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La ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tuvo un último acto en la gestión al presentar este lunes el proyecto del nuevo Código Penal que se enviará al Congreso y espera que se terminen de pulir algunos detalles del texto para comenzar a planificar la estrategia en el Senado, ya bajo su nuevo rol de jefa del bloque de La Libertad Avanza en el recinto.

La saliente funcionaria formalizó su renuncia en estas horas, pero antes de dejar la cartera encabezó una conferencia de prensa junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para dar precisiones sobre la iniciativa que será uno de los principales temas a debatir durante las sesiones extraordinarias.

La medida fue elaborada por una comisión creada a principios del 2024 por el propio Gobierno y que estuvo integrada por miembros del Poder Ejecutivo, pero también por especialistas en la materia, como el juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky, y el abogado Jorge Boumpadre.

El cuerpo entregó una primera versión de la norma en febrero pasado que fue discutido durante todo el año y sufrió algunos cambios sustanciales, además de varias incorporaciones.

Puntualmente, dos de las cuestiones que todavía se estaban analizando y sobre las cuales no había definición eran las ideas de declarar imprescriptibles los casos de corrupción y la de eliminar la figura del femicidio.

En cuanto al primero de esos puntos, las autoridades nacionales plantean incluir los delitos cometidos en ejercicio de la función pública entre aquellos que no vencen, como sucede con los crímenes de lesa humanidad o los atentados contra la democracia.

En lo que respecta a los femicidios, es una de las propuestas que la administración libertaria tiene en carpeta desde hace varios meses, al argumentar que ese concepto atenta contra “la igualdad ante la ley”.

De hecho, el propio ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, confirmó esta postura en enero pasado, durante una entrevista televisiva en la que sostuvo que “la política tiene que ser igual para todos”.

Más allá de estos temas que siguen bajo revisión, hay una gran cantidad de penas y consideraciones que se fueron agregando al proyecto de Código Penal que se presentó en febrero, que tenía un total de 540 artículos, y el que se va a enviar al Congreso, que hasta el momento tiene 912.

“Está en estudio la versión final, que no es la que circuló”, indicó una de las personas que integró la comisión de expertos que trabajó sobre el texto y que continúa revisando algunas partes.

Una vez que el documento ya esté completo, Bullrich tiene pensado reunirse con senadores de su espacio, pero también de otros partidos, para presentarles formalmente la iniciativa y comenzar a negociar los votos.

De hecho, este lunes la ex ministra, después de encabezar la conferencia de prensa, estuvo largas horas reunida con el asesor presidencial, Santiago Caputo, y el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, conversando del tema.

La ex ministra será a partir del 10 de diciembre la jefa del bloque oficialista y una de las principales encargadas de llevar adelante las conversaciones en la Cámara alta, donde La Libertad Avanza mejoró sustancialmente su representación, ya que pasará a tener 20 bancas.

La versión más actualizada del Código Penal, que ya está en manos del Gobierno

Si bien todavía no fue enviado al Congreso, Infobae accedió a la versión más actualizada de la iniciativa, que contempla cambios importantes sobre algunos aspectos vinculados a la corrupción, el terrorismo y el endurecimiento de las sentencias.

Entre otros aspectos, la propuesta más reciente propone no solo mantener la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, sino también sumar otros delitos como homicidio simple y agravado, abuso sexual, grooming, financiación, comercialización, publicación, facilitación, divulgación o distribución de material audiovisual de abuso sexual infantil, corrupción de menores, trata de personas, terrorismo, financiamiento del terrorismo, tráfico de estupefacientes, entre otros.

Asimismo, se conservan algunas leyes sancionadas en el último tiempo, como la de Interrupción Voluntaria del Embarazo y, aunque como se mencionó anteriormente, sigue en discusión, por el momento se sostienen los agravantes cuando los delitos son cometidos en contextos de discriminación por razones de género, identidad u orientación sexual.

Además, se refuerza la tipificación y agravación de ilícitos vinculados a la violencia de género en sus distintas manifestaciones: doméstica, sexual, digital (incluyendo ciberacoso y difusión no consentida de material íntimo).

Por otra parte, el proyecto incorpora figuras específicas para sancionar la violencia en el deporte y en espectáculos públicos masivos, para lo cual se prevén penas más severas.

Asimismo, se fortalecen las disposiciones sobre narcotráfico, contemplando desde el cultivo y producción hasta la comercialización y el tráfico internacional de estupefacientes y se hace especial énfasis en las estructuras financieras que lo sostienen.

Por otro lado, el nuevo Código refuerza la prohibición absoluta de la compra, venta o entrega de niños y niñas con fines de explotación o adopción ilegal y se plantean condenas agravadas para quienes intermedien en este tipo de conductas y para aquellos que se aprovechen de situaciones de vulnerabilidad.

También introduce sanciones más severas frente a hechos de conducción temeraria, bajo efectos de alcohol o drogas, y carreras ilegales. Se incorporan agravantes por el número de víctimas, la conducta dolosa o gravemente negligente, y la afectación a bienes colectivos como la seguridad vial.

Se profundiza la tutela penal del ambiente con tipos agravados para hechos que causen daños masivos, afecten áreas naturales protegidas o comprometan la salud de la población. Se crea la figura del ecocidio, reflejando la gravedad de los ataques contra el equilibrio ecológico.

Entre los nuevos delitos que aparecen, está el de los motochorros, que se redactó de manera más clara para que no haya grises; la criminalidad ambiental, sumando la contaminación, y se perfeccionó la figura del financiamiento del terrorismo.

Entre las novedades, hay un capítulo destinado a proteger el orden electoral, el cual busca asegurar la transparencia, igualdad y libertad del proceso, castigando todo lo que puede distorsionar el sufragio, alterar el ambiente de neutralidad el día de la votación o afectar las condiciones para que cada ciudadano pueda acudir a las urnas libremente.

A diferencia del régimen anterior, el proyecto sistematiza en un mismo título más de treinta conductas y agrega nuevas figuras vinculadas al ecosistema digital y a la manipulación algorítmica.

Se penaliza, por ejemplo, la creación o manipulación de datos personales, imágenes, audios o perfiles con el fin de incidir en el voto, así como el uso de contenidos falsos, cuentas automatizadas, segmentación engañosa o algoritmos dirigidos a desinformar o coaccionar.

Por último, incorpora herramientas para proteger la estabilidad fiscal y monetaria como bienes jurídicos de naturaleza colectiva, modernizando los delitos económicos vinculados con la evasión tributaria organizada, el contrabando agravado, la falsificación de moneda, la intermediación financiera no autorizada y las maniobras especulativas que afectan de manera sustancial el orden económico.

Quienes estuvieron al frente de la redacción explicaron que esta actualización “responde a la necesidad de sancionar conductas que, mediante el fraude o la opacidad financiera, erosionan los ingresos públicos, perjudican la asignación de recursos del Estado y generan distorsiones en los mercados”.

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En un país que se declara “comprometido con la seguridad”, la realidad de quienes patrullan las calles evidencia otra historia. Durante 2025, los aumentos salariales otorgados a la Policía Federal Argentina (PFA) quedaron muy por debajo de la inflación real, dejando a miles de agentes en una situación económica crítica.

Según las escalas oficiales, un cadete de 1er/2º curso pasó de cobrar $537.633,88 en febrero a $630.979,75 en noviembre. Pero mientras tanto, la inflación acumulada del año ya supera el 24,8 % y la interanual trepa al 31,3 %. El resultado es claro: el salario policial perdió poder adquisitivo y no acompaña el costo de vida.

Esa caída brutal en los ingresos generó un fenómeno alarmante. Muchos efectivos —incluidos agentes activos— hoy trabajan como conductores de Uber, repartidores y en actividades informales para poder pagar el alquiler o la comida. Pero lo más polémico salió a la luz en los últimos meses: casos escandalosos de personal femenino que, ante la desesperación económica, recurrió a plataformas como OnlyFans para complementar el sueldo.

Una situación humillante para cualquier trabajador, pero devastadora para una fuerza que debería ser respetada, protegida y sostenida por el Estado.

A la crisis económica se suma otro drama profundo: el deterioro de la salud dentro de las fuerzas. La obra social, colapsada y sin fondos suficientes, dejó a miles de policías y sus familias sin acceso adecuado a medicamentos, tratamientos y estudios básicos. En el histórico Hospital Churruca, la falta de insumos y profesionales es moneda corriente, y muchos agentes se ven obligados a pagar consultas privadas o simplemente posponer tratamientos esenciales.

《EL RECLAMO DE ABANDONO DEL PERSONAL》

Mientras tanto, desde el discurso oficial se repite que “las fuerzas son prioridad”. Sin embargo, la realidad muestra agentes mal pagos, mal cuidados, sin respaldo sanitario y expuestos a situaciones indignas que ningún uniforme debería cargar.

El desgaste psicológico y físico es evidente: aumentan las licencias psiquiátricas, las renuncias y la búsqueda de trabajos extra. El policía argentino, lejos de ser un servidor público protegido, se convierte en un sobreviviente dentro de un sistema que lo deja solo.

Esta situación debería encender todas las alarmas a nivel nacional. No se trata únicamente del bienestar de quienes trabajan en la seguridad: se trata de la seguridad de toda la ciudadanía. Un país que abandona a sus policías es un país que se queda sin defensa.

La reflexión es inevitable y urgente: si un gobierno dice que la seguridad es prioridad, debe demostrarlo con hechos. Salarios que superen la inflación, una obra social funcional, un sistema hospitalario digno y condiciones laborales que respeten a quienes arriesgan la vida todos los días.

Porque no puede haber seguridad real cuando quienes nos protegen están mal pagos, mal cuidados y abandonados al final de la fila.~~~