POLITICA
Arde la interna de Camioneros: un leal a Hugo Moyano denunció que “alguien firmó lo que no tenía que haber firmado”
Hugo Moyano recibió otra respuesta negativa de los empresarios de recolección de residuos de CABA a su exigencia de que se les pague indemnizaciones a los 6.000 trabajadores del sector en el distrito porteño y ahora el Sindicato de Camioneros insinuó que comenzará con trabajo a reglamento como herramienta de presión.
La decisión de las 6 empresas se concretó durante una segunda reunión a la que convocó este martes el líder sindical para intentar que el sector empleador flexibilizara su postura y ahora en Camioneros intentarán que el gobierno porteño se haga cargo de ese resarcimiento que se basa en la aplicación de la famosa “Ley Moyano”, cuyo total asciende a unos 200 millones de dólares.
Pero, en una confirmación de que el reclamo está fogoneado por la interna de Camioneros, José “Teta” Garnica, secretario de la Rama de Recolección, le pidió “paciencia” a un grupo de trabajadores ante la sede del sindicato, aunque prometió que “vamos a discutir y a pelear” y aseguró: “Alguien se equivocó, alguien firmó lo que no tenía que haber firmado y nos garchó”.
Dicen que fue una alusión a Marcelo “Feúcho” Aparicio, número 3 del sindicato y a quien se considera más alineado con Pablo Moyano, dirigente al que desde el oficialismo moyanista vincularon con el presunto fraude con fondos de un hotel que el gremio tiene en Mar del Plata y por el que los dirigentes Paulo Villegas, secretario Tesorero, y a Claudio Balazic, secretario Administrativo, fueron desplazados de sus cargos por Hugo Moyano.
En su improvisado discurso, Garnica, fiel soldado “hugomoyanista”, también advirtió: “Yo no me voy a ser cómplice de quien firmó porque el que firmó sólo hace una escondidita por atrás de las cosas. Yo voy a morir de pie, nunca arrodillado. Vamos a esperar esta semana los pasos legales. Si no, tomaremos la decisión que nos diga el secretario general (por Hugo Moyano)”.
Enseguida, el dirigente insistió en “alguien, entre gallos y medianoche, hizo lo que no tenía que haber hecho y supuestamente dice que defiende a los trabajadores”. Y agregó: “Los que estamos poniendo la cara acá son ustedes, los secretarios generales y los delegados que acompañan a Hugo Antonio Moyano en la rama. Porque hay algunos que dicen ser leales, pero no son leales a nuestro conductor, a nuestra organización. No voy a hablar mal de nadie, pero hay que decir lo que corresponde”.
Garnica sostuvo luego que los abogados de Camioneros analizarán “los pasos legales” y “después veremos qué es lo que haremos”: “No se olviden que el trabajador sin el gremio no es nada y el gremio sin los dirigentes y los trabajadores no somos nada”, puntualizó.
Al igual que las empresas, la administración de Jorge Macri también se negó a pagar las indemnizaciones, tal como sucedió en noviembre pasado, cuando Pablo Moyano amenazó con “llenar de basura” la ciudad de Buenos Aires si no resarcían a los trabajadores de recolección de residuos porteños al considerar que en octubre se vencían los contratos y había que aplicar la “Ley Moyano”.
Se llama de esa manera a esa norma no escrita y de nula legalidad por la cual el sindicato venía logrando desde 1998 que cada vez una empresa ganaba una concesión de servicios o cambiaba de accionistas, despidiera al personal, lo indemnizara y lo volviera a contratar.
Para el gobierno de CABA esa demanda no correspondía porque esos contratos se habían prorrogado hasta 2028, por lo que no hubo indemnizaciones para los 6.000 trabajadores, pero se llegó a un acuerdo con Hugo Moyano que incluyó beneficios al personal que se jubilaba y una serie de adicionales para mejorar los sueldos.
Sin embargo, como anticipó Infobae, Moyano reflotó sorpresivamente hace 20 días el reclamo de indemnizaciones ante la feroz interna que existe en Camioneros y que se instaló con más fuerza en la decisiva rama de recolección de residuos del sindicato, donde, por un lado, está “Teta” Garnica y, por el otro, los delegados que responden a “Feúcho” Aparicio.
En las últimas semanas se realizaron asambleas en las empresas de recolección de residuos de CABA donde hubo expresiones de respaldo a Aparicio.
Fuentes sindicales afirmaron que Garnica desempolvó la “Ley Moyano” para ponerse de su lado a los trabajadores de recolección de basura y, a la vez, debilitar a quienes responden a Aparicio. Por eso fue quien habría convencido al líder de Camioneros de que debía reflotar la exigencia de las indemnizaciones: “Queremos que le den a la gente un anticipo de lo que pagarán en 2028”, fue el insólito pedido de Moyano a las empresas.
Hubo una primera reunión con representantes de las 6 concesionarias, en la que se negaron al reclamo sindical, y se pasó a un cuarto intermedio hasta este martes, en que Moyano volvió a citarlos para presionar con su pedido, aunque las empresas insistieron en su negativa.
En el gobierno de CABA también se mantienen firmes. Jorge Macri fue el primero que empezó a poner orden en la relación de la administración porteña con el gremio. Por ejemplo, en el tema de las grúas y en un mayor control del servicio de recolección de residuos, aplicando multas.
Mientras, el legislador porteño Facundo del Gaiso (Coalición Cívica) intentará que la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires apruebe este jueves un proyecto para prohibir que se les pague indemnizaciones a los 6.000 trabajadores de recolección de residuos.
“Echarlos, pagarles y volverlos a contratar manteniendo la antigüedad. Ni a Perón se le hubiera ocurrido -afirmó Del Gaiso en X-. Este disparate, que le saldría 200 millones de dólares a los porteños, hay que frenarlo con una ley. El jueves en la Legislatura impulsaré el tratamiento de mi proyecto de Ley Anti Moyano”.
En realidad, el legislador del partido de Elisa Carrió insistirá en un proyecto de su autoría que ya había presentado en septiembre pasado, luego de que Pablo Moyano exigió el pago de unos 200 millones de dólares para indemnizar a los trabajadores de recolección de residuos de CABA.
El proyecto de Del Gaiso incluye, por un lado, una modificación en la Ley 4003 de CABA por la cual se aprobaron las indemnizaciones a los trabajadores del acarreo en la ciudad, para que no se conviertan en un precedente para otros casos similares y, por otro, la exigencia de que esos resarcimientos sean pagados por las empresas y “no con el dinero de los contribuyentes”; en caso contrario, esas firmas no podrán contratar más en el distrito porteño. Incluso se contemplan sanciones para los funcionarios que aprueben indemnizaciones como las que reclama Camioneros y que están fuera de la ley.
Del Gaiso volverá a la carga con su proyecto en la sesión de este jueves en la Legislatura porteña, aunque de sus 40 integrantes se descuenta que votarán en contra de la “Ley Anti Moyano” los 18 legisladores del peronismo y los 3 de la izquierda. Aun así, si la iniciativa se presenta sobre tablas, donde puede ser aprobada por los dos tercios de los presentes, no hay garantías sobre la votación.
POLITICA
Habló el diputado fracturado de un cabezazo en Tucumán: “Quizás me tengan que volver a operar”
El diputado nacional Federico Pelli reapareció y contó cómo se recupera luego del episodio que lo dejó con una fractura de tabique, mareos y fuertes dolores de cabeza al recibir un cabezazo cuando intentaba entregar donaciones a damnificados por las inundaciones en La Madrid, Tucumán. “Recuperándome de a poco”, aseguró el legislador de La Libertad Avanza (LLA) ante la periodista Cristina Pérez por LN+, mientras detallaba las secuelas físicas del ataque: “Fui intervenido quirúrgicamente por una fractura de tabique. Tengo mareos y dolores de cabeza”.
El legislador manifestó su solidaridad con las personas de La Madrid que sufren pérdidas materiales y relató que la colecta impulsada por la fuerza libertaria en Tucumán fue considerable: “No eran tres colchones como se dijo. Cuando tuvimos lo suficiente empezamos a distribuir”. Según Pelli, en el momento de la entrega un grupo liderado por un hombre identificado como Marcelo Segura les impidió el paso. “Me dijo ‘soy el que no los va a dejar pasar’. Le estaba preguntando quién se creía que era y en el momento menos pensado recibí el ancazo”, narró el diputado.
El hecho ocurrió en la entrada de la localidad de La Madrid, una de las zonas más golpeadas por las lluvias en el norte argentino, donde muchas familias debieron autoevacuarse debido al desborde de los ríos Marapa y San Francisco.
Pelli denunció que el accionar de la policía provincial fue “patético”. Según su versión, los agentes no intervinieron para reducir al agresor tras el incidente. “La gente de LLA tuvo que perseguir a la policía para que lo detengan”, afirmó en diálogo con LN+. El episodio derivó en una intervención quirúrgica y, según expresó el legislador, “quizás me tengan que operar por segunda vez”.
El agresor fue identificado como Marcelo Segura, alias “Pichón”, oriundo de San Miguel de Tucumán y vinculado laboralmente al gobierno provincial. Según se informó, Segura figura como empleado del Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán, con el último registro salarial en febrero pasado, y trabajaría como personal de seguridad en dependencias del Ministerio del Interior tucumano. Medios locales indicaron que la defensa de Segura está a cargo del abogado Ernesto Baaclini, quien sostuvo que su cliente está “arrepentido” y que la agresión ocurrió tras una discusión previa, sin planificación.
La investigación judicial quedó a cargo del fiscal Miguel Varela, quien deberá determinar si Segura será imputado por lesiones graves. Pelli fue evaluado por un médico forense y, según los profesionales del Hospital Regional de Concepción, sufrió un traumatismo encefalocraneano y nasal, además de la fractura del hueso nasal. Tras una tomografía, se descartó lesión cerebral. “Fue una desgracia con suerte”, explicó uno de los médicos al ser consultado por medios locales.
El ataque se produjo mientras Pelli, junto con los diputados Gerardo Huesen y Soledad Molinuevo, intentaba ingresar a La Madrid para entregar colchones y artículos de primera necesidad a las familias afectadas. En las imágenes difundidas en redes sociales, puede observarse el breve intercambio verbal entre el legislador y Segura: “¿Quién sos vos para dejar pasar?”, preguntó Pelli antes de recibir el golpe que le provocó la fractura y una hemorragia facial.
El presidente Javier Milei también se refirió al hecho con un mensaje en redes sociales: “ESTO ES LO QUE TENEMOS DEL OTRO LADO…”. El bloque de diputados libertarios sumó su repudio en un comunicado donde subrayó que la actividad solidaria se desarrollaba en el marco de la emergencia por inundaciones y que la violencia “no va a detener nuestro accionar en ninguna provincia por más que la vieja política se oponga”.
Pelli lamentó que persistan “estas prácticas por parte de gente cercana a la política y al poder” en Tucumán, y señaló que “claramente mucha gente relaciona a esta persona al Ministro del Interior”. El legislador no descartó la posibilidad de una nueva cirugía y expresó su decepción por la persistencia de la violencia ligada a sectores políticos en la provincia.
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POLITICA
Un audio con la voz del capitán del ARA San Juan abrió una fuerte polémica en el juicio de Río Gallegos
EL CALAFATE.- Con una fuerte controversia por la difusión de un audio con palabras del capitán de navío Pedro Martín Fernández, comandante del submarino ARA San Juan, y la falta de definiciones sobre el secreto militar que se impone a documentos claves de la causa, se reinició este lunes en Río Gallegos el juicio oral por el hundimiento del buque y la trágica muerte de sus 44 tripulantes, ocurrido en noviembre de 2017.
El material sonoro, registrado durante una reunión del Consejo Asesor del Arma Submarina celebrada entre el 29 y 30 de abril de 2017 en la Escuela de Submarinos y Buceo, puso otra vez en el centro de la escena la situación técnica de la nave poco tiempo antes de su hundimiento, en un juicio donde se trata de establecer cuáles fueron las condiciones con las que salió a su última misión.
La audiencia de hoy, en la que se debate la responsabilidad de cuatro exoficiales superiores de la Armada Argentina -el contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo, el capitán de navío destituido Claudio Javier Villamide, el capitán de navío retirado Héctor Aníbal Alonso y el capitán de fragata retirado Hugo Miguel Correa- se extendió por diez horas y media con breves cuartos intermedios y fue transmitida por la plataforma Zoom del Poder Judicial, ya que dos de los tres abogados querellantes siguen el juicio a distancia.
En el audio reproducido en la sala se escucha la voz del capitán del ARA San Juan siete meses antes del hundimiento, en el cual informa a sus pares el estado en que se encuentra el submarino: “El estado actual de la unidad es operativo con una profundidad limitada a 100 metros, una velocidad autoimpuesta a máxima etapa 3 y como importante la indiscreción del ruido de la línea de eje al momento de parar máquinas”, sostiene la voz del comandante Fernández, fallecido en el hundimiento.
El audio fue difundido por el capitán de navío Villamide durante su declaración indagatoria.
Según se reconstruyó en esta jornada del juicio que lleva adelante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Río Gallegos, aquel encuentro, convocado por el capitán de navío Gabriel Attis, reunió a 21 oficiales submarinistas expertos, incluidos los comandantes de los submarinos ARA Salta y ARA San Juan. El propósito central consistió en analizar el reemplazo de la clase alta de submarinos por unidades de sexta generación, que incluyó un diagnóstico pormenorizado del ARA San Juan.
En el mismo registro, el capitán Fernández detalló la actividad desarrollada durante los primeros meses de 2017 por el ARA San Juan, explicó que el itinerario incluyó una navegación en enero, pruebas de capacidad de baterías durante dos semanas y una participación de ocho días en la primera etapa de la ejercitación conocida en la Armada como Coflomar.
Además, el oficial mencionó el adiestramiento realizado con aeronaves, un lanzamiento de torpedo de ejercicio y el traslado desde Mar del Plata hacia Puerto Belgrano, operativo que duró tres semanas y tuvo como fin el recambio de los dos periscopios del buque.
La primera difusión del audio se dio durante la declaración indagatoria de Villamide, sin que las familias que seguían el juicio estuvieran advertidas, lo cual generó la reacción de los abogados querellantes y de los miembros del Ministerio Público Fiscal que cuestionaron la difusión del audio. Ayer en el reinicio del juicio, la defensa de Villamide adelantó ante el Tribunal que volverían a utilizar el audio con la voz del capitán Fernández, alegando el derecho a defensa de su defendido.
“En atención a un pedido expreso formulado por las querellas esta defensa quiere avisar que va a utilizar en estas audiencias y en las que sea necesario el audio con el capitán Fernández que hemos pasado antes”, afirmó el abogado Juan Pablo Vigliero de la defensa del capitán Villamide y aclaró que la familia del capitán Fernández no estaba representada en la causa.
Desde el Ministerio Público Fiscal, el fiscal Gastón Pruzán pidió que se utilice el acta escrita en vez del audio tanto para no afectar a las familias como para no perjudicar el secreto militar hasta tanto sea resuelto como exponer esa información en sede judicial, considerando que se trataba de una reunión privada de la Armada.
En la misma línea, la abogada querellante Valeria Carreras cuestionó la autenticidad del audio y la forma en que el mismo llegó a manos del ahora destituido de la Armada, en tanto que su par Luis Tagliapietra cuestionó que no estaba certificado que quien hablara en el audio fuera efectivamente la voz del capitán Fernández.
Tras una deliberación, el Tribunal presidido por el juez Mario Reynaldi y los vocales Enrique Baronetto, Luis Alberto Giménez y Guillermo Adolfo Quadrini decidieron admitir la reproducción del audio como prueba, y “resulta pertinente y útil, por consiguiente es un elemento que hace al derecho a defensa”, según detalló Reynaldi.
En la misma línea, el tribunal advirtió que debía ser avisado con anticipación, cuando el audio fuera a ser utilizado. Sobre el punto, tanto la fiscalía como las partes querellantes hicieron reserva federal del caso.
El audio del capitán detallando el estado del ARA San Juan en abril de 2017 se reiteró durante la declaración testimonial que brindó en la audiencia de hoy, durante varias horas, el capitán de navío Fabián Walter Krawinkel, quien fue jefe del Proyecto Submarino de la Dirección General del Material Naval, área de la cual dependió la reparación y revisión técnica de media vida por la que pasó el ARA San Juan entre 2007 y 2014.
El audio y las actas, al igual que otros que ayer se mostraron durante el juicio tienen la calificación de “secreto militar”, situación por la cual el presidente del tribunal advirtió que aún estaban a la espera de que el departamento jurídico del Ministerio de Defensa determine levantarlo para diferentes pruebas que se mostrarán en el proceso, dado que el decreto 615 de 2024 modificó la Ley de Inteligencia nacional y ahora los archivos vinculados a Defensa y Seguridad deben contar con la autorización de la SIDE.
Para salvar esta situación se acordó que la Fiscalía, dentro de la prueba que muestre, hasta tanto se reciba la aprobación de la SIDE, exhiba de forma parcial los documentos, omitiendo la misión de los buques de modo que no comprometa la política exterior del país.
La controversia que sacude al juicio radica en la percepción de los hechos por parte de las distintas partes. Mientras los querellantes sostienen que las limitaciones que se fueron reflejando a largo de la jornada debieron encender alarmas de seguridad, desde las defensas de la estructura de mando implicadas se argumentó que el barco contaba con las reparaciones previstas por la normativa naval, también se mencionó que había constancia de todos los mandos que el ingreso a dique del ARA San Juan quedó formalmente previsto para el primer semestre de 2018.
El juicio avanza ahora hacia etapas donde se analizarán con mayor profundidad los informes técnicos sobre las pruebas realizadas y las condiciones de las baterías. La mención sobre la limitación a 100 metros de profundidad constituye un dato que los peritos analizan bajo la lupa, intentando establecer si existió una relación directa entre las condiciones operativas informadas en abril de 2017 y el trágico desenlace registrado en el Atlántico Sur.
Mariela Arias,Conforme a
Nuevos mensajes y documentos revelan transferencias millonarias desde de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) a empresas de Fabián Saracco, el empresario santiagueño que manejaba los fondos de la entidad antes de Javier Faroni y que sería una persona muy cercana a Pablo Toviggino.
Concretamente, se investiga un esquema que habría desviado hasta US$60 millones entre 2019 y 2021, con el tesorero de la AFA en el centro de la escena.
Según los chats en poder del juez Luis Armella, una persona agendada como “Tovi II” le da indicaciones claras a Juan Pablo Beacon sobre cómo armar facturas con montos millonarios en dólares que se debían enviar a la firma Odeoma, con sede en Madrid, España.
“Ponele recibo 8836, monto 1.824.000, fecha 24 de enero de 2022”, detalla la supuesta conversación. Sería una indicación de Toviggino a Beacon. En otro chat le agrega: “Perdón hermano, es pago cancelatorio, no pago a cuenta”.
Entre 2019 y 2021, la AFA envió unos U$S60 millones a tres firmas de Saracco: Odeoma, Q22 y Stratega. El dinero salía de los sponsors de la Selección, por supuestos servicios que estas firmas le proveían a la AFA y por rescisiones de contratos. Es que cada vez que se rescindía el contrato con alguna de estas, la AFA debía pagar montos resarcitorios.
Se cree que todas eran maniobras para llevar el dinero de la AFA al exterior.
Así en otro supuesto chat, Tovi II ordena transferir fondos a Q22 y un tercero, US$144.000 a Stretega. “Importe 144.000, cliente AFA”, le habría dicho Tovi II a Beacon en otro supuesto chat que está siendo analizado por la Justicia.
Luego todos estos millones de dólares enviados a las firmas de Saracco se trasladaban a cuentas en Miami a través de un complejo entramado de facturas apócrifas, como las ya reveladas por TN: Samtak, Bambo y ML.
Cómo entraba la plata al país
Según los chats, el dinero se cobraba cash en la Argentina a través del primer financista de la AFA. Esa persona sería Diego Martín Pasztor, que luego fue reemplazado por Fabián Krunkli, alias Fiño.
Pasztor habría sido el financista de la AFA durante el lapso en el que la AFA enviaba el dinero a las firmas de Saracco, luego con el ingreso de Faroni al negocio, Pasztor se movió para cederle su lugar a Fiño.
En una conversación, se habla de entregar “800 K” en efectivo. En otro audio, se escucha al propio Saracco decirle a Beacon que “no se preocupe” si no pueden cumplir con lo prometido a “Pablo”, en lo que se cree es una referencia a Toviggino. Todo está en investigación.
Toda esta plata también se habría entregado en efectivo en la Argentina. Pasztor habría trabajado en una cueva en Avenida Corrientes al 327. Se trata de un modus operandi muy similar al de Fiño, que operaba en una cueva de Corrientes 456 piso 3.
De esta manera, se confirma que Saracco fue el intermediario principal de la AFA para mover dinero en el exterior, a través de firmas como Q22. Luego asumió ese rol la sociedad TourProdEnter del empresario Javier Faroni y su esposa Erica Gillette, que transfirieron casi 55 millones de dólares a sociedades en Miami.
Pasztor, por su parte, ya había sido procesado entre 2019 y 2021 por lavado de activos en el fuero Penal Económico, precisamente por descuentos irregulares de cheques y financieras sin respaldo real de servicios, según consignó el diario La Nación.
La causa, que ya cuenta con un sumario confidencial del BCRA y chats incorporados como prueba, busca determinar si se trató de una sistemática evasión cambiaria y posible lavado.
En el expediente ya fueron incorporados chats, audios, planillas manuscritas, facturas y comprobantes de transferencias. Parte de esa documentación fue revelada en informes periodísticos que indicaron que TourProdEnter habría enviado unos 50 millones de dólares a cinco empresas presuntamente fantasma.
La investigación busca reconstruir el recorrido de alrededor de 260 millones de dólares que la AFA recibió en el exterior por sponsors, partidos amistosos y la plataforma AFA Play.
Según la hipótesis que analiza la Justicia, una parte de esos recursos habría sido desviada hacia compañías radicadas en Estados Unidos. Luego, parte del dinero habría regresado al país en efectivo.
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