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Antes del juicio oral, confirman una prueba demoledora contra Cristina y Máximo Kirchner en un caso por lavado

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En poco más de 50 páginas, y aún con carácter de borrador, la pericia contable sobre Hotesur SA, ordenada por el Tribunal de juicio oral, expone números en rojo, falta de solvencia económica, un negocio poco rentable, contratos sin mayor respaldo, un listado de clientes preferenciales, y una relación “de confianza” entre los ex presidente y el empresario Lázaro Báez que “garantizaba el pago de alquileres” pese a que el negocio no marchaba.

Néstor y Cristina Kirchner no procuraron ninguna exigencia legal para garantizar que el inquilino de Hotesur les pague. Ni garantes ni ningún bien valioso que pueda oficiar de respaldo por si se generaba deudas o falta de depósito del canon mensual acordado.

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Había una certeza previa a la firma de cada contrato: sabían que el empresario “hecho a medida”, no iba a fallar. Así como Austral Construcciones fue creada para tener como único cliente al Estado nacional, bajo el mismo concepto Báez adquirió Valle Mitre SRL, que tuvo un cliente exclusivo: a la familia Kirchner.

“Lázaro Báez no fue amigo y no lo es”, dijo durante el juicio de Vialidad y en tono enfático, Cristina Kirchner. Su abogado, Carlos Beraldi, redujo la relación a propietaria-inquilino. «Uno alquilaba y el otro pagaba». Pero cuando la justicia federal firmó la sentencia condenatoria sostuvo que a Báez y a la ex vicepresidenta los unía un vínculo “espurio y corrupto”.

El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5), integrado por los jueces José Michil, Nicolás Toselli y Adriana Palliotti tienen la responsabilidad de realizar el debate público del caso unificado Hotesur-Los Sauces.

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Después de tres pedido del fiscal general Diego Velasco, Michilini ordenó que se reanude una pericia contable sobre la firma hotelera que está bajo la lupa. Clarín accedió a un borrador del estudio técnico que se había iniciado en 2022 y que cuenta con un importante grado de avance.

Creada a medida

Valle Mitre SRL fue la compañía que manejó Hotesur desde que la familia Kirchner la adquirió hasta mediados de 2013. La compañía tenía una particularidad: tenía como clientes únicos a los hoteles de los Kirchner y pagaba mes a mes el canon acordado por la explotación y alquiler de Hotesur.

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Parte de esos pagos se hacía con cheques de pago diferido emitidos por la propia Dirección Nacional de Vialidad en favor de la empresa Austral Construcciones SA, la compañía constructora de Báez que fue la que más se benefició con la obra pública kirchnerista.

Los hoteles de Cristina, Máximo y Florencia Kirchner fueron epicentro, al menos así lo determinaron 16 funcionarios judiciales (entre jueces y fiscales de diversas instancias), de operaciones de lavado de activos. El requerimiento de elevación a juicio oral del caso Hotesur – Los Sauces, sostiene que ambas compañías (hotelera e inmobiliaria respectivamente), no tenían como finalidad poseer un giro comercial real, sino ser “una pantalla” para maniobras de blanqueo.

El informe pericial que se reanudó por orden del TOF 5, tiene un importante grado de avance según la documentación a la que accedió Clarín. Entre análisis de peritos oficiales, de parte y del Ministerio Público Fiscal, hay aseveraciones que ponen en crisis el principal argumento del abogado Beraldi: “Uno alquilaba y el otro pagaba”.

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Entre los años 2008 y 2009, Néstor Kirchner y sus empresas Hotesur y Los Sauces encomendaron el gerenciamiento de los hoteles Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea del Chaltén a la empresa Valle Mitre, de Lázaro Báez.

Esos alquileres se “acordaron en sumas realmente significativas, superiores en conjunto a los cien mil dólares mensuales y por montos finales millonarios en pesos. No sólo les permitió a sus dueños neutralizar todo riesgo inherente al rubro (turismo) sino que, principalmente, les aseguró el sostenimiento de un emolumento constante sin contingencias posibles”, se explicó a la hora de trazar un puente entre Vialidad y Hotesur.

La pericia que aún reviste carácter de borrador, contando con puntos inconclusos, otros bajo revisión e intercambio con los demás profesionales intervinientes, analiza un aspecto central: ¿Tenía respaldo económico Lázaro Báez para administrar a Hotesur?

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Negocio exiguo

Son tres los contratos que firmaron Valle Mitre y Hotesur, y que estuvieron bajo estudio de los peritos judiciales.

El primero de ellos, de noviembre de 2008, refería a la cesión y la explotación del hotel Alto Calafate, propiedad de Hotesur. Ese contrato determinó que la cesión de los bienes y mercadería sería por 100.000 dólares y 40.000 dólares por mes en concepto de canon.

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El período siguiente, entre 2009-2010, fue por 80.000 dólares por mes, y el correspondiente a los años 2011-2012 se celebró en pesos argentinos, por 469.272 peso mensuales.

Frente a esos tres contratos los peritos oficiales trazaron una línea de tiempo que reveló datos significativos.

Como punto de partida señalaron que al 31 de diciembre de 2008 el 88,53% del activo de Valle Mitre estaba destinado a atender obligaciones con terceros -los pagos a los Kirchner- por lo que quedaba un saldo menor al 12% disponible para otros fines.

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El siguiente número da cuenta de algo que el Ministerio Público Fiscal remarcó desde la etapa de instrucción: Valle Mitre no ganó comercialmente administrando a Hotesur.

El informe pericial explica que, «por cada peso que debía la empresa, disponía de 0.55 centavos para cancelarlo”.

Contratos sin garantes, inmuebles sin seguros

Esa insostenible ecuación económica tampoco era prevista por los dueños de Hotesur con ninguna cláusula habitual en cualquier contrato de alquiler. En ninguno de los tres contratos entre Valle Mitre y Hotesur hay alguna cláusula que garantice un resguardo para la familia Kirchner.

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Otro dato: había cláusulas en los contratos donde se exigía la contratación de un seguro por 5 millones de dólares, pero los peritos y los investigadores judiciales, jamás pudieron dar con la documentación que verifique la existencia de una contratación. Tampoco hay facturas que acrediten el pago de la misma. Los peritos añadieron que en la contabilidad de Valle Mitre tampoco se registra nada.

La evidencia demuestra que los Kirchner no requerían un garante: sabían que esa contabilidad no presentaría retrasos ni ausencia de los millonarios depósitos mes a mes.

¿Una empresa con respaldo económico?

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“El nivel de incertidumbre con respecto a la cobranza resulta inversamente proporcional, en parte, al nivel de conocimiento y confianza que existe entre las partes”, entendieron los peritos oficiales.

Lázaro Báez iba a pagar sí o sí. Esa certeza era preexistente a cualquier contrato, posiblemente, porque como se entenderá en números, Valle Mitre sólo fue creada para garantizar pagos mensuales -durante años-, a sus únicos clientes: Néstor y Cristina Kirchner.

Ni siquiera hizo falta procurar alguna historia profesional. La empresa de Lázaro Báez “no demuestra haber contado con un nivel de antecedentes relevantes en el campo de la administración hotelera en forma previa a la firma de los respectivos contratos con Hotesur”, se volcó en el documento.

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Esta certeza se confirmó con el análisis de los estados contables. A diciembre de 2007, en su primer ejercicio con movimiento comercial, el monto total de ventas que de Valle Mitre es de 430.095,080 pesos, mientras que el resultado del mismo es de 10.619,86 pesos.

“Ambas cifras demuestran que hasta ese momento el nivel de negocios de Valle Mitre era pequeño en movimiento y casi nulo en resultado. El patrimonio neto a la fecha mencionada era de 287.598,21 pesos, lo que también denota una capacidad propia de negocios bastante exigua”, contemplaron los especialistas.

Dinero “sólo para un mes de alquiler”

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En ese mismo año 2007 ocurrieron más cosas raras. En diciembre, Austral Construcciones le prestó a los ex presidentes 8.329.596,60 pesos. Esos fondos permitieron concretar la adquisición de Hotesur, dueña del hotel Alto Calafate, en febrero de 2008. Hacia mayo del mismo año, firmaron un contrato de locación con Valle Mitre, sin experiencia en el rubro y sin actividad comercial.

Pero los peritos consideran que Valle Mitre poseía un movimiento económico “sumamente escaso para encarar un contrato como que el que regiría a partir del 10 de noviembre de 2008” con la firma hotelera.

La ecuación no cerraba: sólo el alquiler mensual ascendía a 40.000 dólares -lo que equivalía en aquella época aproximadamente a 133.000 pesos- y el monto correspondiente a la transferencia de inventarios era de 100.000 dólares, lo que resultaba equivalente a 332.000 pesos. O sea que su patrimonio neto de438.093,27 pesos “sólo alcanzaba para cubrir esa transferencia y un único mes de alquiler”, se consignó.

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Ningún número cierra en esta trama de negocios. El porcentaje de utilidad final que tuvieron Valle Mitre y Hotesur sobre las ventas de cada ejercicio económico es dispar: la firma hotelera llegó a tener como máximo un 61,52% en el año 2011, mientras que Los Sauces llegó a un 4,04% en el año 2010.

Respecto de los gastos operativos (salarios, alquiler, etc.), en «Los Sauces su porcentaje mínimo fue de 55,36% en 2012. Mientras que Hotesur su porcentaje mínimo fue del 5,36% en 2011”, se analizó.

Por eso los peritos concluyeron que hubo “considerables diferencias en los beneficios totales recibidos por cada empresa, siendo Hotesur la más beneficiada durante el cumplimiento de los contratos referidos”.

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La sentencia del caso Vialidad había arribado a una conclusión parecida: “en contraste con las extraordinarias ganancias obtenidas por Cristina Kirchner, se calcula que la firma Valle Mitre sufrió pérdidas en promedio de 6.179.286,35 pesos, al valor de esa época”.

Una caja asegurada

Desde 2009 a julio de 2013, Lázaro Báez pagó a la ex presidenta 27.592.110 pesos a través de Valle Mitre, por la explotación del hotel Alto Calafate, la hostería Las Dunas (que originalmente perteneció a Lázaro Báez y la vendió a los Kirchner para después alquilarlo) y La Aldea de El Chaltén, que se construyó sobre un terreno a nombre del dueño del Grupo Austral.

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El alquiler del Alto Calafate incluyó otro valor significativo: entre 2010 y 2011, el 50% de lo facturado por el complejo turístico fue gracias a seis empresas de Báez que alquilaron habitaciones y el salón de conferencias del lugar.

¿De dónde provenían los ingresos de Valle Mitre y de las demás empresas de Báez? de Austral Construcciones. ¿Y los ingresos de Austral? De las obras públicas que le daban los gobiernos K y Báez no terminaba.

Hubo otro circuito: Austral otorgó créditos internos a Valle Mitre por 71 millones de pesos. Con ese flujo de fondos que provenían de la obra pública vial, Báez garantizó el pago mensual a Néstor y Cristina Kirchner por el alquiler y explotación de Hotesur.

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Ante el reclamo policial, el Gobierno de Jujuy propuso un esquema de aumentos escalonados

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El reclamo salarial policial en Jujuy avanzó hacia una solución tras una propuesta formal presentada por el Gobierno a los delegados de agentes activos y retirados durante una reunión en la Central de Policía. Se trata de un esquema que aplicaría aumentos escalonados y establecería un piso salarial de $1.150.000, además de adicionales por presentismo.

Uno de los puntos claves del sistema que buscaimplementar la gestión que lidera Carlos Sadir sería alinear las actualizaciones salariales con el resto de los sectores de la administración pública. En este sentido, se tomaría como punto de partida el incremento del 10% anteriormente otorgado.

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Al mismo tiempo, el paquete garantizaría a los agentes recién incorporados un sueldo mínimo neto de 1.150.000 pesos desde marzo. Además, se incluiría el pago de un adicional por presentismo y mejoras en los conceptos de títulos y posgrados.

La propuesta habría sido aceptada por los delegados policiales, aunque todavía se tendrían que realizar una serie de ajustes para terminar de definir el esquema final de remuneraciones. Según la información publicada por Jujuy al Momento, la prioridad del Gobierno provincial es retomar el funcionamiento habitual de la Policía y consolidar el consenso alcanzado.

La reunión se realizó este martes en la Central de la Policía de Jujuy

Para destrabar el conflicto, el Poder Ejecutivo jujeño exigió «un compromiso mutuo por la paz y el respeto“. Por esto, pidieron que no haya encapuchados en las próximas manifestaciones que se realizaran, así como tampoco se quemen cubiertas o se lleve a cabo cualquier acto que pueda producir daños a propiedades públicas o privadas, subrayando la importancia de proteger la institucionalidad y la imagen de la fuerza.

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En las horas previas, el conflicto salarial entre el Gobierno provincial y las fuerzas de seguridad había escalado hacia la vía judicial, debido a que las autoridades presentaron una denuncia penal contra los responsables de encabezar los disturbios ocasionados el lunes por la noche en las inmediaciones de la Casa de Gobierno.

Frente a esto, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) inició una investigación de oficio para determinar a los autores materiales de los ataques registrados en el edificio gubernamental.

Incluso, indicaron que ya tendrían en su poder las imágenes de las cámaras de seguridad y otros registros fílmicos que permitieron identificar a personas involucradas en la remoción de vallas y el uso de pirotecnia de alto poder. Bajo el punto de vista del Gobierno provincial, estas acciones son consideradas actos de vandalismo planificado.

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En un comunicado, las autoridades calificaron los hechos como parte de una estrategia “coordinada y premeditada”, ejecutada por sectores sin “representatividad” en la fuerza. Desde los despachos oficiales, el mensaje fue claro al asentar que no se permitirán maniobras de minorías que “pongan en jaque la paz social”, un bien considerado estratégico ante el aumento de la conflictividad dentro del sector estatal.

Por su parte, el Ministerio Público de la Acusación destacó que los incidentes no derivaron en enfrentamientos directos entre miembros de las propias fuerzas de seguridad. “Lo peor se evitó: el choque entre pares”, afirmaron.

En este sentido, los investigadores resaltaron la disciplina mostrada por quienes custodiaban el edificio, pese a la presión ejercida por sus propios colegas y los familiares presentes. Así, confirmaron que la investigación judicial avanzará con el análisis detallado de las pruebas recolectadas, con el objetivo de determinar eventuales sanciones penales para los responsables.

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Una multitud se reúne para protestar

El reclamo de efectivos de la Policía de Jujuy por un aumento salarial desencadenó movilizaciones y protestas en la provincia, luego de que exigieran la actualización del salario básico y mejoras en condiciones de trabajo. Estas abarcarían tanto la revisión de la jornada laboral como la dotación de recursos y renovaciones en la infraestructura de dependencias policiales.

El impacto del conflicto se potenció ante los incrementos diferenciados otorgados a la plana mayor de la fuerza, quienes recibieron un aumento del 70%. Además, sectores como los custodios de autoridades de Gobierno y el Cuerpo Especial de Operaciones Policiales (CEOP) accedieron a beneficios excluyentes, lo que profundizó el malestar entre agentes de menor rango, de acuerdo con Noticias (d) Jujuy.

En respuesta a este descontento, el secretario de Seguridad provincial, Juan Manuel Pulleiro, notificó que las resoluciones que concedían estos aumentos serán anuladas, una decisión orientada a calmar la tensión dentro de la institución policial.

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El viernes, una delegación de policías retirados fue recibida por el ministro de Hacienda, Federico Cardozo, junto a autoridades de la Jefatura de Policía y del Servicio Penitenciario. En esa reunión, se acordó la conformación de una mesa de diálogo dedicada a analizar la situación salarial y los reclamos.

Los delegados anticiparon la presentación de un pedido formal de aumento del 50% para el personal policial y penitenciario. Aunque ese encuentro no logró contener el descontento de ese sector de las fuerzas de seguridad, se espera que el acuerdo con el Gobierno derive en el fin de las protestas.

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Legislatura porteña: La Libertad Avanza y Fuerza Patria presionan a Jorge Macri y desplazan a Pro de las principales comisiones

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La oposición busca capitalizar la debilidad de Jorge Macri en la Legislatura porteña y presiona al jefe de gobierno para quedarse con la presidencia de las principales comisiones. Aunque Pro retendrá presupuesto, el peronismo y La Libertad Avanza (LLA) postergan al sello amarillo en las negociaciones y se encaminan a conducir los órganos que revisarán los pliegos judiciales y los vetos del mandatario.

La magra cosecha de Pro en los comicios de mayo pasado dejó al oficialismo en una situación frágil en el parlamento local con apenas 11 legisladores. La semana pasada logró completar la docena, con la adhesión de Pablo Donati, de Republicanos Unidos, a la bancada, pero todavía se mantiene detrás de Fuerza por Buenos Aires -cuyo bloque concentra un tercio de la cámara (20 bancas)- y los 14 libertarios, incluida Sandra Rey, reciente incorporación a la tropa de Pilar Ramírez desde las filas larretistas.

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En este contexto, las dos principales bancadas opositoras buscaron hacer valer su superioridad numérica y tensaron las negociaciones con el oficialismo por el reparto de las comisiones. “Nuestro bloque entiende que, siendo el bloque mayoritario, nos corresponden comisiones más relevantes que en otras oportunidades”, explicaron en la bancada peronista.

Según pudo saber , aunque las negociaciones continúan en marcha, Fuerza por Buenos Aires se encamina a conducir la Junta de Ética, un órgano que jugará un rol clave este año si se concreta en el corto plazo el traspaso del fuero laboral a la ciudad. Es que por esa comisión pasan los pliegos para ocupar cargos públicos y vacantes judiciales previo a su discusión en el recinto.

En la Legislatura afirman que el oficialismo tiene los votos para aprobar el convenio firmado con el gobierno de Javier Milei para avanzar con el traspaso de competencias. Es el paso final para que el acuerdo entre en vigor, dado que ya recibió el aval de las dos cámaras del Congreso Nacional.

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El recinto de la Legislatura porteña durante la apertura de sesiones ordinarias 2026Prensa Jorge Macri

La Libertad Avanza también tendrá un rol central en los debates sobre temas judiciales en el nuevo período de sesiones ordinarias. Sucede que el sello violeta habría logrado quedarse con la comisión de Justicia, un nicho que buscaba mantener bajo su órbita la Unión Cívica Radical (UCR), en particular el sector del partido que responde a Daniel “Tano” Angelici, aliado de los primos Macri que, desde mediados del año pasado, integra la mesa chica del jefe de gobierno.

El dirigente radical tiene una fuerte injerencia en la Justicia porteña, un área en la que también talla el presidente del PJ porteño, Juan Manuel Olmos, quien ubicaría a uno de sus alfiles al frente de la Junta de Ética: Matías Lammens. Angelici -que tiene terminales en la Secretaría de Justicia porteña y el Consejo de la Magistratura local- apostaba a conservar el control sobre el órgano legislativo que digita los proyectos en materia judicial a través de su ladera Aldana Crucitta.

Matías Lammens podría presidir la Junta de Ética de la Legislatura porteña[e]MARTIN ZABALA – xh

Según señalaron tres fuentes parlamentarias consultadas por separado, el operador judicial del macrismo habría intervenido directamente en las negociaciones para retener la comisión. En particular, advirtieron que habría mantenido diálogo con Pilar Ramírez, alfil de Karina Milei en la ciudad y presidenta del bloque libertario para destrabar la puja por esa codiciada comisión, aunque el partido de Milei terminó imponiendo su posición.

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Se prevé que LLA se quede también con la comisión de Asuntos Constitucionales, que, entre otras cuestiones, revisa los vetos del jefe de gobierno. El presidente del órgano sería Nicolás Pakgojz, mano derecha de Ramírez.

Angelici no se quedará, de todos modos, al margen de las comisiones con mayor actividad. Legisladores de la oposición indicaron a que su alfil Crucitta finalmente presidiría Seguridad, que hasta el año pasado controlaba Pro a través de Gimena Villafruela.

Legisladores porteños señalaron que Daniel Angelici habría intervenido en las negociaciones por la comisión de JusticiaPATRICIO PIDAL/AFV

En algunos bloques esperan que el oficialismo resista el intento por desplazarlo de este órgano, en especial ahora que Jorge Macri busca apuntalar su vocación reeleccionista en una agenda de mano dura y orden. Sin embargo, al cierre de esta nota, era Crucitta quien lideraba la carrera por la presidencia de esta comisión.

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De confirmarse esta distribución, de las principales comisiones, Pro apenas conservaría Presupuesto. A pesar de los embates al oficialismo, tanto en fuerza por Buenos Aires como en LLA acordaron respetar la regla tácita por la que es el partido que gobierna el que conduce esta comisión. Según pudo reconstruir , dos nombres se barajaban para su presidencia: por un lado, la propia Villafruela, y, por el otro, Ignacio José Parera, un hombre del riñón de Cristina Ritondo.

El presidente de la bancada amarilla en la Cámara de Diputados y titular de Pro bonaerense -que renovó su mandato la semana pasada- participó de la apertura de sesiones ordinarias de Jorge Macri.

De las comisions con mayor actividad, el bloque Pro en la Legislatura porteña solo conservaría PresupuestoPrensa Jorge Macri

La decisión final probablemente recaiga en cuánto poder estará dispuesto a concederle a Angelici el alcalde porteño. Sucede que, aunque no es alguien de su fuero más íntimo, Villafruela mantiene una relación asidua con algunos aliados del radical como el secretario de Justicia, Francisco Quintana.

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El oficialismo también controlará la comisión de Salud, que estará a cargo del dirigente de la Coalición Cívica, Facundo del Gaiso. Aunque no es Pro puro, el legislador juega en tándem con el bloque amarillo desde que encabezó la lista de diputados porteños de Jorge Macri en 2023.


La Libertad Avanza (LLA),magra cosecha de Pro,Sandra Rey, reciente incorporación a la tropa de Pilar Ramírez,pic.twitter.com/dYdepf0cbS,February 28, 2026,traspaso del fuero laboral,Daniel “Tano” Angelici,agenda de mano dura y orden,Abigail Contreiras Martínez,Legislatura Porteña,Jorge Macri,La Libertad Avanza,Conforme a,,Análisis. La guerra amenaza el plan de Javier Milei,,»Lo esperábamos». El puntapié inicial de la “Argentina Week”: entusiasmo, elogios y salones llenos en la noche de Nueva York,,Senado. Bullrich empuja una sesión para darle ingreso a los ascensos militares y al pliego de Mahiques,Legislatura Porteña,,Daniel Angelici. El radical que gana poder en la gestión porteña con el aval de los primos Macri,,Conflicto en la Legislatura. Jorge Macri vetó leyes de la oposición y abre un nuevo frente con un peronismo fortalecido,,Chiqui Tapia, sal y vinagre

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Debaten si el caso contra el ex gobernador Sergio Urribarri por enriquecimiento ilícito llega a juicio oral

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La causa que investiga al ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, por presunto enriquecimiento ilícito entró en una etapa clave, debido a que este martes comienzaron las audiencias, en las que se definirá si el proceso será elevado a juicio oral. La resolución podría conocerse a finales de abril.

El proceso lo lleva a cabo el juez de Garantías Mariano Budasoff en el Salón de Audiencias Nº1. Urribarri ya arrastra antecedentes por corrupción y, actualmente, se encuentra bajo restricciones en la ciudad de Concordia.

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No obstante, en esta oportunidad, sería juzgado por el aumento patrimonial no justificado durante el período en el que estuvo a cargo de la Gobernación y fue diputado nacional. Según la pericia contable elaborada por el Ministerio Público Fiscal, entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2015, Urribarri incrementó su patrimonio en 1.546.772,05 pesos, 7.245.441,02 dólares y 16.300 euros.

La causa en curso no solo involucra al ex gobernador, debido a que el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros también está imputado por presuntamente haber sido el testaferro de Urribarri. Según planteó la Fiscalía, esta maniobra le habría permitido a quien fue mandatario entrerriano administrar sus bienes y fondos, mientras escondía su verdadero patrimonio.

Actualmente, el ex gobernador se encuentra bajo prisión preventiva (Colegio de Abogados de Entre Ríos)

De acuerdo con la información publicada por Uno Entre Ríos, los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano solicitaron una pena de cinco años y seis meses en prisión para el ex gobernador. Asimismo, para Cardona Herreros pidieron una condena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo.

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Pero, previo a que ambos pudieran ser juzgados, el tribunal tendrá tiempo para evaluar la causa hasta finales de abril de 2026. Así, el cronograma de audiencias establecido por el Poder Judicial fija que las jornadas continuarán hoy, mañana y los días 17, 18, 19, 25, 26 y 31 de marzo, como así también el 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 y 30 de abril de 2026.

La defensa de Urribarri está representada por Raúl Barrandeguy y Miguel Ángel Cullen, mientras que Cardona Herreros cuenta con la defensa de Ignacio Díaz y José Raúl Velázquez. Ambos equipos cuestionaron la investigación al señalar que la Instrucción Penal Preparatoria habría estado “viciada de parcialidad” y calificaron de “deficiente y persecutoria” la labor del Ministerio Público Fiscal.

De hecho, a finales de enero, el ex mandatario publicó un video grabado desde su casa en Concordia, en donde expuso la falta de acompañamiento que tuvo por parte del Partido Justicialista. “Después de haber estado 51 días detenido ilegalmente, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones. No hay leyes, no hay códigos ni jurisprudencia que puedan justificar tan larga pesadilla”, cuestionó.

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La Fiscalía sostiene que el ex mandatario habría engrosado su patrimonio durante su gestión

“A los dirigentes de mi partido quiero decirles que los entiendo. No es para cualquiera lo que me pasa a mí. Y es comprensible que tengan miedo de que les ocurra lo mismo, como algunos ya lo han reconocido. Uno de los principales objetivos de este proceso ha sido amedrentar, meter miedo a la dirigencia para que no hablen, no se jueguen, no opinen”, apuntó.

Luego de indicar que seguía en marcha la revisión de su condena a 8 años de prisión por los delitos de negociables incompatibles y peculado, Urribarri sostuvo que los cargos que le adjudicaron eran “acciones de gestión”. Además, advirtió que su detención preventiva podría generar “un peligroso antecedente para el futuro judicial de la provincia”.

La causa se originó a partir de una denuncia presentada en 2015 por los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, dando inicio a una extensa investigación judicial. Desde entonces, el expediente avanzó hasta la actual instancia de audiencia de remisión a juicio, donde se determinará si existen elementos suficientes para que Urribarri y Cardona Herreros enfrenten un debate oral.

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En 2022, el ex gobernador fue condenado a ocho años de prisión en el denominado megajuicio por corrupción. Ese fallo fue revisado en varias instancias de apelación y ahora su destino depende de la resolución de la Corte Suprema de Justicia.

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