POLITICA
Atentado a CFK: citaron a declarar a cuatro policías que investigaron las irregularidades luego del ataque
La jueza federal María Eugenia Capuchetti citó a declarar a cuatro policías que investigaron las irregularidades detectadas en las horas posteriores al atentado contra la ex vicepresidenta Cristina Kirchner. La principal apunta a la situación de Brenda Uliarte, ex novia de Fernando Sabag Montiel, quien se escapó de la Policía a pesar de que tenía una consiga policial. Todos deberán declarar como testigos a partir de este jueves.
Los cuatro policías citados estuvieron a cargo del sumario administrativo interno, identificado con el número 165-18-008-526/2022. Hace tres semanas, cuando decidió reasumir la investigación por el atentado, la jueza ya había destacado la importancia de ese legajo. Dijo que “proporciona elementos clave que podrían abrir nuevos cauces investigativos que merecen ser atendidos y que hasta ahora no fueron abordados”.
La principal irregularidad apunta a la actuación de la Policía Federal, que dejó escapar a Brenda Uliarte dos días después del atentado. Un video, que se agregó al expediente y fue revelado por Clarín, muestra que la joven salió de un edificio ubicado en Montes de Oca al 1200, donde se juntaba la banda de los “copitos”, y no fue detenida, pese a que ya había una orden de detención vigente.
En la puerta del edificio había dos efectivos de inteligencia de la PFA. ¿Por qué no la detuvieron en el momento o la siguieron para que alguien la detenga?
La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la Ciudad el 4 de septiembre de 2022, cerca de las 21 horas. “En el lapso temporal entre que Uliarte salió del domicilio hasta que fue detenida por el secretario y la custodia del juzgado, la PFA no se comunicó con el tribunal”, dijo una fuente con acceso al expediente.
Efectivamente, Uliarte fue detenida esa noche en la estación de tren de Palermo a partir de los datos que aportó la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DaJuDeCO), que logró geolocalizar el celular de la joven por orden de la Justicia. Para la Justicia, esa fue otra irregularidad grave. “La PFA no fue a la DAJUDECO, donde se estaba haciendo una escucha directa del teléfono”, explicó uno de los investigadores.
La jueza Capuchetti reasumió hace tres semanas la causa por el atentado a Cristina Kirchner, donde se investiga, entre otras cosas, si hubo autores intelectuales. El expediente estaba en manos del fiscal Carlos Rívolo desde noviembre de 2022. La decisión ahora debe ser ratificada por la Cámara Federal.
Entre sus primeras medidas, la magistrada pidió una copia del sumario policial y dio muestras que en esta nueva etapa de la investigación iba a apuntar a la Policía Federal.
Para este jueves fue citada la comisario mayor Sandra Judith Carral Leiva. También declararán Mirna Edith Speranza, Roberto Méndez, y Mónica Fabiana Carracedo.
La actuación de la Federal respecto a Uliarte se suma a la polémica en torno al teléfono de Sabag Montiel. La primera fuerza que accedió a ese aparato fue la PFA, que intentó abrirlo en la sede del juzgado la madrugada posterior al atentado. El comisario Alejandro Ñamandú convenció a la jueza que la PFA tenía “personal calificado”. Pero terminaron convocando un perito, Alejandro Heredia, que no tenía experiencia.
El segundo destino fue la PSA. La encargada del traslado fue Priscilla Santillán, la oficial de la PFA que sigue trabajando como custodio de la jueza Capuchetti. Esa mujer declaró en el juicio oral que el sobre con el teléfono estaba cerrado. En cambio, los peritos que lo recibieron en la PSA (Camila Dafne Seren y Pablo Kaplan) aseguran lo contrario. Es más, afirmaron que llegó encendido.
El último intento de abrir el teléfono ocurrió hace menos de un mes, a pedido de la fiscal del juicio, Gabriela Baigún. Intervinieron los especialistas de la defensa de Sabag Montiel, de la querella de la ex presidenta, los de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) de la Procuración General de la Nación y de la Gendarmería Nacional.
Capuchetti no descarta impulsar un nuevo intento para acceder al contenido de ese celular. “No será con la Gendarmería”, aclaró una fuente judicial. También hay nuevas medidas de prueba previstas. Todo está supeditado a la decisión de la Cámara Federal, que debe ratificar si la jueza puede reasumir la causa.
POLITICA
Diputados: la oposición tiene asegurada la mayoría de la comisión para los proyectos de los gobernadores
La semana que viene el oficialismo volverá a tener malos resultados en la Cámara de Diputados de la Nación cuando el próximo miércoles se reabra la comisión de Presupuesto y Hacienda para tratar los proyectos de ley que impulsan los gobernadores.
El nuevo quórum que los sectores opositores y críticos a La Libertad Avanza mostraron el miércoles pasado en la sesión se volverá a imponer la próxima semana para dictaminar los proyectos de ley que llegan con media sanción del Senado de la Nación que establecen modificaciones en la forma en la que el gobierno nacional reparte los ATN a las provincias y la modificación de la ley de los combustibles líquidos que tiene como fin que llegue a los distritos la parte que se recauda para el mantenimiento de las rutas.
“Creo que vamos a tener un dictamen con muchas firmas” reconoció un hombre fuerte de la Cámara de Diputados. “¿Cómo no van a firmar?”, se preguntó a modo retórico en referencia a los diputados que no son libertarios.
Si se mantiene el grupo que movilizó la última sesión conformado por Unión por la Patria, Encuentro Federal, Coalición Cívica y Democracia; el dictamen de la mayoría está asegurado para el próximo miércoles cuando a partir de las 10:30 de la mañana comience el debate en la comisión que comanda José Luis Espert.
“Todos relegamos protagonismo para poder avanzar. Por más que desde el oficialismo intentaron hacer caer la sesión y lo van a seguir haciendo, entendemos que tenemos el número necesario”, agregó la misma fuente.
Tomando los miembros de la Comisión de Presupuesto y Hacienda la oposición tendría 29 firmas -sin contar a diputados de la UCR que se podrían sumar a pedido de sus gobernadores- sobre un total de 49 miembros. Esto le permitiría alcanzar el dictamen de mayoría para el proyecto de ley que modifica la ley 11672 Permanente de Presupuesto en lo concerniente al reparto de los Aportes del Tesoro Nacional.
El otro proyecto que llega en revisión y que se tratará en un plenario con la Comisión de Energía y Petróleo por lo que habrá un total de 84 firmas disponible -49 de Presupuesto y 35 de Energía- por lo que hay que la oposición tiene que sumar más de 42 firmas para tener el dictamen de mayoría. En esta comisión los bloques de la oposición más el que responde a los gobernadores –Innovación Federal– suman 21 firmas lo que daría un total de 50 sin sumar a ningún diputado radical, del PRO, Liga Federal y LLA.
La distinción de los diputados radicales no es aleatoria porque en realidad podrían incrementar el número a favor del dictamen de las leyes que llegan del Senado teniendo en cuenta que en la Cámara Alta los miembros del bloque de las boinas blancas votaron de manera favorable ambos proyectos que fueron aprobados por 56 votos positivos y uno solo negativo -Luis Juez-.
La importancia del dictamen de mayoría es que cuando se llame a sesionar por estos proyectos implica que es el primero en ser tratado. Y, se supone, que los bloques que apoyaron en comisión lo harán en el recinto.
Pero lo que más preocupa al oficialismo es que en la oposición parecen haber encontrado el antídoto a la “mancha venenosa” que implicaba el argumento de “votar con el kirchnerismo” que los libertarios esgrimieron en el recinto y que siguen haciéndolo en las redes sociales.
“Todo está cruzado por la campaña por lo que los sectores que están por afuera del mundo libertario van a acompañar. Pero también los diputados que responden a los gobernadores porque es el proyecto de ellos sin importar si acordaron o no con LLA en sus provincias”, explicó un diputado que no tiene un gobernador a quien responder, pero que suele participar de parte del armado de los quórum.
Todo parece encaminado para que la semana que viene la oposición dictamine y avance rumbo a una nueva sesión para la última semana de agosto. Sería la séptima sesión del año y en el resultado muestra que el oficialismo encadena derrotas. En las seis sesiones anteriores sólo ganó la votación del 19 de marzo cuando blindó el DNU 179/2025 por el que habilitó al Gobierno nacional a un nuevo acuerdo con el FMI. En ese momento contó con el apoyo de los gobernadores y de sectores dialoguistas que se fueron alejando del oficialismo. Tanto es así que lleva 26 votaciones -de las que 12 fueron el miércoles pasado- perdidas de manera consecutiva en el recinto.
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Por la baja de la inflación, la justicia laboral estableció un nuevo criterio para ajustar las inmdenizaciones y las multas en los casos de trabajadores despedidos.
Se trata de un asunto espinoso que viene enfrentado a los magistrados con la Corte Suprema, que exije a la justicia laboral fijar ajustes razonables y proporcionados después de numerosos casos de intereses exorbitantes.
En el Trinunal Superior de Justicia de la Ciudad -que debe fijar el criterio de ajuste- ya se acumulan 3000 casos a la espera de definición y no han firmado aún ninguna sentencia.
En esta ocasión, el fallo es de la Sala VIII de la Cámara del Tabajo integrada por los jueces Víctor Pesino y María Dora González. Ratificaron la condena por despido improcedente y diversas sanciones laborales pero dijeron que la tasa de interés aplicable para ajustarla debía ser el CER hasta 2023 y desde enero de 2024 la tasa activa del Banco Nación. El fallo fue en favor de Estela Santander contra la empresa Tritestta S.R.L.
El tribunal confirmó que la señora Estela Beatriz Santander, ingresó a trabajar como cocinera el 1 de febrero de 2018, desestimando la postura de la demandada Tritestta SRL, que alegaba una fecha posterior y una categoría de “ayudante de cocina”.
Esta decisión se fundamentó en la ausencia de libros contables por parte de la empresa y en la prueba testimonial de varios compañeros de trabajo quienes corroboraron la fecha de ingreso y las tareas de cocinera realizadas por Santander.
Asimismo, la Cámara ratificó la condena a Tritestta SRL por incumplimiento del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), relativo a la entrega de certificados de trabajo.
Se estableció que los certificados ofrecidos no reflejaban las características reales del contrato, lo que constituye un incumplimiento de la obligación legal, incluso si fueron puestos a disposición.
En cuanto a la responsabilidad solidaria, se confirmó la condena contra un socio gerente de Tritestta SRL según un informe de la Inspección General de Justicia (IGJ). Las irregularidades registrales verificadas en la sociedad justificaron su responsabilidad solidaria.
Por otro lado, la Cámara rechazó el reclamo de las horas extraordinarias realizado por la señora, argumentando que la demanda inicial presentaba deficiencias en su fundamentación, lo que impidió un adecuado ejercicio del derecho de defensa de la contraparte y el análisis judicial.
También se rechazó la extensión de la responsabilidad una accionista que tenía el 10 % del capital social y no formaba parte de la gerencia
La clave del fallo es la actualización de la tasa de interés aplicable a la indemnización.
Inicialmente, se había propiciado la adición del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) como interés moratorio. Sin embargo, la Cámara observó una considerable disminución de los índices de inflación en el último año, lo que llevó a reconsiderar esta postura.
El juez Pesino, en su voto, afirmó: “Desde esta óptica, no considero prudente mantener sine die la utilización del CER, como tasa de interés, por advertir que ese procedimiento puede llevar a la obtención de resultados desproporcionados, comparados con el poder adquisitivo de los créditos en la época en que se devengaron.”.
Por lo tanto, la propuesta final adoptada por el tribunal para la actualización de la indemnización es la siguiente:
“En consecuencia propongo que, desde la exigibilidad del crédito hasta el 31 de diciembre de 2023 se utilice el CER como tasa de interés y, a partir del 1 de enero de 2024, al resultado que se obtenga se adicionen los intereses del Acta 2658 de esta Cámara (tasa activa efectiva anual vencida, Cartera General Diversas del Banco Nación), hasta el efectivo pago.”.
La sentencia de Cámara confirmó el monto principal de la condena de primera instancia, sin modificar la base de la indemnización. La “salvedad” introducida por el tribunal se refiere exclusivamente a la metodología de cálculo de los intereses moratorios, que es lo que afecta el valor final del monto a pagar al trabajador.
El cálculos de ajuste en las sentencias de los juicios laborales, uno de los asuntos que más preocupa a los empresarios, serán definidos ´de ahora en adelante de manera definitiva Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, donde ya se acumulan 3000 demandas de juicios y no hubo ninguna resolución aún.
El criterio de la “Corte porteña” será la guía para los tribunales inferiores. La novedad de que las causas sean resueltas por el TSJ es parte del avance del proceso de traspaso de la Justicia nacional a la Ciudad, que es resistido por las jueces nacionales.
La Ciudad, en tanto, ya empezó a armar su fuero laboral propio con sus códigos, en un proceso impulsado por el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia. Peor está frenado por un amparo de los jueces nacionales.
La pelea por cómo se calculan los intereses en las condenas que recaen sobre las empresas determinó que la Corte Suprema dictara dos fallos en los anuló sentencias de la Cámara del Trabajo porque los montos eran desproporcionados.
En uno de los casos se aplicaban intereses sobre intereses no previstos en la ley y luego una tasa de interés que multiplicó por 20.000 los montos establecidos en los fallos de primera instancia.
Todo esto provocó un cambio en la manera de fallar en los tribunales laborales.
Ahora, según un relevamiento realizado por entre abogados laboralistas, funcionarios del fuero y magistrados de todas las instancias, los criterios quedaron determinados de este modo: los jueces de primera instancia están dictando fallos, reduciendo u obviando la aplicación de algunas multas, y determinando mecanismos de ajuste limitados, sin hacer crecer de manera desproporcionada las indemnizaciones con el cálculo de intereses.
Cuando la parte apela ante la Cámara Laboral, allí hay varios criterios. La mayoría de las salas aplica un coeficiente de ajuste basado en el Índice de Precios del Consumidor (IPC) más un 3 por ciento. Excepto la Sala 10, que aplica un ajuste solo por IPC y la Sala 8, que aplica el CER.
Ahora, la Cámara laboral dijo que desde 2024 hay que aplicar la tasa activa del Banco Nación.
La Cámara Laboral es un tribunal donde el sindicalismo pesa. La CGT de Hugo Moyano y su histórico abogado, el fallecido Héctor Recalde, maniobraron para ocupar casilleros en el fuero de modo de conseguir sentencias en beneficio de los trabajadores.
La camarista Graciela Craig es la esposa de Recalde. Diana Cañal es una camarista cercana al kirchnerismo y denunciada por el macrismo. Quien tenía ascendencia sobre sus colegas en la cámara era Gregorio Corach, juez que llegó a la edad límite para la jubilación y a quien no le dieron un nuevo acuerdo en el Senado.
Los intereses a aplicar son de dos tipos: moratorios, por las demoras en el pago de la sentencia, y compensatorios, por el tiempo transcurrido. El DNU 70 de 2023 de Javier Milei fijaba un tope para el cálculo de interés: el 3% más el Índice de Precios al Consumidor. Pero ese DNU en el capítulo laboral fue declarado inconstitucional. Hoy, la mayoría de las salas de la Cámara falla con ese índice.
Tras el fallo en el caso Levinas, la Corte estableció que todos los juicios de la Justicia nacional (comerciales, penales, civiles, laborales) deben ser apelados ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad y, eventualmente, luego en la Corte nacional.
La “Corte porteña” aún no falló en ninguno de estos casos, pero se prepara para hacerlo.
Hernán Cappiello,Justicia,Conforme a,Justicia,,“Justicia divina”. La opinión de Julieta Prandi sobre el acto fallido de su exmarido Claudio Contardi en el juicio,,Lo confirmó el abogado de la modelo. Juicio contra el ex de Julieta Prandi: por qué la segunda audiencia pasó a un cuarto intermedio,,»Fue un calvario». Habló Julieta Prandi: los detalles explícitos y desgarradores sobre la denuncia a su exmarido
POLITICA
Javier Milei prepara la grabación de la cadena nacional: defenderá sus vetos y lanzará críticas a la oposición
Javier Milei prepara la grabación de la cadena nacional sobre los proyectos y rechazos a decretos delegados que sancionó la Cámara de Diputados este miércoles. El Presidente llegará a la Casa Rosada antes de las 18 para comenzar con la filmación en el salón Blanco, que se transmitirá a partir de las 21.
El jefe de Estado no convocó al gabinete para que lo acompañe en la grabación, pero analiza sumar al ministro de Economía, Luis Caputo, y a su equipo económico. En Nación aseguran que Milei defenderá el “rumbo económico” junto con los posibles vetos al financiamiento universitario y a la iniciativa que aumenta los fondos destinados al Hospital Garrahan.
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El Presidente no tiene previsto anunciar una judicialización del rechazo a las medidas que eliminaron y reformaron organismos en caso de que el Senado les dé sanción completa. Se trata de la Dirección Nacional de Vialidad, los institutos de Tecnología Agropecuaria (INTA) y Tecnología Industrial (INTI), la Marina Mercante y dependencias de la secretaría de Cultura.
“En diciembre todo cambia y reflotamos los decretos. Las reformas se van a hacer igual”, agregan los cercanos a la mesa chica del oficialismo. En un sector del Gobierno advierten que no darán marcha atrás con los cambios administrativos y de estructura que ya se realizaron. Es la línea que mantuvo hoy el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en declaraciones radiales.
El Gobierno reconoce que tiene una alta debilidad legislativa en el Senado, pero asegura que intentará evitar que los legisladores traten los decretos que impulsó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Además, en parte estos corren su curso en la Justicia.
El Ejecutivo mantiene la postura de que agotará todas las variables en carpeta para llegar a las elecciones legislativas sin realizar la erogación presupuestaria de las leyes que impulsó el Congreso, en caso de que no logre sostener los vetos. Se trata de la estrategia que aplicó con el rechazo al aumento jubilatorio y a la emergencia en discapacidad.
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La Casa Rosada busca evitar que la debilidad parlamentaria del bloque de La Libertad Avanza impacte en la expectativa financiera. En ese sentido, pone como ejemplo la forma en la que puede reaccionar el mercado a cambios en las cuentas fiscales a raíz de la caída de un veto en ambas cámaras. “Lo que queremos es llegar a octubre sin temblores”, agregan en Nación.
Es por eso que la mesa política de Balcarce 50 apunta a profundizar la campaña por las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, junto con la nacional. El oficialismo busca polarizar con el kirchnerismo: tiene la intención de atribuirle las derrotas legislativas de esta semana a un ”cálculo electoral» de la oposición.
Javier Milei, cadena nacional, veto
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