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Este jueves se conoció una campaña de desinformación presuntamente impulsada desde Rusia para perjudicar al presidente Javier Milei. Según detalla la investigación, la operatoria incluyó el financiamiento de cientos de artículos publicados en medios digitales argentinos con el fin de afectar la imagen del mandatario.

Tras la difusión del informe, el Gobierno advirtió que va a avanzar “hasta las últimas consecuencias para identificar a todos los actores directos e indirectos que participaron de esta red de espionaje ilegal”.

Desde la embajada de Rusia respondieron con un escueto: “Nos vimos obligados a prestar atención a la reciente publicación de una serie de los materiales antirrusos en los sitios web argentinos”.

Asimismo, indicaron que “los ‘investigadores’ han reavivado una historia olvidada sobre una supuesta campaña de desinformación rusa, inflada artificialmente en junio de 2025. Como era de esperar, al igual que entonces, no se aportan hechos ni pruebas que respalden estas insinuaciones”.

“Lamentamos que las posturas ideológicas vuelven a imponerse al sentido común, y que el deseo de enturbiar las relaciones bilaterales prevalece sobre la voluntad de desarrollarlas”, concluyeron.

La postura del gobierno argentino

Javier Milei sostuvo que el “espionaje que ha trascendido es de una gravedad institucional pocas veces vista en la historia”.

“Los “periodistas” y “medios” vinculados a esto son solo la PUNTA DEL ICEBERG de algo mucho más grande. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para identificar a todos los actores directos e indirectos que participaron de esta red de espionaje ilegal”, escribió en su cuenta de X.

La SIDE ya había advertido sobre esta operatoria a fines de 2025. En un comunicado oficial, indicó que el caso fue puesto en conocimiento de la Justicia Federal y del Ministerio Público Fiscal en octubre del año pasado. Según precisaron, se trataba de una estructura con antecedentes en maniobras de injerencia internacional que buscaba consolidar redes de influencia en el país.

Respecto de la publicación de los contenidos, el informe señala que, en muchos casos, los artículos ingresaban a los medios a través de intermediarios como agencias, consultoras o voceros externos. Varios de esos textos carecían de firma o estaban atribuidos a autores inexistentes, algunos de ellos generados mediante herramientas de inteligencia artificial.

Los datos surgen de un informe elaborado por un consorcio internacional de periodistas. De acuerdo con los documentos analizados —una filtración de inteligencia rusa de más de mil páginas—, la estructura responsable, conocida como “La Compañía”, habría desembolsado alrededor de US$283.000 para la difusión de más de 250 notas y columnas de opinión en al menos 23 portales del país. El material fue examinado en Argentina por el sitio Filtraleaks, en el marco de un trabajo conjunto con organizaciones periodísticas internacionales.

Rusia

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, le pidió la renuncia a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccessi. Lo hizo tras conocer que el funcionario accedió a un crédito hipotecario del Banco Nación, algo que según le dijeron fuentes de la cartera a TN ella no cuestiona, pero choca con el “perfil bajo” que pretende cultivar en su área.

En los últimos días se conoció que un grupo de miembros del equipo económico y legisladores oficialistas obtuvieron créditos hipotecarios de hasta US$350.000 en el Banco Nación, la principal entidad pública de la Argentina, y desde la oposición presentaron un pedido de informes para conocer detalles de la operatoria.

Desde la entidad bancaria le aseguraron a TN que se cumplieron los requisitos y descartaron cualquier tipo de irregularidad: “No hay excepciones. El que califica, accede”, manifestaron.

Desde el oficialismo rechazaron los cuestionamientos y argumentaron que “en cualquier país la gente saca créditos”. De este modo, buscaron bajarle el tono a la polémica y desestimaron las denuncias por presuntas irregularidades.

Cuál es la normativa del Banco Nación

El Banco Nación, en su reglamentación, señala que los créditos para el sector público pueden solicitarlos personas que trabajen en relación de dependencia, clientes pertenecientes a Empresas con Capital mayoritariamente estatal y empleados de las empresas pertenecientes al Grupo YPF, que cobren sus haberes a través de esa casa.

La edad límite para la cancelación de las obligaciones de los préstamos que se acuerden será de 85 años inclusive.

En todos los casos se admiten hasta dos usuarios titulares y hasta dos codeudores, quienes deberán ser familiares directos (padres, hijos o hermanos) y cumplan con los requisitos correspondientes para la obtención del presente crédito hipotecario.

Sandra Pettovello, Banco Nación