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POLITICA

Argentina, dos épicas enfrentadas

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A nivel mundial, se está viviendo una instancia traumática por una guerra ya abierta entre Israel e Irán. Si nos detenemos en la secuencia de lo que está pasando en Medio Oriente desde el brutal ataque terrorista de Hamás el 7 de octubre de 2023, estaríamos frente a lo que podría ser el último tramo del plan de Israel de afirmarse como Estado desmantelando todas las amenazas, que pasan también por Hezbollah, El Líbano y ahora un ataque muy importante sobre Irán.

Israel demostró el enorme poder de su inteligencia respecto de la vida doméstica iraní. Hubo 13 muertes en una noche de los principales líderes tanto del servicio de inteligencia de Irán como del ejército, fuerza aérea, armada y la Guardia Islámica.

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Son infinitos los interrogantes acerca de las proyecciones internacionales que tendrá este enfrentamiento. La mayoría de ellos, con centro en lo económico, sobre todo por el efecto que pueda tener sobre el mundo del petróleo. Entre el 20 y 28% del petróleo que se consume globalmente pasa por el Estrecho de Ormuz, que enfrenta a Irán con Omán. Si fuera bloqueado, el mundo iría a una crisis similar a la del ‘73.

Argentina, dos épicas enfrentadas. El editorial de Carlos Pagni

¿Qué pasa con las grandes potencias? ¿Cómo queda Trump frente a un ataque dirigido por Netanyahu, que parece ganar autonomía frente a los Estados Unidos y toma distancia en su alianza? ¿Qué papel va a jugar China, que es un consumidor del petróleo iraní?

Mientras tanto, en la escena argentina, habrá que ver qué hace el Tribunal Oral N°2, que tiene que ponerle fecha al juicio oral por el Memorándum entre nuestro país e Irán, en el cual ha sido investigada Cristina Kirchner y parte de su staff. Hay quienes en la Justicia dicen que es el momento ideal, si los jueces quieren tener sentido de la oportunidad, para fijar fecha para ese nuevo juicio oral al que tendría que estar expuesta la expresidenta. En noviembre tiene además el juicio oral por el caso “Cuadernos”.

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Cristina sigue ocupando un lugar central en la política argentina. Esta vez, por la condena que quedó activa a partir de que la Corte Suprema de Justicia la semana pasada dispuso rechazar el recurso de queja que el abogado Carlos Beraldi había elevado a la para que se revisaran las disposiciones del TOF y la Cámara de Casación, que habían condenado a Cristina a seis años de prisión e inhabilitación perpetua.

La Argentina cambia su agenda, etapas y ritmos. Pero mantiene el mismo tono épico en su vida pública. Ahora hay dos épicas enfrentadas, con casi la misma tonalidad: la kirchnerista y la de las “fuerzas del cielo”.

Cristina se prepara para quedar detenida este miércoles. Lo hace con una gran movilización organizada por La Cámpora. Este lunes hubo reuniones con intendentes y movimientos sociales. Todo para reproducir una escenografía y probablemente un discurso similar al que ella encarnó el 13 de abril de 2016, cuando la citó por primera vez el juez Claudio Bonadio a Comodoro Py, el mismo lugar al que debe ir este miércoles. El Tribunal Oral todavía no decidió bajo qué modalidad va a disponer la detención. Podría ordenarla a través de un Zoom, donde ella estuviera en su casa. De esa manera, evitaría la movilización.

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En el 2016, Cristina se relanzó a la vida pública después de haber dejado el gobierno el 10 de diciembre del año anterior, con un discurso que podría ser de hoy. Aquella presidenta ya hablaba de proscripción e incluso pronosticaba una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La movilización tiene varios sentidos. El primero es protestar por una supuesta proscripción, que no tiene sentido plantear. Hay una caracterización de la conducta del kirchnerismo en el manejo de la obra pública en Santa Cruz. Dicha caracterización se enmarca en una figura del Código Penal -administración fraudulenta- y a partir de ese encuadramiento, hay una accesoria que es la inhabilitación perpetua. Es automática. De cualquier manera, la palabra proscripción resuena en el peronismo con toda una tradición, que se remonta a aquella a la que fue sometido dicho movimiento en el año ‘55.

Reproducir, encarnar esa idea y plantearse como la representante de esa tradición, es una de las intenciones de Cristina, que viene hablando desde hace tiempo de la doctrina del lawfare, que antiguamente era llamada la doctrina del derecho penal del enemigo: alguien que es penalizado por sus ideas, y por razones políticas es perseguido arbitrariamente.

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Es difícil sostener esa doctrina en este caso, donde se analizaron las pruebas a través de distintas instancias, con cantidad de jueces y fiscales, muchos de ellos designados por el propio kirchnerismo. El argumento del kirchnerismo es curioso. No es tan frecuente escuchar a sus militantes decir que Cristina es inocente, que no hay culpabilidad de ella o de otros funcionarios. Lo que repiten es: “Somos tan culpables como otros, solo que a nosotros se nos juzga, a nosotros se nos investiga, solo sobre nosotros se pone la lupa periodística y judicial. Hay una selectividad de la justicia”.

Es un argumento interesante. Uno podría decir que sí, que hay selectividad, que es verdad que hay un énfasis especial puesto sobre el kirchnerismo que no se pone sobre otros actores de la vida política. Pero también se podría decir que hay una selectividad en la misma historia judicial de Cristina. Hay causas, como por ejemplo la del ingreso de los Eskenazi a YPF, que duermen en el juzgado de Ariel Lijo desde el año 2007 —anterior incluso a Vialidad, que es de 2008, también por iniciativa de Elisa Carrió— y que no se mueven. No es que a Cristina se la persigue y a otros no. Se podría decir que a Cristina se la persigue y que a Cristina no se la persigue.

Esto tampoco significa que el caso Vialidad no haya sido correctamente juzgado ni que la corrupción en el manejo de la obra pública por parte del kirchnerismo no sea un escándalo. Tampoco que el fallo de la Corte, el Tribunal Oral y el de la Cámara de Casación no sean un mensaje saludable de igualdad ante la ley, más allá de que es verdad que el sistema judicial argentino deja mucho que desear en su conducta, en su falta de ecuanimidad y en su deficiente imparcialidad.

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¿Qué quiere Cristina movilizando a su gente? Por un lado, mostrarse como la encarnación de ese reclamo de proscripción. Por el otro, poner en funcionamiento, escenificar un concepto que es muy tradicional en el kirchnerismo, anterior a todos estos episodios judiciales. Se trata de un principio que está en el corazón de cualquier concepción populista, y es la idea de que la institucionalidad de la Constitución —sobre todo en el caso del Poder Judicial, que es un contrapoder pensado como conservador por el sistema constitucional— carece de legitimidad frente a los votos que tiene el líder.

Si es que se produce esta marcha —muy probablemente se produzca, aunque haya un Zoom—, se verá una cantidad importante de gente. En 2016 se movilizaron 200.000 personas. Hoy, los que organizan esta nueva protesta, esperan tener más de 300.000. Allí se exhibirá la coreografía de un enfoque que ya le escuchamos a Cristina Kirchner cuando declaró desde su despacho del Senado frente al Tribunal Oral que finalmente la terminó condenando: “¿Y a ustedes quién los votó?”. Es como si el voto otorgara una especie de inmunidad judicial, como si la única legitimidad pública no cuestionable fuera la que provee el pueblo votando.

Esta idea también tiene ecos en el oficialismo actual. Cuando Milei habla de los “ñoños republicanos”, cuando dice que su programa y sus objetivos políticos no deben detenerse ante las formalidades institucionales, lo que está diciendo es lo mismo: hay una legitimidad que me dio el voto que es superior al ritual institucional, eventualmente al ritual judicial.

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La condena unifica al peronismo. Hoy es muy difícil enfrentar a Cristina. Ahora bien, ¿lo unifica sólo mientras Cristina no quiera poner el dedo? ¿Va a tener el mismo poder el día que diga ‘no solamente soy la víctima de una persecución, sino que además, en mi calidad de víctima, quiero armar las listas’?. Habrá que esperar. Hoy todo el kirchnerismo, el círculo más estrecho que rodea a la expresidenta, está mirando sus niveles de popularidad y distintas mediciones en todo el mapa electoral del país.

Por ejemplo, desde el Instituto Patria están observando lo que pasa en Corrientes, donde hay un candidato a gobernador, que es Martín Ascúa —“Tincho” Ascúa—, que empieza a subir en las encuestas. Y miran cómo le va a Cristina, que también empieza a subir en las encuestas, y tendría un 40% de intención de voto en la provincia de Corrientes, donde actualmente hay mediciones por una disputa electoral importante por la gobernación.

¿Qué significa entonces esta condena para Cristina? ¿Significa el ocaso? ¿Significa la jubilación o significa un relanzamiento? Esta es una pregunta importante, y está ligada a qué determinaciones va a plantear el Tribunal Oral, que además tiene que considerar un pedido de los fiscales planteando que no haga política. Que hay que restringir al máximo las visitas que pueda recibir en su casa. ¿Va a poder usar redes sociales? ¿Va a poder exponerse en el balcón?.

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Uno de los argumentos de Beraldi para que ella cumpla su prisión en el domicilio es que hubo un intento de asesinato en 2022. Eso vuelve a la cárcel un lugar inseguro. Los fiscales contestan: “Si hubo un intento de asesinato y está en peligro su vida, que no salga al balcón”.

¿Hasta dónde va a poder Cristina seguir haciendo política? Es un punto clave ya que detrás se esconde el problema de la interna del peronismo: si hay o no un reemplazo en el liderazgo. La misma pregunta abre otros interrogantes: ¿quién va a encarnar la candidatura para la que ella se había postulado en la tercera sección electoral? Todos miran a Máximo Kirchner. ¿Es posible transferir los votos de Cristina a Máximo Kirchner? ¿Significan lo mismo? Ya sabemos que a Cristina, y a los Kirchner en general, les cuesta pensar la sucesión fuera del marco familiar. En 2011, cuando ella fue reelegida con el 54% de los votos, quien le entrega el bastón de mando es su hija Florencia, que no era funcionaria. Ahora es posible que sea Máximo el que tenga que llevar la bandera de su madre. Habrá que ver si logra superar la enorme carga negativa que plantea su imagen en las encuestas.

En toda esta escena, Axel Kicillof queda incómodo. Tiene que enfrentar —o seguir enfrentando— a Cristina en un momento en el que la condena la victimiza, le da un halo de sacralidad que es muy difícil desafiar. Obviamente no frente al antikirchnerismo, que entiende que la condena es absolutamente lógica y merecida.

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El martes pasado, Kicillof no se quedó todo el rato que había que quedarse a esperar en la sede del PJ la condena que emitía finalmente la Corte. El jueves hubo otra reunión en el PJ, de dirigentes. Él estaba en el edificio y no asistió. Dijo: “No, voy a ir cuando haya una reunión de gobernadores”. Pero él es más que un gobernador. ¿Por qué no participó?

La historia no se repite, pero rima. ¿Por qué? Porque el papel de Kicillof en relación con esta peripecia judicial de Cristina tiene algún aire de familia con lo que le pasó a Horacio Rodríguez Larreta en el año 2021, cuando Macri tuvo que ir a declarar al juzgado de Dolores por actividades de espionaje contra los familiares de los fallecidos en el hundimiento del ARA San Juan: Larreta no fue. Ese era el momento de adherir o no, era el momento de la pelea ya abierta entre Larreta y Macri, en octubre de 2021, el duelo por el liderazgo. ¿Quién estaba en la plaza de Dolores hablando a favor de Macri? Patricia Bullrich. Ese hecho prefigura toda la interna posterior del PRO. Algo parecido le pasa a Kicillof, difícil ubicarse en un lugar distante de Cristina hoy.

¿Cuál es la pregunta más importante de todas estas que nos estamos formulando? La más importante es: ¿habrá una posibilidad de que el peronismo se recicle y sea un actor importante, bajo el paraguas del kirchnerismo, para las elecciones del 2027? Muchos inversores se hacen esta pregunta. ¿Pongo un dólar o no en Argentina? Depende de que haya la posibilidad de un reflujo populista, de izquierda, en la figura de Cristina, en la figura de Kicillof o en alguien de ese entorno o con esa agenda. Esta pregunta, según como uno la conteste, modela de uno u otro modo el gobierno de Milei. No es lo mismo un gobierno amenazado por el retorno kirchnerista que uno que se abre hacia ocho años despejados de mandato, como él mismo insinuó por primera vez de manera clara ahora en Madrid, donde prácticamente se postuló para la reelección por primera vez.

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Una encuesta de la consultora Mide, que lidera Gonzalo de Janin, analiza las prioridades que se van formando hoy en la cabeza de la gente. El primer tema es la pobreza, con 16%. La inseguridad, que alcanza el 14%. Tercer tema, ligado a la pobreza, desocupación. Cuarto lugar, la corrupción. Después viene la justicia.

Una encuesta de la consultora Mide sobre las principales preocupaciones de los argentinos

La inflación aparece con un 7%. Esto que hoy es 7% era 70% en noviembre de 2023, un mes antes de que Milei asuma el poder. Esto es muy interesante. Habla de un gran éxito del Gobierno, después del 1,5% de inflación en mayo. Quiere decir que hay una enfermedad de la que el gobierno parece que nos está curando y eso es lo que produce el recambio de la agenda mental de los argentinos. Entonces el interrogante es: ¿podrá el Gobierno reinventarse para esta nueva agenda? Segunda pregunta: ¿habrá alguien en la oposición capaz de politizar estas preocupaciones que hoy todavía parecen no definir el voto?

Si uno mira la misma encuesta de Janin, cuando preguntan a quién va a votar, 31% dice a los diputados de Milei y 35% al resto. Obviamente que el resto va a ir fragmentado, quiere decir que la elección la gana Milei, y hoy es 31%. Hay que pensar que con la campaña va a rondar el 40%, que es una elección similar a la de Macri del 2017, un gran triunfo electoral. Después le esperan los temas que aparecen en la nueva agenda de preocupaciones. Habrá que ver si la puede abordar o, si no, quién la encarna. Este es el problema que está ligado a qué capacidad de renovación, de recreación tendrá el peronismo y el kirchnerismo para encontrar las palabras con las cuales formular estos problemas hacia 2027. Es decir, cuál es la capacidad y quién es la figura que puede encarnar un liderazgo opositor.

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Encuesta Mide sobre la imagen del presidente Javier Milei

Según la encuesta de Janin, la imagen de Milei sigue igual: 50% a favor, 50% en contra, estable desde que llegó. ¿Quién es el principal líder de la oposición? 43% de los encuestados respondió que Cristina y un 40% dijo que la oposición no tiene líder. Ese último porcentaje es muy importante porque está diciendo que hay una parte importante de la sociedad que no encuentra quién podría ponerle voz a esa agenda de preocupaciones que ya no es la inflación, sino que es la pobreza, la desocupación, la destrucción del tejido productivo. Y mientras tanto, Cristina sigue siendo la figura principal de la oposición.

Encuesta de Janin sobre el liderazgo opositor

Ese 43% explica el significado político de la condena del Tribunal Oral convalidada por la Corte. Y es importante porque mucha gente tiene la presunción de que esta condena, la inhabilitación, el encierro en un departamento con muchas limitaciones podría significar el final político de Cristina. Y cuando uno piensa eso, se acuerda de lo que significó la muerte de Néstor, en octubre de 2010. Los mercados, hay que acordarse, aquella semana festejaron. Sin embargo, fue la plataforma desde la cual Cristina se relanzó. Hay un libro, del que hablamos ya en otras oportunidades en Odisea, Antifrágil de Nassim Taleb, que dice explica que hay personas que son derrotadas por la adversidad, hay otras personas que resisten la adversidad, pero hay personas que se potencian con la adversidad, que se vuelven más creativas, que adquieren más fuerza, que mejoran, que crecen”. Daría la impresión de que estamos ante una persona de ese último tipo con Cristina Kirchner. Es el gran interrogante que hay sobre Milei: ¿Qué pasa si un día llega la adversidad? ¿Cómo será?

Frente al kirchnerismo y la épica que van a querer mostrar este miércoles, aparecen las Fuerzas del Cielo con un video que dice algunas cosas como estas: “Nosotros somos militantes desde antes de que el presidente decida meterse en política”; “Me gustaba principalmente porque defendía al privado, porque odia al Estado y yo lo odio también”; “Cuando lo escuchamos al Presidente hablar de ‘Dios, patria y familia’, es lo que verdaderamente estamos defendiendo”; “Entendemos que el consenso es un medio y no un fin”; “Este ideal se encarnó en una persona que es Javier Milei”; “Defendemos una causa justa y noble que es mucho más grande que todos nosotros y vale la pena dar la vida por ella si hace falta”. Esto es casi un espejo, del otro lado: otro programa económico, otro programa de gobierno, el mismo espíritu épico, mesiánico. La idea de que por un programa de gobierno hay que dar la vida. La vida por Perón, la vida por Milei, es siempre el mismo tono sacrificial y místico de la política. Como dicen en el video: el consenso es un medio, no un fin. Si no hay consenso igual el fin lo vamos a alcanzar. Aunque sea sin consenso. Es una idea complicada que tiene poco que ver con el liberalismo, tiene que ver con otra forma de populismo, que encarna en Las Fuerzas del Cielo, que son el instrumento de acción política del mago del Kremlin, de Santiago Caputo, el principal asesor político de Milei. Hoy un economista amigo me decía: “Son La Cámpora del cielo, es parecido”. En el medio parece no haber nada. Dos épicas enfrentadas. La idea de dar la vida, la idea de un ideal casi religioso para la política.

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Mientras tanto estos jóvenes, y no tan jóvenes, de Las Fuerzas del Cielo pelean lugares en las listas con Sebastián Pareja, con la gente de Karina Milei. Santiago Caputo mientras tanto negocia con el PRO lugares en las listas y algo más. Probablemente un cambio de gabinete después de esa elección que puede ser muy exitosa. Ahí aparecen nombres como los de Cristian Ritondo, Diego Santili y el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, buscando desembarcar en el gabinete y ya hay pelea. ¿Por qué? Porque alguien como Patricia Bullrich, que es ministra de Seguridad, y casi seguramente va a ser la candidata a senadora en la Capital, quiere dejar el Ministerio de Seguridad a un heredero propio, no quiere que sea Ritondo, con quien hay que recordar que ella tiene una pelea a muerte después de haber denunciado en la justicia penal por pedir coimas a Vicente Ventura Barreiro, su segundo en el Ministerio de Seguridad, que es la mano derecha, y sobre todo izquierda, de Cristian Ritondo, el entrañable Pucho. Quiere decir que es muy difícil que Patricia Bullrich quiera dejar a Ritondo en su sillón. ¿Piensa en el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela? Por eso Ritondo mira Seguridad, pero después mira la SIDE. Está vacante el Ministerio del Interior también, porque probablemente Lisandro Catalán termine siendo diputado por Tucumán. Una reestructuración del gabinete con gente que parecía ser de Macri, aunque ahora es de sí misma.

Una discusión acerca de cómo se va a seguir llevando adelante este mensaje de conflicto con la casta, encarnado en Las Fuerzas del Cielo, que trajo Milei a la política. Muy parecido al conflicto de Cristina con las corporaciones. Un mensaje difícil de creer cuando uno ve que encarna en figuras como Santili, Ritondo o Montenegro, que son casta desde que nació la casta.



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El Gobierno evalúa convocar a la CGT antes de presentar la reforma laboral

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En plena redacción de la reforma laboral, el Gobierno Nacional evalúa la posibilidad de convocar a los cotitulares de la Confederación General del Trabajo (CGT) antes de hacer pública la versión final del proyecto que enviará al Congreso para tratar durante las sesiones extraordinarias de diciembre. Por los pasillos de Balcarce 50 hay quienes se muestran conformes con la composición de la nueva cúpula de la central liderada por Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio).

Según confirmó a Infobae una importante fuente con acceso al despacho presidencial, el Poder Ejecutivo planea realizar un nuevo llamado a la central obrera, aunque por estas horas se trata de una idea incipiente, que podría tomar forma como una nueva convocatoria a los gremialistas que supieron visitar Casa Rosada para mantener encuentros con el exjefe de Gabinete Guillermo Francos y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

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En consonancia, el ministro del Interior, Diego Santilli, protagonizó este mediodía un cruce exprés son los flamantes titulares cegetistas en un salón vip del Centro de Convenciones de Buenos Aires, en el marco de la Conferencia Anual de la Unión Industrial Argentina.

En pleno diseño del detalle de lo que presentan como “modernización” del sistema labora, la administración libertaria busca incluir al sindicalismo, actor clave de la puja por los cambios, aunque reafirman que la redacción final correrá por cuenta de la Casa Rosada. Incluso, hay quienes se inclinan por cursar la invitación con la redacción cerrada. En eso trabaja el Consejo de Mayo los días 20 de cada mes en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior. Entre los seis consejeros, la central tiene su representación en el titular de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Germán Martínez.

Pese a los intentos conciliadores, el propio Martínez, quien asistió al menos a cinco reuniones del consejo, anticipó que hasta el momento no hay coincidencia en los borradores de la reforma. “En las reuniones del Consejo de Mayo, la CGT, con argumentos y definiciones, expresó un contundente y categórico rechazo a cualquier intento de reforma laboral, mucho menos aquellos inspirados en el decreto 70/23”, supo declarar a través de un comunicado luego del último intercambio.

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El Consejo de Mayo presidido en aquel entonces por Guillermo Francos en una de sus reuniones en Casa Rosada

Como contó Infobae, en paralelo a la escritura oficialista, la central entabló los primeros contactos con gobernadores para rechazar posibles normas “antisindicales”. Si bien hay poco detalle de las modificaciones, el ministro de Economía, Luis Caputo, reveló que apuesta a ”incentivar la formalización laboral» a partir de la reducción de cargas patronales que busca ser reemplazado por un fondo de cese. También adelantó que aspira a “reducir fuertemente las deducciones” del Impuesto a las Ganancias y a avanzar en la creación de un régimen de nuevo empleo para incrementar la formalidad laboral.

Otro de los puntos que preocupa a las autoridades de la central es la posibilidad de que el proyecto de ley incluya la obligación de pedir autorización para convocar a asambleas de trabajadores en las empresas, lo que esconde la idea de desarticular potenciales convocatorias a medidas de fuerza.

Contactos fallidos y la esperanza por las nuevas autoridades

La elección de Sola, Jerónimo y Argüello para conformar la nueva dirección fue bien ponderada por un actor de peso del ecosistema libertario que no dudó en calificarlos como “una renovación positiva”. “No son un actor irrelevante. Son claves en el proceso de trabajo. Son gente capaz. Es renovación largamente reclamada”, definió ante Infobae un integrante de la mesa chica del mandatario.

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El nuevo perfil dialoguista de la central esperanza al Gobierno que destaca el lugar que Martínez ocupa en la nueva conducción. Sin embargo, Cristian Jerónimo, uno de los nuevos dirigentes, anticipó en una entrevista con Infobae que “no está dispuesto a negociar ciegamente la reforma laboral del Gobierno” al tiempo que dejó abierta la chance de establecer un diálogo. “Estamos dispuestos, no a negociar, sino a sentarnos en una mesa. Nosotros también tenemos propuestas”, remarcó.

El cotitular de la CGT, Cristian Jerónimo

Ante los crecientes números que registra la informalidad laboral, la CGT propone la conformación de mesas tripartitas, con representantes del Ejecutivo y de las cámaras empresariales para masticar los debates y acercarse a una redacción de consensos. Esto había sido parte de un acuerdo entre los actores involucrados que nunca tuvo continuidad. En las filas libertarias no ven con malos ojos la posibilidad de tender nuevos puentes, pero no se privan de aclarar que la determinación final la tiene el Presidente.

De ocurrir, caras nuevas reeditarán el canal de diálogo ya abierto entre los actores. En agosto de 2024, Carlos Acuña (estaciones de servicio) y Héctor Daer (Sanidad) fueron recibidos por Guillermo Francos y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, para trabajar de manera coordinada en la redacción del articulado relativo a los bloqueos sindicales.

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Ante una deuda de $200.000 millones, el Gobierno analiza dividir la obra social de los militares

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La división de la obra social de los militares sería la fórmula elegida por el Gobierno para alivianar la crisis del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa), que arrastra una deuda de $200.000 millones y un déficit operativo mensual de $10.000 millones, además del corte de prestaciones que afecta a sus casi 600.000 afiliados.

La deuda crece a un ritmo de $20.000 millones por mes y los cortes en las prestaciones se registran en medio de situaciones extremas que atraviesan pacientes oncológicos, otros que son sometidos a trasplantes, los que afrontan patologías crónicas severas y los insulinodependientes, entre otros cuadros graves. La crisis se profundizó en los últimos dos años, en los que pasaron por Iosfa tres presidentes.

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Mientras la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anticipó hace dos semanas en una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados su decisión de que la Prefectura y la Gendarmería “no estén más en el Iosfa y tengan su propia obra social”, su par de Defensa, Luis Petri, trabaja para constituir una nueva entidad que garantice la cobertura de salud a los miembros de las Fuerzas Armadas y sus familias.

Ambos ministros quieren dejar encaminada una posible solución al desmanejo de la obra social antes del 10 de diciembre próximo, fecha en que pasará al Senado y Petri se sumará a la Cámara de Diputados.

Los ministros Patricia Bullrich y Luis Petri Ricardo Pristupluk

Más allá de la crisis económica y financiera de la obra social –la tercera más grande del país, por sus dimensiones, detrás del PAMI y el IOMA-, Bullrich dijo en la reunión parlamentaria que las fuerzas de seguridad “se sienten mal en el Iosfa” porque hay prestaciones a las que no acceden. “Pagan burocracia y reciben menos servicios”, graficó. A eso se suma que las fuerzas federales tienen dos representantes en el Directorio y las Fuerzas Armadas, seis.

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La ministra reveló que se está trabajando en reformular el Iosfa, , que fue creado por el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 637/2013 por la entonces presidenta Cristina Kirchner, al unificar las obras sociales que cada fuerza manejaba históricamente por separado. A juicio de Bullrich “se creó una superestructura que encareció totalmente el sistema” y en la práctica cada fuerza mantuvo la organización de su propia obra social.

Fuentes cercanas a la conducción de Iosfa confirmaron a que es necesario un DNU para modificar la norma vigente. Asimismo, desestimaron la posibilidad de que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea pasen a tener una obra social propia. La obra social es conducida desde noviembre de 2024 por la contadora Betina Surballe, tras las gestiones sucesivas del médico Oscar Sagás y del contador Roberto Fiochi, ambos mendocinos y en cuyas administraciones la deuda se multiplicó.

Según pudo saber , una de las propuestas que se estudian en el Gobierno apunta a que la abultada deuda sea asumida por el Ministerio de Economía. Así lo expresa un borrador que circuló en las Fuerzas Armadas. “La referida obligación será atendida con cargo a las partidas presupuestarias vigentes del Ministerio de Economía, quien adoptará las medidas necesarias para la regularización contable y financiera de la deuda asumida, y efectuará las modificaciones presupuestarias que correspondan”, se mencionaba en un documento de trabajo.

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En sectores militares preocupa que la deuda de Iosfa siga creciendo, a pesar de que están prácticamente cortados los servicios. “Sin dar prestaciones igual persiste el pasivo”, señaló una fuente castrense.

Bettina Surballe, presidente del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa)Iosf

No está aún definido, en tanto, qué pasará con la actual organización territorial de Iosfa, especialmente con las delegaciones que se asientan en zonas donde solo tienen presencia la Prefectura y la Gendarmería, y en qué medida se mantendrá o se recortará el plantel de 2700 empleados.

En sectores castrenses, más que a la estructura de la obra social, sostenida con el aporte de los afiliados, preocupa que la presidencia de la obra social dependa del poder político de turno. “La injerencia política en la gestión ha sido el factor determinante de la crisis institucional y financiera”, resumió un general retirado, al reclamar que se permita que los militares dirijan su propia obra social con verdadera autarquía”.

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Una opción también en estudio, que no conforma a las Fuerzas Armadas, es el posible incremento de los aportes de los afiliados, del 6% al 7% del sueldo, más otro 1% para la inclusión del grupo familiar. Los retirados también aportarían el 7% de los haberes de retiro, a lo que se sumaría otros 2% por el grupo familiar. Ante esta posibilidad, fuentes militares advirtieron que “el Poder Ejecutivo Nacional carece de facultades para establecer tributos, que solo pueden ser regulados por una ley del Congreso”, al desechar la posibilidad de modificar las alícuotas por decreto.

De los casi 600.000 afiliados a Iosfa, se estima que el 60% corresponde a las Fuerzas Armadas y el 40% a las fuerzas de seguridad federales. Entre los militares, el Ejército suma 190.000 afiliados, la Armada unos 90.000 y la Fuerza Aérea, cerca de 70.000, según fuentes castrenses.


Mariano De Vedia,Fuerzas Armadas,Patricia Bullrich,Luis Petri,Conforme a,Fuerzas Armadas,,Reajuste salarial. Cuánto cobra el personal de las Fuerzas Armadas en noviembre,,Dos candidatos para Defensa. Petri acompañará a Milei a recibir los primeros aviones F-16 mientras se define su sucesión,,Histórico y crucial fallo

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Confirman cómo será la nueva carrera para investigadores profesionales de la Policía Federal

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A través de la Resolución 1291/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad Nacional confirmó los lineamientos de la nueva Carrera de Investigadores Profesionales de la Policía Federal Argentina, anticipada días atrás por Patricia Bullrich, quien dejará su cargo el 10 de diciembre para asumir como senadora.

La medida establece quiénes podrán postularse, cómo será la formación y cuáles serán los criterios de selección.

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Leé también: A pesar del anuncio oficial, el Renaper seguirá bajo la órbita de Santilli en Interior

Patricia Bullrich firmó la resolución que crea la nueva carrera para investigadores profesionales antes de dejar el Ministerio de Seguridad para asumir como senadora. (Foto: X/@PatoBullrich).

Ingreso y requisitos para los postulantes

El texto oficial indica que podrán acceder quienes posean título universitario en áreas estratégicas como Ingeniería, Administración, Contabilidad, Tecnología, Criminalística, Ciencias Forenses, Informática, Ciberseguridad y Ciencias Exactas, entre otras. También se exige ser argentino nativo, tener hasta 40 años, antecedentes profesionales y de conducta intachables, y aptitud psicofísica certificada.

Los postulantes deberán aprobar todas las evaluaciones y pruebas de capacidad fijadas por el protocolo de ingreso a la fuerza o por el Comité de Selección Interinstitucional. Quienes cumplan con los requisitos serán dados de alta “en comisión” como Subinspectores del Escalafón Seguridad y realizarán un curso de formación inicial de nueve meses, que incluirá un posgrado del Instituto Universitario de la PFA y un curso de instrucción policial.

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Jerarquización y formación de nuevos cuadros

La resolución también crea un Programa de Jerarquización para suboficiales con formación superior y experiencia en investigación, de hasta 35 años. Este grupo podrá cursar una diplomatura universitaria de nueve meses y ascender al grado de Ayudante.

Será obligatorio acreditar trayectoria comprobable en dependencias clave, como las Superintendencias de Investigaciones contra el Narcotráfico y Federales o la Dirección General de Inteligencia Criminal. Además, los aspirantes deberán superar evaluaciones psicotécnicas, sanitarias, socioambientales y de antecedentes penales, tanto personales como de su entorno familiar.

Los egresados serán destinados a las dependencias del Departamento Federal de Investigaciones, según las necesidades operativas del Ministerio. La Policía Federal deberá elaborar los planes de estudio y difundir el nuevo régimen de ingreso por los canales oficiales.

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investigador, Patricia Bullrich, Policía Federal

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