POLITICA
Aprobaron la adhesión al RIGI de un megaproyecto se espera una inversión de USD 6.878 millones
La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación aprobó la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de la empresa Southern Energy S.A. El régimen, que busca fomentar proyectos de gran envergadura en sectores estratégicos, tiene como objetivo la mejora de la competitividad, el fortalecimiento de las exportaciones y la generación de empleo. Con esta aprobación, la empresa podrá desarrollar el denominado Proyecto de Licuefacción de Gas Natural, que promete ser un hito en la industria energética nacional.
Este proyecto consistirá en la instalación de una planta flotante de licuefacción de gas natural (FLNG, por sus siglas en inglés) en el Golfo de San Matías, en la provincia de Río Negro. Según los detalles presentados, la capacidad de producción anual del proyecto oscilará entre 1,5 millones de toneladas y 2,2 millones de toneladas de gas natural licuado (GNL), dependiendo de la disponibilidad de infraestructura de transporte de gas. El plan de inversión tiene como fin no solo asegurar el abastecimiento interno de gas natural sino también posicionar a Argentina como un actor relevante en los mercados globales de GNL.
El RIGI fue creado por la Ley 27.742 para atraer grandes inversiones, tanto nacionales como extranjeras, que contribuyan al desarrollo de sectores estratégicos de la economía.
Tal como detalla la resolución 559/2025 —publicada esta madrugada en el Boletín Oficial—, el comité evaluador encargado de revisar las solicitudes de adhesión recomendó, en su reunión del 29 de abril de 2025, aprobar la petición presentada por Southern Energy S.A.
Esta decisión se basó en los informes técnicos y económicos presentados por la empresa, que demostraron la viabilidad y el potencial impacto positivo del proyecto sobre la economía nacional. El proyecto de licuefacción de gas natural permitirá aumentar la producción de gas del país entre un 5% y un 8% anual, lo que contribuiría significativamente a la seguridad energética y a la exportación de recursos energéticos a mercados internacionales.
El Proyecto de Licuefacción de Gas Natural se desarrollará en dos etapas, con una inversión total que supera los USD 6.878 millones. La primera etapa está destinada a una inversión de USD 1.603 millones, mientras que la segunda requerirá USD 1.222 millones. Esta inversión incluye la instalación de la planta flotante que procesará el gas natural proveniente del yacimiento de Vaca Muerta, con el objetivo de transformar el gas en forma líquida (GNL), un producto con alta demanda en mercados internacionales.
El proyecto está alineado con los intereses estratégicos de Gobierno nacional, que busca incrementar la participación del país en mercados internacionales, especialmente en aquellos donde las exportaciones argentinas de GNL aún son bajas. Con una capacidad de producción anual de hasta 2,2 millones de toneladas de GNL, el proyecto se presenta como una gran oportunidad para posicionar a Argentina como un proveedor clave en mercados globales, especialmente en mercados de largo plazo.
La aprobación de esta solicitud de adhesión al RIGI representa un paso clave en el fortalecimiento del sector energético argentino. A través de este régimen, el Gobierno busca no solo atraer inversiones extranjeras, sino también diversificar la matriz energética y reducir la dependencia de importaciones de energía. La licuefacción de gas natural se presenta como una herramienta fundamental para aprovechar los recursos energéticos nacionales y optimizar la infraestructura disponible.
Southern Energy S.A. ya ha manifestado su intención de aprovechar las reservas de gas en Vaca Muerta, uno de los yacimientos más importantes del mundo, para alimentar el proyecto y asegurar el suministro constante de gas natural. El aprovechamiento de los excedentes del sistema de transporte de gas durante los meses de baja demanda, como el verano, es otro de los aspectos clave de esta iniciativa.
A pesar del entusiasmo por la magnitud de la inversión y el potencial que representa el proyecto, la empresa deberá cumplir con una serie de compromisos estipulados en la ley. Entre ellos, se incluye el requisito de realizar una inversión mínima durante los primeros años de ejecución del proyecto. El 20% del monto de inversión inicial deberá ser alcanzado en los dos primeros años desde la fecha de adhesión, mientras que el plazo final para cumplir con el monto total de la inversión es el 31 de diciembre de 2035.
Además, tendrá que seguir el cronograma de obras previsto, el cual se encuentra debidamente documentado y aprobado, para asegurar que el proyecto avance de acuerdo con lo planificado. También se ha establecido un plan de desarrollo de proveedores locales, que permitirá maximizar la cadena de valor local, potenciando la industria nacional.
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POLITICA
Caso $LIBRA: el fideicomiso de Hayden Davis se constituyó en una jurisdicción offshore y sin datos clave sobre su operación
El fideicomiso “The Libra Trust” que el estadounidense Hayden Mark Davis lanzó el martes último en un intento por terminar el escándalo internacional que desde febrero lo tiene como protagonista junto al presidente Javier Milei acumula más preguntas que respuestas, pocos datos y una opacidad total: fue constituido en un paraíso fiscal, como una estructura offshore amparada por el secreto bancario y registral, según reconstruyó .
La decisión de Davis de impulsar el fideicomiso comenzó a tomar forma el 19 de agosto, verificó el experto informático Fernando Molina. Esto ocurrió tan solo cinco días después de que la jueza federal en Nueva York, Jennifer L. Rochon, ordenara el levantamiento del embargo preventivo sobre los fondos que habían obtenido los impulsores de la demanda colectiva (“class action”) en su contra.
Ese día, informáticos a sueldo de Davis crearon el dominio —la dirección específica de la página de Internet del “trust”—, aunque el fideicomiso solo terminó de tomar forma y se lanzó el martes último, minutos antes de que la jueza Rochon abriera una nueva audiencia con todas las partes. El objetivo era definir si volvía a congelar o fijaba estándares especiales de trazabilidad para los fondos en disputa, depositados en billeteras virtuales.
Durante esa audiencia, a la que asistió por conferencia telefónica, uno de los abogados de Davis, Mazin Ahmad Sbaiti, comunicó a la jueza el lanzamiento del “trust” y precisó que se constituyó “offshore” —por fuera de las jurisdicciones estadounidense o argentina, en su caso “por culpa de los políticos de izquierda”, según el portal oficial del fideicomiso—. Sin embargo, evitó identificar por su nombre qué país o territorio eligió Davis en busca de la máxima confidencialidad, alta protección legal y bajos o nulos impuestos.
El website del fideicomiso ( tampoco aporta precisiones. Omite, incluso, los llamados “white papers”, los documentos públicos esenciales que explican, justifican o promueven la creación, misión, estructura o funcionamiento de un “trust”. Si bien no tienen la validez legal de la escritura constitutiva, por ejemplo, sirven como presentación institucional, resumen de objetivos, modelo de gobernanza, manual de funcionamiento, y son un instrumento clave de comunicación hacia medios, inversores y potenciales beneficiarios.
Para la defensa de Davis, de todos modos, el fideicomiso demuestra que el CEO de Kelsier Ventures no cometió una estafa y que el dinero recaudado terminará por llegar a las pequeñas y medianas empresas como se anunció al lanzar $LIBRA. “Todo se ha hecho con profesionales serios y verificados”, insistieron en el entorno del estadounidense, en diálogo con , aunque se negaron a dar mayores precisiones.
Para críticos de Davis y querellantes, el fideicomiso es más de lo mismo: “’Libra Trust’ no parece como un proyecto genuino para ayudar a emprendedores. Surge en medio del proceso judicial, en el momento exacto en que los fondos podían quedar bajo control de la Justicia”, remarcó el diputado nacional Oscar Agost Carreño, quien integró la comisión legislativa del Congreso. “No es el final del caso $LIBRA: es una maniobra para esquivar las consecuencias de un fraude en plena investigación”, añadió.
Las críticas se sustentan en la naturaleza misma del escándalo: la “class action” en Nueva York alega que Davis y sus socios diseñaron una “fábrica de fraude” que ejecutó un vaciamiento coordinado (“rug pull”) de fondos para quedarse con millones de dólares de inversores minoristas. Además, la Justicia federal en la Argentina y la demanda en Estados Unidos investigan, en paralelo, transferencias de Davis a billeteras de terceros por millones de dólares a través de plataformas como Bitget, antes y después de reunirse con el presidente Milei.
Tanto durante la audiencia con la jueza Rochon, como en el portal del “trust”, en tanto, se omitieron más de una decena de precisiones esenciales para cualquier estructura financiera; entre ellos, las siguientes:
Junto a Davis buscaron calmar esas inquietudes. “El fideicomiso es serio. Un abogado hará la primera revisión de las postulaciones, luego un comité hará un análisi de la ‘short list’ y los seleccionados recibirán los fondos aprobados, respetando las normas tributarias de la Argentina”, indicaron a .
Sin embargo, el programador y profesor Maximiliano Firtman abrió otra dimensión de riesgos, enfocada en el compliance y el lavado de activos: “¿Cómo podrías justificar como empresa argentina recibir miles, decenas o centenas de miles de dólares en cripto como subsidio de una entidad extranjera no determinada, con fondos discutidos judicialmente y no caer en una investigación de lavado de dinero para poder usarlos para el fin presentado?”, planteó en su cuenta de X. “¿Cómo podrías blindarte y que no vengan los querellantes a buscarte a vos en caso de ser uno de los ‘elegidos’ por vaya a saber quién ni por qué?”
En un apartado del portal, accesible en inglés y español, “Libra Trust” sí traza una línea, dirigida a despegar a dos protagonistas del escándalo, desde febrero último. Sostiene que “el fideicomiso opera con total independencia de Hayden Davis y Javier Milei”.
https://libratrust.com/es/,Hugo Alconada Mon,Javier Milei,Criptomonedas,Conforme a,Javier Milei,,Ante la implosión del kirchnerismo,,En un mismo predio. Chubut impulsó un proyecto para construir un complejo educativo que integrará tres instituciones educativas,,Agenda. El Gobierno se prepara para terminar las reuniones con mandatarios provinciales afines
POLITICA
Pese a la disputa con «Chiqui» Tapia, el Gobierno descarta incluir en extraordinarias el proyecto que impulsa las Sociedades Anónimas en el fútbol
El Gobierno descarta incluir el proyecto que impulsa las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en las sesiones extraordinarias de diciembre y se focaliza en las negociaciones por el Presupuesto 2026. El Ejecutivo busca profundizar la polarización con Claudio “Chiqui” Tapia, pero no tiene previsto realizar modificaciones sobre los lineamientos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el corto plazo.
“Es algo que tenemos en carpeta, pero que no es prioridad”, expresan en Nación. La mesa chica de la Casa Rosada no planeaba meterse públicamente en el conflicto por la premiación de Rosario Central como “campeón anual” hasta que se instaló en agenda y el presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, tomó una posición opositora.
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Javier Milei lo respaldó luego de recibir sanciones de la AFA y mostró la camiseta del club en el sillón de Rivadavia. Canceló además su viaje a Washington, en el que iba a participar del sorteo del mundial de fútbol de la FIFA junto a Donald Trump, Infantino y Tapia. En Balcarce 50 analizaron una serie de medidas, pero no definieron ninguna acción directa. No quieren confrontar con los jugadores de la selección argentina en la previa del Mundial 2026.
En el oficialismo rechazan la posibilidad de impulsar una resolución o intervención desde la Inspección General de Justicia (IGJ). Hay un sector que insiste con la posibilidad de “evaluar” el proyecto de las SAD antes de marzo, pero en la mesa política lo descartan. Ya avanzaron con una denuncia desde la Dirección General Impositiva (DGI) contra el financista Ariel Vallejos, que es cercano a Tapia.
El Gobierno quiere impulsar las SAD antes de 2027 y tiene un eje de presión que ya utilizó en negociaciones pasadas con los interlocutores del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. Se trata de la cesión del predio de Ezeiza -el dueño es el Estado-, que vence en 2030 y requiere una firma de Nación para concretar su renovación.
La ministra de Seguridad y senadora electa, Patricia Bullrich, aseguró que “hay irregularidades en la AFA” y que va a estudiar su transparencia. En el Ejecutivo no dan definiciones sobre cómo lo implementarán, pero tienen en carpeta un sumario de 2024 del Banco Central por una presunta infracción a la Ley Penal Cambiaria de la AFA por una posible triangulación de fondos de sponsors mediante donaciones.
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La Casa Rosada mantiene la postura de que su prioridad en el corto plazo es la sanción del Presupuesto 2026: busca darle un mensaje al mercado con la expectativa de que condicione una baja del riesgo país, de forma que el Tesoro pueda tomar deuda en el mercado internacional con una tasa menor. Tiene además vencimientos de deuda por más de US$4000 millones en los primeros días de enero, con los que apunta a un realizar un “rollover”.
Es por eso que el ministro del Interior, Diego Santilli, acelera contactos para completar las reuniones con los veinte gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo. Quiere concretar encuentros esta semana con Sergio Ziliotto (La Pampa), Claudio Poggi (San Luis), Jorge Macri (CABA) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe). El oficialismo intenta conseguir las adhesiones para ser la primera minoría en la Cámara de Diputados.
Gobierno, sesiones extraordinarias, SAD
Tras la reestructuración del Gobierno, el jefe de Gabinete, Manuela Adorni, coordina con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el plan que desplegarán para profundizar en la reducción de la planta del Estado que permita achicar la estructura, según confirmaron a Infobae fuentes del Poder Ejecutivo. “La motosierra es constante”, justificaron sobre la decisión.
En Casa Rosada evitaron dar números específicos sobre la cantidad de empleados que alcanzará, pero anticiparon que podría afectar a “otro 10%” del total de empleados públicos.
Desde su cuenta de X, Sturzenegger estila dar el parte de las bajas de manera mensual que despierta una fuerte resistencia sindical. Si bien prepara para estos días la publicación correspondiente al mes de octubre, según los datos de septiembre, los despidos desde el inicio de la gestión ascienden a 58.797 personas contempladas entre organismos centralizados y descentralizados, personal militar y de seguridad y empresas del Estado.
Un informe del INDEC publicado el pasado viernes notificó que la dotación del personal en la administración pública nacional, empresas y sociedades del Estado se redujo 0,3% en octubre de este año al tiempo que reveló que el total de trabajadores es de 282.570, cifra que apuestan a disminuir.
Por orden directa del presidente Javier Milei, la cartera se dedica a revisar mes a mes organismos, con extrema puntillosidad en sus estructuras y funciones bajo el objetivo de “lograr un Estado más eficiente”. “Estamos trabajando con la mira en más de ocho áreas y organismos. En cada organismo se calcula cuánto personal hay de más”, confesaron a este medio, pero evitaron adentrarse en detalles debido a que detectan que se trata de “temas sensibles”, que involucran a trabajadores.
Según supo Infobae, en sus primeros dos años los recortes estuvieron enfocados en achicar la administración centralizada, por lo que el objetivo de este segundo tramo de la gestión es focalizar en los organismos descentralizados. Componen este último grupo la AFIP, ARCA, ANMAT, el Archivo General de la Nación, CONICET, INDEC, ANSES, ENARGAS, INTA, INTI, ENACOM, entre otros. “En cada organismo se llega al número en función de la cantidad de personas activas. No hay un porcentaje, depende del organismo o área. Los porcentajes varían mucho”, explicaron a este medio.
La nueva reducción sería “inminente” y continuaría durante los dos primeros trimestres de 2026, luego de que en diciembre se produzca el vencimiento de varios contratos que podrían no tener renovación. Otro porcentaje de los recortes de personal podría surgir de los planes de eliminación de los registros de automotores y de la privatización de varias empresas que aún mantienen en carpeta.
El libertario se jacta de su política de ajuste estatal que logró sintetizar en la motosierra como simbología, herramienta que obsequia a personalidades conservadoras como el ex funcionario republicano Elon Musk. «La motosierra es el símbolo de un cambio de época, del comienzo de una nueva edad de oro para la humanidad, pero esta vez, en lugar de ir contra el mundo, Argentina está a la vanguardia», supo definir alguna vez el mandatario que mantiene una réplica dorada sobre la mesa de su despacho de Casa Rosada.
En plena campaña electoral, tras la derrota bonaerense, la administración libertaria tomó distancia de la simbología, incluso la motosierra había desaparecido de las fotos que se tomaban en la oficina presidencial, pero con el triunfo de las elecciones legislativas del 26 de octubre, las viejas recetas volvieron potenciadas. Es por eso, que con su desembarco en la Jefatura de Gabinete, Adorni promete acelerar la reducción de personal y áreas, y aceitar la gestión.
Los plantes también alcanzan a los Medios Públicos. Como contó este medio, hay intenciones de abrir un retiro voluntario para avanzar con el achicamiento de la planta. El objetivo final es reducir un porcentaje del total de los 2400 trabajadores registrados que calculan conforman la estructura de la Televisión Pública y la de Radio Nacional.
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