La Corte Suprema de Justicia dejó firme la extradición de un exfuncionario del régimen chavista buscado por Interpol que está acusado de haber blanqueado unos cinco millones de dólares mientras se desempeñaba como directivo de la empresa estatal de Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Se trata de Luis Abraham Bastidas Ramírez, quien es buscado por el Principado de Andorra luego de que se descubriera que funcionarios chavistas habían utilizado bancos de ese país para lavar millones originados en la corrupción.

El exfuncionario había sido detenido en 2018 por la División Investigación Federal de Fugitivos de la Policía Federal en Córdoba, luego de tareas de inteligencia criminal que permitieron dar con el buscado. Había llegado a Argentina en 2015 y atendía un kiosco mientras su esposa regenteaba una peluquería.

La causa quedó en manos del Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja. El buscado se negó a ser extraditado porque temía por su vida y su integridad física si Andorra lo enviaba a Venezuela. También solicitó a la Argentina ser refugiado político.

Inicialmente, el juez denegó la solicitud por defectos formales, pero en 2020 la Corte Suprema de Justicia anuló esa decisión. En octubre del 2021 el juzgado declaró procedente la extradición por blanqueo proveniente de la corrupción. La defensa apeló y la Procuración General aconsejó ratificar el fallo.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti confirmaron este jueves la decisión. La defensa se quejó porque Andorra no describió claramente los hechos que le imputan al venezolano, pero la Corte dijo que este asunto ya fue resuelto por el juez de Córdoba.

El máximo tribunal del país aseguró que Andorra informó que el delito precedente en que se sustenta la imputación por lavado de activos era “recepción de sobornos a directivos de PDVSA que mediaban en la adjudicación de obra a determinadas empresas a cambio de un precio”.

Por eso no es necesario incorporar mayores exigencias sobre la prueba del proceso extranjero que sostiene la imputación, ya que en las causas de extradición no se discute la responsabilidad del buscado en los hechos. La defensa también había planteado la prescripción de los hechos. La Corte rechazó este argumento.

Como en todos los procesos de extradición, la Corte actúa como tribunal de revisión del fallo del juez que intervino y la palabra final la tiene ahora el Poder Ejecutivo, que debe decidir si lo envía o no al Principado de Andorra.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, atravesó este jueves su primer foco fuerte de conflicto público desde que asumió como número uno de la cartera que dejó Patricia Bullrich. Fue cuando efectivos de las fuerzas federales agredieron al camarógrafo Facundo Tedeschini, que hacía una cobertura para el canal A24 en el exterior del Congreso.

Antes, en la misma jornada y para protestar contra la reforma a la ley de glaciares, un grupo de ambientalistas de la organización Greenpeace habían logrado alcanzar las escalinatas del Congreso para tomarse una foto de protesta, con un cartel y réplicas de inodoros, más allá de la cantidad de efectivos que estaban abocados a controlar el Palacio Legislativo en medio de un jueves activo por la sesión en la que ya se aprobó el acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE) y el pliego de Fernando Iglesias como embajador.

Sin embargo, en el Gobierno cerraron filas alrededor de la ministra y la respaldaron sin titubeos. Fuentes de la Casa Rosada dijeron a este medio que Monteoliva tiene el respaldo de Balcarce 50.

Al momento de la irrupción de manifestantes (que se supone burlaron las rejas del Congreso) y de la agresión al camarógrafo, la funcionaria se encontraba en Chile para participar en el Comité Latinoamericano de Seguridad Interior, según pudo confirmar . Hoy mismo regresará a la Argentina. Fuentes oficiales detallaron que así estaba previsto desde que se agendó el viaje y que no hubo cambios de planes.

Tras la agresión, al camarógrafo fue trasladado por el SAME al Hospital Ramos Mejía. Según el parte médico, Tedeschini entró con “lesiones leves y efecto de gases”. En las imágenes del momento se lo veía con un corte y sangre en uno de sus pómulos, luego de ser agredido por un efectivo de la Policía Federal.

Esta fue la primera vez que el oficialismo salió a hacer control de daños y admitió la posibilidad de que exista un mal accionar policial, al contrario que en otras oportunidades. La más notable: la agresión al fotógrafo Pablo Grillo, impactado el 12 de marzo de 2025 por un proyectil de gas lacrimógeno que lo dejó en coma en ese momento y todavía trabaja en su recuperación.

En ese caso, tanto Bullrich (entonces ministra), como otros integrantes del Gobierno, aseguraron que no iban a juzgar al efectivo porque “tiró la granada correctamente”. Sin embargo, en diciembre la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal confirmó el procesamiento del gendarme Héctor Guerrero, acusado de haber disparado.

En septiembre de 2024, cuando un efectivo de la Policía Federal fue filmado mientras gaseaba directamente en el rostro a una niña de 12 años que se encontraba en el piso junto a su madre, durante otra manifestación frente al Congreso, tanto Bullrich como Monteoliva defendieron al uniformado. La entonces secretaria de Seguridad fue más allá: difundió un video para acusar a otra manifestante como responsable de la agresión. El policía, Cristian Rivaldi, fue procesado por abuso de autoridad en concurso real con lesiones leves.

Esta vez, frente a la agresión al camarógrafo de A24, la tesitura fue otra. Desde el Gobierno primero notificaron por la mañana que el jefe de la Policía Federal Argentina (PFA), Luis Rollé, había ordenado un sumario para “averiguar el accionar” de sus agentes. Remarcaron, además, que el camarógrafo estaba “bien” y aseveraron que el corte en la cara se lo había hecho “al caer en los empujones”.

La propia Bullrich al llegar al Senado buscó explicar primero que el trabajador de prensa “intentó entrar” donde estaban los detenidos de Greenpeace para filmar, pero rápidamente admitió que la conducta de los oficiales se encontraba en evaluación.

“Ya se ha abierto un sumario porque el jefe de la Policía ha evaluado que la conducta [de los policías] ha sido reprochable, por lo cual está en análisis. Si se abre un sumario a un miembro de la PFA es porque el accionar no ha sido el que la Policía debe realizar. Si hubiese sido correcto, en el marco del deber, no se le hubiera abierto un sumario”, dijo la actual jefa de la bancada libertaria.

Por la tarde, desde la PFA emitieron un comunicado en conjunto con el Ministerio de Seguridad para dar la primera versión oficial de los hechos en on the record. Dijeron que, tras la detención de 12 activistas de Greenpeace (nueve mujeres y tres hombres, que hicieron la protesta en las escalinatas del Palacio Legislativo), se los trasladó a un estacionamiento ubicado sobre calle Hipólito Yrigoyen. “En esa circunstancia, se dispuso la conformación de un perímetro de seguridad a fin de impedir el ingreso o egreso de personas al sector donde se encontraban los detenidos. En ese marco, se acercó al lugar un grupo de trabajadores de prensa para cubrir el acontecimiento, por lo que el personal policial les solicitó mantener una distancia prudencial por razones operativas», describieron.

“Durante ese intervalo, se produjo un forcejeo con un camarógrafo cuando intentaba obtener imágenes dentro del perímetro de seguridad, en cuyo marco se generó una situación de tensión y se registraron lesiones en el intercambio”, narraron desde la fuerza y dijeron que pidieron intervención al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 8, a cargo del doctor Marcelo Martínez de Giorgi, secretaría del doctor Rafael Ortea Escandon, que “dispuso la soltura” del camarógrafo. Tedeschini salió del hospital sin cargos.

En esa misma nota de prensa, desde la PFA confirmaron: “Se iniciaron actuaciones administrativas tendientes a evaluar íntegramente los hechos sucedidos y la actuación del personal interviniente”. No obstante, no precisaron cuántos efectivos están sumariados.

Este jueves a la tarde en los pasillos de la Casa Rosada como una forma de respaldo a Monteoliva se escuchó: “Van a tener que empezar a entender que hay que respetar las órdenes policiales”.

En paralelo, los propagandistas libertarios hicieron lo suyo en redes, también en línea con la defensa irrestricta de las fuerzas de seguridad a pesar de la reacción desmedida ante la prensa, blanco habitual de los ataques virtuales del Gobierno.

El máximo exponente del grupo, Daniel Parisini (alias Gordo Dan), escribió: “Operación de manual de periodista marxista de combate. No se dejen psicopatear”.

Por su parte, Juan Pablo Carreira, director de Comunicación Digital del Gobierno y encargado de la Oficina de Respuesta, retuiteó una publicación de La Derecha Diario, portal ultraoficialista del que es fundador. “Impecable. La Policía Federal detuvo a un violento camarógrafo de A24 que se negó a cederle el paso a un vehículo policial, desoyó las órdenes para retirarse y posteriormente agredió físicamente a los oficiales“, decía el texto, que no se condice con las imágenes ni tampoco con la versión oficial de la PFA.

Se sumó la legisladora bonaerense Florencia Arietto, ahora libertaria, que hasta endureció su posición respecto de Bullrich, quien era su jefa política. “Nadie tiene coronita. ¿Por ser camarógrafo o periodista no se te puede aprehender si estás contraviniendo una orden policial? ¿Cómo es? ¿A [Juan] Grabois sí y al camarógrafo no? La ley tiene que ser pareja», dijo.

Lo ocurrido generó una fuerte reacción de las organizaciones que bregan por la libertad de prensa. Desde la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresaron su “preocupación” por la detención de Tedeschini y contaron que, en la misma jornada, un efectivo de la PFA “agredió al periodista de Crónica TV Facundo Muñoz, también en ejercicio de su labor periodística”.

“Reclamamos a las autoridades garantizar el libre ejercicio del periodismo, investigar lo sucedido y evitar todo accionar que afecte la labor de la prensa”, dijeron desde ADEPA.

Por su parte, Fopea “repudió” la agresión al camarógrafo y marcó: “Exigimos al Ministerio de Seguridad una investigación urgente, la identificación de los responsables y medidas concretas para que estos hechos no se repitan. La violencia contra la prensa vulnera la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a estar informada”.

A estas expresiones se sumó también la familia del fotógrafo Grillo, con una carta abierta. “Es el mismo asfalto, es la misma plaza, es la misma violencia que hace casi un año cambió para siempre la vida de nuestro hijo y hermano”, dijeron.

“Cuando la agresión a la prensa se vuelve una constante en cada operativo estamos ante un método. La falta de profesionalismo de las fuerzas de seguridad no es un accidente, es la herramienta necesaria para anular la mirada externa“, plantearon y, para cerrar, marcaron: “El derecho a informar y ser informados es la base de nuestra sociedad. Sin cámaras que revelen la verdad solo queda el silencio y la arbitrariedad”.

Hasta esta tarde, los 12 ambientalistas de Greenpeace continuaban detenidos.