POLITICA
Así fue la marcha de la CGT en las principales ciudades del país
Miles de trabajadores, dirigentes sindicales y representantes de organizaciones sociales se movilizaron este jueves en las principales ciudades del país para manifestar su rechazo frontal al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei. Desde la Ciudad de Buenos Aires hasta Rosario, de Córdoba a Mendoza y Mar del Plata, la jornada estuvo marcada por actos, cortes de calles, plenarios sindicales y movilizaciones que, como un eco coordinado, se replicaron de norte a sur.
La iniciativa fue encabezada por la Confederación General del Trabajo (CGT), las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA y CTA Autónoma), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y el Sindicato de Trabajadores Viales, con la adhesión, en paralelo, de movimientos sociales y partidos políticos de la oposición.
El epicentro federal no se limitó a Buenos Aires. En Rosario la jornada comenzó con cortes parciales y columnas obreras que confluyeron por la mañana en la Plaza López y, más tarde, en la Plaza 25 de Mayo.
El primero de los actos se realizó al mediodía, encabezado por la CTA Rosario y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), en el que se convocó a la defensa de los derechos laborales frente a una “reforma que busca retroceder conquistas”.
Entrada la tarde, la concentración general tomó cuerpo con la participación de estatales y movimientos sociales, en una convocatoria cuyo lema fue “No a la reforma laboral” y “salarios y jubilaciones que garanticen todos nuestros derechos”.
La protesta mostró también fuerza en Santa Fe capital y otras siete ciudades santafesinas como Reconquista, Ceres, El Trébol, Rafaela, Villa Constitución y San Justo, donde sindicatos de base, referentes de la CGT, CTAT, CTAA y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) encabezaron actos, conferencias y plenarios desde la mañana hasta la tarde, según detalló Aire de Santa Fe.
En la ciudad de Santa Fe, la movilización se concentró a las 16 en la plaza de la Legislatura, mientras que en Reconquista y Ceres las actividades comenzaron con ruedas de prensa sindicales.
El fuerte movimiento obrero tuvo su correlato en el interior del país. En Córdoba la marcha desbordó el entorno de la Legislatura provincial desde el mediodía, con caravanas gremiales avanzando desde primeras horas y generando un caos en el tránsito céntrico.
El operativo policial recomendó evitar arterias como Avenida Colón, Emilio Olmos, Maipú, y los alrededores del Palacio 6 de Julio. Protagonizada por la CGT Regional Córdoba y múltiples sindicatos, la protesta dejó su huella en la vida cotidiana de la capital provincial.
En Mendoza, la CGT Regional Mendoza congregó a sindicatos y movimientos en la esquina de San Martín y la Peatonal, desde donde marcharon hacia la Legislatura provincial a las 15. La dirigencia, representada por Luis Márquez y Ricardo Letard, recordó mediante un comunicado —citado por el portal Los Andes—: “Las iniciativas en debate ‘no representan una modernización, sino un retroceso de los derechos fundamentales constitucionalmente consagrados’”. Con esa consigna, la columna mendocina reclamó condiciones laborales dignas y el sostenimiento de los derechos adquiridos.
Por su parte, en Mar del Plata la cita fue a las 17 frente a la Catedral, con presencia de los principales gremios locales nucleados en la CTA Autónoma. El titular, Ezequiel Navarro, señaló en diálogo con Extra Radio y reproducido por 0223 que el sector sindical observa con preocupación los puntos centrales del proyecto: la modificación de los contratos laborales, la limitación del derecho a huelga, cambios en horas extras e indemnizaciones y un posible impacto negativo en el financiamiento del sistema previsional. “El estado va a terminar haciéndose cargo de las indemnizaciones por despido y vamos a desfinanciar nuestro sistema previsional”, afirmó Navarro.
Durante la jornada, las columnas sindicales expresaron su postura en numerosos discursos y documentos. El dirigente de la CTA-A, Hugo Godoy, fue contundente en diálogo con Aire de Santa Fe: “Rechazamos de forma contundente el Proyecto de Modernización Laboral porque tiene un objetivo regresivo y contrario con respecto a los derechos de los trabajadores”.
En la misma dirección, Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores, advirtió que los cambios propuestos por el Gobierno “no buscan mejorar la situación laboral, sino retroceder sobre los derechos conquistados”. El Sindicato de Trabajadores Viales adoptó igual posición, subrayando que la reforma “implica un retroceso” y “precariza el empleo”.
Además, en la capital, ATE aportó la cuota de paro nacional y desobligación de estatales en distintas franjas horarias, especialmente visible en Santa Fe y Rosario. Las organizaciones sindicales a lo largo y a lo ancho del país reiteraron el reclamo a los diputados y senadores nacionales presentes en el Congreso, pidiendo no avalar con su voto el proyecto en debate.
POLITICA
El Gobierno respaldó la denuncia en Estados Unidos por el circuito oculto del dinero y los desvíos millonarios de la AFA
La Justicia de Estados Unidos y el Departamento del Tesoro investigan una denuncia por presuntos desmanejos financieros en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que preside Claudio “Chiqui” Tapia. El expediente describe un esquema de cobro, desvío y ocultamiento de fondos millonarios generados por la explotación comercial de la Selección argentina. La presentación, a la que accedió Infobae de fuentes con acceso a la causa, fue realizada ante la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), bajo la responsabilidad del fiscal federal Jason A. Reding Quiñones. Y tuvo un aporte que recién ahora se conoce: el Gobierno argentino se presentó para apoyar la investigación y prometió colaboración.
En una carta enviada por el Ministerio de Seguridad dirigida al fiscal Reding Quiñones, que Infobae pudo conocer, se transmtió “El pleno respaldo del Gobierno argentino a la investigación en curso originada a partir de la denuncia presentada por el abogado Gilberto M. Garcia, en la cual se describen una serie de presuntas irregularidades financieras que involucran a altos dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)”. En el centro de la trama está la empresa TourProdEnter LLC, de Javier Faroni y su pareja, Erica Gillette.
“De acuerdo con la documentación presentada ante su oficina, existirían 19 millones de dólares estadounidenses que debieron haber sido depositados en la Argentina, pero que en cambio fueron enviados a los Estados Unidos a partir de contratos celebrados entre la AFA y diversas entidades internacionales”, continúa la misiva que apunta contra la conducción de la entidad madre del fútbol, que preside “Chiqui” Tapia, y está fechada el 2 de septiembre.
Y destaca un aspecto fundamental, que confirma la posición de la Casa Rosada: “Entendemos que este asunto no refleja meras irregularidades administrativas, sino posibles violaciones a la legislación tributaria y anticorrupción argentina, así como conductas financieras incompatibles con la normativa estadounidense en materia de prevención del lavado de dinero”.
“Solicitamos respetuosamente a su oficina que preste especial atención a estas acusaciones y que inicie o continúe las investigaciones que pudieran encontrarse en curso. Nuestra oficina permanece a disposición para brindar la asistencia que resulte pertinente, incluida la coordinación intergubernamental, el aporte de documentación o la formulación de declaraciones que sean necesarias para facilitar una revisión exhaustiva”, prosigue.
La carta del Ministerio de Seguridad concluyó con una frase de enorme importancia: “La Argentina valora su asociación con los Estados Unidos en materia de aplicación de la ley y regulación, en particular en lo referido a la conducta financiera internacional y la gobernanza del deporte”.
Se trata de una novedad que confirma el respaldo de la gestión de Javier Milei a la investigación de las oscuras maniobras en torno a la gestión de los millonarios fondos de la entidad que preside Chiqui Tapia.
Un escándalo con derivaciones insospechadas
El caso se sustenta en una denuncia acompañada por contratos, anexos bancarios, resoluciones internas y comunicaciones formales, presentada por el abogado estadounidense Gilberto M. Garcia, patrocinante del empresario argentino Guillermo Tofoni, titular de la firma World Eleven. Tofoni aportó la documentación y solicitó acogerse al régimen de protección de denunciantes.
Aunque la acusación identifica transferencias por al menos USD 19 millones, los propios textos presentados ante las autoridades estadounidenses advierten que ese monto representa solo un caso testigo dentro de una operatoria mucho más amplia. De acuerdo con los contratos y negocios relevados, los ingresos generados por partidos amistosos, patrocinios y derechos comerciales de la Selección argentina en los últimos años podrían alcanzar hasta USD 300 millones.
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida y FinCEN, dependiente del Departamento del Tesoro. El fiscal Jason A. Reding Quiñones tiene a su cargo la evaluación inicial y la eventual apertura de una investigación penal.
El escrito fue elaborado y presentado por Gilberto M. Garcia, abogado con matrícula en Estados Unidos, en representación de Guillermo Tofoni. En la denuncia se solicita la protección del denunciante, según la legislación estadounidense que ampara a quienes aportan información sobre presuntos delitos financieros y lavado de dinero.
Guillermo Tofoni es un empresario argentino vinculado al fútbol internacional y titular de la empresa World Eleven. Según el expediente, aportó contratos, comprobantes de transferencias y otra documentación que permitió reconstruir el circuito financiero bajo sospecha.
Tofoni sostiene que los fondos generados por la AFA en el exterior debían ingresar a la Argentina, ser declarados ante las autoridades fiscales y distribuirse conforme al estatuto de la Asociación. Sin embargo, habrían sido desviados a Estados Unidos a través de una estructura sin justificación económica real.
El corazón de la denuncia: texto y anexos
La denuncia presentada ante FinCEN y la Fiscalía Federal supera las veinte páginas y está acompañada por anexos numerados que documentan los negocios investigados. No se trata de una acusación genérica: el escrito detalla fechas, montos, contratos, cuentas bancarias y entidades intervinientes.
Entre los documentos centrales figura el contrato de organización de un partido amistoso internacional en Beijing, celebrado entre la AFA y China Rainbow International Investment Co. Ltd. El acuerdo establece una compensación económica de USD 5 millones por la participación de la Selección argentina, derechos de imagen y derechos comerciales. El contrato fija que el beneficiario es la AFA y que el pago debe realizarse a una cuenta indicada por la Asociación. Sin embargo, el dinero no fue depositado en la Argentina.
Otro anexo clave es el contrato de patrocinio internacional con Binance Investments Co. Ltd., que contemplaba un pago de USD 12 millones a favor de la AFA. El acuerdo señalaba que los fondos debían destinarse al desarrollo institucional y deportivo del fútbol argentino. A pesar de ello, el pago fue transferido desde Binance Suisse a una cuenta bancaria en Estados Unidos, sin constancia de su ingreso al sistema financiero argentino.
A estos documentos se suman comprobantes de transferencias bancarias de Synovus Bank, con sede en Alabama, donde figura como beneficiaria TourProdEnter LLC, empresa de Erica Gillette y su esposo, el empresario teatral y ex funcionario de Alberto Fernández, Javier Faroni. También, notificaciones del propio banco solicitando explicaciones sobre el origen y el destino de los fondos conforme a las normas de prevención de lavado de dinero. Según los anexos, no consta respuesta documentada a esos requerimientos.
TourProdEnter LLC y el mecanismo de cobro
La denuncia dedica un capítulo específico a TourProdEnter LLC, una sociedad registrada en Florida. Según la documentación incorporada al expediente, la empresa no tiene empleados, infraestructura ni actividad económica comprobable que justifique la recepción de montos millonarios.
Existe una resolución interna de la AFA que la designa como agente comercial para actividades en el exterior. Sin embargo, los denunciantes subrayan que no hay autorización expresa para que perciba la totalidad de los fondos derivados de contratos internacionales, sino, en todo caso, una compensación por servicios. No hay pruebas de que TourProdEnter LLC haya organizado partidos, negociado patrocinios o prestado servicios equivalentes al volumen de dinero recibido.
Para la denuncia, este punto es central: la utilización de una sociedad sin actividad real como receptora de fondos aparece como un indicador típico de maniobras de ocultamiento y posible lavado de activos.
Claudio “Chiqui” Tapia, en el centro del esquema
El texto de la denuncia coloca en el centro de la operatoria al presidente de la AFA, Claudio Tapia. En varios pasajes se sostiene que, dada la estructura de gobierno de la Asociación, resulta imposible que transferencias de esta magnitud se hayan realizado sin su conocimiento y autorización.
La presentación remarca que Tapia concentra las decisiones financieras y contractuales de la AFA, firma los acuerdos internacionales y ejerce control sobre los flujos de dinero. Desde esa perspectiva, se lo señala como responsable de permitir o disponer que fondos pertenecientes a la AFA fueran desviados al exterior sin rendición de cuentas.
Cuando resulta inevitable mencionar a otros niveles de decisión, el escrito alude a la cúpula de la AFA, describiendo una estructura de poder concentrada, sin controles internos robustos ni auditorías independientes.
De los USD 19 millones al universo de USD 300 millones
El expediente identifica transferencias por USD 19 millones, aunque la denuncia aclara que ese monto corresponde solo a dos contratos específicos. El texto detalla que la AFA habría percibido, a través del mismo circuito, decenas de millones adicionales por otros partidos amistosos y acuerdos comerciales celebrados en 2023 y 2024.
Según la estimación incluida, si se consideran el valor de mercado de los amistosos internacionales de la Selección campeona del mundo, los contratos en Asia, Estados Unidos y Medio Oriente, y los patrocinios globales, el volumen total de fondos bajo análisis podría alcanzar los USD 300 millones. La denuncia sostiene que una parte sustancial de esos ingresos no habría sido declarada ni ingresada al sistema financiero argentino.
La intervención de FinCEN responde al uso del sistema bancario estadounidense para canalizar los fondos. Las normas de la Bank Secrecy Act obligan a los bancos a reportar operaciones inusuales y a implementar controles estrictos de debida diligencia.
La denuncia cuestiona si Synovus Bank presentó los correspondientes Reportes de Actividad Sospechosa y si cumplió con todas las obligaciones regulatorias frente a transferencias de gran volumen destinadas a una sociedad sin actividad comprobable.
El dato político: el respaldo formal del Gobierno argentino
El elemento más novedoso del expediente es la intervención directa del Gobierno argentino. El 2 de septiembre de 2025, el Ministerio de Seguridad envió una carta formal al fiscal Jason A. Reding Quiñones en la que expresó su pleno respaldo a la investigación originada en la denuncia presentada por Gilberto M. Garcia en representación de Guillermo Tofoni.
En ese documento, el Gobierno sostuvo que los hechos denunciados no constituyen meras irregularidades administrativas, sino posibles violaciones graves a la legislación tributaria y anticorrupción argentina, además de conductas incompatibles con la normativa estadounidense de prevención del lavado de dinero. La carta también dejó constancia de la disposición oficial a colaborar activamente con la Fiscalía y con el Departamento del Tesoro.
Ese apoyo formal incorporó a la causa un peso institucional decisivo: la denuncia pasó a contar con el aval explícito del Estado argentino ante la Justicia de Estados Unidos.
Una causa abierta con impacto institucional
La investigación continúa en etapa de análisis en Estados Unidos. Los documentos, los anexos contractuales y las transferencias bancarias describen una maniobra compleja, con un volumen de dinero potencialmente millonario y una estructura de decisiones concentrada en la conducción de la AFA.
Mientras el fiscal Jason A. Reding Quiñones y FinCEN avanzan en el examen de la documentación aportada por el abogado Gilberto M. Garcia y el empresario Guillermo Tofoni, las preguntas centrales siguen abiertas: cuánto dinero se cobró realmente, por qué no ingresó a la Argentina y quiénes decidieron ese circuito financiero. Las respuestas, ahora, quedaron en manos de la Justicia de Estados Unidos y del Departamento del Tesoro.
LEGACY: Financials (TRBC),Financials (TRBC level 1),North America
POLITICA
La nueva trama de lavado de dinero que involucra a los hermanos Calvete con el narcotráfico en Paraguay
La historia empresarial de Miguel Ángel Calvete es una caja de sorpresas. También de escándalos. En 2015, mientras era concejal de Cambiemos en La Matanza, montó junto a su hermano Alejandro una red de sociedades en Paraguay que sirvieron como fachada para que el ciudadano argentino-español Jorge Haron Hougham blanqueara millones de dólares provenientes del narcotráfico. Así surge de las pruebas descubiertas por una investigación judicial abierta en Asunción.
Es otro capítulo delictivo, hasta ahora desconocido, que se suma a la saga expuesta desde que el apellido Calvete quedó asociado a la trama de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) como el cerebro de las compras amañadas durante la gestión de Diego Spagnuolo.
Su contraparte en este negocio es hijo de Raúl Ricardo Hougham, alias “El Rey del Plástico”, un estafador argentino que se ganó fama mundial con la clonación de tarjetas de crédito en Europa durante los 90, cuando los controles eran más laxos en la era pre Internet. Jorge Haron Hougham aparece incluso en algunos artículos periodísticos de esa época como parte de la organización que terminó con su padre cumpliendo condena en una cárcel de Barcelona.
Desde Madrid pusieron en aviso a las autoridades paraguayas del desembarco de Hougham en ese país. Lo conocían bien: había sido detenido en julio de 2001 en el pequeño pueblo de Derio, en las afueras de Bilbao, cuando estaba cargando paquetes de cocaína en un Seat León. El relato de la fiscal paraguaya María Estefanía González detalla, además, que Hougham había sido el artífice de una operación que trasladó la droga en un velero. La Policía Nacional de España decomisó 650 kilos de cocaína.
Las autoridades españolas advirtieron casi 15 años después que Hougham podría haberse mudado a Paraguay para blanquear el botín de supuestas operaciones narco. Efectivamente, Hougham se puso en contacto allí con la contadora paraguaya Gloria Ramírez Peralta que, a su vez, estableció contacto con Miguel Ángel y Alejandro Calvete. Los hermanos argentinos crearon tres sociedades que fueron clave para canalizar ese dinero a través de operaciones de compra-venta de propiedades y otras maniobras de lavado, reconstruyó la fiscal González.
Jugaban a varias bandas. En aquel año, Miguel Ángel había sido elegido concejal de La Matanza por Cambiemos y hacía campaña pegado a Mauricio Macri, a María Eugenia Vidal, Patricia Bullrich y otras figuras del nuevo poder. A la vez, alquilaba una serie de departamentos que, cuatro años después, la Justicia calificó como sedes para el ejercicio de la prostitución. Los dos hermanos serían condenados a cuatro años de prisión por proxenetismo a raíz de esa actividad, aunque Alejandro fue absuelto en segunda instancia.
En Paraguay, los Calvete registraron las sociedades Flashlight SA, Forum SA y Gapa SA, todas con domicilio en Lambaré, un municipio del conurbano de Asunción. Las compañías compartían dirección, teléfono y escribana con otra empresa que había sido constituida por el propio Hougham el mismo día que ellos, indica el escrito al que accedió .
La fiscal consideró que las empresas de los Calvete eran apenas una pantalla para el blanqueo. “Starflash registra actividades ilegales, indistintamente, mimetizadas en otras legales, por lo que se adscribe a una empresa fachada”.
Forum SA, cuyo contacto oficial era Alejandro Calvete, fue habilitada en el rubro de construcción de viviendas y contaba con permiso de importación y exportación de productos. Sin embargo, tanto esta sociedad como las demás prácticamente no tuvieron movimientos comerciales entre 2015 y 2017. Las empresas habían extendido poderes en favor de Ramírez Peralta, quien fue señalada como “el cerebro financiero” de la organización, para establecer contacto con oficinas públicas, bancos y otras instituciones.
Los Calvete tuvieron éxito con Starflash SA: ganaron una licitación pública para proveer “un generador de energía” a la municipalidad de Lambaré por 200 millones de guaraníes (unos 30.000 dólares). Los concursos públicos han sido una de las especialidades de los Calvete, como lo evidencia la causa sobre irregularidades en la Andis. El fiscal Franco Picardi investiga la manipulación de licitaciones públicas en dicho organismo, que habría sido pergeñada por Miguel Ángel Calvete. Pidió su detención. Aunque no lo logró, el exconcejal está preso en Ezeiza desde octubre en cumplimiento de su condena por proxenetismo.
Las empresas de los hermanos argentinos también aparecen involucradas en al menos seis operaciones de compra-venta de propiedades y otras tantas de vehículos. Por ejemplo, la venta de un BMW modelo 335D coupé daba cuenta de que Alejandro Calvete contaba con un permiso de conducción sobre ese auto. La fiscal también detalló que las sociedades habían registrado una alta cantidad de operaciones de cambio de divisas, muchas eran la conversión de pesos argentinos a guaraníes, con el supuesto objetivo de ingresar ese dinero en el mercado paraguayo.
A pesar de las pruebas incluidas por la fiscal, los Calvete no estuvieron oficialmente acusados en el expediente paraguayo, según la documentación revisada por este medio. “Esta organización no está conformada solo por los dos acusados (Hougham y su contadora), sino que también abarca a otras personas respecto de las cuales continúan en curso las pesquisas de la fiscalía”, indica el escrito al que accedió .
“Los acusados se sirvieron de las empresas Gapa, Forum y Starflash (propiedad de los Calvete) con las que realizaron actividades económicas, principalmente la construcción y compra-venta de propiedades, mimetizados con transacciones legales, en el intento de dificultar su detección”. Forman parte, así, de la primera etapa denominada del blanqueo que las autoridades calificaron como “ocultación”.
La causa judicial contra Hougham y su contadora paraguaya todavía atraviesa un largo derrotero en los tribunales de Asunción, ya que su defensa logró que un tribunal declarara nula la acusación, ya que −entendieron− había una recusación contra la fiscal que estaba pendiente de resolverse al momento de firmar la acusación. El caso todavía continúa entre apelaciones y ahora tendrá que resolverlo la Corte Suprema.
Miguel Ángel y Alejandro Calvete fueron socios en Argentina en empresas como Finefox SRL y Energy Nature Free SA, que fueron registradas en 2017, después de su colaboración con Hougham. Con esta última sociedad fueron investigados en Buenos Aires por un proyecto fallido para construir una sucursal del Mercado Central en Colegiales.
Los hermanos fueron condenados en 2019 por alquilar departamentos para el ejercicio de la prostitución. Pero sus negocios no se detuvieron. Alejandro volvió a España, donde vivió gran parte de su vida. Como reveló , constituyó en 2020 una red de laboratorios de cannabis medicinal que fue usada para justificar la operatoria de un clan de narcotraficantes mexicanos. Logró salir de España en 2022 antes de que la Policía Nacional de ese país detuviera a todos los involucrados en la trama. Sobre él pesa una orden de busqueda y captura por lavado y tenencia ilegal de armas.
El último paradero de Alejandro Calvete lo vuelve a localizar en Paraguay, donde registró este año la sociedad Power Capital Energy SA. intentó localizarlo en Lambaré, pero no lo encontró en el domicilio. “Estuvo aquí la semana pasada”, dijeron desde la oficina. Fuentes que lo conocen sostienen que salió hacia un nuevo destino: algunas lo ubican en la Argentina; otras en Brasil.
Con la colaboración de Gabriela González Escalada
Miguel Ángel Calvete,una red de sociedades,otro capítulo delictivo,la trama de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad,Iván Ruiz,Martín Rodríguez Yebra,Corrupción,Conforme a,,Drogas, armas y lujos. La odisea del hermano de Calvete con los narcos mexicanos, una huida y el enigma de los 460.000 euros,,De Andis a España. El eslabón oculto del clan Calvete: narcos mexicanos y el lazo con la causa que acorrala a Pedro Sánchez,,¿Nexos con Fred Machado? Quién es Enzo Fullone, el empresario que juró como senador de LLA en reemplazo de Villaverde,Corrupción,,Los burócratas de la corrupción. Así operan intermediarios en la trastienda del poder para saquear al Estado,,“Cilita la agarró para comprar unas cositas”. Maduro reveló cuánto gana por mes y explicó qué hace con su sueldo,,Detenido con US$200.000 Fuerte respaldo a la investigación que tiene al exsenador Edgardo Kueider en la mira
POLITICA
El Gobierno anunció que la ANDIS dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud
El Gobierno anuncio que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejará de funcionar y se convertirá en una secretaría absorbida por el Ministerio de Salud que preside Mario Lugones.
El nuevo secretario de la Agencia de Discapacidad será Alejandro Vilches, actual interventor del ente. En tanto, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aclaró que esta decisión no implica que habrá una baja de pensiones. “La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud”, sentenció en la habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.
Asimismo, el funcionario planteó que la agencia se creó en 2017 como un organismo descentralizado que tenía como objetivo “coordinar las políticas públicas en discapacidad”, pero aclaró que “fruto de la autonomía administrativa que gozaba” acumuló lo que definió como “toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”. “Esto provocó irregularidades, como personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la pensión, pensiones otorgadas sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios, como la Fundación METAS, que decía brindar clases de apoyo escolar, pero en sus instalaciones solo había una vivienda precaria, sin agua, electricidad, inmobiliario; solo se encontró suciedad, moho, escombros y excremento de roedores”, enumeró.
“Al formar parte del Ministerio de Salud, las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades”, anticipó Adorni, y sumó: “Se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones. Además, se van a eliminar 16 cargos políticos, lo que implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica”.
Pese a la disolución, Adorni aclaró que las modificaciones no implican recortes en pensiones ni en prestaciones. “En virtud de evitar que alguien cometa algún error contando la información alejada de la realidad o de lo que realmente es, repito: esto no implica que se corte absolutamente ninguna prestación”, remarcó.
Según supo este medio, la idea apuesta a “ordenar el sistema”, garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos, fortalecer a los equipos y la atención brindada a los usuarios y sus familias. “Esta transformación no implica una reducción de derechos ni un recorte de prestaciones”, insisten importantes fuentes de la cartera que lidera Lugones.
La modificación implica la unificación de criterios sanitarios y presupuestarios, la eliminación de superposiciones en funciones y competencias, y la reducción del 45,7% su estructura jerárquica. Se trata de una decisión que el Ejecutivo maduraba desde hace meses, como contó este medio.
Hasta entonces, la agencia se creó bajo la administración nacional de Mauricio Macri bajo el Decreto 698/2017. Se determinó que fuera un organismo descentralizado, que son el tipo jurídico-administrativo que con más frecuencia impera en la Administración Pública Nacional.
Con la ebullición de las irregularidades registradas luego de los audios de Spagnuolo, el Gobierno impulsó una auditoría interna en ANDIS. Como anticipó Infobae, los primeros resultados de la investigación, que aún se adeudan, detectó 178 mil usuarios del Certificado Único de Discapacidad (CUD) están fallecidos, pero figuran activos en la percepción de la asistencia. El hallazgo fue validado con las bases de datos del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), que depende del Ministerio del Interior.
Tras la detección, Vilches inició un proceso de revisión y autorizó las bajas de los certificados observados. Además, analizan la posibilidad de avanzar en la judicialización tanto a los que hacían uso de los beneficios del CUD como a los prestadores involucrados. “Es lisa y llanamente una estafa al Estado”, precisó una importante voz al tanto.
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