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Avanza el juicio político del juez Bailaque y ahora define el plenario del Consejo de la Magistratura

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El juez federal de Rosario Marcelo Bailaque quedó al borde del juicio político. La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura aprobó este jueves, por unanimidad, el dictamen que propone el jury y la suspensión. Ahora deberá ser refrendado por el plenario del organismo. El proceso se interrumpirá si el Gobierno acepta la renuncia.

Antes de la votación, el diputado Álvaro González, que estuvo a cargo de la investigación junto al consejero Alberto Maques, destacó que ya estaban reunidos todos los elementos para avanzar con el Jury y que las presentaciones de Bailaque no habían puesto en duda las acusaciones en su contra.

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“Se encuentra debidamente acreditado y configurado el mal desempeño del magistrado Bailaque, por obrar con falta de integridad, de transparencia, de imparcialidad, de probidad y de decoro, que les es exigida a los magistrados de la Nación, en perjuicio del sistema de justicia y erosionando así la confianza pública en el sistema judicial, en su intervención, previa y durante el trámite de los expedientes que se han identificado en el dictamen presentado”, sostuvo González.

El dictamen resume tres cargos principales para acusar a Bailaque por mal desempeño.

El primero apunta a la relación entre el magistrado, su contador y amigo Gabriel Mizzau, y el capo narco Esteban Alvarado.

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Al momento de la imputación en la causa penal, los fiscales Juan Argibay Molina, Matías Scilabra y Federico Reynares Solari le atribuyeron a Bailaque no haberse excusado al intervenir en una causa contra Alvarado que estaba en su despacho desde 2013. Concretamente, lo acusaron de haber demorado escuchas telefónicas a Rosa Natalí Capuano, quien estaba como responsable de una de las empresas mencionadas.

Bailaque compartía el contador con el narco Alvarado (Gentileza: Aire de Santa Fe)

En el segundo cargo se imputó la coordinación entre el juez Bailaque, el empresario Fernando Whpei y el ex titular de ARCA de Rosario y Santa Fe Carlos Vaudagna, que terminó declarando como arrepentido, para amar una causa contra dos financistas y cobrarles una coima.

La maniobra comenzó en 2019 con una supuesta investigación administrativa en el marco de la ex AFIP contra el agente de bolsa Jorge Oneto y el empresario Claudio Iglesias. El segundo paso fue una denuncia anónima para que intervenga el juez federal de Rosario. El objetivo final era extorsionar a los empresarios. Concretamente, pedirles dinero a cambio de cerrar las investigaciones. Pero había otro motivo oculto: una interna en la compañía de seguros San Cristóbal, donde Iglesias aspiraba a un cargo.

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Vaudagna reconoció que los financistas terminaron pagando una coima de 160 mil dólares. También contó que la extorsión se acordó en una reunión en la casa de Bailaque.

El último cargo contra Bailaque apuntó a la relación de amistad entre el juez y el empresario Fernando Whpei, que ahora está detenido.

El juez federal presentó un descargo por escrito el martes pasado y este jueves insistió con otra presentación a último momento. La Comisión de Acusación rechazó todos los argumentos. “Respecto del segundo de los cargos, el juez Bailaque solicitó la producción de tres medidas de prueba, que tal como lo consignamos en el dictamen, dos de esas medidas resultan improcedentes, por tratarse de expedientes judiciales que tiene a personas ajenas a este proceso como partes. Y la tercera de esas medidas, se trata de la convocatoria de un nuevo testigo, que, a la luz del cúmulo de prueba colectado, entendemos que resulta superflua”, explicó González antes de la votación.

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La comisión recomendó la apertura de un juicio político y la suspensión del magistrado. Para avanzar, se necesitan los dos tercios de los integrantes del Consejo. El proceso se interrumpirá si el Gobierno acepta la renuncia, que está bajo estudio del Ministerio de Justicia desde la semana pasada. Según pudo saber este medio, hay un debate interno si se debe aprobar o rechazar la renuncia.

Si se acepta la renuncia, el juez perderá sus fueros y quedará detenido en su casa mientras se definan las causas penales en su contra.

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Milei habló de la guerra en Irán: “No es por petróleo sino geopolítica, China quedará más aislada porque sus malos socios caerán”

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En medio de la inquietud por la fuerte suba del petróleo que impacta en los mercados globales, el presidente Javier Milei consideró que los temblores que está sufriendo la economía mundial es un fenómeno transitorio y que, tras su paso, se producirá un profundo reordenamiento político global que puede beneficiar a los países que está del lado correcto y saben adaptarse.

“A diferencia de lo que escucho y leo de distintos analistas que creen que esto es una pelea por el petróleo… es una argumentación conceptualmente muy pobre y errada”, comenzó su análisis el mandatario argentino. “La perspectiva de Estados Unidos es exclusivamente la geopolítica: por un lado busca afianzar la hegemonía sobre el bloque de las Américas y por otro lado tiene que ver con el terrorismo internacional”, amplió en declaraciones a FM Now (97.7).

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Luego de esa especie de introducción sobre el conflicto bélico, Milei profundizó su mirada: “Irán estaba enriqueciendo uranio y, de no ser por la valentía del presidente (Donald) Trump, hubiera alcanzado poderío militar con el riesgo que eso implica para el mundo”. En ese sentido, el líder libertario señaló que el régimen iraní Irán “se dedica a financiar el terrorismo internacional, por ejemplo en Latinoamérica con Cuba y Venezuela, y desde ahí expanden el terrorismo al resto de la región”.

Luego Milei fue consultado sobre los efectos del conflicto en los mercados financieros mundiales, que ya empezaron a notarse con una fuerte suba del petróleo. “Es de esperar que la guerra tenga un corto alcance”, estimó el jefe de Estado.

Para fundamentar su análisis, el presidente argentino se explayó: “El gobierno de los Estados Unidos está trabajando por la paz entre Ucrania y Rusia, al mismo tiempo que por decantación caerá Cuba. Entonces, esto no es ni más ni menos que un deterioro transitorio que puede tener la economía mundial, pero la consecuencia será un reordenamiento político muy fuerte».

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En ese contexto, Milei consideró que “China va a quedar más aislada porque caerán muchos de sus socios, que son malos socios y ensucian el nombre de China. Entonces, la situación va a ser más pura y limpia”.

Impacto para Argentina y oportunidades económicas

En la misma entrevista se habló de los efectos de este escenario para la región. “Argentina está parada en el lugar correcto de la historia por primera vez después de 80 años”, destacó el líder libertario, quien de inmediato enfatizó que el país, tras superar crisis relacionadas con desequilibrios macroeconómicos y déficit energético, afronta el contexto actual desde una mejor posición gracias al “equilibrio fiscal” logrado. “Si no hiciéramos lo que estamos haciendo, Argentina estaría en una situación de desastre”, destacó.

Además, el jefe de Estado expresó su esperanza de que el país se reposicione en el escenario internacional gracias a la combinación de fortalecimiento interno y cambios en el entorno global. Según su visión, nuevas alianzas y reglas redefinirán el juego, abriendo oportunidades de desarrollo hasta ahora ausentes.

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Para Milei, la suba de precios de commodities, como el petróleo y los principales granos, impulsará las exportaciones locales y permitirá mitigar el impacto de la crisis global: “Argentina va a tener una mejora de los términos de intercambio, porque está subiendo el petróleo, también la soja, el maíz, el girasol y nuestro país es exportador neto”.

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Las “reformas ocultas” de la flamante ley de modernización laboral

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Además de las modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) en lo que respecta a las vacaciones, jornada de trabajo e indemnizaciones, la reforma laboral que promulgó el Poder Ejecutivo incluye la derogación de un conjunto de leyes cuya discusión pasó por debajo del radar pero cuyo efecto impactará en el vínculo laboral en diversos sectores.

En el último capítulo de la norma el Gobierno incorporó una larga lista de leyes a ser dejadas sin efecto; allí, por caso, figuraba la derogación de media decena de estatutos profesionales que la oposición intentó, en vano, impedir. El capítulo quedó indemne y, con él, la derogación de varias leyes, entre ellas la de teletrabajo y las que regulan el trabajo en las cárceles, en los supermercados y en el sector agrario. También se modificaron artículos de la LCT en lo que respecta al trabajo de las mujeres.

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La ley 27.555 de teletrabajo, que se sancionó en 2020, fue concebida durante la pandemia para regular las condiciones laborales para quienes trabajan de manera remota. Así, se estipuló el derecho a la desconexión digital, la igualdad salarial con trabajadores presenciales, la compensación por gastos de conectividad y equipamiento y la protección de la jornada laboral en modalidad remota.

La reforma laboral ahora vigente establece que estos beneficios quedan sin efecto con retroactividad al 1° de enero de este año, por lo que dependerá de las partes -empresas y empleados- pactar una nueva modalidad de trabajo “home office”, ya sin el amparo de la ley 27.555.

La norma promulgada por el Poder Ejecutivo también establece, en su artículo 216, la modificación de la ley 24.660 -sobre ejecución de la pena privativa de la libertad- en el capítulo referido al trabajo en las cárceles.

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En efecto, la ley deroga los incisos del artículo 107 que establecen que el trabajo debe ser remunerado y que se debe respetar la legislación laboral y de seguridad social. Además, se elimina el artículo 117, que establece que la organización del trabajo penitenciario debe respetar “las normas establecidas en la legislación inherente al trabajo libre”.

El resultado de la votación de la ley de «modernización laboral» en el Senado de la NaciónSantiago Oroz

Con esta cláusula, el Gobierno deja en claro que la legislación laboral no es aplicable a las personas privadas de libertad; así, busca neutralizar la ejecución de recientes fallos de la justicia laboral que ordenaron pagar jornada completa, aguinaldo, ART y asignaciones familiares a presos que desempeñan tareas laborales en las cárceles.

Otra ley que se suprimió con esta reforma laboral fue la ley 20.657, que establecía un régimen para la actividad comercial de supermercados. Uno de los artículos más urticantes para los empresarios del sector era el que establecía que si la duración de los servicios superara la limitación impuesta por las normas legales o convencionales, las horas en exceso se remunerarán con un suplemento equivalente al 100% de la remuneración.

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La reforma laboral también alcanza al sector agropecuario con varias modificaciones a la ley de trabajo agrario. En el artículo 206, por caso, se elimina el artículo que equipara los derechos laborales del trabajador permanente discontinuo con el trabajador permanente y el que habilita, a este último, a reclamar indemnización por daños y perjuicios cuando es despedido sin justa causa.

La flamante reforma incorpora, en su artículo 207, la derogación de otros nueve artículos de la LCT. Dos de ellos -el 174 y el 175- se refiere al trabajo de las mujeres; con su eliminación, se dejará sin efecto el descanso de dos horas al mediodía que debían gozar aquellas mujeres que trabajen en horas de mañana y de tarde, como así también la prohibición de encargar la ejecución de trabajos a domicilio a mujeres ocupadas en algún local u otra dependencia de la empresa.


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Reforma de la Ley de Glaciares: el Gobierno convoca a audiencias mientras crecen las críticas de la oposición

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La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados comenzó a diagramar el tratamiento del proyecto que reforma la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. El debate ya se inició en las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales.

Ambas están encabezadas por los libertarios José Peluc y Nicolás Mayoraz, respectivamente, y cada movimiento del oficialismo fue coordinado con la Casa Rosada. La estrategia apunta a cumplir con las normas que regulan este tipo de debates, convocar a audiencias públicas y, en parte, acompañar el reclamo de la oposición.

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“Las hemos solicitado desde Provincias Unidas, ya que es un tema muy importante para el medio ambiente y para el sistema hídrico argentino la modificación de la Ley de Glaciares. Queremos escuchar a los especialistas, a los técnicos y a las comunidades, porque nosotros tenemos que legislar en función de evidencias, no solo a intencionalidades, a principios o dogmas con un tema de tanta trascendencia”, señaló el diputado de la Democracia Cristiana Juan Brügge.

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Brügge agregó a TN que “desde la Universidad Nacional de Córdoba están los laboratorios de hidrología y las especialidades de las facultades que pueden venir a explicarnos de qué manera se puede producir un impacto si se autoriza un emprendimiento minero, que es el objetivo que persigue el Gobierno nacional. Y tomar una decisión al respecto, más allá de los planteos de inconstitucionalidad que tienen en lo que respecta a las competencias, que será materia de discusión en el plenario o en las comisiones”.

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Desde ese mismo bloque, Provincias Unidas, la radical María Inés Zigarán planteó sus reparos. “Nuestra propuesta fue que se federalicen las audiencias públicas, que se realicen por lo menos una por región glaciológica, ya que el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) ha definido cinco zonas de glaciares. Pretendimos que al menos una audiencia se realice en cada una de esas regiones y luego una en la Ciudad de Buenos Aires, garantizando la máxima participación de los actores involucrados”.

Juan Brügge, diputado nacional Provincias Unidas. Foto Cámara de Diputados.

El oficialismo aceptó ampliar la propuesta inicial de una audiencia para el próximo 25 de marzo y extender el debate un día más, el 26 de marzo, de 10 a 19, para expositores conectados de manera remota por Zoom desde el interior del país. Sin embargo, descartó realizar audiencias fuera del ámbito del Congreso nacional.

“Incorporamos pedidos de la oposición, sumamos sus observaciones para llevar adelante las audiencias públicas”, manifestó la diputada Gabriela Flores, de La Libertad Avanza. “Vamos a trabajar muy fuerte, cumpliendo todos los requisitos, para que esta ley salga como corresponde”, agregó la legisladora por Salta.

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Inscripción para las audiencias

Para las audiencias públicas de los próximos 25 y 26 de marzo, la Cámara de Diputados ya habilitó el mecanismo de inscripción. La convocatoria se realiza en los términos del artículo 114 bis del Reglamento de la Cámara, tras el acuerdo alcanzado en la reunión conjunta del 4 de marzo. El debate se centrará en el Expediente 0072-S-2026, que contiene la iniciativa en revisión.

La audiencia se celebrará en dos jornadas: el 25 de marzo, con exposiciones presenciales en la Sala 2 del segundo piso del Anexo C del Congreso (Av. Rivadavia 1841, CABA), y el 26 de marzo, con intervenciones virtuales. En ambos casos, el horario será de 10 a 19.

El plazo para inscribirse vencerá el 20 de marzo a las 16 para quienes lo hagan de manera presencial y a las 20 para quienes opten por la modalidad virtual. Las presentaciones por escrito podrán enviarse por correo electrónico a crnaturales@hcdn.gob.ar o entregarse personalmente hasta ese mismo día y horario.

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Cada exposición durante la audiencia contará con un máximo de cinco minutos. Posteriormente, todas las intervenciones y ponencias serán publicadas en el sitio web oficial de la Cámara de Diputados.

Rechazo de Unión por la Patria

La diputada Adriana Serquis señaló que esperan que se cumpla el compromiso de escuchar todas las voces. “En particular, que se garantice la participación federal inclusiva de las comunidades que, seguramente, no tengan ni siquiera la conectividad. Esto de decir que hay una conectividad garantizada para todo el país, lamentablemente, sabemos que no es cierto. Principalmente para aquellas comunidades más aisladas y las que probablemente se perjudiquen con una sequía que pueda producirse si seguimos avanzando sobre los glaciares y en particular los periglaciares que se encuentran en estas regiones”, advirtió la legisladora de Unión por la Patria.

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Diputados nacionales del Frente de Izquierda Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Romina del Plá y Néstor Pitrola, realizaron una audiencia contra los cambios a la ley de Glaciares. Foto: FIT
Diputados nacionales del Frente de Izquierda Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Romina del Plá y Néstor Pitrola, realizaron una audiencia contra los cambios a la ley de Glaciares. Foto: FIT

Audiencia del Frente de Izquierda

El pasado viernes, organizado por el bloque del Frente de Izquierda, se realizó en la Cámara de Diputados un conversatorio en rechazo a la modificación de la Ley de Glaciares que impulsa el Gobierno nacional y que ya cuenta con media sanción del Senado.

Del encuentro participaron los diputados Nicolás del Caño, Myriam Bregman, Romina del Plá y Néstor Pitrola.

Nicolás del Caño abrió el encuentro señalando que “es muy importante poder reunirnos con todos los que vienen peleando, se vienen pronunciando y alzando su voz frente a esta media sanción de la modificación de la ley de Glaciares que intenta seguir avanzando con el esquema de extractivismo y saqueo por parte de Milei y sus aliados. Sabemos que las empresas nos dejan el daño ambiental y es mentira que se generan puestos de trabajo, como dijo falsamente Milei en la apertura de sesiones el pasado domingo. El lobby de la megaminería viene siendo resistido desde los territorios, desde las asambleas y desde las y los especialistas. Queremos escucharnos y también pensar iniciativas para frenar la ley, como lo demostraron los pueblos de Chubut, de Mendoza, de Jujuy y otras provincias. Es la lucha la que puede frenar esta ley”.

También Myriam Bregman recordó que “los cambios retrógrados que se pretenden hacer en la ley de Glaciares responden a un pedido de la Cámara Minera, y eso ya no es algo oculto. Es lo mismo que pasó con la Ley de Humedales: pidieron enterrarla. El proyecto de modificación no surge de ningún estudio científico ni nada por el estilo. Según dice expresamente el Mensaje del Poder Ejecutivo en la remisión del proyecto, responde a un pedido formal de las provincias integrantes de las Mesas del Litio y del Cobre, solicitando cambios al texto vigente para facilitar el desarrollo de proyectos extractivos en sus territorios”.

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Del conversatorio participaron además los legisladores Carlos Castagnetto y Adriana Serquis (UP), Maximiliano Ferraro (CC), e integrantes de distintas organizaciones y referentes ambientalistas como Enrique Viale, Maristela Svampa y Guillermo Folguera.

También participaron referentes de la cultura como las actrices Julieta Díaz, Laura Azcurra y Celina Font; los músicos Guillermo Bonetto (Los Cafres), Malena D’Alessio y Valentina Cook; y escritores como Guillermo Martínez, Claudia Aboaf, Paula Pérez Alonso y Enzo Maqueira.

Además enviaron su saludo Claudia Piñeiro, Candelaria Botto, Érica Rivas, María Inés Krimer, Dolores Reyes y Fernando Signorini. Entre los presentes también estuvieron Luis Zamora, Pablo Bergel, Leonardo Grosso, Patricio del Corro y Juan Carlos Giordano.

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La norma que se busca modificar

El oficialismo logró aprobar los cambios a la Ley de Glaciares en el Senado el jueves 26 de febrero, en el tramo final del período de sesiones extraordinarias.

La modificación apunta a priorizar actividades productivas como la minería y la explotación hidrocarburífera en provincias como Mendoza, San Juan, Catamarca, Jujuy y Salta, además de facilitar la llegada de proyectos mineros internacionales.

Para ello, el proyecto habilita la posibilidad de realizar explotación de recursos naturales en glaciares que no sean considerados hídricamente relevantes o que no cumplan una función hídrica. En la legislación vigente, esa posibilidad está prohibida.

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