POLITICA
Avances y retrocesos camino a octubre: el poder de la “lapicera” y el estreno de la Boleta Unica de Papel
El oficialismo y la oposición ajustan las piezas para la campaña y repasan el nivel de daños después de un cierre de listas que dejó heridas en casi todos los espacios, algo que ya asoma en el Congreso y en la relación de Olivos con gobernadores. Como sea, tapado por esos ruidos y los de la campaña, el camino a octubre expone un contrapunto más de fondo entre algún avance y un claro retroceso político: por un lado, la próxima elección nacional estrenará la Boleta Unica de Papel y, por el otro, la definición de candidaturas volvió a ser un tema lejano para el común de la gente. Se destacó el poder de la “lapicera”, especialmente en manos de Karina Milei y Cristina Fernández de Kirchner. Una en ascenso, otra declinante, y las dos con diferentes limitaciones.
Ese cuadro es obra de intereses variados y mezclas políticas. En octubre del año pasado, la coronación del nuevo sistema de papeleta electoral, la BUP, había mostrado un corte hasta entonces más repetido, que enfrentaba a una convergencia de oficialistas, aliados y dialoguistas con el PJ/K. Eso fue cambiando, y no solo por cuestiones temáticas. La suspensión de las PASO, en pleno verano, expuso internas y fisuras más extendidas, sobre todo en el peronismo/k, que mantuvo un puñado en contra, una porción abiertamente a favor y otra que acompañó discretamente con el recurso de las abstenciones. Los crujidos de estas horas en el Congreso hablan de otros reacomodamientos.
La suspensión de las elecciones primarias para este capítulo de octubre fue una fórmula intermedia frente al planteo de la eliminación, una manera de sintonizar con la fatiga social por la sucesión de elecciones pero sin abordar la cuestión central, es decir, el modo más abierto para la coronación de candidatos. A la tradición de Olivos, se añadió el plan mileista para extender el color violeta distrito por distrito. Y, más allá de la formulación pública, el juego kirchnerista, que nunca utilizó el mecanismo de las PASO para la integración de listas. Nunca hubo voluntad de mejorar el sistema -por ejemplo, haciéndolo optativo- y nada indica que vaya a sobrevivir con nuevo formato.
Las miradas se concentraron entonces en la afirmación del poder de Karina Milei, como instancia superior en el armado electoral del oficialismo, y el papel de CFK, a pesar del visible deterioro de su jefatura, expuesto en las dificultades para contener a su propio núcleo y en los desaires de gobernadores. En el oficialismo nacional, quedó saldada al menos en este terreno la interna del círculo de Olivos, que relegó al menos en este terreno a Santiago Caputo. Es una tensión que en parte disimula la campaña.
El mileismo tejió o forzó acuerdos con el PRO en una decena de distritos. El caso porteño fue quizá el más significativo, porque reprodujo la suspensión de las primarias -y dejó así al macrismo sin el mecanismo utilizado para definir alianzas, en sus mejores momentos- y porque marcó el camino de subordinación amarilla impulsado desde Olivos, después del desgaste en las relaciones con Mauricio Macri y la derrota de mayo. Eso mismo alimentó la negociación en territorio bonaerense, con el terceto -Cristian Ritondo, Diego Santilli y Guillermo Montenegro- que ya jugaba fuerte a pesar del ex presidente para septiembre y octubre.
Karina Milei impuso su criterio para definir lugares en las listas y nombre y color de la sociedad electoral. Finalmente, anotó acuerdos con el PRO en una decena de distritos, conjunto en el que se destaca, además de los casos porteños y bonaerense, el entendimiento en Entre Ríos, con Rogelio Frigerio. Entre las provincias donde no avanzó se cuenta Chubut, gobernada por Ignacio Torres, que apostó con otros cinco jefes provinciales a un armado con vistas al 2027.
El tema de los gobernadores es un renglón pobre en la cosecha de Karina Milei y, además, aparece como un ingrediente principal de enojos provinciales, con efecto en el Congreso antes de llegar a las elecciones. En rigor, además de los casos referidos, suma la reedición del trato con el radical chaqueño Leandro Zdero y el acuerdo con el mendocino Alfredo Cornejo, también de la UCR. En cambio, habrá pelea en las otras tres provincias en manos de alianzas que encabeza esa marca: Santa Fe, Jujuy y Corrientes, que a fines de este mes elige gobernador.
Para CFK, todo resultó en escala descendente, detenida en su departamento de Constitución y con crisis incluso en el núcleo kirchnerista, una disputa ilustrada por Axel Kicillof y Máximo Kirchner, pero que tiene estribaciones entre jefes territoriales. La ex presidente debió jugar al límite para sellar un acuerdo de compromiso entre su círculo, el gobernador, el massismo y hasta Juan Grabois, para octubre. Y para septiembre, tuvo que atender el juego de los intendentes.
Las intervenciones de la ex presidente alcanzaron a otros distritos, pero con decreciente intensidad. El caso más notorio fue el de Santa Fe, para lograr una lista de unidad, que de todos modos no convoca a todo el peronismo provincial pero evitó la fractura. En cambio, la mayoría de los gobernadores del PJ hizo valer su peso: fueron “lapiceras” propias o acuerdos internos locales los que terminaron definiendo candidaturas, sin peso de CFK.
Fuera del repetido y agravado trasiego político, la elección de octubre presenta al menos una novedad: el externo de la BUP. Es un cambio al menos en tres puntos. El primero: el manejo de las boletas -distribución y disponibilidad en los centros de votaciones- es responsabilidad del Estado. Eso podría diluir o moderar el peso de los aparatos partidarios, que en algunas provincias se confunde además con la estructura de gobierno. El segundo: impediría viejas prácticas fraudulentas (voto en cadena, el más conocido) y maniobras como el robo de boletas de alguna fuerza política. Y el tercero: desarmaría negocios con la impresión de boletas, además de reducir presupuesto.
Viejos hábitos de poder que hicieron más fatigante la definición de alianzas y listas, estreno de la boleta única y un agregado que fue creciendo con la sucesión de capítulos provinciales: la incertidumbre sobre el nivel de participación ciudadana. La respuesta llegará el último domingo de octubre.
POLITICA
Actualizaron el régimen de registro de armas para las fuerzas de seguridad nacional en actividad y personal retirado
El Registro Nacional de Armas (RENAR) implementó a través de la Resolución 17/2025 una serie de medidas que actualizan el régimen de la base de datos y control de armas y usuarios pertenecientes a las Fuerzas de Seguridad, Policiales, Penitenciarias y Armadas de la Argentina.
El objetivo de estos cambios es adaptar los procedimientos de altas y bajas de material institucional, además de ordenar el sistema de registro y fiscalización de la condición de legítimo usuario y portador de armas de fuego. Se trata de una de las tareas principales del RENAR, restituido a principios de julio a través de una medida oficial tras haber sido disuelto hace aproximadamente una década.
La normativa responde a modificaciones previas dispuestas por el Decreto 409/2025 al régimen general de armas, modernizando procedimientos y estableciendo nuevas obligaciones para todas las instituciones mencionadas en el marco de la Ley Nacional de Armas y Explosivos. Los cambios empezaron a correr a partir del 19 de junio, cuando el Gobierno publicó la normativa a través de Boletín Oficial que alcanzaba al personal de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, servicios penitenciarios, policías provinciales, asociaciones de tiro y usuarios civiles en todo el país.
Esta actualización implica la aprobación de instructivos específicos para las fuerzas federales, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, abarcando tanto miembros en actividad como personal retirado de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Servicio Penitenciario Federal, Fuerzas Armadas, junto con sus equivalentes provinciales y porteños.
El nuevo régimen también exige que las instituciones mantengan actualizados ante el organismo los inventarios de armas institucionales. Cada fuerza debe recordar que, para otorgar permisos de tenencia y portación, es esencial la correcta evaluación de antecedentes personales, profesionales y condiciones psicofísicas del solicitante.
En este sentido, el texto subraya que es “indispensable establecer con claridad el deber de las fuerzas comprendidas de informar y mantener actualizada ante el RENAR la situación psicofísica, disciplinaria y patrimonial del personal a su cargo que posean armas registradas o permisos de portación, con el fin de prever sanciones ante el incumplimiento de tales deberes”. La falta de actualización o el incumplimiento de la entrega de información por parte de las fuerzas implicará la responsabilidad administrativa de sus funcionarios, según explicita el texto normativo.
Para acceder al estatus de legítimo usuario y a la autorización de portación, tanto el personal en actividad como quienes estén en situación de retiro deberán adecuar sus solicitudes a los nuevos instructivos. El personal con permisos vencidos también deberá realizar un trámite completo bajo los parámetros vigentes. El texto también aclara que los miembros exonerados o dados de baja obligatoriamente por cuestiones disciplinarias perderán la condición de legítimo usuario y deberán ajustar sus acciones.
Otros aspectos centrales de la resolución son los plazos y modalidades para la actualización de datos y declaraciones. Todos los agentes de las fuerzas comprendidas contarán con sesenta días corridos desde la publicación oficial para enrolarse de manera electrónica a través del portal habilitado (mirenar.minseg.gob.ar), declarando su pertenencia institucional, domicilios vinculados a la guarda del material e información de contacto. Paralelamente, las fuerzas tendrán un plazo de noventa días corridos para informar al RENAR, vía declaración jurada digital, el estado psicofísico y la situación de revista de sus miembros que poseen armas o tramitan permisos de portación.
A partir de la publicación del Decreto 409/2025 a mediados de junio, la cartera que conduce Patricia Bullrich hizo cambios significativos en la reglamentación de la Ley N° 20.429 de Armas y Explosivos. Esto modificó los procedimientos de tenencia y portación de armas de fuego para personal de las fuerzas de seguridad nacional. La resolución impactó tanto en el personal activo como el retirado, al igual que la reciente medida publicada en Boletín Oficial.
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POLITICA
El Gobierno creó un programa para financiar la participación de películas argentinas en festivales internacionales
A través de la resolución 539/2025, el Gobierno creó el Programa para la difusión de películas nacionales terminadas a nivel internacional, una iniciativa del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) que busca promover la presencia de producciones nacional en algunos de los principales festivales del mundo.
Se trata de un plan de ayudas económicas con carácter de reintegro, destinadas exclusivamente a la compra de pasajes aéreos en clase económica para productores, directores, actores y miembros clave del equipo técnico de las películas.
Según dicta la norma, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, cada film podrá recibir hasta dos apoyos en total, siempre y cuando participe en los festivales incluidos en un listado específico, basado en los certámenes acreditados por la Federación Internacional de Asociaciones de Productores de Filmes (FIAPF).
Algunos de los eventos mencionados son el Festival de Cannes, la Berlinale, Venecia, San Sebastián, Toronto, Locarno, Sitges y el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, entre otros.
El «monto a reintegrar» se calculará en base al Valor de la Entrada Promedio (VEP), “determinado bimestralmente por el INCAA”. Por ejemplo, en festivales competitivos como Berlín o Cannes, los topes máximos podrán alcanzar los 350 VEP para largometrajes en competencia oficial y 250 VEP para cortometrajes, mientras que en festivales especializados o documentales los valores son menores.
Según el anexo de la resolución, los productores interesados deberán presentar la solicitud a través de la plataforma Incaa en Línea, hasta ocho días corridos antes del inicio del festival. La gestión deberá incluir:
Los beneficiarios podrán ser productores o empresas productoras argentinas, tanto en películas nacionales como en coproducciones internacionales donde la Argentina tenga participación mayoritaria. En los casos de coproducción minoritaria, el apoyo se otorgará siempre que el director sea argentino; si el director es extranjero, el beneficio será proporcional al porcentaje argentino de la coproducción.
Una vez realizado el viaje, el reintegro se hará contra la presentación de la documentación correspondiente (ticket electrónico y boarding passes), que deberá cargarse en formato PDF en la misma plataforma. Si no se rinde la ayuda dentro de los 30 días posteriores al evento, el beneficio quedará desestimado.
Desde el Incaa destacaron que la medida busca “consolidar una producción audiovisual autónoma, competitiva y de calidad en el contexto internacional, contribuyendo al fortalecimiento de la identidad cultural del país y al desarrollo del talento y la industria local”.
539/2025,Incaa en Línea,Espectáculos,Incaa,Conforme a,Incaa,,“Vi TikToks”. El titular del Incaa defendió la película de Francella, pero admitió que no la vio,,»Drenaba millones de pesos». El Incaa anunció el fin del programa “Cine en cárceles”,,Cuentas pendientes. La industria audiovisual se transforma con inversiones y exportaciones
POLITICA
Una senadora del PRO aseguró que “los niños argentinos no tienen derecho” a ser atendidos en el Garrahan
En medio del debate en comisión del Senado por el proyecto de emergencia pediátrica, la senadora cordobesa del PRO, Carmen Álvarez Rivero, generó controversia al afirmar que “los niños argentinos no tienen derecho” a atenderse en el Hospital Garrahan. La frase, pronunciada en un contexto en el que pedía reorganizar el sistema de salud para fortalecer la atención en las provincias, provocó murmullos en la sala y respuestas inmediatas de legisladores de distintos bloques. “La salud en las provincias está en su mínima expresión… Es una realidad general”, sostuvo antes de lanzar su comentario más cuestionado.
La primera en responder fue Lucía Corpacci, del peronismo, quien remarcó: “Yo le tengo que decir que todos tienen derecho a la atención”. Luego, Guadalupe Tagliaferri, también del PRO pero del sector opositor al gobierno de Milei, recordó: “Lo que dice la Constitución Nacional sobre el derecho a la salud es que lo tiene que garantizar Nación”.
Lucía Corpacci
El cruce más fuerte llegó de la mano del senador de Evolución, Martín Lousteau, quien calificó los dichos como “agraviantes” y sostuvo: “Un país es injusto cuando lo que uno tiene a disposición depende del lugar donde uno nace. Que alguien diga que los niños cuando tienen patología grave no tienen derecho a ser atendidos en el Garrahan muestra cuán proclive a la injusticia es la cabeza de una persona”. Además, advirtió que si una familia tiene recursos “puede conseguirse el tratamiento privado caro”, pero si no los tiene “le decimos que no tiene derecho a ser atendido”, lo que consideró un “nivel de agravio y violencia inusitado”.
Martín Lousteau
Lousteau insistió en su rechazo: “No puedo imaginarme cómo alguien puede decirles a padres que sus hijos no tienen derecho a venir a un hospital de alta complejidad porque nacieron en otro lugar”. Estas palabras se contrapusieron a la visión de Álvarez Rivero, que enfatizó la responsabilidad provincial en la gestión sanitaria y cuestionó que el Garrahan, financiado por fondos nacionales, brinde mayormente servicios a pacientes de la Ciudad y el AMBA.
En su réplica, la senadora del PRO buscó aclarar su postura: “Fui malinterpretada, porque los chicos que se operan en el Garrahan no tienen nada que ver en esta discusión, por supuesto”. No obstante, ratificó su planteo: “No podemos dejar de entender que la competencia es provincial… Hay que decir la verdad: le provee más servicios a la Ciudad y al AMBA. Esa es la atención mayoritaria”. Sus explicaciones, sin embargo, no lograron disipar la polémica.
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Carmen Álvarez Rivero,emergencia pediatrica,Hospital Garrahan,salud pública
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