SAN CARLOS DE BARILOCHE.- En el marco del paro nacional convocado para hoy por ATE, desde el Cuerpo de Delegados de ATE Parques Nacionales en esta ciudad advirtieron sobre “la falta de personal y el paulatino vaciamiento de áreas en Parques Nacionales en todo el país”.

En un comunicado difundido hoy, subrayaron que la situación es particularmente grave en algunos nodos que el sistema nacional posee en Bariloche: “Aquí se encuentran presentes el Parque Nacional Nahuel Huapi (primer parque nacional de Argentina, segundo en extensión y área protegida de altísima complejidad); la Dirección Regional Patagonia Norte (instancia regional técnica de Conservación en todo norpatagonia); la Dirección de Lucha contra Incendios Forestales y Emergencias (área de injerencia nacional para la logística y planificación en lo relacionado a incendios forestales y gestión del riesgo); la Coordinación Sur de la Dirección Nacional de Infraestructura y la Dirección Regional Sur de Operaciones (estas últimas dos con trabajo en toda la Patagonia)”.

Los delegados de ATE en Parques Nacionales agregaron que en esas áreas trabajaban a fines de 2023 unas 270 personas, entre científicos, profesionales, técnicos, administrativos, brigadistas y guardaparques.

Además de señalar que esa cantidad “ya era muy menor a la necesaria para poder preservar el patrimonio que se intenta resguardar”, indicaron que “el gobierno de Javier Milei ejecutó en todos los organismos nacionales fuertes reducciones de personal, tanto con despidos como con jubilaciones compulsivas sin planificar una transición”.

Y sumaron: “Parques Nacionales no escapó a ello. A los despidos y jubilaciones se sumó una política expulsiva sostenida de congelamiento salarial a sueldos que ya se venían depreciando o estancando de manera continua durante los últimos 10 años. Esta situación en su conjunto dio lugar a la pérdida del 20% de la planta de personal que Parques tenía en las áreas mencionadas. Cincuenta compañeros dejaron sus puestos de trabajo entre despidos, renuncias, retiros y jubilaciones”.

Asimismo, señalaron desde ATE que los puestos que se dejaron vacantes no fueron cubiertos por nuevo personal y que esas tareas “se realizan parcialmente con sobrecarga a quienes continúan en el organismo”. Subrayaron que eso resulta especialmente preocupante en relación con “la fiscalización en terreno, el análisis técnico y experto (fundamental para garantizar la conservación y el uso y disfrute sostenible) y el personal combatiente que se requiere ante eventos de fuego y riesgo”.

El comunicado se da en un contexto de emergencia ígnea en las provincias de Norpatagonia, de cara a la temporada de verano. De hecho, este fin de semana, el Directorio de la Administración de Parques Nacionales (APN) prohibió el uso del fuego en los Parques Nacionales Lanín, Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Lago Puelo y Los Alerces hasta el 30 de abril de 2026.

“La decisión se enmarca en las condiciones meteorológicas actuales y proyectadas para la época estival, que resultan propicias para incrementar el riesgo de que se produzcan incendios forestales en la región patagónica y parte de la región centro del país, lo que requiere la adopción de medidas preventivas de carácter urgente”, informaron.

En tanto, desde ATE Parques Nacionales Bariloche consideraron: “Necesitamos con urgencia la contratación de más personal para cubrir los puestos que han quedado vacíos y la garantía de continuidad de todos los trabajadores actuales. Necesitamos con desesperada urgencia aún más brigadistas para una temporada que en Patagonia Norte se prevé extremadamente compleja y que comenzó anticipadamente con incendios de altísima propagación incluso en este centro urbano”.

Desde la APN ya habían indicado que el organismo inició hace dos años un “ordenamiento” que busca “restablecer la planta de empleados a los niveles marcados por los estudios de dotación óptima realizados, seguido de la aplicación de controles de presentismo y la promoción de la meritocracia en la evaluación del desempeño”.

El gobierno de Javier Milei presentó un proyecto de ley de modernización laboral y buscará obtener la media sanción en el Senado antes del cierre del año. La propuesta legislativa introduce cambios profundos en las relaciones de trabajo, flexibiliza las condiciones de contratación y modifica sustancialmente el esquema de las indemnizaciones.

La reforma plantea una reducción en la fórmula para calcular el monto final que percibe un trabajador al momento de su desvinculación. El proyecto excluye del conteo el aguinaldo, las vacaciones, los premios y cualquier otro concepto que no integre el salario normal. La base de referencia sufre otra modificación relevante. Ya no se tomará el sueldo más alto percibido, sino que se utilizará un promedio en aquellos casos donde existan ítems adicionales variables. La normativa habilita el pago de la indemnización en cuotas y elimina los topes para los montos.

El proyecto busca otorgar certeza en los litigios laborales. Establece un criterio de actualización atado al Índice de Precios al Consumidor (IPC) con un adicional del 3% anual. La ley prohíbe de manera expresa que se devenguen intereses sobre los intereses, una práctica conocida como anatocismo. En la actualidad, este cálculo carece de unificación y depende del criterio del juez laboral que interviene en cada causa.

El Gobierno introduce una nueva herramienta financiera tras el intento fallido del Fondo de Cese Laboral en la Ley Bases. La iniciativa dispone la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se financiará con el 3% del aporte obligatorio que realizan los empleadores y el Estado dejará de percibir ese monto. La administración de los recursos recaerá en la Comisión Nacional de Valores bajo la tutela de los ministerios de Economía y Capital Humano. Los sectores críticos de la medida comparan este sistema con una suerte de AFJP de 2026.

La legislación propuesta flexibiliza las formas de remuneración permitidas. Los empleadores podrán abonar los sueldos en pesos o en moneda extranjera, alimentos, especies o viviendas.

La iniciativa incorpora las negociaciones “dinámicas” y permite atar los aumentos salariales a la productividad de la empresa. La estrategia retórica recuerda a las medidas impulsadas por Domingo Cavallo durante el gobierno de Carlos Menem, cuando se limitaron los incrementos por decreto bajo criterios similares. Esta modificación podría condicionar las futuras discusiones paritarias.

El proyecto faculta la creación de un banco de horas mediante convenio colectivo para distribuir la carga horaria. La letra de la ley contempla la posibilidad de extender la jornada laboral diaria de 8 a 12 horas. Se introduce la figura de los contratos a tiempo parcial con una carga horaria inferior a la jornada legal.

El régimen de vacaciones también sufre modificaciones. Se permite el fraccionamiento de los días de descanso. El empleador tendrá la potestad de imponer las fechas de las vacaciones, con la única obligación de notificar al trabajador con 45 días de antelación.

La reforma amplía el listado de actividades consideradas esenciales. Estos sectores deberán garantizar de manera obligatoria un funcionamiento operativo de entre el 50 y el 75 % durante los conflictos gremiales. Javier Milei intentó avanzar previamente con esta medida a través de un decreto, pero la Justicia frenó esa decisión tras un amparo presentado por la CGT. Abogados laboralistas advierten sobre la posible inconstitucionalidad de la norma por afectar el ejercicio del derecho a huelga y violar el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

El Gobierno busca eliminar el concepto de ultraactividad de los convenios colectivos. El objetivo apunta a que prevalezcan los acuerdos por empresa sobre los pactados por el gremio principal de la actividad. Los convenios de ámbito mayor no podrán modificar ni disponer el contenido de los acuerdos celebrados en un ámbito menor.

La iniciativa retira la obligatoriedad de las empresas de actuar como agentes de retención de la cuota sindical. La ley actual exige esa retención si el empleado desea realizar el aporte. El nuevo texto menciona la necesidad de una conformidad expresa y un acuerdo entre las partes, sin precisar si se refiere al trabajador con su empleador o a la empresa con el gremio.

Se pretende eliminar la cuota solidaria. Esta contribución la realizan los empleados no afiliados al sindicato por la gestión gremial y se pacta en los convenios colectivos con homologación de la Secretaría de Trabajo. Esta modificación afecta directamente el esquema de recaudación de las organizaciones sindicales.

El proyecto define una nueva categoría laboral para el sector de las aplicaciones. Crea la figura de repartidor independiente y habilita la libertad de formas de contrato. La iniciativa establece que este vínculo no constituye una relación laboral, sino un contrato de servicio independiente. Esta clasificación otorga legitimidad legal a una modalidad de trabajo informal.

Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Nicolás Balinotti.