POLITICA
ATE anunció un paro y se sumará este miércoles a la marcha de jubilados en el Congreso

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció la realización de una Jornada Nacional de Lucha este miércoles 20 de agosto, lo que comprende un paro de 24 horas en la Administración Pública Nacional, en una convocatoria que se extiende a las provincias y municipalidades del país. Según comunicó la entidad sindical, la medida involucrará asambleas en diversas reparticiones, suspensión de actividades, movilizaciones y otras formas de protesta. La acción tiene como objetivo acompañar los reclamos impulsados por jubilados que habitualmente se presentes los días miércoles en los alrededores del Congreso de la Nación.
La concentración principal ocurrirá en la Ciudad de Buenos Aires, donde trabajadores estatales interrumpirán sus tareas y abandonarán sus oficinas a partir de las 12 del mediodía para reunirse frente al Congreso, junto a organizaciones de jubilados y de discapacitados. La jornada estará marcada por la sesión parlamentaria convocada para debatir una suba de haberes jubilatorios y la declaración de emergencia en discapacidad.
Así, un sector más se suma a las movilizaciones que se esperan en los alrededores del Congreso. En el recinto, la oposición intentará rechazar el veto presidencial a las leyes aprobadas para aumentar las jubilaciones y sostener las partidas para atender a las personas con discapacidad, mientras el oficialismo buscará que ese intento fracase. Para el gobierno del presidente Javier Milei, los legisladores avanzaron en la aprobación de las normas sin explicitar cuál sería el origen de los fondos para costear esas medidas, atentando contra el equilibrio fiscal que la gestión de Milei considera esencial a fin de ordenar las condiciones de vida en el país.
ATE formalizó la notificación de la jornada de protesta mediante una nota presentada ante la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Allí, la entidad justificó la medida como respuesta a la aplicación de un programa económico que, según su análisis, deteriora el poder adquisitivo, precariza el empleo y favorece políticas de ajuste, derogaciones de derechos y desmantelamiento de organismos públicos.
Entre los fundamentos detallados, la asociación sindical destacó el aumento de la pobreza y la “pulverización” de salarios y jubilaciones. El documento enviado al ministerio menciona expresamente la preocupación por la eliminación de programas sociales, el cierre de dependencias estatales y las reformas laborales que, a criterio del gremio, “ponen en riesgo la estabilidad de miles de trabajadores”. Los estatales también denunciaron un alza de la conflictividad laboral, producto de despidos masivos y la reducción de fondos para políticas públicas.
El texto de ATE acusa al Poder Ejecutivo de de “gobernar a fuerza de decreto y veto” y avanzar “en contra de trabajadores estatales y de la sociedad en su conjunto”.
Los reclamos nucleados en la protesta comprenden una lista de exigencias, entre ellas la recomposición de los salarios para recuperar el poder adquisitivo, el rechazo a las privatizaciones y ventas de inmuebles del Estado, la reincorporación de todos los despedidos y la restauración de los fondos adeudados a las provincias. También cuestionan la fusión y cierre de organismos estatales, la normalización de las cajas previsionales provinciales y la eliminación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.
En la Ciudad de Buenos Aires, el gremio anunció que el paro incluirá un cese y retiro de tareas a partir del mediodía, con el objetivo de sumarse a la movilización frente al Congreso, espacio donde convergerán otros colectivos afectados por los recortes jubilatorios y las restricciones a programas de discapacidad. En el resto del país, la protesta estará convocada en plazas y diferentes edificios públicos bajo la forma de asambleas, marchas y actividades de difusión.
“En el 2011, Argentina tenía la tasa de cobertura previsional más alta de América Latina (9 de cada 10 recibían algún beneficio) y en el 2015 la cobertura alcanzaba a casi el 97% de la población”, manifestó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.
POLITICA
El cruce entre Patricia Bullrich y el ministro de Seguridad de Axel Kicillof por los menores que delinquen

Una publicación de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, sobre la situación de los menores involucrados en delitos graves en la provincia de Buenos Aires desató una fuerte controversia, una vez más, con la gestión bonaerense. La funcionaria nacional señaló que en esa jurisdicción “un asesino de 17 años puede robar, matar y después irse a dormir como si nada”, un comentario que apareció tras un caso reciente que involucró a dos adolescentes, entregados por sus madres, acusados del asesinato de una mujer en Villa Luzuriaga. La reacción no tardó en llegar por parte de Javier Alonso, ministro de Seguridad de la provincia gobernada por Axel Kicillof, quien respondió con dureza a Bullrich buscando refutar su apreciación sobre el tratamiento de los menores que delinquen.
El mensaje inicial, difundido a través de las redes sociales el lunes 19 de agosto, expuso el profundo desacuerdo entre las gestiones de seguridad a nivel nacional y provincial.
El asesinato en Villa Luzuriaga, en el partido de La Matanza, implicó a dos menores de 15 y 17 años, quienes, según la investigación, participaron activamente del crimen. El hecho motivó no solo operativos policiales y manifestaciones vecinales, sino también declaraciones de funcionarios que pusieron en primer plano una discusión sobre la edad de imputabilidad y la respuesta estatal frente al delito cometido por adolescentes.
Según publicó Patricia Bullrich en su cuenta, “en la provincia de Buenos Aires un asesino de 17 años puede robar, matar y después irse a dormir a su casa como si nada hubiera pasado”. La funcionaria nacional añadió en su publicación: “Después de dispararle a quemarropa, fueron a un supermercado como si nada. Ahora ya están identificados, y fueron entregados por sus propias madres.”. Con estas afirmaciones, Bullrich planteó la necesidad de discutir el marco normativo aplicable a los jóvenes involucrados en delitos graves, especialmente en la jurisdicción bonaerense.
“¿Cómo buscan zafar? Echándole la culpa a un menor”, enfatizó Bullrich.
La postura la reacción inmediata del gobierno provincial. Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense, respondió también desde su cuenta oficial: “Bullrich mentirosa e irresponsable. Primero, honrar la verdad: en la Provincia de Buenos Aires los menores de 17 años son punibles por la ley cuando cometen delitos graves”.
“Segundo, el homicidio fue esclarecido y los responsables fueron detenidos por la Policía de la provincia de Buenos Aires”, agregó.
Finalmente sostuvo: “Resulta miserable apropiarse del dolor de las víctimas para hacer campaña electoral junto al vergonzoso slogan impulsado por Milei”.
“Si realmente le preocupan las víctimas, ocúpese -si es que todavía es ministra- de trabajar por la seguridad. O tenga la dignidad de renunciar para ser candidata y lavarse las manos definitivamente”, cerró.
El funcionario bonaerense defendió así la actuación del poder judicial y de los organismos responsables de la protección de la infancia y adolescencia en la provincia, aportando detalles sobre la aplicación de la ley penal juvenil y subrayando el acompañamiento a las víctimas de situaciones como la ocurrida en Villa Luzuriaga.
El trasfondo del cruce tiene como referencia inmediata el caso conocido el lunes 18 de agosto, en el que una mujer de 44 años, identificada como Marina Gómez, murió tras recibir una puñalada durante un asalto cometido por dos adolescentes en un barrio residencial. Según la investigación, las madres de los acusados, al enterarse del crimen, decidieron entregarlos a la policía para que la justicia tomara intervención. Los adolescentes quedaron así a disposición del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de La Matanza, que investiga su participación directa en el asesinato.
El caso provocó protestas de la comunidad local por la sucesión de hechos violentos en la zona y renovó las críticas al sistema de seguridad local y nacional.
POLITICA
Un juez civil falló en favor de que Cristina Kirchner no pague una indemnización multimillonaria por Vialidad

Un juez civil y comercial federal le dio la razón a Cristina Kirchner para no pagar una indemnización de 1125 millones de dólares al Estado por el perjuicio que provocó con el fraude de Vialidad. Pero esa decisión no está firme, ya que puede ser apelada por el Gobierno.
Hace dos meses, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal dejó firme una decisión del mismo juez que rechazaba la caducidad de la instancia. Hoy, el magistrado declaró la caducidad de la instancia.
Esta sentencia se dio en un juicio civil −por daños y perjuicios− que corre paralelo a la causa penal de Vialidad, donde Cristina Kirchner cumple una condena de seis años de prisión y por la cual debe afrontar el decomiso de sus bienes hasta la suma de 530 millones de dólares (648.990 millones de pesos).
En el juicio penal, Cristina Kirchner planteó justamente la semana pasada al tribunal oral que la condenó que ellos no eran competentes para rematar sus bienes. Dijo que sí lo era este juzgado civil y comercial federal N°2, a cargo del juez subrogante Marcelo Bruno Dos Santos. Como si hubiera estado segura de que le iban a dar la razón con este fallo conocido hoy.
Este demanda civil fue planteada en 2018 por Javier Iguacel cuando era titular de la Dirección Nacional de Vialidad en la gestión de Mauricio Macri. La demanda era por $22.500 millones a cada uno de los imputados, incluida la expresidenta. Según la cotización de 2018, el monto correspondería a 1125 millones de dólares.
La decisión tomada hoy por el juez Dos Santos implica −por ahora− la finalización del proceso judicial civil por inactividad procesal: durante seis meses Vialidad no hizo nada para hacer avanzar el caso, por lo que además deberá pagar las costas, que son millonarias, proporcionales al monto de la demanda. Esa inactividad del organismo ocurrió durante la presidencia de Alberto Fernández, en la que Cristina Kirchner fungía como vicepresidenta.
Pero el fallo no es definitivo, ya que es apelable ante la Cámara en lo Civil y Comercial Federal. La misma que el 24 de junio pasado, hace dos meses, dejó firme el rechazo de una decisión similar.
Dos de los jueces que fallaron en ese momento se jubilaron, con lo que el asunto, si es apelado por el Gobierno, deberá ser revisado por la misma Sala de la Cámara, pero con otra integración.
El artículo 317 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación señala que “la resolución sobre la caducidad solo será apelable cuando esta fuere declarada procedente“, lo que sucede en este caso.
Cristina Kirchner planteó por primera vez la caducidad de la instancia y el juez la rechazó el 22 de noviembre de 2024.
Su intento de apelación fue denegado por el magistrado y esa denegatoria fue confirmada por la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal el 24 de junio de 2025, al basarse en que el rechazo es inapelable.
Sin embargo, el fallo de hoy, al conceder la caducidad de la instancia, es susceptible de apelación por parte de la Dirección Nacional de Vialidad.
La causa se originó el 25 de enero de 2018, cuando Iguacel presentó la demanda civil contra Cristina Kirchner y Carlos Santiago Kirchner, entre otros imputados en el caso penal de Vialidad.
El objetivo era obtener resarcimiento por daños y perjuicios al patrimonio nacional, supuestamente causados por la adjudicación y ejecución de la obras públicas fraudulentas de Santa Cruz.
El 22 de diciembre de 2022, la Corte Suprema de Justicia de la Nación atribuyó la competencia de este asunto al fuero Civil y Comercial Federal.
Tras la contestación de la demanda, el 10 de marzo de 2023, Carlos Santiago Kirchner presentó un “hecho nuevo”: su absolución en la causa penal de Vialidad, el 6 de diciembre de 2022, y pidió ser excluido del caso.
La providencia que dispuso el traslado de este escrito, el 17 de marzo de 2023, fue un punto clave en la tramitación del expediente, considerado como un acto impulsor del proceso, que impidió la primera caducidad.
El 18 de septiembre de 2023, el apoderado de Cristina Kirchner planteó por primera vez la caducidad de la instancia, argumentando que la Dirección Nacional de Vialidad no había realizado presentaciones en la causa por más de dos años, ni había impulsado el expediente por más de nueve meses desde la notificación del juez competente. Era la Vialidad de la gestión de Alberto Fernández.
El 22 de noviembre de 2024, el juez rechazó este primer planteo de caducidad. Si bien consideró aplicable el plazo de seis meses sin actividad, lo computó desde el 17 de marzo de 2023 (el traslado del “hecho nuevo” de Carlos Santiago Kirchner), entendiendo que ese acto había impulsado el proceso.
La defensa de Cristina Kirchner apeló esta decisión el 28 de noviembre de 2024, por “manifiestamente arbitraria”. Sin embargo, el 3 de diciembre de 2024, el juez denegó la apelación.
Cristina Kirchner fue en queja a la Cámara Civil y Comercial Federal, que rechazó su planteo. La Sala III de la Cámara reiteró que la denuncia de “hecho nuevo” por parte de Carlos Santiago Kirchner impulsó el procedimiento.
Ahora, el juez de primera instancia, Bruno dos Santos, a pesar de los fallos anteriores que habían mantenido viva la causa, ante la nueva presentación de caducidad planteada por Kirchner el 7 de abril pasado, le dio la razón.
La defensa argumentó que, si bien la instancia había estado suspendida por el trámite de la anterior caducidad, el proceso se reanudó el 17 de marzo de 2025, fecha en que todas las partes fueron notificadas de la resolución del 22 de noviembre de 2024.
Según la defensa, desde esa reanudación y hasta el 28 de marzo de 2025, la inactividad de la Dirección Nacional de Vialidad, esta vez del gobierno de Javier Milei, fue total, y se cumplió así el plazo legal de seis meses sin que nadie impulsara la causa.
El juez Dos Santos le dio la razón y dijo que el castigo es para la negligencia de Vialidad, que se desentendió del curso de su reclamo, y que además la medida busca evitar la duración indeterminada de los procesos cuando los interesados abandonan sus pretensiones.
El tribunal desestimó los argumentos de la DNV, que había señalado demoras judiciales, cuestiones de competencia, o presentaciones como el pedido de préstamo del expediente para digitalizarlo.
dejó firme una decisión,Hernán Cappiello,Cristina Kirchner,Justicia Federal,Conforme a,Cristina Kirchner,,Vialidad. La Casación rechazó un recurso de Cristina contra la tobillera electrónica,,Detalle. Qué dice el peritaje de los “cuadernos de las coimas” sobre quién los escribió,,A 50 años del asesinato de Larrabure. Estuvo secuestrado 373 días en un pozo al que llamaron “cárcel del pueblo”
POLITICA
Sesión clave en Diputados: el Gobierno no cree que pueda blindar todos los vetos de Milei

El Gobierno se enfrentará este miércoles a una sesión compleja en Diputados, donde se debatirá si quedan firmes o se rechazan los vetos que Javier Milei emitió sobre el aumento jubilatorio, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. Esta última ley es la que mayor inseguridad genera en el oficialismo: no creen que puedan sostener la decisión del Presidente.
“La sesión de mañana es la más difícil”, aseguró una fuente libertaria de Casa Rosada. Pero no solo por los votos, sino por el momento en el que se dará el debate. “El cierre de listas nacionales dejó varios heridos”, agregó una fuente legislativa que votará a favor de los vetos.
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Por otro lado, La Libertad Avanza tiene más expectativas sobre los proyectos jubilatorios. Si bien no reina el optimismo, creen que los bloques aliados permitirán que el Ejecutivo llegue a los 86 votos que requiere -si están todos los diputados presentes- para cuidar los vetos.
En ese sentido, desde el Gobierno mantienen una negociación contra reloj y un trabajo artesanal para conseguir más voluntades a su favor. Sostienen que contarán con los votos del bloque PRO, de los radicales afines (La Liga del Interior) y de los legisladores que responden a los gobernadores del norte del país; es decir, Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta).
La postura de la oposición
En la oposición mantienen la esperanza de conseguir que todas las leyes se promulguen, aunque son conscientes que la emergencia en discapacidad es la que más posibilidades tienen de sostener. “La suba de las jubilaciones es más difícil y la iniciativa de la moratoria está hundida”, graficó un miembro de los bloques antagonistas al Gobierno.
Pero estos no son los únicos proyectos que quieren tratar los diputados este miércoles. También buscan debatir las iniciativas que impulsan los gobernadores, para repartir de manera automática los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) y el impuesto a los combustibles líquidos.
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Los encargados de discutirle al bloque de La Libertad Avanza son Unión por la Patria, Encuentro Federal, Coalición Cívica, Democracia para Siempre y el Frente de Izquierda. “Quórum va a haber, y ahí van a tener que traer a todo el mundo, porque los que queremos sostener las leyes nos vamos a quedar sentados”, expresó un legislador de una de estas agrupaciones.
No obstante, también deberán lograr más votos que los diputados oficialistas. Frente a este panorama, las miradas se posan sobre la UCR, que lidera Rodrigo de Loredo en la Cámara Baja.
Hasta el momento, es una incógnita cómo actuarán los legisladores de ese bloque. De ellos depende el resultado del poroteo, donde también toman protagonismo aquellos diputados que en la votación original se abstuvieron o se ausentaron.
Congreso., veto, Cámara de Diputados, Javier Milei
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