POLITICA
Atentado a Cristina Kirchner | Los relatos insólitos de los testigos que desfilaron hasta aquí por el juicio oral
“¿Jura o promete decir la verdad de acuerdo a sus creencias sobre aquello que supiera o le fuera preguntado en este juicio?”, lo consultó la jueza Sabrina Namer. “Sí”, contestó Lucas Gabriel Ocampo. “Digo la verdad…no hay drama”, completó.
Ocampo fue uno de los tantos testigos que desfilaron por el subsuelo de los tribunales de Comodoro Py, donde se desarrolla el juicio oral por el ataque a Cristina Kirchner ocurrido el 1 de septiembre de 2022.
Martín “el negro” Almeida fue otro de los convocados. Es un humorista identificado con el sentir libertario. El miércoles de la semana pasada, al notar que ni la querella ni la fiscalía estaban presentes en la sala cuando se disponía a declarar, soltó: “Ni siquiera esperaron a mi show, iba a contar unos buenos chistardos”.
La tónica del juicio oral que tiene como procesados a Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo por intentar atentar contra la entonces vicepresidenta se debate entre la gravedad de las acusaciones que pesan sobre ellos, la solemnidad propia de la sala AMIA y las múltiples tonalidades que una amplia colección de testigos le imprimieron al caso en esto cuatro meses: algunos relatos, por lo inverosímil de su contenido, provocaron risas; otros evidenciaron mentiras e intereses puntuales; y otros tantos relevaron conductas llamativas, en ocasiones sórdidas.
“¿La ruptura pudo haberse dado porque usted le solicitaba [a Brenda] prácticas de zoofilia?”, preguntó el abogado de Uliarte, Alejandro Cipolla, a una expareja de su defendida. “Ay, no, por favor”, alcanzó a responder el testigo, mientras Uliarte sonreía detrás de su defensor y la jueza Namer buscaba restituir el orden en la sala.
Tampoco faltaron episodios vistosos, con ritmos casi circenses. El “trompazo” que Uliarte le propinó a Gastón Marano, el abogado de Carrizo, luego de eludir al personal del servicio penitenciario, mientras gritaba “a mí no me van a dar perpetua”, fue la última y más dramática escena de un trámite que tomó “ribetes raros”, en palabras de un letrado presente en todas las audiencias celebradas hasta la fecha.
Es que durante estos tres meses y medio de juicio hubo lugar para todo: las críticas de Cristina Kirchner al “partido” judicial; la militancia que lideró Andrés “Cuervo” Larroque en las afueras de Py durante su declaración; afirmaciones –luego desmentidas- sobre Sabag Montiel siendo un “sicario” pago por Alberto Fernández; el relato de un falso agente de la DEA que trabajaba en una planta panificadora; el testimonio de un policía desmemoriado, incapaz de recordar la fecha del atentado; testigos “militantes” con declaraciones colmadas de apreciaciones personales; una custodia que pidió borrar pruebas del ataque; amenazas y alusiones al sexo con animales, entre otras historias y personajes confusos.
Nicolás Lencina, un empleado de comercio de 29 años, es una de las exparejas de Uliarte que pasó por el estrado. Tras enterarse del ataque, en la misma noche de los hechos, le escribió a Brenda a través del teléfono de su hermana para mantener uno de sus “encuentros ocasionales”.
“Estaba pensando con el miembro”, se justificó, avergonzado, al ser interrogado por la fiscalía.
También fue indagado respecto a un dinero, cerca de 20 mil pesos, que recibió por parte de Uliarte. Tras un largo rodeo, el testigo admitió que de ese modo ella compraba su silencio: la procesada quería evitar que su familia se enterase que vendía material a Only Fans, una página de contenido erótico. Al término de la testimonial, se solicitó que sobre Lencina recaiga una investigación por extorsión.
Miguel David Robles, de 44 años, conoció a Uliarte por Facebook. El mismo día del atentado, le pagó por una de sus fotos la suma de mil pesos. Como quería conocer los detalles del ataque, le ofreció su ayuda a Brenda y le dijo que era miembro de la DEA, la agencia norteamericana de drogas.
“Me contó una cosas […], no te imaginás”, le contaría luego Robles a un tercero, según consta en uno de los audios que forman parte de la causa. A esta otra persona, Robles también le dijo que Sabag Montiel era un sicario “de la gente de [Alberto] Fernández”, a quien le habían prometido ocultarlo luego del ataque.
“Sí. Lo inventé todo”, aseguró Robles quien en realidad trabaja en una planta panificadora y hace reventa de gorras y objetos varios para apuntalar sus ingresos.
Por la sala Amia también pasó el primo de Brenda, Martín Alejandro Uliarte, un policía de la bonaerense de 22 años que intercambió llamados con ella antes, durante y después del ataque.
Sin embargo, no pudo aportar precisiones sobre lo conversado con su prima aquella noche, a pesar de que entre la fiscalía, el tribunal y la querella tiraron de su lengua durante horas.
Al policía, que no logró nunca ordenar su relato, debieron repetirle la fecha del ataque en varios tramos del interrogatorio. Cuando lo promediaba, había repetido 16 veces la frase “no lo recuerdo”, según el conteo de José Manuel Ubeira, uno de los abogados de Cristina KIrchner. Faltaban todavía otras tantas.
Namer, la presidenta del Tribunal Oral Federal número 6 -integrado también por Adrián Grünberg e Ignacio Fornari- intenta encauzar un torrente de testimoniales, por momentos imprevisible, en el que se arremolinan marginalidades, fervor militante, responsabilidades policiales y lealtades políticas. Todo ello como consecuencia de un ataque inspirado por motivos “éticos”, según afirmó Sabag Montiel al momento de declarar.
El ataque de Uliarte a Marano en la ultima audiencia -que no pasó a mayores y quedará en el anecdotario de Comodoro Py- encendió las alarmas del tribunal que tomará nuevos recaudos en un juicio que ya transcurre con una fuerte presencia policial.
“Somos muchos, trabajando muchas horas”, se lamenta alguien que hubiese preferido otro curso en los debates y trabaja en la diaria dentro del tribunal. “Es el primer juicio que se transmite en su totalidad que no es de lesa [humanidad]”, remarca la misma fuente.
El secretario de Cristina Kirchner, Diego Bermúdez, presente en la noche del ataque en Recoleta, también pasó a ofrecer su versión de los hechos. En línea con la estrategia de la querella, de la que también forma parte Marcos Aldazabal, Bermudez, un “militante de corazón” -según dijo-, agitó la hipótesis de que todo lo visto hasta aquí es solo la superficie y que detrás de las conductas de los procesados se esconde una trama que incluiría un financiamiento de la familia Caputo.
“No se investigaron un montón de hechos que me parecen muy relevantes. Como por ejemplo un montón de gente que cobró un montón de millones de pesos”, sostuvo, en alusión a un presunto pago realizado por la familia del ministro de Economía, según declaró.
Su relato, cargado de apreciaciones personales, motivó observaciones de la jueza, la fiscal Gabriela Baigún y Marano, el abogado defensor de Carrizo. “De la tele”, respondió cuando le preguntaron de dónde sacaba sus afirmaciones.
En medio del caos, la defensa de Sabag Montiel, el tirador frustrado, intentará poner en juego la teoría del delito imposible: buscará probar que el arma, una Bersa calibre 0.32, no estaba en condiciones de ser disparada; una estrategia que podría eximir de pena a Sabag Montiel.
Según repiten en los tribunales, la abogada del autor material del fallido ataque, la defensora oficial Fernanda López Puleio tiene sobradas aptitudes para hacer operativa la teoría.
Hubo otra escena curiosa que encendió las alarmas de la fiscalía. La declaración de Bermúdez, el secretario de Cristina Kirchner debió ser interrumpida por unos minutos cuando Uliarte, que escuchaba la audiencia desde el penal de Ezeiza, parecía repetir en eco algunas de las palabras del secretario, mientras sonreía y dibujaba círculos en el aire con las manos.
“Es una típica maniobra de simulación”, dijo la fiscal Baigún en un tramo de la audiencia, en alusión a una presunta estrategia para intentar declararse inimputable.
Namer llamó a un cuarto intermedio y Uliarte, con el micrófono ya apagado, quedó marcando el ritmo con una de sus manos y balbuceando lo que parecía ser una melodía.
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POLITICA
Procesaron a la empresa del broker amigo de Alberto Fernández en la causa por corrupción con los Seguros
El juez federal Sebastián Casanello procesó a la empresa del broker Héctor Martínez Sosa, amigo del expresidente Alberto Fernández, en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación de seguros estatales durante su gobierno. La firma Héctor Martínez Sosa y Compañía S.A. fue acusada de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y quedó alcanzada por un embargo de 2.870.729.545,61 pesos.
La decisión judicial también incluyó el procesamiento de otras seis empresas intermediarias de seguros y de un exfuncionario de la Quinta de Olivos. En conjunto, el fallo apunta a un esquema de intermediación con Nación Seguros que habría permitido el cobro de comisiones millonarias en contratos con organismos públicos entre el 10 de diciembre de 2019 y, al menos, marzo de 2024.
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El pronunciamiento fue dictado por Casanello en los últimos días de su subrogancia al frente del Juzgado Federal Nº 11, donde tramita el expediente. Allí resolvió la situación procesal de ocho personas jurídicas y de Hugo Daniel Rodríguez, un estrecho colaborador de Alberto Fernández durante su gestión presidencial.
Además de la empresa de Martínez Sosa, el magistrado procesó como partícipes necesarios del delito de negociaciones incompatibles con la función pública a Bachellier S.A., con un embargo de 9.669.697.257,25 pesos; Bri Broker S.A., por 851.650.603,17 pesos; TG Broker S.A., con 2.190.607.187,86 pesos; San Germán Seguros S.A., con un embargo de 6.582.763.800,51 pesos; y San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros S.A., por 1.872.781.809,21 pesos. En los dos últimos casos, además, se les imputó el delito de cohecho activo, por presuntos pagos de sobornos.
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También fue procesada San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales, aunque únicamente por el delito de dádivas, con un embargo fijado en 7.866.484.968,3 pesos. En contraste, el juez dictó la falta de mérito para la firma Levelar S.A., al considerar que no había elementos suficientes para procesarla ni para sobreseerla en esta etapa.
En paralelo, Casanello dispuso el procesamiento de Hugo Daniel Rodríguez, exadministrador de la Residencia Presidencial de Olivos. Al exfuncionario se le imputaron los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en calidad de partícipe secundario, e incumplimiento de los deberes de funcionario público, como autor. Sobre Rodríguez recayó un embargo de 787.997.801,56 pesos.
En su resolución, el juez sostuvo que las empresas imputadas se beneficiaron económicamente de la actuación ilegal de personas físicas que las representaban formal o informalmente y que no adoptaron medidas adecuadas para prevenir hechos de corrupción. Según el fallo, las firmas “toleraron la conducta desplegada por quienes ejercieron la máxima representación de la persona jurídica”, no denunciaron los hechos investigados a partir de mecanismos internos de control y no implementaron programas de integridad ni sistemas de supervisión orientados a prevenir ilícitos.
El magistrado remarcó, además, que ninguna de las compañías procedió a la devolución de los beneficios que habría obtenido de manera indebida, a pesar de los riesgos evidentes que implicaban sus contrataciones con organismos estatales y con Nación Seguros, la aseguradora pública involucrada en el esquema investigado.
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La causa Seguros ya había tenido un fuerte impacto político en noviembre pasado, cuando la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de Alberto Fernández por administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública. En esa resolución, los camaristas señalaron que existían elementos suficientes para sostener que el entonces Presidente intervino en favor de intereses privados vinculados a su entorno a través de su secretaria María Cantero, pareja de Martínez Sosa.
Según lo señalado por el Tribunal de Apelaciones, la concentración de las pólizas de seguro del Estado en Nación Seguros, tras un decreto firmado por Fernández, generó un aumento exponencial de los negocios derivados de esa relación. Esa situación, indicaron los jueces, fue aprovechada por intermediarios privados, con la intervención de funcionarios de la aseguradora estatal y la connivencia de brokers organizados en torno a Martínez Sosa.
Alberto Fernández, SEGUROS, Nación Seguros, corrupción K
POLITICA
El Gobierno extenderá las sesiones extraordinarias: pretende aprobar la reforma laboral antes del 1° de marzo
El Gobierno resolvió extender el plazo de las sesiones extraordinarias al sábado 28 de febrero, según confirmaron dos integrantes de la mesa política a Infobae, un día más de lo planeado para cumplir con el período legal correspondiente de los proyectos tratados antes de la Apertura de Sesiones Ordinarias, programada para el 1° de marzo.
Como anticipó Infobae, se trataba de un debate que maduró en la mesa política y que finalmente resolvió con la intención de completar el tratamiento legislativo ante el ajustado calendario electoral marcado por los feriados de Carnaval. De esta forma, el presidente Javier Milei deberá emitir un nuevo decreto que materializará la prórroga prevista para un día más, es decir el sábado 28 de febero.
El problema que mantienen hasta entonces reside en la emisión del dictamen, que en el escenario ideal debiera estar listo antes del 18 a raíz de los feriados del lunes 16 y martes 17, plan que se complejiza por las posibles salidas de los diputados a sus provincias durante el receso.
La ingeniería en el calendario se debe a la norma expresa en el reglamento de la Cámara de Diputados que establece que si faltan 10 días, o menos, para que termine el período de sesiones, sacar un dictamen carece de efecto práctico. Si bien el trámite solo requiere de un nuevo decreto, en Balcarce 50 admiten el error inicial a la hora del diseño de la hoja de ruta legislativa.
Con la postergación, la administración libertaria apuesta a concluir el debate por la reforma laboral, una de las principales obsesiones del libertario, que iniciará este miércoles en la Cámara de Senadores, con intención de ser convalidada en Diputados días más tarde, sin modificaciones.
Un escenario similar ocurrió el pasado diciembre, cuando el Congreso trataba el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, cuando se pensó ampliar el plazo para tratar el proyecto de “Modernización” Laboral que diseñó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Sin embargo, la postura fue resistada por quienes calificaban de compleja la tarea de convecer a los legisladores de sesionar durante en el período vacacional.
El proyecto que modificaría el esquema laboral configura una de las principales claves en la agenda del mandatario. Para su sanción, habilitó a sus alfiles negociadores a dar lugar a más 20 de modificaciones en el articulado, pero resiste la eliminación de la reducción en el Impuesto a las Ganancias, fuertemente cuestionado por los gobernadores, incluso los aliados, que ven afectada la recaudación de sus provincias.
Asimismo, además de la sesión de este miércoles, la Cámara Baja tratará el próximo jueves la Ley Penal Juvenil, con intención de reducir la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años, y el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, otro aspecto clave del temario.
El objetivo central es llegar al 1° de marzo, domingo en el que el mandatario libertario pronunciará su habitual discurso inaugural de sesiones, donde develará las prioridades del Ejecutivo durante el año legislativo, con los principales proyectos tratados. Bajo esta lógica, y ante el ajustado cronograma, algunos temas fueron pensados para tratar más adelante como el acuerdo comercial con los Estados Unidos y la Ley de Glaciares.
El tema de los plazos formó parte de la reunión de mesa política que tuvo lugar esta mañana en las oficinas del Ministerio del Interior que ocupa el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, bajo la supervisión directa de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Fueron parte de la misma los ministros Luis Caputo (Economía) y Diego Santilli (Interior), pero también el asesor presidencia, Santiago Caputo; la jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem junto al armador Eduardo “Lule” Menem.
Mesa Política
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Causa Cuadernos: se reanuda el juicio con una nueva audiencia centrada en los planteos de las defensas de los imputados
Se retomó el juicio por la denominada Causa Cuadernos con el planteo de las defensas de los imputados. Se espera que se presenten más pedido de nulidad, como ya la hicieron Cristina Kirchner, Julio De Vido y otros acusados.
El Tribunal Oral Federal N° 7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, escuchará hoy la defensa de los empresarios Rodolfo Armando Poblete y Benjamín Gabriel Romero, gerente general y titular de Hidrovía S.A.; del empresario Jorge Alberto Tasselli, presidente de Faraday SAICF y de General Plastic Corp S.A.; del exdirector ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá, Oscar Alfredo Thomas; del presidente del Grupo Albanesi S.A., Armando Roberto Loson; y de Aznar.
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En la última audiencia, Ernesto Clarens, el financista ligado al matrimonio Kirchner, negó vínculos con De Vido y rechazó la existencia de las 376 comunicaciones telefónicas que figuran en el expediente entre ambos.
En esa línea, su abogado condicionó la permanencia de Clarens como arrepentido y solicitó que se corrijan las afirmaciones del requerimiento de elevación a juicio que, según su criterio, contradicen el acuerdo de colaboración firmado con la fiscalía.
En su declaración, Clarens relató que en 2005 fue convocado por el empresario Carlos Wagner, quien le transmitió que el Gobierno nacional había decidido obtener fondos de la obra pública mediante una operatoria en la que él debía recibir los “retornos” de las constructoras y hacerlos llegar al entonces secretario de Obras Públicas, José López.
Según el expediente, Clarens recibía personalmente parte de esos pagos en sus oficinas de la calle Maipú. Otros imputados que se acogieron al beneficio del arrepentido lo señalaron además por supuestos aprietes y amenazas.
Luego fue el turno del empresario Gustavo Ferreyra, de Electroingeniería, representado por la exprocuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y pidió la nulidad de los cuadernos con las anotaciones de Oscar Centeno como prueba, por considerar que fueron adulterados.
Al retomarse el juicio, tras la feria judicial, el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, abrió las cuestiones preliminares denunciando un presuntoforum shoppingen el inicio de la causa y apuntó contra el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli por un supuesto manejo extorsivo de la figura del arrepentido. Esos argumentos fueron retomados por varias defensas que también pidieron la nulidad del proceso.
La defensa de Roberto Baratta, a cargo de Marcos Aldazabal, insistió en el vínculo entre Stornelli y el falso abogado Marcelo D’Alessio(condenado por extorsión y espionaje ilegal). Por su parte, la defensa de De Vido, encabezada por Maximiliano Rusconi, cuestionó la acusación y recordó que su cliente ya fue absuelto del delito de asociación ilícita en la causa Vialidad.
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Baratta y De Vido fueron señalados por varios empresarios arrepentidos como figuras centrales del esquema. La acusación sostiene que Baratta, junto a su chofer Centeno sería quien recibía el dinero en efectivo, mientras que De Vido aparecía como una de las cabezas de la presunta estructura.
Todos los pedidos de nulidad serán tratados por el Tribunal cuando concluya la etapa de exposición de las defensas.
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