POLITICA
Apología de un alineamiento activo
La política de alineamiento con Estados Unidos dio esta semana frutos inesperados cuando el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, salió al rescate tras el resultado electoral en Buenos Aires, anunciando un paquete de apoyo a la Argentina que contempla la negociación de un swap por 20 mil millones de dólares entre otros instrumentos.
El anuncio de que Estados Unidos “hará lo que sea necesario” calmó a los mercados, pero como dice el lema libertario, no hay almuerzos gratis. Aunque se desestimó el tuit de Bessent sobre eliminar exenciones fiscales al agro—mientras China avanza en la compra de soja—, el apoyo de Washington seguramente implicará revisar los swaps chinos y un mayor distanciamiento de Pekín en otras áreas.
Estas contrapartidas sugieren que un alineamiento forzado por la delicada situación del gobierno de Javier Milei no es una decisión óptima para el país. Por eso, mientras en Estados Unidos se da un debate sobre la racionalidad estratégica de estas medidas, un debate similar también debería darse en Argentina.
En América Latina la sabiduría convencional sugiere que lo mejor en política internacional es lo que el embajador chileno Jorge Heine llama “no alineamiento activo,” y el académico argentino-brasileño Matías Spektor denomina “sentarse en la valla.” Por su corrección política y diplomática, esta opinión es pocas veces rebatida, pero es preciso ponderar la alternativa estratégica.
En una visión realista de la política internacional, los estados subordinados como Argentina gozan de cierto margen de autonomía dentro de los límites tolerados por las grandes potencias, pero este espacio se reduce drásticamente cuando las potencias—como Estados Unidos y China—ejercen presión para alinear a los países en sus áreas de influencia, ofreciendo palos y zanahorias. En estas circunstancias, cuando la polarización es alta y las capacidades de un país son limitadas, una política de alineamiento puede tener sentido.
En escenarios de polarización como el actual, resulta cada vez más difícil y riesgoso mantener buenas relaciones con ambos polos sin traspasar las líneas rojas de ninguno. La escalada de tensiones entre Pekín y Washington ha reducido notablemente el margen para la ambigüedad, y no cuesta imaginar como, en un escenario de polarización aún mayor—como una eventual invasión de Taiwán—la neutralidad se volvería inviable.
Un factor para considerar son las capacidades del país. Bloques como la Unión Europea o grandes economías como Brasil—que no necesitan zanahorias y pueden resistir algunos palos—cuentan con cierto margen para caminar en la cuerda floja, aunque con costos altísimos. Brasil ya lo sufrió con aranceles adicionales del 40% a sus exportaciones, pérdidas que los swaps e inversiones chinas difícilmente compensen. La India ofrece un caso similar, mientras Japón refleja el karma europeo de quienes en su momento se volvieron demasiado dependientes de Estados Unidos en defensa y hoy ya han cedido.
La presión es mayor en países menores en el área de influencia de una potencia. Panamá, clave por su posición y por haber reconocido a China en 2017, cedió a las presiones de Trump: canceló su participación en la Franja y la Ruta y forzó la venta de capitales chinos en puertos cercanos al canal, un claro alineamiento que, por otra parte, China comprendió como inevitable. Venezuela ilustra los costos de alinearse con China en el hemisferio occidental: la Cuarta Flota hunde embarcaciones en el Caribe y la inteligencia estadounidense conspira con generales de Maduro, ejerciendo niveles de presión inauditos desde la Guerra Fría.
El historial argentino de no-alineamiento en contextos de fuerte polarización internacional consiste en una larga lista de lecciones amargas. Durante la Segunda Guerra Mundial, Argentina se mantuvo neutral hasta dos semanas antes del sitio de Berlín. La decisión, primero alentada por Gran Bretaña para asegurar alimentos pese a los submarinos nazis y luego por la ideología de los golpistas de 1943, derivó en un boicot aliado con graves daños económicos.
El no-alineamiento argentino tuvo costos en la Guerra Fría: la “tercera posición” peronista la dejó fuera del boom de posguerra, y la dictadura, en vez de adaptarse a la política de derechos humanos de Jimmy Carter, enfrentó a Washington vendiendo granos a la URSS pese al embargo. La Guerra de Malvinas fue el clímax de esa hubris, cuando los militares creyeron que un acercamiento a Moscú equilibraría el apoyo de Washington a Londres tras el fracaso de la mediación de Alexander Haig.
Carlos Escudé documentó magistralmente los costos del no-alineamiento. Luego sería injustamente acusado de ser autor intelectual de la política de “relaciones carnales” y alineamiento automático con Washington en los 90. Pero en realidad Escudé había planteado otra cosa: un alineamiento activo.
El gobierno de turno sabe (demasiado) bien que la Argentina ya no es lo que era. A diferencia de Brasil, su economía no ofrece margen. Como Panamá, es estratégica para Estados Unidos en una región cada vez menos dispuesta a aceptar la política (bipartidaria) de aislar a China. Coyunturalmente, un mayor alineamiento es inevitable por la afinidad ideológica y personal entre Milei y Trump, así como por los intereses financieros y electorales del gobierno.
Pero en los tiempos que corren el alineamiento no deja de ser una estrategia riesgosa por varios motivos. Primero, si Argentina perdió brillo, Estados Unidos tampoco es lo que era: ya no es la potencia en ascenso de la posguerra, sino un actor que, pese a su primacía tecnológica y militar, enfrenta un serio contendiente en China.
Segundo, un mayor alineamiento enfrenta dos obstáculos internos: sectores económicos poco complementarios con Estados Unidos—como el agro que busca exportar a China o industrias protegidas—y un nacionalismo antiestadounidense arraigado.
Tercero, China también tiene poder de fuego y un alineamiento automático con Estados Unidos puede cruzar sus líneas rojas. Así como el envío de naves a la Guerra del Golfo generó altísimos costos, hoy cualquier política similar debe asumir que los rivales de Washington también juegan con zanahorias y con palos.
Un alineamiento eficiente exige un estado inteligente y una diplomacia profesional y discreta, que negocie proactivamente con Estados Unidos y maneje con cautela la relación con China. Si vamos a entrar en una nueva etapa de “relaciones carnales” es preciso que sea en clave de realismo periférico de Escudé y que nuestro alineamiento sea activo, no automático.
el tuit de Bessent,Conforme a
POLITICA
Ante industriales, Santilli anticipó que el Gobierno tendrá consenso para aprobar reformas en el Congreso
Ante un auditorio colmado de dirigentes y referentes empresariales, el ministro del Interior, Diego Santilli, cerró la Conferencia Anual de la Unión Industrial Argentina (UIA) con mensajes dirigidos a la dirigencia política y al entramado productivo del país.
“Nunca pensé que volvería acá con un triunfo electoral y como ministro del Interior”, se sinceró el funcionario en el inicio de un discurso en el que adelantó algunos lineamientos de las reformas laboral e impositiva que el Gobierno intentará que se aprueben en las sesiones extraordinarias del Congreso y que lo tendrán a él como articulador.
Santilli expresó su convicción de que el oficialismo cuenta con el respaldo necesario para impulsar y aprobar en las normas estructurales que considera indispensables, incluyendo la llamada modernización laboral y una reforma impositiva de alcance nacional.
En el encuentro, realizado en la sede de la UIA, Santilli coincidió en que la economía argentina ha transitado años sin lograr un crecimiento sostenido en el empleo formal, ni en la creación de pequeñas y medianas empresas. A pesar de los años de estabilización que atribuye a la asunción del presidente Javier Milei, el funcionario subrayó que persisten indicadores preocupantes, como la alta tasa de informalidad laboral, niveles de pobreza crecientes y múltiples tipos de cambio coexistiendo en el mercado.
“Argentina no generaba un puesto de trabajo neto en 15 años. El 52% de nuestra fuerza laboral es informal. Aquí nos tiene que doler a todos”, expresó frente a los industriales.
El funcionario puso especial énfasis en el cambio de rumbo implementado en los últimos meses. “Pasamos de una inflación del 211% a 30, del 54% al 30,7% de pobreza. Cero piquete, cero intermediación de planes”, enumeró Santilli, al repasar los resultados del programa económico del Ejecutivo. Atribuyó la posibilidad de avanzar con reformas de fondo a una nueva relación de fuerzas en el Congreso: “Hoy hay block power para lograr las reformas que hay que hacer”, aseguró.
La cuestión de las reformas pendientes ocupó un lugar central en el discurso. El ministro habló de la necesidad de un presupuesto estatal que marque un antes y un después en el manejo del gasto público, donde el 85% esté orientado a jubilaciones, educación y salud, y que prohíba el financiamiento del Banco Central al Tesoro. Subrayó, además, que el presupuesto que se presentará será el de menor gasto en tres décadas.
Respecto a la modernización laboral, Santilli anticipó un proyecto de ley “claro y contundente” destinado a reducir la informalidad y generar nuevas condiciones de contratación para quienes invierten y desarrollan actividades productivas. Al referirse a la llamada industria del juicio, lamentó que los altos costos de litigios laborales desalienten la formalización y encarezcan la operación de las empresas. “No sé cómo lo que vale 10 pasa a ser 100, eso es algo que tenemos que erradicar porque destruye la industria y encarece todos los costos”, manifestó.
La reforma fiscal fue presentada por Diego Santilli como un aprendizaje de experiencias previas, subrayando la importancia de coordinar los cambios en los tres niveles de gobierno: Nación, provincias y municipios. Sostuvo que sin una armonización de políticas impositivas, el ajuste realizado a nivel nacional podría ser absorbido por “tasas incomprensibles” en jurisdicciones menores.
En materia de seguridad, el ministro destacó logros obtenidos durante su anterior gestión ejecutiva en la Ciudad de Buenos Aires, describiendo a esa capital como “la segunda ciudad del continente con menos homicidios” después de Ottawa, y atribuyó parte de ese éxito a acciones firmes en materia de lucha contra el narcotráfico.
La agenda extraordinaria del Congreso, según adelantó Santilli, incluirá además la modificación del Código Penal con acento en la lucha contra la corrupción y iniciativas sugeridas por los gobernadores, a quienes el ministro busca integrar activamente en el debate político.
Santilli cerró su intervención ante los industriales convocados por la UIA con un mensaje de optimismo enfocado en el crecimiento a largo plazo: “Cuenten con un ministro del Interior que va a intentar unir las partes para que la Argentina crezca 30 o 40 años. La etapa que viene es la del crecimiento”, concluyó.
Tras el pase de ocho diputados y una senadora allegados a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a La Libertad Avanza (LLA), Pro se mantienen en alerta por la posible salida de otras dos legisladoras. Los esfuerzos del expresidente Mauricio Macri por blindar el bloque amarillo en el Congreso encuentran un límite en Gisela Scaglia, vicegobernadora de Santa Fe y presidenta del partido en la provincia, que se encamina a engrosar las filas de Provincias Unidas en la Cámara baja. Hay expectativa también por la vacante que dejaría Silvia Lospennato de confirmarse su asunción en la Legislatura porteña.
Macri encabezó ayer una reunión del Consejo Nacional de Pro en la sede del partido en Balcarce 412 para rediscutir su vínculo con LLA, prevenir nuevas fugas y delinear la nueva estrategia parlamentaria. Prevén acompañar las reformas del Presidente, pero, a la vez, reconstruir la identidad partidaria y ofrecer a largo plazo una alternativa liberal al sello violeta. Para lograrlo, apuestan a abroquelar a todos sus legisladores en un bloque sólido que se diferencie tanto de los libertarios como de otros espacios.
Esa meta tuvo ayer su primer embate cuando la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, tomó la palabra y confirmó que, de asumir su banca a fin de año, no se sumará a la bancada que conduce Cristian Ritondo. Integrará, en cambio, el bloque de Provincias Unidas, el frente de seis gobernadores cuya lista encabezó en las últimas elecciones nacionales.
El anuncio generó malestar entre los presentes que, minutos atrás, habían votado por echar de la reunión a Oscar Agost Carreño, con quien Pro mantiene un conflicto abierto por un accionar similar al planteado por Scaglia. Es que el diputado nacional había abandonado el bloque Pro en la Cámara baja para sumarse a Encuentro Federal, bajo el liderazgo del peronista Miguel Ángel Pichetto. Tal escisión había motivado la intervención del partido en Córdoba -donde ejercía como titular- y un fallido intento por apartarlo del espacio.
En este contexto, fue el exministro de Transporte, Guillermo Dietrich, quien salió al cruce de Scaglia -que también es presidenta del sello amarillo en su provincia- y advirtió que, tal como había ocurrido con Agost Carreño, no se debía pasar por alto la decisión de la vicegobernadora santafesina. También se escucharon críticas de parte del alcalde porteño, Jorge Macri. La pregunta es si, tras los recientes pases a La Libertad Avanza, Pro se encuentra en condiciones de librar una nueva batalla entre sus propios dirigentes para garantizar la cohesión interna y preservar su posición en el Congreso.
“Si ella quiere que Pro se fortalezca, tiene que asumir por el bloque de Pro”, aseguraron a en el partido macrista. No cuestionan su decisión de impulsar la creación de Provincias Unidas, sino de priorizar ese armado sobre su propia afiliación partidaria. “El problema no es integrar un frente; el problema es abandonar la construcción partidaria por ese frente”, indicaron.
En tanto, Silvia Lospennato podría asestarle un nuevo revés al plan de Macri de blindar su bloque parlamentario. La diputada nacional encabezó la lista de Pro para las elecciones de mayo en la ciudad de Buenos Aires y el 10 de diciembre deberá asumir su banca en la Legislatura porteña. Es, sin embargo, un compromiso que todavía no confirmó.
Es que la diputada tiene mandato en el Congreso Nacional hasta 2027 y, de irse, sería reemplazada por Lorena Petrovich, que responde a Bullrich y podría seguir los pasos de sus pares Patricia Vázquez y Silvana Giudice hacia las filas libertarias. La salida de Lospennato dejaría al bloque amarillo -que hoy integran 16 diputados- en una situación de mayor debilidad, por lo que su desembarco en la Legislatura porteña aún no está confirmado. Ayer, durante la cumbre del partido, la diputada no mencionó el tema y, al término del encuentro, evitó responder la consulta de este medio al respecto.
Lo cierto es que, de no asumir en el parlamento local, Pro se plegaría a otros partidos que presentaron candidatos testimoniales en sus listas -como sucedió con Fuerza Patria en las elecciones bonaerenses o La Libertad Avanza con la postulación de Adorni- y perdería, así, un diferencial. Sería también un golpe a la bandera de institucionalidad que pretende enarbolar el partido para reconstruir su identidad rumbo al 2027.
pase de ocho diputados,blindar el bloque amarillo,reunión del Consejo Nacional de Pro,bloque de Provincias Unidas,elecciones de mayo en la ciudad de Buenos Aires,Abigail Contreiras Martínez,Pro (Propuesta Republicana),Mauricio Macri,Congreso Nacional,Conforme a,,Más adhesiones. El gobernador de Salta prometió apoyo para el presupuesto y las reformas que quiere Milei,,La crisis de Iosfa. Ante una deuda de $200.000 millones, el Gobierno analiza dividir la obra social de los militares,,Cuadernos de las Coimas. El tribunal sumará una audiencia más a la semana y se leyeron nuevas acusaciones contra Cristina,Pro (Propuesta Republicana),,Apoyo a las reformas. Con Macri a la cabeza, Pro descartó conformar un interbloque con La Libertad Avanza,,Tensión entre aliados. En el Gobierno relativizan las críticas de Macri y dicen que Santilli ya no le respondía en Pro,,Análisis. Volvió el viejo Milei y se va Cristina
POLITICA
El Gobierno analiza convocar a la CGT para negociar antes de presentar la reforma laboral en el Congreso
El Gobierno planea convocar a la nueva cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) para negociar antes de presentar la reforma laboral en el Congreso. El Ejecutivo busca acercar posiciones con la central sindical en la previa del tratamiento del proyecto, que el oficialismo quiere ingresar primero por el Senado.
Es por eso que la Casa Rosada tiene en la mira un encuentro con Cristian Jerónimo (Sindicato del Vidrio), Jorge Sola (Seguros) y Octavio Argüello (Camioneros) en el corto plazo. En Balcarce 50 reconocen que no buscarán centralizar las negociaciones en el Consejo de Mayo, que no volvió a reunirse tras la salida de Guillermo Francos de la Jefatura de Gabinete.
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En la mesa política de Nación aseguran que apuntarán a reunirse con cada sector por separado para avanzar con las reformas. Es por eso que el nuevo ministro coordinador, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, coordinan encuentros con los mandatarios que firmaron el Pacto de Mayo para sumar adhesiones en el Congreso. Lo mismo aplica para el sector empresarial.
Según pudo saber TN, el proyecto del oficialismo contiene cambios en la Ley de Contrato de Trabajo (20.744) para reducir los costos de contratación, los impuestos laborales y la participación estatal en los acuerdos entre privados. Busca fomentar la mediación y el arbitraje como mecanismo de resolución de conflicto entre partes para evitar judicializaciones.
Lo mismo aplica para la optatividad del pago de la cuota solidaria de los sindicatos -medida que afectaría su recaudación-, la aplicación de los convenios específicos sobre los colectivos y la profundización de las limitaciones al derecho a huelga a través de la declaración del servicio esencial del 50% de áreas como la salud, transporte, telecomunicaciones y educación, entre otras.
Es una de las concesiones que realizó el Ejecutivo en septiembre de 2024 con la CGT: definió no reglamentar el artículo 94 de la Ley Bases, que modifica la Ley 20.744 y habilita despidos en casos de bloqueos a las empresas. Dispone que “podrá configurar grave injuria laboral, como objetiva causal de extinción del contrato de trabajo, la participación activa en bloqueos o tomas de establecimiento”.
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La Casa Rosada ya impulsó el año pasado la eliminación de multas al trabajo mal registrado, la ampliación del período de prueba a ocho meses junto con la creación del fondo de cese laboral optativo. En Balcarce 50 mantienen la postura además de no homologar paritarias por arriba de la inflación más allá de las tensiones con los sindicatos.
Los encargados de llevar los cambios en el régimen del trabajo son los ministros Federico Sturzenegger (Desregulación) y Luis Caputo (Economía) junto con el secretario de Trabajo, Julio Cordero. En Nación aseguran que ya hubo contactos con la nueva cúpula de la CGT para negociar los puntos de la reforma laboral.
El Gobierno formalizará la primera convocatoria a sesiones extraordinarias desde el 10 hasta el 31 de diciembre para tratar en Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados. Nación apunta a que los cambios en el régimen laboral comiencen a debatirse en la Cámara Alta bajo la interlocución de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y quiere ampliar las sesiones extraordinarias desde el 15 de enero hasta fines de febrero.
Las nuevas autoridades de la CGT anticiparon que buscarán abrir una mesa de diálogo con el Gobierno, pero remarcaron que rechazarán tres puntos que circularon sin confirmación oficial: el tope en las indemnizaciones, los bancos de horas y el salario por productividad. “No vamos a aceptar ninguna propuesta que sea regresiva con quita de derechos”, expresó Jerónimo en declaraciones radiales.
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El dirigente del sindicato del Vidrio aseguró que la central obrera está dispuesta a discutir “sobre bases convencionales y con criterios razonables”. Recordó además que el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, integra el Consejo de Mayo, y planteó que “mientras sea un diálogo criterioso, estamos dispuestos a conversar”.
Sola afirmó que la CGT no acompañará “nada que replique el DNU 70/23” y sostuvo que la Justicia ya declaró inconstitucional ese decreto. “Hay un sector del Gobierno que busca atomizar el poder sindical, tratándonos como adversarios políticos”, manifestó el dirigente del sindicato del Seguro.
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