La imagen del vocero presidencial, Manuel Adorni, exponiendo en conferencia de prensa la radiografía de un perro que fue incorporada en un expediente para acceder a una Pensión No Contributiva por Discapacidad Laboral, quedó grabada como símbolo de los certificados “truchos” que durante “los últimos 20 años” se autorizaban para obtener el beneficio del Estado Nacional. El documento formaba parte de un adelanto de auditoría que en julio de 2024 ordenó la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a cargo de Diego Spagnuolo. En esa oportunidad, el Gobierno denunció “un esquema de corrupción y desvío de fondos a través de la facturación de prestaciones médicas truchas” en la ANDIS que podría ascender “a un total de 3.400 millones de dólares”.

Después de esa aproximación, el Ministerio de Salud -del cual depende la ANDIS- implementó un relevamiento sobre la totalidad de los beneficiarios, que superan los 1,2 millones y que llega a 1,8 millones si se tiene en cuenta el universo total que cuenta con un Certificado Único por Discapacidad. Los resultados que hasta ahora se detectaron superan la imagen de RX que escandalizó al funcionario de Javier Milei.

En la provincia de Buenos Aires descubrieron un hecho que parece increíble, pero es real: una mujer se presentó ante los médicos auditores disfrazada de hombre para intentar hacerse pasar por su marido fallecido; se investiga por qué ese deceso no estaba registrado en los sistemas del Estado.

Este hallazgo fue posible porque, por disposición de Spagnuolo, los beneficiarios que recibieron la carta documento para convocarlos a validar el CUD debían hacerlo de modo presencial. Por esa razón, y de manera inconcebible, ante los peritos médicos se presentaron 331 prófugos de la Justicia que estaban recibiendo pensiones de manera indebida. De ese grupo, 33 fueron puestos a disposición de los juzgados que habían solicitado su captura y 14 fueron detenidos en un solo operativo. Uno de ellos tenía ocho causas penales.

Para las autoridades de La Libertad Avanza, al menos durante el gobierno anterior, “el desvío de fondos destinado a pensiones no contributivas por discapacidad” fue de un 40% sobre el monto anual. Por esa razón, las irregularidades derivaron en una denuncia penal que es investigada por el fiscal federal Guillermo Marijuan.

Ejemplo de irregularidades

En la provincia de Buenos Aires, los casos más alarmantes en las auditorías que aún están en marcha, son:

-Un hombre, que tenía cuatro diagnósticos de salud diferentes, asistió acompañado por un abogado

-Beneficiarios aseguraron que recibieron la pensión con el “respaldo “del Movimiento Evita”. También fueron acompañados por abogados.

-Se presentaron dos personas que estaban cumpliendo una condena impuesta por la justicia. Una de ellas tenía arresto domiciliario y llevaba colocada una tobillera electrónica. No avisó que se alejaría del domicilio, pero tampoco la policía apareció para detenerlo. En el segundo caso se presentaron familiares que informaron que el beneficiario estaba preso en un penal.

Para las autoridades nacionales, “lo más alarmante de estos casos, además de encontrarse en incompatibilidad por estar cumpliendo condena o a disposición de la Justicia, es que a ambos se les entregó la pensión de modo exprés, en tan solo 13 días, y con condiciones de salud que no acreditaban para recibir la prestación”.

-Un hombre de 40 años que vive en La Matanza cobró su pensión apenas tres días después de iniciar el trámite, a pesar de que su auditoría médica fue desfavorable.

Casos en la provincia de Chaco

-Amputación falsa: una mujer se presentó para auditar su pensión, la cual había sido otorgada por una supuesta amputación del brazo derecho. Sin embargo, esto no era cierto. La beneficiaria tenía buena salud y no había perdido ningún miembro de su cuerpo. La Justicia investiga al profesional que falsificó el certificado para obtener la pensión.

-Diagnósticos confusos: el informe oficial señala que se detectó a “beneficiarios que ofrecieron respuestas contradictorias sobre sus condiciones de salud”. Por ejemplo, una persona alegaba tener hipertensión, mientras que el Cuerpo Médico de Evaluación registraba diabetes. Este patrón se repitió en múltiples casos”.

-Pensión por cáncer de mama inexistente: un caso particularmente alarmante involucró a una mujer que recibió una pensión por cáncer de mama, a pesar de que nunca fue diagnosticada con esta enfermedad. Además, la beneficiaria confesó que nunca se hizo una mamografía.

-Pie plano: en otro caso, una niña recibió una pensión debido a un diagnóstico de pie plano, lo que genera dudas sobre la rigurosidad de los criterios utilizados para otorgar estos subsidios.

-Confesión de fraude: una mujer admitió durante la auditoría que no padecía ninguna enfermedad y que su pensión fue gestionada por su empleadora, con el fin de evitar el pago de su salario.

-La misma radiografía de hombro fue presentada por un médico como prueba en 150 pensiones por invalidez.

-Una causa judicial reveló la complicidad de médicos, directores de hospitales, funcionarios municipales e intermediarios para la obtención de Pensiones No Contributivas por discapacidad “truchas”.

-En Chaco, más del 66% de los beneficiarios cobraba de manera irregular una pensión por incapacidad laboral.

Una cifra impactante

En la provincia de Formosa, el 7% de la población accedió a la pensión. El triple del promedio nacional.

-Hay localidades como Misión Laishi donde el 18,3% de los habitantes cobra el beneficio.

Hasta el momento, se han enviado 470.000 cartas documento a beneficiarios para verificar datos personales y confirmar su elegibilidad. Sin embargo, 221.189 de estas notificaciones no pudieron ser entregadas debido a problemas como direcciones incompletas, rechazos por parte de terceros o cambios de domicilio. Además, se identificaron 928 beneficiarios fallecidos y 100 personas que renunciaron a la pensión tras recibir la notificación. Según el Gobierno, este grupo de beneficiarios podría ser dado de baja por no haber completado correctamente la declaración jurada requerida.

La auditoría masiva sobre el sistema de pensiones por invalidez laboral continúa en todo el país, con 83.616 entrevistas médicas ya realizadas y 128.660 adicionales programadas. Según el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, este proceso busca garantizar la transparencia y la correcta asignación de los recursos públicos, al tiempo que expone las fallas y los abusos en el sistema. Para la Casa Rosada, los resultados preliminares evidencian la necesidad de una revisión exhaustiva para evitar fraudes y garantizar que las pensiones lleguen a quienes realmente las necesitan.