A poco más de una semana del comienzo del incendio en Puerto Patriada y otras zonas de Chubut, el gobernador Ignacio Torres reclamó endurecer las condenas para los responsables de la quema intencional de los bosques patagónicos, mientras siguen activos algunos focos en la Comarca Andina.

El mandatario recordó que impulsa un proyecto junto a la senadora Edith Terenzi, que incorpora la figura de ecocidio en el Código Penal, al ser consultado sobre el pedido de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien este lunes propuso penas más graves y viajó a Epuyén para interiorizarse sobre el alcance del desastre.

Torres graficó el problema con una anécdota, a raíz de un incidente en la localidad de Cholila. “Es un proyecto que venimos pidiendo hace años. Puedo dar un ejemplo concreto. El año pasado, encontramos en flagrancia a dos personas que prendieron fuego por un problema entre vecinos; los agarramos con los bidones en la mano, fueron denunciados y condenados, pero estuvieron menos de un mes presos”, señaló, en diálogo con radio Rivadavia.

Frente al mínimo castigo penal que establece la legislación, el gobernador reclamó: “Tienen que estar presos el mismo tiempo que tarda en recuperarse el bosque nativo”. “Da bronca e indigna que estos personajes estén caminando entre los chubutenses de bien como si nada cuando generan semejantes tragedias”, completó.

Torres describió la gravedad de los focos activos en la provincia y remarcó que “el fuego tuvo un crecimiento exponencial como nunca vi”, tras una semana de desastre ambiental que ya arrasó más de 13.600 hectáreas. Y confirmó la reactivación de un foco en Epuyén, aunque llevó tranquilidad al asegurar que “se hicieron los cortafuegos durante toda la tarde” y que “no va a tener cercanía al pueblo”.

Otro de los incendios forestales activos está ubicado en el Parque Nacional Los Alerces. Pese a la ayuda de la lluvia, el fuego persiste. “Estamos atravesando la peor sequía desde 1965”, dijo, y agregó que por los vientos y las altas temperaturas, se complica el control rápido de las llamas. “No vi un avance tan rápido del incendio”, reconoció “Nacho” Torres.

Para el mandatario del PRO, la llegada de más lluvias y el despliegue de todos los medios aéreos disponibles, junto al apoyo de Chile y de las provincias de Santiago del Estero, Río Negro, Neuquén, Santa Fe y Córdoba, dio un panorama alentador sobre ese foco. “Soy optimista. Junto al esfuerzo enorme que se está haciendo con todos los recursos disponibles, más un acompañamiento del clima, esperamos tener novedades mucho más favorables a última hora”, completó.

En este marco, el gobernador diferenció los episodios accidentales de aquellas acciones dolosas que provocaron el inicio del fuego. “En el Parque Nacional Los Alerces, en medio del incendio, fueron detenidos dos turistas haciendo fuego para comer un asado. La intención no era provocar un desastre, pero está terminantemente prohibido cualquier tipo de fuego en toda la provincia y en los ejidos municipales que adhirieron a la ley de emergencia ígnea”, puntualizó. Mientras que en ese sector el origen fue una tormenta eléctrica, en Puerto Patriada “se encontró combustible, lo que demuestra un dolo de querer generar el mayor daño posible”, lamentó.

El apoyo del Gobierno nacional

A partir de la crisis ambiental, Torres valoró la coordinación con el Sistema Nacional de Manejo del Fuego y el gobierno de Javier Milei, al caracterizar que “no se distingue entre Nación y provincia, ni en jurisdicción del Parque Nacional Los Alerces ni en jurisdicción provincial”. Y destacó el envío de una partida económica para asistir alrededor de las 30 familias que perdieron todos sus bienes. “Entre hoy y mañana se va a estar ejecutando”, indicó.

Ante la emergencia, el gobernador reconoció que el despliegue de aviones hidrantes y helicópteros y una coordianción logística que “no se veía desde hace mucho tiempo”. “Nobleza obliga el trabajo con la Nación. No solamente se hizo de manera coordinada, sino que hay un acompañamiento como pocas veces se vio de un trabajo en conjunto y de infraestructura”, subrayó. “Eso es producto de dejar de lado cualquier mezquindad político-partidaria, y entender que el fuego no distingue ni jurisdicciones ni partidos políticos, y poner por sobre cualquier la seguridad de la gente”, resaltó.

Nuevamente, Torres desmintió “teorías conspiranoides” sobre la venta de tierras quemadas y aclaró que “la Constitución prohíbe la venta de cualquier hectárea de bosque nativo, quemado o no quemado”, además de que existe una ley provincial que impide por décadas la utilización de terrenos afectados por el fuego. “El incendio del Parque Nacional Los Alerces se da en un área que es patrimonio de la humanidad y es técnicamente imposible cualquier tipo de enajenación”, advirtió. “Buscan politizar una situación que exige seriedad y responsabilidad”, concluyó.

Paul Starc, el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), regresó de su viaje a Estados Unidos este viernes. Su visita estaba programada desde antes de fin de año, para intercambiar con autoridades norteamericanas documentación vinculada a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).

Según pudo saber este medio, el funcionario organizó el viaje para encontrarse con integrantes de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés), que es el par estadounidense de la UIF.

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Este organismo norteamericano, que depende del Tesoro de Estados Unidos, se encarga de realizar acciones relacionadas con la inteligencia financiera. Es decir, su objetivo es analizar y detectar transacciones financieras y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos nacionales e internacionales.

La decisión del titular de la UIF de viajar se dio tras las sospechas en torno a TourProdEnter, la compañía ligada a Javier Faroni, el empresario cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. La compañía, en los papeles, es administrada por Erica Gillette, la pareja de Faroni.

Días atrás, la Justicia citó a declarar al empresario y a su esposa. La decisión del juez Luis Armella se tomó luego de que se verificara que la empresa TourProdEnter administró US$260 millones de la AFA en el exterior y -según la investigación- de ese dinero al menos US$42 millones habrían sido desviados a compañías presuntamente fantasmas en Miami.

Aunque se mantiene el hermetismo sobre la información a la que pudo acceder Starc, la intención principal de su viaje fue tener detalles sobre las sociedades y operaciones con las que se habrían realizado las maniobras que están bajo la lupa de la Justicia.

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Este intercambio de información fue posible gracias a un memorando de entendimiento que existe entre la UIF y el FinCEN. El mismo se concretó en marzo de 2016, durante la gestión de Mauricio Macri.

En ese convenio se confirmó el intercambio y la cooperación entre las dos agencias que están a cargo de perseguir los delitos de lavado de activos. Es decir, ambos organismos pueden acceder y requerir información relacionada con los presuntos delitos de esta índole que ocurren en la Argentina y Estados Unidos.

UIF, Unidad de Información Financiera (UIF), AFA (Asociación de Fútbol Argentino), Estados Unidos

Hasta ahora, la atención sobre los argentinos detenidos en Venezuela se concentraba en unos pocos nombres. El foco estaba puesto en Nahuel Gallo, el gendarme arrestado en diciembre de 2024 cuando intentó cruzar la frontera para visitar a su familia, y en Germán Giuliani, el abogado penalista detenido desde mayo de 2025.

A esa lista se había sumado Yacoov Harari, el argentino-israelí de 72 años liberado recientemente. Pero había otro nombre, casi invisible, que permanecía fuera del radar público.

Se trata de Roberto Baldo, cuya historia aparece apenas nombrada en un Reporte Especial sobre Presos Políticos con Nacionalidad Extranjera de la ONG Foro Penal, que brinda asistencia jurídica a personas detenidas arbitrariamente por la dictadura.

El informe -publicado en marzo de este año, aunque recién cobró visibilidad en las últimas horas- denunció la detención de Baldo junto a su esposa, Montserrat Espinosa Irbern.

Según se pudo reconstruir, son propietarios de una pizzería ubicada en una zona residencial de Caracas conocida como Los Palos Grandes. Fueron detenidos el 29 de noviembre de 2024 por “presuntos funcionarios” de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCM).

La ONG aseguró que permanecieron desaparecidos por varios días tras su detención, sin que sus familiares pudieran localizar su paradero ni conocer los motivos de la detención. La audiencia de presentación ante el juez habría sido apenas días después, el 2 de diciembre de ese mismo año. Allí, fueron imputados por el delito de terrorismo.

El argentino -que también tiene nacionalidad venezolana- se encontraría en estos momentos en el Centro Penitenciario Yare III, ubicado en el estado de Miranda. Su esposa está recluida, en tanto, en la sede de la PNB El Valle, en Caracas.

El Foro Penal indicó que la detención de la pareja estaría vinculada con un sobre dejado en la pizzería de Baldo, que debía ser entregado por un mensajero en la embajada de Argentina.

Aunque el caso tuvo menciones en la prensa española (ya que su esposa venezolana también tiene ciudadanía de ese país), el entorno de la pareja evitó exponer públicamente la detención. Desde la Cancillería argentina manejan el asunto con absoluto hermetismo.

El penal donde permanece detenido Baldo está ubicado en San Francisco de Yare, a aproximadamente una hora de Caracas, una zona que concentra tres centros penitenciarios. Sobre esas instalaciones pesan graves denuncias por violaciones a los derechos humanos.

Medios locales y organizaciones especializadas han alertado sobre casos de aislamiento prolongado, desnutrición y torturas. Según un informe del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), publicado a comienzos del año pasado, alrededor de 300 internos fueron sometidos a un régimen de aislamiento total, mientras que otros padecieron enfermedades como tuberculosis sin recibir tratamiento médico. La organización también documentó denuncias de torturas sistemáticas que se extendieron durante meses.

El régimen de Venezuela liberó al argentino-israelí Yacoov Harari

Este lunes se confirmó que uno de los detenidos que fue excarcelado fue el argentino-israelí Yacoov Harari, de 72 años. La confirmación llegó a través de la ONG Foro Penal, a cargo de los chequeos de las listas que entrega el régimen chavista.

Según se pudo saber, el hombre de 72 años había sido arrestado el 4 de septiembre de 2024 y tras estar más de un año encarcelado en El Rodeo I, fue liberado tras la caída de Nicolás Maduro.

De acuerdo a lo que se precisó hasta el momento desde el régimen chavista, en la madrugada de este lunes se confirmó que 116 presos políticos fueron liberados. Sin embargo, la ONG por el momento contabilizó una lista de 50 nombres, en la que hay varios extranjeros.

Por el momento, no se supo nada sobre la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien está detenido desde el 8 de diciembre de 2024 cuando intentó cruzar la frontera para visitar a su familia en tierras venezolanas.

En medio de la incertidumbre, la mamá de Gallo definió el escenario como “desesperante” y apuntó: «Quedó solo, totalmente solo allí. Está desamparado. No tiene a nadie“. Esto se debe a que su nieto, hijo de Nahuel, permanece en Argentina junto a su madre, María Gómez.

Tampoco hubo noticias respecto al abogado Germán Darío Giuiliani, otro de los argentinos detenidos por el régimen. Según surge de sus perfiles en redes sociales, Giuliani es abogado, especialista en derecho penal y laboral. El 5 de mayo, posteó imágenes en un restaurante ubicado en Anzoátegui, uno de los veintitrés estados de Venezuela, al este de Caracas, con costas hacia el Mar Caribe.

De las imágenes se desprende que a diferencia del gendarme Nahuel Gallo, Giuliani no fue detenido al ingresar a Venezuela, ya que se encontraba allí desde mediados de abril.

Mientras sigue la expectativa por las novedades de Gallo y Guiliani, sus familias se mantienen expectantes a las noticias que llegan desde Caracas.

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