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POLITICA

Argentina, dos épicas enfrentadas

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A nivel mundial, se está viviendo una instancia traumática por una guerra ya abierta entre Israel e Irán. Si nos detenemos en la secuencia de lo que está pasando en Medio Oriente desde el brutal ataque terrorista de Hamás el 7 de octubre de 2023, estaríamos frente a lo que podría ser el último tramo del plan de Israel de afirmarse como Estado desmantelando todas las amenazas, que pasan también por Hezbollah, El Líbano y ahora un ataque muy importante sobre Irán.

Israel demostró el enorme poder de su inteligencia respecto de la vida doméstica iraní. Hubo 13 muertes en una noche de los principales líderes tanto del servicio de inteligencia de Irán como del ejército, fuerza aérea, armada y la Guardia Islámica.

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Son infinitos los interrogantes acerca de las proyecciones internacionales que tendrá este enfrentamiento. La mayoría de ellos, con centro en lo económico, sobre todo por el efecto que pueda tener sobre el mundo del petróleo. Entre el 20 y 28% del petróleo que se consume globalmente pasa por el Estrecho de Ormuz, que enfrenta a Irán con Omán. Si fuera bloqueado, el mundo iría a una crisis similar a la del ‘73.

Argentina, dos épicas enfrentadas. El editorial de Carlos Pagni

¿Qué pasa con las grandes potencias? ¿Cómo queda Trump frente a un ataque dirigido por Netanyahu, que parece ganar autonomía frente a los Estados Unidos y toma distancia en su alianza? ¿Qué papel va a jugar China, que es un consumidor del petróleo iraní?

Mientras tanto, en la escena argentina, habrá que ver qué hace el Tribunal Oral N°2, que tiene que ponerle fecha al juicio oral por el Memorándum entre nuestro país e Irán, en el cual ha sido investigada Cristina Kirchner y parte de su staff. Hay quienes en la Justicia dicen que es el momento ideal, si los jueces quieren tener sentido de la oportunidad, para fijar fecha para ese nuevo juicio oral al que tendría que estar expuesta la expresidenta. En noviembre tiene además el juicio oral por el caso “Cuadernos”.

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Cristina sigue ocupando un lugar central en la política argentina. Esta vez, por la condena que quedó activa a partir de que la Corte Suprema de Justicia la semana pasada dispuso rechazar el recurso de queja que el abogado Carlos Beraldi había elevado a la para que se revisaran las disposiciones del TOF y la Cámara de Casación, que habían condenado a Cristina a seis años de prisión e inhabilitación perpetua.

La Argentina cambia su agenda, etapas y ritmos. Pero mantiene el mismo tono épico en su vida pública. Ahora hay dos épicas enfrentadas, con casi la misma tonalidad: la kirchnerista y la de las “fuerzas del cielo”.

Cristina se prepara para quedar detenida este miércoles. Lo hace con una gran movilización organizada por La Cámpora. Este lunes hubo reuniones con intendentes y movimientos sociales. Todo para reproducir una escenografía y probablemente un discurso similar al que ella encarnó el 13 de abril de 2016, cuando la citó por primera vez el juez Claudio Bonadio a Comodoro Py, el mismo lugar al que debe ir este miércoles. El Tribunal Oral todavía no decidió bajo qué modalidad va a disponer la detención. Podría ordenarla a través de un Zoom, donde ella estuviera en su casa. De esa manera, evitaría la movilización.

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En el 2016, Cristina se relanzó a la vida pública después de haber dejado el gobierno el 10 de diciembre del año anterior, con un discurso que podría ser de hoy. Aquella presidenta ya hablaba de proscripción e incluso pronosticaba una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La movilización tiene varios sentidos. El primero es protestar por una supuesta proscripción, que no tiene sentido plantear. Hay una caracterización de la conducta del kirchnerismo en el manejo de la obra pública en Santa Cruz. Dicha caracterización se enmarca en una figura del Código Penal -administración fraudulenta- y a partir de ese encuadramiento, hay una accesoria que es la inhabilitación perpetua. Es automática. De cualquier manera, la palabra proscripción resuena en el peronismo con toda una tradición, que se remonta a aquella a la que fue sometido dicho movimiento en el año ‘55.

Reproducir, encarnar esa idea y plantearse como la representante de esa tradición, es una de las intenciones de Cristina, que viene hablando desde hace tiempo de la doctrina del lawfare, que antiguamente era llamada la doctrina del derecho penal del enemigo: alguien que es penalizado por sus ideas, y por razones políticas es perseguido arbitrariamente.

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Es difícil sostener esa doctrina en este caso, donde se analizaron las pruebas a través de distintas instancias, con cantidad de jueces y fiscales, muchos de ellos designados por el propio kirchnerismo. El argumento del kirchnerismo es curioso. No es tan frecuente escuchar a sus militantes decir que Cristina es inocente, que no hay culpabilidad de ella o de otros funcionarios. Lo que repiten es: “Somos tan culpables como otros, solo que a nosotros se nos juzga, a nosotros se nos investiga, solo sobre nosotros se pone la lupa periodística y judicial. Hay una selectividad de la justicia”.

Es un argumento interesante. Uno podría decir que sí, que hay selectividad, que es verdad que hay un énfasis especial puesto sobre el kirchnerismo que no se pone sobre otros actores de la vida política. Pero también se podría decir que hay una selectividad en la misma historia judicial de Cristina. Hay causas, como por ejemplo la del ingreso de los Eskenazi a YPF, que duermen en el juzgado de Ariel Lijo desde el año 2007 —anterior incluso a Vialidad, que es de 2008, también por iniciativa de Elisa Carrió— y que no se mueven. No es que a Cristina se la persigue y a otros no. Se podría decir que a Cristina se la persigue y que a Cristina no se la persigue.

Esto tampoco significa que el caso Vialidad no haya sido correctamente juzgado ni que la corrupción en el manejo de la obra pública por parte del kirchnerismo no sea un escándalo. Tampoco que el fallo de la Corte, el Tribunal Oral y el de la Cámara de Casación no sean un mensaje saludable de igualdad ante la ley, más allá de que es verdad que el sistema judicial argentino deja mucho que desear en su conducta, en su falta de ecuanimidad y en su deficiente imparcialidad.

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¿Qué quiere Cristina movilizando a su gente? Por un lado, mostrarse como la encarnación de ese reclamo de proscripción. Por el otro, poner en funcionamiento, escenificar un concepto que es muy tradicional en el kirchnerismo, anterior a todos estos episodios judiciales. Se trata de un principio que está en el corazón de cualquier concepción populista, y es la idea de que la institucionalidad de la Constitución —sobre todo en el caso del Poder Judicial, que es un contrapoder pensado como conservador por el sistema constitucional— carece de legitimidad frente a los votos que tiene el líder.

Si es que se produce esta marcha —muy probablemente se produzca, aunque haya un Zoom—, se verá una cantidad importante de gente. En 2016 se movilizaron 200.000 personas. Hoy, los que organizan esta nueva protesta, esperan tener más de 300.000. Allí se exhibirá la coreografía de un enfoque que ya le escuchamos a Cristina Kirchner cuando declaró desde su despacho del Senado frente al Tribunal Oral que finalmente la terminó condenando: “¿Y a ustedes quién los votó?”. Es como si el voto otorgara una especie de inmunidad judicial, como si la única legitimidad pública no cuestionable fuera la que provee el pueblo votando.

Esta idea también tiene ecos en el oficialismo actual. Cuando Milei habla de los “ñoños republicanos”, cuando dice que su programa y sus objetivos políticos no deben detenerse ante las formalidades institucionales, lo que está diciendo es lo mismo: hay una legitimidad que me dio el voto que es superior al ritual institucional, eventualmente al ritual judicial.

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La condena unifica al peronismo. Hoy es muy difícil enfrentar a Cristina. Ahora bien, ¿lo unifica sólo mientras Cristina no quiera poner el dedo? ¿Va a tener el mismo poder el día que diga ‘no solamente soy la víctima de una persecución, sino que además, en mi calidad de víctima, quiero armar las listas’?. Habrá que esperar. Hoy todo el kirchnerismo, el círculo más estrecho que rodea a la expresidenta, está mirando sus niveles de popularidad y distintas mediciones en todo el mapa electoral del país.

Por ejemplo, desde el Instituto Patria están observando lo que pasa en Corrientes, donde hay un candidato a gobernador, que es Martín Ascúa —“Tincho” Ascúa—, que empieza a subir en las encuestas. Y miran cómo le va a Cristina, que también empieza a subir en las encuestas, y tendría un 40% de intención de voto en la provincia de Corrientes, donde actualmente hay mediciones por una disputa electoral importante por la gobernación.

¿Qué significa entonces esta condena para Cristina? ¿Significa el ocaso? ¿Significa la jubilación o significa un relanzamiento? Esta es una pregunta importante, y está ligada a qué determinaciones va a plantear el Tribunal Oral, que además tiene que considerar un pedido de los fiscales planteando que no haga política. Que hay que restringir al máximo las visitas que pueda recibir en su casa. ¿Va a poder usar redes sociales? ¿Va a poder exponerse en el balcón?.

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Uno de los argumentos de Beraldi para que ella cumpla su prisión en el domicilio es que hubo un intento de asesinato en 2022. Eso vuelve a la cárcel un lugar inseguro. Los fiscales contestan: “Si hubo un intento de asesinato y está en peligro su vida, que no salga al balcón”.

¿Hasta dónde va a poder Cristina seguir haciendo política? Es un punto clave ya que detrás se esconde el problema de la interna del peronismo: si hay o no un reemplazo en el liderazgo. La misma pregunta abre otros interrogantes: ¿quién va a encarnar la candidatura para la que ella se había postulado en la tercera sección electoral? Todos miran a Máximo Kirchner. ¿Es posible transferir los votos de Cristina a Máximo Kirchner? ¿Significan lo mismo? Ya sabemos que a Cristina, y a los Kirchner en general, les cuesta pensar la sucesión fuera del marco familiar. En 2011, cuando ella fue reelegida con el 54% de los votos, quien le entrega el bastón de mando es su hija Florencia, que no era funcionaria. Ahora es posible que sea Máximo el que tenga que llevar la bandera de su madre. Habrá que ver si logra superar la enorme carga negativa que plantea su imagen en las encuestas.

En toda esta escena, Axel Kicillof queda incómodo. Tiene que enfrentar —o seguir enfrentando— a Cristina en un momento en el que la condena la victimiza, le da un halo de sacralidad que es muy difícil desafiar. Obviamente no frente al antikirchnerismo, que entiende que la condena es absolutamente lógica y merecida.

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El martes pasado, Kicillof no se quedó todo el rato que había que quedarse a esperar en la sede del PJ la condena que emitía finalmente la Corte. El jueves hubo otra reunión en el PJ, de dirigentes. Él estaba en el edificio y no asistió. Dijo: “No, voy a ir cuando haya una reunión de gobernadores”. Pero él es más que un gobernador. ¿Por qué no participó?

La historia no se repite, pero rima. ¿Por qué? Porque el papel de Kicillof en relación con esta peripecia judicial de Cristina tiene algún aire de familia con lo que le pasó a Horacio Rodríguez Larreta en el año 2021, cuando Macri tuvo que ir a declarar al juzgado de Dolores por actividades de espionaje contra los familiares de los fallecidos en el hundimiento del ARA San Juan: Larreta no fue. Ese era el momento de adherir o no, era el momento de la pelea ya abierta entre Larreta y Macri, en octubre de 2021, el duelo por el liderazgo. ¿Quién estaba en la plaza de Dolores hablando a favor de Macri? Patricia Bullrich. Ese hecho prefigura toda la interna posterior del PRO. Algo parecido le pasa a Kicillof, difícil ubicarse en un lugar distante de Cristina hoy.

¿Cuál es la pregunta más importante de todas estas que nos estamos formulando? La más importante es: ¿habrá una posibilidad de que el peronismo se recicle y sea un actor importante, bajo el paraguas del kirchnerismo, para las elecciones del 2027? Muchos inversores se hacen esta pregunta. ¿Pongo un dólar o no en Argentina? Depende de que haya la posibilidad de un reflujo populista, de izquierda, en la figura de Cristina, en la figura de Kicillof o en alguien de ese entorno o con esa agenda. Esta pregunta, según como uno la conteste, modela de uno u otro modo el gobierno de Milei. No es lo mismo un gobierno amenazado por el retorno kirchnerista que uno que se abre hacia ocho años despejados de mandato, como él mismo insinuó por primera vez de manera clara ahora en Madrid, donde prácticamente se postuló para la reelección por primera vez.

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Una encuesta de la consultora Mide, que lidera Gonzalo de Janin, analiza las prioridades que se van formando hoy en la cabeza de la gente. El primer tema es la pobreza, con 16%. La inseguridad, que alcanza el 14%. Tercer tema, ligado a la pobreza, desocupación. Cuarto lugar, la corrupción. Después viene la justicia.

Una encuesta de la consultora Mide sobre las principales preocupaciones de los argentinos

La inflación aparece con un 7%. Esto que hoy es 7% era 70% en noviembre de 2023, un mes antes de que Milei asuma el poder. Esto es muy interesante. Habla de un gran éxito del Gobierno, después del 1,5% de inflación en mayo. Quiere decir que hay una enfermedad de la que el gobierno parece que nos está curando y eso es lo que produce el recambio de la agenda mental de los argentinos. Entonces el interrogante es: ¿podrá el Gobierno reinventarse para esta nueva agenda? Segunda pregunta: ¿habrá alguien en la oposición capaz de politizar estas preocupaciones que hoy todavía parecen no definir el voto?

Si uno mira la misma encuesta de Janin, cuando preguntan a quién va a votar, 31% dice a los diputados de Milei y 35% al resto. Obviamente que el resto va a ir fragmentado, quiere decir que la elección la gana Milei, y hoy es 31%. Hay que pensar que con la campaña va a rondar el 40%, que es una elección similar a la de Macri del 2017, un gran triunfo electoral. Después le esperan los temas que aparecen en la nueva agenda de preocupaciones. Habrá que ver si la puede abordar o, si no, quién la encarna. Este es el problema que está ligado a qué capacidad de renovación, de recreación tendrá el peronismo y el kirchnerismo para encontrar las palabras con las cuales formular estos problemas hacia 2027. Es decir, cuál es la capacidad y quién es la figura que puede encarnar un liderazgo opositor.

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Encuesta Mide sobre la imagen del presidente Javier Milei

Según la encuesta de Janin, la imagen de Milei sigue igual: 50% a favor, 50% en contra, estable desde que llegó. ¿Quién es el principal líder de la oposición? 43% de los encuestados respondió que Cristina y un 40% dijo que la oposición no tiene líder. Ese último porcentaje es muy importante porque está diciendo que hay una parte importante de la sociedad que no encuentra quién podría ponerle voz a esa agenda de preocupaciones que ya no es la inflación, sino que es la pobreza, la desocupación, la destrucción del tejido productivo. Y mientras tanto, Cristina sigue siendo la figura principal de la oposición.

Encuesta de Janin sobre el liderazgo opositor

Ese 43% explica el significado político de la condena del Tribunal Oral convalidada por la Corte. Y es importante porque mucha gente tiene la presunción de que esta condena, la inhabilitación, el encierro en un departamento con muchas limitaciones podría significar el final político de Cristina. Y cuando uno piensa eso, se acuerda de lo que significó la muerte de Néstor, en octubre de 2010. Los mercados, hay que acordarse, aquella semana festejaron. Sin embargo, fue la plataforma desde la cual Cristina se relanzó. Hay un libro, del que hablamos ya en otras oportunidades en Odisea, Antifrágil de Nassim Taleb, que dice explica que hay personas que son derrotadas por la adversidad, hay otras personas que resisten la adversidad, pero hay personas que se potencian con la adversidad, que se vuelven más creativas, que adquieren más fuerza, que mejoran, que crecen”. Daría la impresión de que estamos ante una persona de ese último tipo con Cristina Kirchner. Es el gran interrogante que hay sobre Milei: ¿Qué pasa si un día llega la adversidad? ¿Cómo será?

Frente al kirchnerismo y la épica que van a querer mostrar este miércoles, aparecen las Fuerzas del Cielo con un video que dice algunas cosas como estas: “Nosotros somos militantes desde antes de que el presidente decida meterse en política”; “Me gustaba principalmente porque defendía al privado, porque odia al Estado y yo lo odio también”; “Cuando lo escuchamos al Presidente hablar de ‘Dios, patria y familia’, es lo que verdaderamente estamos defendiendo”; “Entendemos que el consenso es un medio y no un fin”; “Este ideal se encarnó en una persona que es Javier Milei”; “Defendemos una causa justa y noble que es mucho más grande que todos nosotros y vale la pena dar la vida por ella si hace falta”. Esto es casi un espejo, del otro lado: otro programa económico, otro programa de gobierno, el mismo espíritu épico, mesiánico. La idea de que por un programa de gobierno hay que dar la vida. La vida por Perón, la vida por Milei, es siempre el mismo tono sacrificial y místico de la política. Como dicen en el video: el consenso es un medio, no un fin. Si no hay consenso igual el fin lo vamos a alcanzar. Aunque sea sin consenso. Es una idea complicada que tiene poco que ver con el liberalismo, tiene que ver con otra forma de populismo, que encarna en Las Fuerzas del Cielo, que son el instrumento de acción política del mago del Kremlin, de Santiago Caputo, el principal asesor político de Milei. Hoy un economista amigo me decía: “Son La Cámpora del cielo, es parecido”. En el medio parece no haber nada. Dos épicas enfrentadas. La idea de dar la vida, la idea de un ideal casi religioso para la política.

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Mientras tanto estos jóvenes, y no tan jóvenes, de Las Fuerzas del Cielo pelean lugares en las listas con Sebastián Pareja, con la gente de Karina Milei. Santiago Caputo mientras tanto negocia con el PRO lugares en las listas y algo más. Probablemente un cambio de gabinete después de esa elección que puede ser muy exitosa. Ahí aparecen nombres como los de Cristian Ritondo, Diego Santili y el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, buscando desembarcar en el gabinete y ya hay pelea. ¿Por qué? Porque alguien como Patricia Bullrich, que es ministra de Seguridad, y casi seguramente va a ser la candidata a senadora en la Capital, quiere dejar el Ministerio de Seguridad a un heredero propio, no quiere que sea Ritondo, con quien hay que recordar que ella tiene una pelea a muerte después de haber denunciado en la justicia penal por pedir coimas a Vicente Ventura Barreiro, su segundo en el Ministerio de Seguridad, que es la mano derecha, y sobre todo izquierda, de Cristian Ritondo, el entrañable Pucho. Quiere decir que es muy difícil que Patricia Bullrich quiera dejar a Ritondo en su sillón. ¿Piensa en el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela? Por eso Ritondo mira Seguridad, pero después mira la SIDE. Está vacante el Ministerio del Interior también, porque probablemente Lisandro Catalán termine siendo diputado por Tucumán. Una reestructuración del gabinete con gente que parecía ser de Macri, aunque ahora es de sí misma.

Una discusión acerca de cómo se va a seguir llevando adelante este mensaje de conflicto con la casta, encarnado en Las Fuerzas del Cielo, que trajo Milei a la política. Muy parecido al conflicto de Cristina con las corporaciones. Un mensaje difícil de creer cuando uno ve que encarna en figuras como Santili, Ritondo o Montenegro, que son casta desde que nació la casta.



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POLITICA

El peronismo dejó atrás un año de quiebres internos y se asoma a la discusión por un cambio de ciclo

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El peronismo cerró un año cargado de batallas intensas y dañinas. Peleas intestinas, interminables y, en muchos casos, inútiles. Acusaciones permanentes, reproches incesantes y futurología negativa. Para adelante no hay nada bueno si no es en unidad, dicen algunos. Para adelante lo bueno solo vendrá si se dividen las aguas, dicen otros.

El pasado reciente del peronismo, sobre todo el de la provincia de Buenos Aires, está atado al futuro inmediato. Porque las diferencias se mantienen en el tiempo y la discusión de fondo sobre si se debe quebrar o no el esquema político, permanecen vigente en el medio del fuego cruzado.

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El año terminó con Cristina Kirchner internada y despojada de su conducción política a través de las redes sociales y con Axel Kicillof haciendo carretear su proyecto nacional para que el despegue se concrete en febrero, cuando avance, con mayor velocidad, el armado del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en todo el país.

El 2025 finalizó también con el interbloque de senadores peronista inmerso en una cacería de brujas luego de que la jujeña Carolina Moisés, la tucumana Sandra Mendoza y el catamarqueño Guillermo Andrada votaran el Presupuesto 2026, alineado a los pedidos de los gobernadores a los que responden: Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo. Ambos son socios importantes de la Casa Rosada y rivales internos del kirchnerismo.

Los senadores del peronismo federal quieren que los gobernadores tengan mayor presencia en el armado nacional de Fuerza Patria y en el Congreso (Jaime Olivos)

La tensión creciente que hay en el interbloque de la Cámara alta puede terminar en una fractura durante el primer semestre del año que comenzó hoy. No es la primera vez que el kirchnerismo pone en el foco de la represalia a estos tres senadores. Fueron los mismos que acompañaron la sanción del RIGI, en un apartado de la ley Bases, y generaron una avanzada K decidida, furiosa y viral, contra la decisión.

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Los gobernadores de Catamarca y Tucumán están completamente desalineados del esquema principal del peronismo. Los filo peronistas como el salteño Gustavo Sáenz o el misionero Hugo Passalaqua, juegan su propio juego hace tiempo y transformaron sus estructuras políticas en partidos provinciales que contienen a un sector del PJ. El armado federal del peronismo está desvencijado.

Los pocos mandatarios que quedaron dentro de Fuerza Patria se unificaron en una mesa política que obtuvo visibilidad, un par de semanas atrás, en la casa de La Pampa en Buenos Aires. En ese encuentro estuvieron una veintena de legisladores que les responden, y no fueron invitados aquellos alineados a Máximo y Cristina Kirchner.

Durante esa reunión hubo un acuerdo común para que ese bloque empiece a pesar más en el armado político del peronismo y, especialmente, para que tenga influencia directa en la prioridad de los temas que impulsan los bloques parlamentarios en las dos cámaras del Congreso. Se sienten relegados y están cansados de la forma de conducción del cristinismo.

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Son los mismos mandatarios los que van a intentar ganar protagonismo durante este año que arranca. Ellos, que saben con exactitud como funciona el poder en el peronismo, advierten que el 2026 es determinante para fundar un proyecto político nacional que sea competitivo a mitad del 2027, cuando Javier Milei quiera revalidar su mandato. A partir de hoy empezó a correr el reloj de arena.

El liderazgo de Cristina Kirchner está cada vez más cuestionado y debilitado (REUTERS/Tomás Cuesta)

Además, al mismo tiempo, cada uno debe empezar a empujar, con decisión, la discusión interna en sus provincias para ver quiénes van a ser sus sucesores. Es el caso del pampeano Sergio Ziliotto, el fueguino Gustavo Melella, el formoseño Gildo Insfrán y Axel Kicillof, que tiene por delante el desafío de constituir su proyecto presidencial y sumar poder en su voz, para abrirle el camino a un nombre propio que lo reemplace y sea parte de su esquema político.

El que más suena en estos tiempos difusos del PJ es el nombre de Gabriel Katopodis, el ministro de Infraestructura, que se convirtió en un negociador todoterreno al que en el kicillofismo le valoran “jugar bien” en las múltiples batallas internas que enfrentaron en La Plata contra el cristinismo. Del otro lado del mostrador aparecen nombres como el de Máximo Kirchner, Eduardo “Wado” de Pedro o Mayra Mendoza.

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En esa lista, y también en la que tiene nombres presidenciables, está Sergio Massa. El ex ministro de Economía es uno articulador permanente de las voluntades del peronismo. Tanto a nivel provincial como nacional. Y está siempre presente en las ternas donde se compite por los votos. En su intimidad siempre suele poner paños de agua fría a cualquier especulación, pero su apellido suele estar atado a muchas hipótesis futuras que hay en Fuerza Patria.

El peronismo cerró un año donde el liderazgo de Cristina Kirchner quedó muy golpeado. No solo por su condena en la causa Vialidad, la que le impide ser candidata en las elecciones, y su detención en San José 111, sino también por el avanzado desgaste de un ciclo político, con ella a la cabeza, que empieza a cerrarse. Así lo piensan en la mayor parte de la fuerza política, salvo en el camporismo, donde intentarán sostener su imagen, su figura espiritual y su poder auténtico hasta donde les dé la nafta.

Axel Kicillof hace despegar su proyecto presidencial mientras que Sergio Massa cultiva el perfil bajo y mantiene su vínculo fuerte con los Kirchner (REUTERS/Francisco Loureiro)

Casi por un acto reflejo, CFK intentará este año conservar el poder que le queda. Su centralidad, su influencia (aún muy importante) en los dos bloques legislativos del Congreso, y su capacidad de condicionar armados provinciales en las negociaciones que atraviesan los límites federales. Y, sobre todo, su figura inmaculada para un sector del electorado bonaerense.

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Hay una aceptación mayoritaria en el peronismo del interior respecto al lugar que debe ocupar la ex presidenta. La propuesta nacional y popular que surja es con ella adentro, concentrada en el conurbano bonaerense y sin capitanear el barco. Es con ella pero con limitaciones. Ya no tiene el poder necesario para imponer condiciones. Y la política es, ante todo, muy cruel, cuando el poder se escapa entre los dedos.

El peronismo afronta un cambio de ciclo innegable. En el año que arrancó este jueves empezará a visibilizarse esa modificación que primero es abstracta y después termina siendo concreta. No es un capricho de la política, es un reclamo de las mayorías. Que, en definitiva, son las que marcan el pulso de las elecciones. Las que ponen los votos en las urnas y las que tuercen el rumbo de las imposiciones de la dirigencia.

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POLITICA

El Gobierno aprovechará enero para negociar los apoyos que necesita para la reforma laboral y la Ley de Glaciares

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El oficialismo ya despliega su estrategia para sancionar los proyectos de Modernización Laboral y los cambios a la Ley de Glaciares en febrero. Los proyectos ya fueron dictaminados por la mayoría libertaria y busca consensuar con los senadores dialoguistas. Habrá nuevamente un rol fundamental de la senadora Patricia Bullrich, del diputado Martín Menem y del ministro del Interior, Diego Santilli.

A partir del próximo 2 de febrero habría una nueva convocatoria al Congreso por parte del Presidente Javier Milei. Las dos primeras iniciativas ya cuentan con el dictamen de las comisiones respectivas, pero se buscarán avanzar durante enero con acuerdos y consensos políticos. El proyecto vinculado a la reforma del Código Penal debe ingresar aún al Congreso. El Gobierno tenía decidido enviarlo a Diputados, pero la construcción de mayorías alcanzadas en el Senado para aprobar el Presupuesto 2026, incluso con votos peronistas, hacen dudar al oficialismo de la conveniencia de iniciar el debate por la Cámara alta.

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La Reforma Laboral

El dictamen se firmó durante diciembre y la senadora Patricia Bullrich, jefa del oficialismo y titular de la Comisión de Trabajo, programó para el próximo 11 de febrero la sesión para discutir el proyecto.

Sabe Bullrich, con su experiencia legislativa, fue varias veces diputada nacional, que sin consensos la iniciativa podría correr riesgos de ser aprobada. “El dictamen está abierto para escuchar propuestas “, dijo la legisladora porteña.

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Pablo Cervi, senador La Libertad Avanza. Foto X @CerviPablo

En el oficialismo, Pablo Cervi le dijo a TN: “La Argentina arrastra desde hace décadas un problema estructural en el mercado de trabajo: alta informalidad, bajo nivel de creación de empleo privado y una legislación laboral que no se adapta a la realidad productiva actual. Más del 40% de los trabajadores está fuera del sistema formal, sin derechos ni protección. El objetivo central (de la ley) es generar más empleo formal, especialmente en pequeñas y medianas empresas, que son las principales creadoras de trabajo, pero también las más afectadas por la rigidez normativa y la alta litigiosidad”.

Mientras que desde Unión por la Patria (UxP), el diputado Hugo Yasky, en sintonía con la bancada de senadores peronistas que lidera José Mayans posteó en sus redes sociales: “Las dos CTA nos reunimos con el gobernador (de Buenos Aires) Axel Kicillof ante el peligro para el trabajo y la producción que representa la reforma laboral. Es ridículo creer que una reforma en la que el Estado financia los despidos con la plata de los jubilados puede crear más empleo. Es exactamente al revés: la intervención del Estado para fomentar la producción y el consumo interno pasa por impulsar el aumento de los salarios y el poder adquisitivo”.

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Un punto de conflicto

La Reforma ya generó posturas encontradas respecto a la litigiosidad ante el incumplimiento de las normas que regulan el Trabajo, el senador libertario Bartolomé Abdala entiende que el proyecto del Poder Ejecutivo, “termina con la industria del juicio, que perjudica tanto a Pymes como a trabajadores. Por eso, respaldo la necesidad de contar con reglas claras y acuerdos que desarticulen el conflicto permanente”.

Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio de la Abogacía de la Capital Federal. Foto: Colegio de la Abogacía.
Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio de la Abogacía de la Capital Federal. Foto: Colegio de la Abogacía.

Por su parte, el constitucionalista Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio de la Abogacía de la Capital Federal, emitió un comunicado donde expresó respaldo a la Modernización Laboral, pero dejó en claro que, “resulta necesario advertir que cualquier proceso de actualización normativa en materia laboral debe encuadrarse estrictamente dentro de los límites del bloque de constitucionalidad federal y de los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de derechos de los trabajadores y trabajadoras. Resulta inconstitucional equiparar la capacidad de negociación de trabajadores y empleadores, desconociendo la desigualdad estructural de la relación laboral y la función tuitiva del Derecho del Trabajo. Así, la sustitución de la negociación colectiva por acuerdos de voluntad individual o el intento de asimilar el contrato de trabajo a un contrato de derecho privado común, importa un desconocimiento de la protección constitucional vigente”, manifestó Gil Lavedra.

Cambios en la Ley de Glaciares

El segundo proyecto que ya dictaminaron las comisiones de Ambiente y de Minería, Energía y Combustibles, es la Ley de Glaciares. Otro proyecto con final abierto para lograr las mayorías requeridas. El principal respaldo de esta iniciativa son los mandatarios provinciales.

Dos de ellos, el de San Juan, Marcelo Orrego y de Catamarca, Raúl Jalil, pasaron por el plenario parlamentario. Orrego dijo que “en su provincia existe la voluntad de proteger los glaciares y las geoformas del ambiente periglacial en tanto constituyan reservas de agua relevantes y estratégicas, y remarcó la necesidad de contar con una ley de protección mínima que permita su adecuada aplicación”.

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Por su parte, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, señaló: “En la provincia se registran cerca de 3000 puestos de trabajo directos y un efecto multiplicador de aproximadamente 5000 empleos en otras actividades”.

Mientras que el Foro de Encuentro Reformista cuestionó la modificación a la Ley de Glaciares: “Debilita la protección de uno de nuestros bienes estratégicos más vitales: el agua. No se trata de una disputa política circunstancial, estamos ante una ruptura estructural. En pleno Año Internacional de la Preservación de los Glaciares declarado por la ONU, se busca debilitar la Ley 26.639. La reforma propuesta transfiere a las provincias —muchas sin capacidad técnica suficiente— la decisión sobre qué glaciares proteger, reduce el rol del IANIGLA (Instituto Argentino de Glaciología) y desmantela la lógica constitucional de los presupuestos mínimos ambientales. Sin arbitraje nacional basado en conocimiento científico, se compromete el acceso al agua de millones de personas y se abren conflictos interjurisdiccionales que afectarán economías existentes. Argentina necesita generar recursos, la minería puede ser parte de la solución, pero no a cualquier costo. Cuidar el agua y los glaciares no es ser anti minero: es ser responsable”.

El documento lo firman, entre otros, Claudia Piñeiro, Diana Maffía, Laura Echezarreta, Elsa Mastronicola, Javier José Vázquez, Manuela Thourte, Daniel Sabsay, Ricardo Gil Lavedra, Inés Halm, Manuel Garrido, Lilia Puig, Juan Pedro Tunessi, Fabiana Túñez, Aníbal Barengo, Laura Musa, Maristella Svampa, Ariel Dulevich Uzal, Esteban Paulon y Lucía Alberti.

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POLITICA

El Gobierno encara el 2026 con su plan de reformas y repite la fórmula de los costosos pactos con gobernadores

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La reforma laboral asoma como el renglón número uno de la agenda legislativa del oficialismo en el arranque del 2026. No es lo único. Javier Milei apuesta a aprovechar el impulso del final de diciembre para sumar reforma tributaria y compromiso fiscal, ley de glaciares y código penal, entre otros temas, todos densos. Y entonces, buena parte de enero será ocupada por intensas gestiones, públicas y reservadas, para tratar de reproducir el acompañamiento de gobernadores, decisivo para coronar el Presupuesto. Eso anticipa negociaciones mano a mano con cada jefe provincial: sería la repetición de la costosa fórmula de negociar tema por tema para asegurar votos en cada cámara del Congreso.

Los gobernadores que actúan como socios y los que juegan como aliados o dialoguistas tuvieron una final de año con alivio para las cuentas provinciales, después de una larga temporada -en especial, octubre y noviembre- sin aportes sustanciales del poder central. Y esperan ahora las nuevas tratativas. Diego Santilli asoma entre los funcionarios sin vacaciones a la vista. Lo mismo ocurre con Karina Milei y sus extensiones, Martín y Lule Menem. Están abiertos además los canales que maneja ahora con menos ruido Santiago Caputo. Y se mantiene la permanente atención de Hacienda.

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La reforma laboral fue anotada para fines de enero o inicios de febrero, en la segunda etapa de sesiones extraordinarias. Pero ya antes y desde las cercanías de algunos jefes provinciales -en particular los peronistas que fisuraron a UxP y tejieron acuerdos con el Gobierno- dejaron trascender prevenciones por puntos del proyecto que podrían afectar la recaudación de impuestos gravitantes en la coparticipación federal. De todos modos, no es el único tema inquietante del texto enviado por el Ejecutivo, que desarmó algunos puentes, transitados aunque no muy sólidos, con integrantes de la CGT.

La dureza del proyecto es atribuida básicamente a Federico Sturzenegger. Y son señalados aspectos como la llamativa extensión del criterio de “servicios esenciales” para los casos de medidas de fuerza gremiales o la creación del fondo para atender indemnizaciones, que podrían ser judicializados, según la opinión de expertos en la materia. Patricia Bullrich habría dejado abierta la puerta para discutir algunos temas específicos, frente a reparos surgidos en el rápido trámite para lograr dictamen.

Por lo pronto, las conversaciones centrales pasarían por los gobernadores, con el arrastre de un interrogante que remite al trabajoso camino del Presupuesto: ¿por qué los acuerdos con las provincias funcionaron sin fisuras en el Senado pero no alcanzaron, antes, para sostener el famoso Capítulo XI en Diputados? En buena medida, porque se acrecentaron los compromisos y giros de fondos desde la Nación por diversos rubros. Y también, precisamente, porque el golpe del traspié violeta en la Cámara baja terminó facilitando el trámite en la otra ala del Congreso.

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Patricia Bullrich, al frente del bloque de LLA. Advirtió que el Presupuesto debía salir sin cambios

Bullrich, dicen incluso en el oficialismo, fue quien mejor y rápidamente interpretó el cuadro pintado por Diputados en el tratamiento del Presupuesto. El oficialismo había logrado la aprobación del proyecto, pero lo vivía como una derrota porque resultó volteado el intento de derogar las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario. El malestar de Olivos fue alimentado por el voto en contra de legisladores que responden a jefes provinciales aliados. Pero el enojo extremo, que exponía la intención de volver a la carga con tales artículos, debió ser diluido para asegurar la sanción de la ley. Y en ese proceso jugó especialmente la ex ministro.

La jefa política del oficialismo en el Senado supo que el Presupuesto sólo tenía destino si era tratado con el texto tal como había salido de Diputados. Eso quedó expuesto en dos encuentros con jefes de bloques socios y dialoguistas, uno presencial y otro virtual. Y entonces, el objetivo pasó a ser olvidarse del trago amargo y concentrarse en evitar rechazos a otros puntos, vinculados con la inversión en educación e investigación. Para muchos senadores que finalmente acompañaron a LLA fue todo más fácil: el tema más sensible -discapacidad, universidades públicas- había sido saldado en la Cámara baja y, a la par, sus jefes políticos -es decir, gobernadores- conseguían un trato mejor con el Gobierno.

Algunos cálculos que circularon en el Congreso dicen que el incremento de los giros a las provincias terminó siendo, en pocos días de diciembre, superior a cualquier mes del año. Más aún, los movimientos fueron notorios en la semana corta de la Navidad, es decir, en los umbrales de la votación del Senado. Y la movida habría favorecido especialmente a provincias en manos del PJ negociador.

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Tres rubros se destacaron como fondos para garantizar la sanción del Presupuesto. En primer lugar y como siempre, los ATN, que son los aportes más discrecionales. También, deudas por el viejo consenso fiscal. Y en casos muy puntuales, compromisos por cajas de jubilaciones no transferidas. En general, los distritos mejor atendidos fueron algunos del peronismo con juego por fuera de UxP (Tucumán, Catamarca, Salta), aliados ex JxC (Entre Ríos, Chaco) y provinciales o “independientes” (Misiones, San Juan).

El Gobierno se mueve en un tablero que resulta paradójico. Por un lado, es beneficiado por la fragmentación política, que profundizó el papel de los gobernadores como piezas sin atadura a espacios políticos nacionales. Y a la vez, eso transforma a cada jefe provincial en pieza clave porque puede asegurar alineamiento de “sus” legisladores. Resultado: aumenta su cotización política. Y se refleja en lo que cada uno consigue para su distrito y su proyecto personal.

Los operadores de Olivos deben sumar pactos uno por uno, y proyecto por proyecto. No se trata de un sistema de alianzas sino de un mecanismo de acuerdos individuales. La próxima prueba es la reforma laboral. Será un arranque de año muy intenso.

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