Los reclamos ante la Corte Suprema por temas previsionales crecieron un 470% en los últimos seis años y, durante el primer semestre de 2025 -la última estadística pública disponible-, constituyeron casi el 70% de todas las presentaciones que golpearon las puertas de la más alta instancia en la Justicia.

Los datos de la Corte ofrecen una foto -ni siquiera la final- de un fenómeno en expansión, que sube y baja por la Justicia y presiona sobre toda su estructura. Enfrenta a jubilados cada vez más activos en los litigios, que acuden a la Justicia para reclamar reajustes y pagos retroactivos, contra la Anses, que acostumbra a llevar hasta las últimas instancias los fallos adversos, generando un pasivo para el Estado que casi no deja rastros contables.

El aumento de la “judicialización” previsional se explica por una serie amplia de factores. Algunos son políticos, como la moratoria de 2005, que incorporó al sistema a más de dos millones de jubilados sin aportes planificados; otros son de índole demográfica, como el aumento de la esperanza de vida, que naturalmente amplía ese segmento poblacional; y otros, coyunturales, como la creación de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (Puam) o la enorme cantidad de modificaciones en los haberes, con o sin aval del Congreso.

La fórmula jubilatoria y su actualización son tan sensibles para las arcas estatales como para la Justicia. Cualquier variación genera una nueva ola de reclamos, explican fuentes judiciales, que nacen en los juzgados de seguridad social, pasan por la Cámara previsional y terminan, muchos de ellos, en la Corte.

En 2020 los reclamos previsionales presentados ante el máximo tribunal fueron casi 7.400; en 2021, treparon a 13.000; en 2022 y 2023 se mantuvieron en los 20.000; en 2024, las presentaciones superaron los 30.000 escritos y en 2025, según fuentes judiciales, llegaron a ser más de 42.000.

El principal actor detrás de la escalada es la Anses. Histórica e invariablemente, el organismo demoró, bajo Gobiernos de distinto signo, los pagos validados por la Justicia, incluso después de una sentencia firme de la Corte. A tal punto que una resolución de 2024, bajo el mandato de Mariano de los Heros, estableció la “adecuación inmediata” de los pagos una vez dictada una sentencia del máximo tribunal.

En instancias previas del fenómeno hay algunas muestras fragmentadas. Fuentes de los juzgados previsionales señalan que hace 10 años, en un día promedio, recibían alrededor de 380 presentaciones. Ese número escaló a 600, con picos de 1.000 presentaciones en los días de mayor actividad. Ahora, en cada uno de los 10 juzgados que integran el fuero están activas alrededor de 60 mil causas, es decir, un total de 600 mil. Y en cada una de las tres salas de la Cámara, cerca de 4500.

El Juzgado de Seguridad Social n° 7, a cargo de Alicia Braganthi, hace públicas algunas de sus cifras en redes sociales. En 2020 –año de la pandemia- registró un promedio mensual de 7600 presentaciones. Fueron creciendo con los años y hoy está cerca de los 11 mil.

El crecimiento se explica a partir de la cada vez más afianzada digitalización, que permite realizar las presentaciones en cualquier momento, señalan las fuentes. Ese factor y otro mucho más llamativo les imprimen a las causas, además, un mayor dinamismo.

En algunos juzgados sorprende que los jubilados se hayan convertido en litigantes cada vez más atentos y comprometidos. En uno de ellos, sostienen que es cada vez más habitual que personas de más de 90 años llamen preocupadas tras detectar que su expediente, durante la última semana, no mostró signos de vida. “Es notable la mejora cognitiva de los jubilados en los últimos años”, celebra una fuente del fuero, que sin embargo, no esconde sus dudas respecto a la sostenibilidad del sistema. “Son personas que tienen más años de pasivos que de activos”, desliza.

De acuerdo con las proyecciones que parten de algunos juzgados previsionales, las presentaciones en el fuero podrían haber superado con creces el millón de escritos durante 2025.

Avalancha judicial

Del mismo modo en que una apertura masiva de concursos preventivos pone a prueba los mecanismos de respuesta de la Justicia comercial, cualquier tipo de modificación relativa a los haberes hace caer una lluvia de planteos sobre la Justicia previsional, incluso con presentaciones provenientes de quienes no se vieron alcanzados por la medida. Algunas fuentes judiciales reseñan que la verdadera “industria del juicio” no es la laboral sino la jubilatoria.

Entre los primeros veinte planteos de 2025, está el de Noemí, una jubilada de 84 años. Denunció que los decretos sistemáticos que durante el gobierno de Alberto Fernández reforzaron la jubilación mínima con un bono -como el decreto 177/2024, que estableció el pago adicional de 70.000 pesos- generaron un “achatamiento” de la pirámide jubilatoria y quebraron la proporcionalidad entre el esfuerzo contributivo y los beneficios.

Su planteo lleva un año en la Justicia. En diciembre último, el Juzgado Previsional N.º 5 le corrió vista a la Anses y con el regreso de la actividad tras la feria judicial el organismo deberá pronunciarse. Es el inicio de un trámite que, de ser desfavorable para el Estado, seguramente acabará en la Corte junto con otros miles de “Noemis”, sobre los que el máximo tribunal deberá establecer un criterio.

Así, con una estrategia judicial recursiva, la Anses demora los pagos y los reclamos de los jubilados que ya han sido validados por la Justicia en primera y segunda instancia se convierten en una suerte de herramienta financiera y constituyen, además, pasivos del Estado que no figuran en ninguna planilla, por más que el presupuesto del organismo contemple un apartado para los juicios perdidos.

En 2024, por caso, más del 50% de todos los planteos ante el máximo tribunal correspondieron a la Anses.

“El origen del problema es que las normas previsionales hacen promesas muy difíciles o directamente imposibles de cumplir”, contrapone Osvaldo Giordano, presidente de Ieral-Fundación Mediterránea y exdirector del organismo de seguridad social.

“El sistema promete pagar jubilaciones de determinado monto cumpliendo determinados requisitos a lo que se suma una pensión si fallece el titular y tiene conviviente. Esa promesa, especialmente en los regímenes especiales, es actuarialmente superior a la suma de los aportes que se hicieron durante la vida activa”, advierte.

“La ‘solución’ –agrega con ironía- es manipular la regla de movilidad en un contexto de alta inflación. De esa manera, se licua el haber, es decir, se licua la promesa. Esta es la principal fuente de juicios. Permite transitoriamente equilibrar gastos con ingresos pero es la que genera juicios que lógicamente la Anses pierde de manera sistemática”

Capacidad de respuesta

En sus datos estadísticos, la capacidad de respuesta de la Corte Suprema frente a la creciente cantidad de casos queda reflejada en la variable “stock”, es decir, el diferencial entre los expedientes que entran y los que salen, resueltos.

En los últimos años el resultado es desfavorable porque el saldo final de la secretaría previsional lo es, pese a los esfuerzos.

Los números de la Corte se mueven al compás de lo que suceda allí, en la secretaría previsional.

El “stock” previsional creció de manera sostenida entre 2014 y 2019, año en que los casos acumulados se establecieron en 13.783. A fines de diciembre de 2018, la Corte desagotó la secretaría previsional con el fallo conocido como “Blanco”. En favor del reclamo de los jubilados, resolvió que los haberes deben actualizarse con el índice ISBIC (salarios básicos de la industria y la construcción) y no con el RIPTE.

Con el fallo “Blanco” de por medio, durante 2019 se firmaron un total de 1.148 sentencias que impactaron sobre un universo de 16.414 casos. Pero los últimos cinco años dibujaron una nueva línea ascendente que ya en 2024, con 24.495 casos, superó incluso al pico de 2019.

En 2020, los reclamos jubilatorios que ingresaron a la Corte representaron el 58% de las presentaciones; en 2021, el 52%; al año siguiente crecieron al 65%; durante 2023 retrocedieron apenas tres puntos, hasta el 62%; en 2024 volvieron a trepar al 68% y durante el primer semestre de 2025 escaló al 69,5%. En esos seis meses es estableció un récord histórico de presentaciones diarias, según las fuentes consultadas.

Las cifras previsionales se agravan con el omnipresente problema de las vacantes, que comienza en la Corte -con solo tres de cinco magistrados- y se expande por todos los fueros, incluido el previsional. De los 10 juzgados de la Seguridad Social, solo tres tienen jueces designados, y de los nueve camaristas que deben revisar las decisiones de primera instancia, apenas tres están nombrados como titulares.