sostuvo, además, que su mujer tenía sacado un pasaje para ir a Nueva York y que lo pagó 5438 dólares, pero que no pudo usarlo. Por el precio se trataría de un vuelo en primera clase.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) está a cargo del fiscal Sergio Rodríguez.
Es un organismo extrapoder que depende de la Procuración General de la Nación, no del Poder Ejecutivo ni del Poder Judicial.
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POLITICA
“Volveré y seré millones”: el insólito mensaje del dirigente que agredió a un diputado antes de ser detenido
Marcelo Segura, alias “Pichón”, utilizó sus redes sociales, donde se define como “tucumano y peronista”, para dejar un mensaje a sus seguidores antes de su traslado. “Voy a estar incomunicado 4 meses. Dejo mi celular a cargo de una CM. Por favor banquen hasta que todo esto acabe. Y como dijo Eva ‘volveré y seré millones’. Hasta la victoria siempre compañeros y compañeras”, escribió.
Voy a estar incomunicado 4 meses. Dejo mi celular a cargo de una CM. Por favor banquen hasta que todo esto acabe.
Y como dijo Eva “volveré y seré millones”
Hasta la victoria siempre compañeros y compañeras ✌🏻✌🏻✌🏻✌🏻
— Pichon Segura (@pichonsegura) March 13, 2026
Durante la mañana de este viernes, la Justicia de Tucumán dictó la prisión preventiva por cuatro meses para Segura, imputado por el ataque al diputado nacional de La Libertad Avanza, Federico Pelli.
El fiscal Miguel Ángel Varela formuló los cargos bajo la calificación de “lesiones graves agravadas por alevosía”, ordenando el traslado del acusado al penal de Benjamín Paz. La medida de coerción se fundamentó en el riesgo de fuga y la necesidad de identificar a otros involucrados en el hecho, además de recuperar el teléfono del imputado, quien alegó haberlo extraviado.
El auxiliar de fiscal Juan José Ibáñez destacó la gravedad del episodio al señalar que “estamos ante un hecho gravísimo y con impactos institucionales directos, ya que la víctima se trata de un diputado de la nación”.
ASÍ TRASLADARON A “PICHÓN” SEGURA, EL AGRESOR DEL DIPUTADO PELLI 🚨
El que las hace las paga 🫡 pic.twitter.com/b5gndV9hHv
— ELDUCK (@elduckpost) March 13, 2026
Según la fiscalía, las lesiones en la nariz del legislador fueron producto de un ataque sorpresivo por parte de alguien con destreza técnica. “Estas lesiones las produce una persona que sabe pegar un cabezazo de estas características”, concluyó el funcionario judicial.
Por su parte, la defensa de Segura, quien se identificó como empleado público de la comuna de Los Bulacios y posee antecedentes por tenencia de armas de guerra, presentó un recurso de impugnación.
En tanto, la querella representada por Juan Colombres Garmendia investigará posibles amenazas a terceros y si el agresor contaba con algún tipo de “protección” policial durante el incidente.
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