En medio de las advertencias al Gobierno sobre los niveles de desempleo, la titular del Senado, Victoria Villarruel, activó un sistema de pasantías para estudiantes mayores de 18 años con pagos por encima de lo que sería hoy un haber previsional mínimo. La Vicepresidenta, cada vez más alejada de la administración central a la que aún pertenece -al menos, en los papeles-, además extendió dos retiros para empleados: el reciente de plata en mano y el clásico previo a la jubilación, que bajo la excusa de liberación de cupos se esconde, muchas veces, la frenética ubicación de propios para copar espacios de poder y blindar cierto control en la Cámara alta, que es lo único a lo que puede aspirar en la actualidad la funcionaria en cuestión y su ínfima mesa política, que la “ayuda” casi en nada.

Para avanzar con este asunto, Villarruel se apoyó en una ley y reglamentaciones de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. ¿Qué se exige? En primer lugar, ser “alumno regular de la institución secundaria técnica, terciaria o universitaria seleccionada” por el Senado, así como la mayoría de edad (18) y contar con antecedentes académicos como “promedio mínimo de 7 durante los 12 meses anteriores a la pasantía”; haber aprobado “el equivalente a 10 materias en su carrera terciaria o universitaria”, o “cursar el último año del secundario técnico”; y un certificado médico por autoridades sanitarias oficiales que permitan realizar las eventuales tareas.

“Los pasantes percibirán una asignación estímulo mensual para viajes, gastos y erogaciones derivadas del ejercicio. El monto al que ascenderá dicho estímulo, por todo concepto, será el equivalente a 200 módulos”. El valor de cada uno se encuentra hoy en $2.554. Por ende, $510.800. La cantidad de horas que se demanda es de 20 por semana, y la relación –no laboral, pero sí correrá la antigüedad, por caso- se “extenderá durante un mínimo de dos meses y un máximo de 11”. Se permite una renovación, “por única vez”, de medio año.

Por otra parte, la “Dirección General de Recursos Humanos designará” a “tutores, de acuerdo a las áreas que se encuentren implicadas en el proyecto integral de pasantía”. En ese sentido, el decreto presidencial firmado por Villarruel impone que cada uno de éstos “podrá tener asignado hasta cinco pasantes” y que la “labor será retribuida con el equivalente a 10 horas cátedra, por todo concepto”.

Días atrás, este medio contó que la mencionada dirección, que comanda Alejandra Figini -responde sin chistar a la vice-, fomentó un curso sobre “herramientas de coaching” ontológico “para el entorno laboral”. La tarea fue realizada por una planta permanente que trabaja hace largos años en despachos de extracción radical. Entre los “objetivos específicos” se hallaba el de “adquirir conocimiento sobre las tres dimensiones del ser humano”: cuerpo, lenguaje y emociones.

Retiros por doquier

Según consta en la web de la Cámara alta -pese a olvidos selectivos de decretos, continúa muy arriba de Diputados a la hora de comparar la transparencia en información-, Villarruel aprovechó el 19 de marzo último para sostener dos medidas.

Una de ellas reanuda “a partir del 9 de marzo y hasta el 29 de mayo de 2026, inclusive, el plazo para la presentación de la solicitud de adhesión al Régimen de Retiro Anticipado Previo a la Jubilación”. Este tema ya fue comentado en el pasado y permite limpiar decenas de cupos por todos lados. Varias gestiones lo han llevado a cabo. No es nuevo.

Sí fue llamativa la prórroga, hasta el 30 de abril, del que implica plata en mano -sólo para planta permanente-, debido a quesignificaría un gasto adicional para un presupuesto en el Senado sobre el que advirtió la propia Villarruel, en diciembre, último a este medio y un centenario matutino impreso. Las cosas parecen haber cambiado y hasta se actualizaron los viáticos de legisladores y autoridades que viajen al exterior, ya sea en euros o dólares, según la zona. Curioso.

Senado

El mundo de los derechos humanos despidió a una de sus figuras más relevantes: la ex jueza María del Carmen Roqueta. Su trayectoria marcó un antes y un después en la búsqueda de justicia para las víctimas de la última dictadura militar, especialmente en los casos vinculados al Plan de apropiación de menores.

La noticia de su fallecimiento generó expresiones de pesar desde diferentes organismos, entre ellos Abuelas de Plaza de Mayo, quienes destacaron su compromiso y agradecieron por el rol de Roqueta en su lucha.

La ex magistrada tuvo a su cargo procesos que permitieron esclarecer y condenar crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1983. Su presencia como presidenta del Tribunal Oral Federal N°6 de la Ciudad de Buenos Aires fue determinante para poner fin a décadas de impunidad y reconocer oficialmente la existencia de un plan sistemático de secuestro, retención y ocultamiento de niños y niñas.

El 6 de julio de 2012, en una audiencia histórica, la magistrada comunicó la condena a nueve militares por estos delitos, entre ellos el dictador Jorge Rafael Videla, sentenciado a 50 años de prisión.

Así, bajo la presidencia de Roqueta en el Tribunal Oral Federal N°6, la Justicia dio por probada la “práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad en el marco de un plan general de aniquilación que desplegó sobre parte de la población civil, con el argumento de combatir la subversión implementando métodos del terrorismo de Estado durante los años 1976 a 1983 de la última dictadura militar”. Así lo declaró la jueza al comunicar la sentencia en 2012.

Este fallo estableció un precedente fundamental al reconocer por primera vez en sede judicial la existencia de este sistema de apropiación, una de las demandas históricas de las Abuelas de Plaza de Mayo.

El impacto de esta resolución fue inmediato: sentó las bases para otros procesos judiciales y contribuyó a la identificación y restitución de la identidad de decenas de nietos y nietas apropiados durante el terrorismo de Estado.

Durante su gestión en el Tribunal Oral Federal N°6, Roqueta también presidió otras causas vinculadas a la apropiación de bebés, como las conocidas bajo los nombres de Fontana-Sandoval, Madariaga-Quintela y Médicos de Campo de Mayo.

En todos esos procesos, la actuación de Roqueta fue valorada por su rigor y su respeto por los testimonios de las víctimas. Abuelas de Plaza de Mayo destacó especialmente su “trayectoria amplia y comprometida con los derechos humanos”, y subrayó que su tarea judicial resultó esencial para esclarecer el destino de los menores desaparecidos y restituir su identidad.

De hecho, en 2019, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la distinguió como Personalidad Destacada en el ámbito de los Derechos Humanos. El acto se realizó el 10 de junio en el Salón San Martín, con la presencia de familiares, colegas y referentes de organismos de derechos humanos. La propuesta fue impulsada por la diputada Victoria Montenegro.

Roqueta también se desempeñó como docente universitaria, donde formó a nuevas generaciones en temas vinculados a la justicia y los derechos humanos.

La despedida de sus restos se realizó durante la noche del domingo en Casa América, ubicada en Acevedo 1120, entre las 20 y la 1.

En sus últimas apariciones públicas, Roqueta participó el 31 de mayo de 2025 en un acto por el décimo aniversario del Museo Sitio de Memoria ESMA, reafirmando su vínculo con los espacios de memoria. Además, en junio de 2025, compartió reflexiones sobre los juicios del Plan Cóndor en un Encuentro Regional de Derechos Humanos, aportando su experiencia a debates académicos y sociales.

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El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, continúa con los cambios dentro de la cartera y se espera que esta semana concrete una modificación en la Subsecretaría de Derechos Humanos.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae, Joaquín Mogaburu dejará su cargo a pocos tres meses de haber iniciado su gestión y será reemplazado por Leonardo Szuchet, un abogado penalista que ya ocupó puestos en el área durante la administración de Mauricio Macri en la Ciudad y la Nación.

El relevo ocurre en el marco de la reconfiguración impulsada por Mahiques, quien busca consolidar un equipo propio en áreas clave tras su reciente asunción. Mogaburu, que había ingresado por su cercanía con Sebastián Amerio, ex número dos del ministerio en la gestión de Mariano Cúneo Libarona.

Szuchet se desempeñó como jefe de gabinete de Claudio Avruj durante la gestión nacional de Cambiemos y fue director de atención a las víctimas en la Ciudad de Buenos Aires entre 2011 y 2015. Actualmente, es vicepresidente del Consejo Argentino para el Desarrollo y los Derechos Humanos. El cambio sería oficializado el próximo miércoles.

La noticia se conoce días después del 50° aniversario del inicio de la última dictadura militar. En este contexto, pese al cambio, desde el Gobierno deslizaron que no habrá variaciones en su postura respecto a los derechos humanos.

La semana pasada, se conoció la salida de un funcionario clave. Se trata de Alejandro Melik, quien fue designado en diciembre de 2023 al frente de la Oficina Anticorrupción. Finalmente, su renuncia fue oficializada el pasado 27 de marzo a través de la publicación del decreto 194/2026.

Una de las apariciones más relevantes de Melik ocurrió cuando explotó el caso $Libra, dado que firmó una resolución que recomendaba interpretar el accionar de Javier Milei “como un acto de comunicación individual o privada”. El texto se emitió tras una investigación administrativa que analizó la conducta del mandatario y de otros funcionarios en relación con la promoción pública de este proyecto.

En su lugar, Mahiques designó a la doctora Gabriela Carmen Zangaro, una letrada egresada de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y especialista en Derecho Penal con una extensa trayectoria en el ámbito judicial y académico.

Realizó el Doctorado en Derecho Penal y Ciencias Penales en la Universidad del Salvador, completó el Posgrado en Derecho Penal en la Universidad Católica Argentina y profundizó su formación en Derecho Penal Tributario en su aplicación al área de Ciencias Económicas en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, de acuerdo a lo que indica consejo.jusbaires.gob.ar.

Inició su carrera judicial en 1989 y, desde entonces, ha ocupado distintos cargos en el Poder Judicial e integra el cuerpo docente del ciclo de Formación de la escuela de posgrado del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, donde participa en la capacitación de profesionales del derecho.

Durante cuatro años formó parte del Jurado de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura, donde representó a los jueces en procesos de evaluación y control. A lo largo de su carrera, la magistrada combinó la labor jurisdiccional con la docencia, participando en distintas instancias de formación y actualización dentro del ámbito jurídico.

En paralelo, designaron a la subsecretaria de Acceso a la Justicia que remplazará a Tristán Arturo Corradini, quien estuvo al frente hasta el 6 de marzo pasado.

Al igual que con Melik, con el decreto 195/2026, agradecieron al funcionario por haber desempeñado dicho cargo y procedió con el nombramiento de la politóloga Jimena Belén Capece.

La Subsecretaría de Acceso a la Justicia cumple un rol central en la elaboración y coordinación de programas jurídicos, sociales y de atención comunitaria bajo la órbita del Ministerio. Entre sus principales funciones, se encuentra la tarea de diseñar, planificar e implementar políticas públicas federales de acceso a la Justicia, con el objetivo de garantizar que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos de manera efectiva en todo el país.

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