POLITICA
Avanza el traspaso de la Justicia Laboral a CABA: la Nación y el gobierno porteño firmaron un acuerdo y falta el aval del Congreso
El gobierno nacional y las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires firmaron este martes un acuerdo para trasferir las competencias sobre la Justicia Laboral a la jurisdicción porteña. “Es un nuevo hito en la autonomía”, destacó el ministro de Justicia de CABA, Gabino Tapia. El convenio —que deberá ser aprobado por el Congreso de la Nación y la Legislatura porteña— establece un régimen progresivo para que los nuevos tribunales laborales de la Ciudad comiencen a funcionar y asuman competencias sobre las causas iniciadas después de la entrada en vigencia del acuerdo. Las causas previas, en cambio, seguirán bajo la órbita de la Justicia Nacional hasta agotar la doble instancia.
Según el funcionario porteño, este paso permitirá implementar “un servicio de justicia propio, ágil y moderno que le va a permitir a los ciudadanos resolver sus conflictos individuales más rápido y con más previsibilidad para las partes”. El texto del acuerdo ya ingresó al Senado, en medio de una semana clave para la discusión del proyecto que impulsa el presidente Javier Milei de reforma laboral.
En las últimas horas, el gobierno nacional ya había dado señales para avanzar en un entendimiento con la Ciudad de Buenos Aires y, a través del Decreto 95/2026, dispuso que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tenga la potestad de firmar acuerdos para transferir la Justicia del Trabajo. Desde el gobierno porteño, y ante la consulta de Infobae, remarcaron que el convenio es parte de una “mesa de trabajo conjunta” y son optimistas en que el traspaso se pueda dar en el corto plazo.
El decreto publicado en el boletín oficial, además, establece la posibilidad de que, una vez firmado el acuerdo principal, puedan sumarse adendas o convenios complementarios sin necesidad de un nuevo acto presidencial.
De manera puntual, lo que está en juego es quién ejerce el poder real sobre los tribunales laborales con sede en CABA. El debate se arrastra desde la reforma constitucional de 1994, cuando la Ciudad de Buenos Aires adquirió el estatus de autonomía y la facultad de organizar su propio Poder Judicial.
Hasta el momento, el funcionamiento de la Justicia del Trabajo estuvo bajo control nacional, con jueces y cámaras de apelaciones designados por el Estado. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en fallos como “Corrales” y luego en “Bazán”, remarcó que esta situación debería ser solo temporaria y recordó que “el carácter nacional de los tribunales ordinarios con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es meramente transitorio”.
Al respecto, la Corte alegó en su momento que mantener el actual esquema significa, en palabras del Tribunal, “un inmovilismo” que va contra la autonomía porteña y debilita la fuerza de la Constitución Nacional. El texto remarca que existen “graves consecuencias de distinta índole” si esa transferencia no se concreta.
En paralelo, la Legislatura porteña sancionó la Ley 6.789 en diciembre de 2024, que reestructura la justicia laboral local, y la ley 6790, que establece un nuevo Código Procesal para el fuero del trabajo. A partir de estas normas, se creó una nueva Cámara de Apelaciones del Trabajo con seis jueces y diez juzgados de primera instancia, y los correspondientes concursos.
En respuesta a estos proyectos, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional promovió una acción judicial contra la puesta en marcha de las leyes locales. Consideraban que la Ciudad no podía avanzar unilateralmente sin cerrar primero un acuerdo institucional con la Nación. La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal les dio la razón y dictó una medida preventiva: mientras no haya acuerdo entre ambas jurisdicciones, las leyes porteñas no pueden aplicarse.
La sentencia de la Cámara sostuvo que debe existir un traspaso “racional” y acordado, cumpliendo con la ley nacional 24.588 y respetando el artículo 129 de la Constitución Nacional. “La aplicación de las leyes locales queda suspendida hasta que se firmen los acuerdos institucionales exigidos”, indica el fallo, cuya vigencia podría extenderse hasta una sentencia definitiva o el cierre formal del convenio.
Para poder rubricar el mencionado convenio, el gobierno nacional debía habilitar al jefe de Gabinete para representarlos en la negociación. El convenio no implica un traspaso en forma automática, sino que fija las reglas para que el proceso de discusión y transferencia pueda iniciarse de manera institucional y con respaldo político.
El debate arrastra además consecuencias prácticas para trabajadores, empresas y abogados. Un traspaso de competencias modificaría el fuero donde se tramitan los conflictos laborales en la ciudad y obligaría a definir qué expedientes siguen en Nación y cuáles pasan a Capital Federal. El Gobierno porteño avanzó en la designación de jueces y la estructura organizativa. Incluso, a través del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se abrieron concursos para cubrir cargos en el fuero del trabajo.
Según el acuerdo, la Ciudad deberá, en un plazo máximo de 180 días, seleccionar a los jueces del nuevo fuero laboral (creado por las leyes 6.789 y 6.790) y garantizar la infraestructura y los recursos necesarios. Una vez operativo, será el único fuero competente para causas laborales iniciadas desde ese momento.
Qué competencias se transfieren y cuáles no
Según el texto, CABA recibirá todas las competencias relativas a conflictos individuales de trabaj, pero quedarán excluidos del traspaso y seguirán bajo jurisdicción federal:
- Los conflictos colectivos y la negociación colectiva.
- Los temas de asociaciones sindicales y personería gremial.
- Las competencias del Pacto Federal del Trabajo que no hayan sido delegadas.
- Las causas laborales donde sea parte el Estado Nacional.
- Los recursos contra decisiones administrativas dictadas por autoridades nacionales.
De esta manera, el fuero federal mantendrá atribuciones clave en materia sindical y de relaciones laborales colectivas.
Régimen de transición y cierre de juzgados
El acuerdo prevé una transición ordenada:
- Las causas iniciadas antes del día de entrada en vigencia seguirán en la Justicia Nacional del Trabajo.
- La ejecución de las sentencias, sin embargo, se trasladará al nuevo fuero porteño.
- Las causas nuevas irán al Fuero del Trabajo porteño, y las comprendidas en materias excluidas, al fuero contencioso administrativo federal.
Además, una vez aprobado el acuerdo, se dispondrá el cierre inmediato de los juzgados laborales nacionales vacantes y de la Sala VII de la Cámara Nacional del Trabajo, según el listado del Anexo I. El cierre total del fuero laboral nacional se realizará de manera progresiva.
El rol del Tribunal Superior de Justicia porteño
Uno de los puntos más relevantes es la Cláusula Complementaria, que aclara el alcance del fallo “Levinas”: el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad será el órgano revisor máximo de las decisiones de los tribunales nacionales cuando se trate de cuestiones de derecho local o común, y también cuando exista cuestión federal, en los términos del artículo 14 de la Ley 48. Solo quedarán fuera de ese esquema las causas propiamente federales por materia o persona.
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POLITICA
Reforma laboral: un repaso por los 90 proyectos presentados desde 2002 y las claves del debate actual en el Senado
En Infobae en vivo, el equipo abordó la reforma laboral a partir de un dato revelador: entre 2002 y 2026 se presentaron 90 proyectos de ley en materia laboral, pero solo 35 lograron aprobación. “Eso significa que casi de cada 10 proyectos, 4 se aprobaron en materia de legislación laboral”, puntualizó Malena de los Ríos, apoyándose en un relevamiento de Directorio Legislativo.
Durante el intercambio con el staff de Infobae al Regreso —Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería—, se remarcó la dificultad histórica para avanzar en una transformación estructural. “Los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner fueron la mayor cantidad de leyes que se sancionaron. Hay que hacer un apartado: lógicamente, teniendo un Congreso con las mayorías, era mucho más fácil poder pasar esos distintos proyectos”, explicó de los Ríos. Los datos permitieron comparar la performance de cada gestión desde la vuelta de la democracia, resaltando la fragmentación normativa del sistema laboral argentino.
Noventa proyectos laborales y un sistema sin reforma estructural
La periodista repasó el sentido y la dimensión de los cambios legislativos: “Una cosa es la modernización, que estamos hablando de un paquete mucho más grande, pero ¿qué ha pasado en la historia desde el 2002 en adelante con los proyectos laborales que han presentado los ejecutivos?”. Los datos muestran que la mayoría de las iniciativas aprobadas no configura una reforma integral, sino modificaciones parciales: “90 proyectos presentados, 35 aprobados, casi 4 de cada 10 se aprobaron a través del Congreso, enviado por el Ejecutivo”.
El informe señaló que la gestión de Javier Milei impulsó dos proyectos: “La modernización laboral, que fue impulsada en diciembre del 2025, no obtuvo la media sanción del Senado, pero sí lo que obtuvo fue el dictamen”. De los Ríos detalló que “Patricia Bullrich confirmó en conferencia la negociación de 28 artículos”, estableciendo un fondo diferencial para grandes empresas y pymes en los nuevos Fondos de Asistencia Laboral. “Lo que discutían es: no puede ser un 3% para todos. Esto decía la oposición dialoguista: no tiene la misma posibilidad de solvencia una empresa mediana o chica frente a una grande”, precisó.
El relevamiento histórico mostró que durante la presidencia de De la Rúa se presentaron 13 proyectos y solo uno fue aprobado; bajo el mandato de Duhalde, ocho presentados y uno aprobado; con Néstor Kirchner, 37 presentados y cinco aprobados; y en la era de Cristina Fernández de Kirchner, 14 presentados y nueve aprobados, muchos enfocados en la regularización del empleo informal y la movilidad jubilatoria.
El Senado, los votos clave y la estrategia oficialista
Gonzalo Aziz reconstruyó el conteo de votos decisivo para el futuro de la reforma. “Hoy La Libertad Avanza tiene 20 senadores. Algunos dicen: ‘No, tiene veintiuno’, porque lo cuentan a Luis Juez. 20+1, 21. Vamos a sumar a 10 senadores de la Unión Cívica Radical, que según expresaron esta tarde, acompañarán el desafío que tiene el Gobierno de votar esta reforma laboral en el Senado”.
El armado político se completa con apoyos provinciales: “Dos senadores que responden al gobernador Hugo Passalacqua en Misiones, dos de Santa Cruz que responden a Claudio Vidal, Flavia Royón por Salta, una senadora del gobernador Rolo Figueroa en Neuquén, y otra de Ignacio Nacho Torres en Chubut”, enumeró Aziz. Además, se espera el respaldo de los tres senadores del PRO, dos de Provincias Unidas y la senadora Beatriz Ávila. “El total que tenemos hasta ahí con este poroteo da que hay 44 senadores que mañana, si no hay ninguna sorpresa de último momento, van a acompañar tanto el quórum como la votación en general”, anticipó.
El Gobierno apuesta a extender las sesiones extraordinarias hasta el primero de marzo, buscando que “el presidente de la Nación dé su discurso inaugural con la reforma laboral sancionada en el Congreso argentino”.
La informalidad y los límites de la reforma en el empleo
La mesa de Infobae al Regreso profundizó en los desafíos estructurales del mercado laboral. El 43% de los trabajadores se encuentra en la informalidad, según estimaciones citadas en el programa. “La idea es eso, pasar de la informalidad a la formalidad y vas a tener una recaudación mucho más amplia y hasta incluso, eh, también para las cuestiones, por ejemplo, previsionales”, sostuvo de los Ríos.
Matías Barbería aportó que “alrededor del 89% del empleo se genera en pymes”, mientras que “el ochenta por ciento de la recaudación es a través de once mil empresas”. El debate dejó en claro que ninguna reforma garantiza, por sí sola, la creación de trabajo registrado: “Lo que podría llegar a tener como efecto positivo en caso de ser exitosa, es que el trabajo de baja productividad, el trabajo pyME, que suele ser el que está en negro, pueda regularizarse simplemente, pueda directamente contratarse dentro de la ley”.
Diego Iglesias planteó la pregunta de fondo: “¿Esta reforma laboral tiene algún punto que beneficie a los trabajadores? Directamente, eh. El día de mañana me dirán: ‘No, sí, probablemente esta reforma va a generar empleo, genuino, es decir, trabajadores registrados en blanco’. Eso está por verse, es contrafáctico. Yo pondría un signo de interrogación, pero ojalá que eso suceda”.
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• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé
• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich
POLITICA
Con el Congreso vallado y aliviada por los cambios, la CGT se prepara para marchar contra la reforma laboral
La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó para este miércoles a una movilización frente al Congreso de la Nación para rechazar el proyecto de ley de reforma laboral que impulsa Javier Milei. La protesta reunirá a sindicatos, agrupaciones piqueteras y políticas, vinculadas al peronismo y la izquierda.
Los ejes de la iniciativa oficialista son reducir cálculos indemnizatorios, contar con más facilidades para emplear y despedir personal y limitar el derecho a huelga. Pero la CGT consiguió alivio con algunos cambios que la beneficiaron, como el mantenimiento de la caja sindical de las obras sociales y el “aporte voluntario”.
Sin consenso interno para activar su cuarto paro general contra la gestión libertaria, la CGT resolvió una protesta en la Plaza del Congreso en simultáneo al debate legislativo en el Senado, donde el proyecto oficialista podría obtener media sanción.
Según pudo saber , las agrupaciones convocadas se dividirán la plaza del Congreso: el grueso del sindicalismo de la CGT encabezará el ingreso por Yrigoyen, mientras que la Izquierda lo hará por Rivadavia. A su vez, desde avenida de Mayo marcarán presencia de forma diferenciada el nuevo frente gremial que integran los gremios díscolos encabezados por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).
Si bien el horario neurálgico de la protesta fijado por los secretarios generales cegetistas es a las 15, el trotskismo se movilizará a partir del mediodía, mismo horario convocado por las centrales obreras paralelas, los metalúrgicos y estatales.
La protesta confluirá con el reclamo semanal que sostienen las agrupaciones de jubilados cada miércoles en rechazo al ajuste en los haberes que dispuso la gestión libertaria. En principio, no se montará un escenario ni tampoco habría oradores.
La convergencia de protestas y la diversidad de los manifestantes anticipan una jornada de alta tensión. El accionar policial y el comportamiento de los manifestantes estarán bajo especial observación. El Gobierno ya avisó que hará cumplir el protocolo antipiquetes.
Para eso, desplegará un operativo conjunto con todas las fuerzas de seguridad: Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía Aeroportuaria. También estará involucrado el Servicio Penitenciario, que tendrá móviles de traslado a disposición. El operativo comenzó esta noche en las inmediaciones del Congreso.
La CGT resolvió movilizarse tras una cumbre del consejo directivo la semana pasada. Los sindicatos concentrarán a partir de las 14.30 en Hipólito Yrigoyen y Solís. Será la segunda marcha que impulsará contra la Casa Rosada la nueva conducción encabezada por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello tras la movilización a Plaza de Mayo de finales del año pasado, también en rechazo a la reforma laboral.
La iniciativa es calificada por la CGT de “regresiva” y señalada de “quitar derechos colectivos e individuales”. Entre los puntos que generan mayor rechazo están la ampliación de las actividades consideradas “esenciales”, el fin de “la ultraactividad” de los convenios colectivos de trabajo, las restricciones de acciones sindicales en los espacios de trabajo, la posibilidad de la ampliación de jornadas de hasta 12 horas y el llamado Fondo de Cese Laboral (FAL) para reemplazar a las indemnizaciones tradicionales con financiamiento de la Anses.
El Frente de Izquierda busca desmarcarse y llama a hacer “un acto propio más allá de que haga la CGT” con una congregación que arrancará antes, sobre avenida Rivadavia, donde se esperan pronunciamientos para llamar a un paro general. En este sector confluirán movimientos piqueteros como el Polo Obrero, agrupaciones estudiantiles troskistas y el grupo que los miércoles marcha en nombre de los jubilados.
La central obrera paralela a la CGT que conduce el diputado nacional Hugo Yasky, ligado al axelismo, llamó a un “paro y movilización” este miércoles para “decirle no a la reforma laboral de Milei”. Su columna se concentrará a partir en Bernardo de Irigoyen y avenida de Mayo. Desde allí también llamó a marchar la otra CTA, la Autónoma, que lidera el estatal Hugo Godoy.
Durante las últimas jornadas, ambas CTA lanzaron el Frente de Sindicatos Unidos (FreSu) con gremios disgustados de la CGT -y encabezados por la UOM, de Abel Furlán, para endurecer la postura de los sindicatos e impulsar protestas en otros puntos del país, como Córdoba y Rosario.
Los estatales nucleados en ATE Nacional, que forman parte de la CTA, resolvieron llamar a “un paro total de actividades” de sus afiliados durante las 24 horas del miércoles y marchar al Congreso para “manifestar el profundo rechazo a la reforma laboral regresiva y esclavista”. El gremio que conduce Rodolfo Aguiar es crítico de la postura de la CGT y presionó sin éxito para que se convoque a una huelga nacional. Aguiar se mostró con el camionero Pablo Moyano.
La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) ratificó su “adhesión total” a la movilización de la CGT contra la reforma laboral y anunció un cese de actividades de los gremios integrantes de la entidad para ese mismo día, a partir de las 13 horas. Esta medida podría afectar el normal funcionamiento del transporte, a pesar de que los colectiveros de la UTA y los ferroviarios no forman parte de la CATT.
La Unión de Los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) marchará con la CGT. Su titular, Alejandro Gramajo, en los últimos tiempos forjó un vínculo estrecho con la central obrera, donde participa activamente de las reuniones en representación de su espacio.
La agrupación kirchnerista La Cámpora convocó a sus militantes a marchar desde Montevideo y Rivadavia a partir de las 14 horas. “La reforma laboral de Milei y el FMI no es para crear trabajo, es para despedir. Este miércoles todos y todas al Congreso”, anunciaron a través de sus redes sociales. Si bien no hubo confirmación, no se descarta que haya presencia de dirigentes.
El espacio de Axel Kicillof, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), llamó a movilizarse “en defensa de los derechos de los trabajadores” a partir de las 14 desde la Casa de las Madres de Plaza de Mayo, ubicada en Yrigoyen 1558. Sus organizadores le confirmaron a que el gobernador “estará presente”.
el proyecto de ley de reforma laboral,activar su cuarto paro general,@AefipM,#NoALaReformaLaboral,pic.twitter.com/lpcfHbVROZ,February 10, 2026,Manuel Casado,Reforma laboral,CGT,Javier Milei,Conforme a,Reforma laboral,,Ganadores y perdedores. Punto por punto, las concesiones que hizo el Gobierno para aprobar la reforma laboral,,Pedidos aceptados. El Gobierno concedió 28 modificaciones al proyecto de reforma laboral para asegurar su aprobación,,“Los derechos están en riesgo”. ATE convocó a un paro contra la reforma laboral y marchará al Congreso
POLITICA
Javier Milei aceptó 28 modificaciones a la reforma laboral para avanzar en su aprobación en el Senado
El Gobierno aceptó introducir 28 modificaciones al proyecto de reforma laboral que se debatirá este miércoles en el Senado, tras una negociación liderada por Patricia Bullrich con la oposición dialoguista.
El cambio más significativo es la eliminación del artículo que reducía el impuesto a las Ganancias para las empresas en un 3%, una medida que permite a las provincias evitar una pérdida estimada en 3 billones de pesos. Al respecto, Bullrich afirmó: “Decidimos postergar el tratamiento del impuesto a las Ganancias hasta construir un proyecto de reforma fiscal integral, que integre a los tres niveles impositivos: nacional, provincial y municipal”.
En una serie de concesiones hacia la Confederación General del Trabajo (CGT), la Casa Rosada resolvió no modificar el aporte patronal a las obras sociales, que se mantendrá en el 6%. Asimismo, los denominados “aportes solidarios” continuarán siendo compulsivos por dos años con un tope del 2%, pasando a ser voluntarios una vez vencido dicho plazo.
Por otro lado, los empleadores conservarán su rol como agentes de retención de la cuota sindical, garantizando que no se vea afectada la recaudación de los gremios, mientras que las cámaras empresarias lograron que los aportes de sus integrantes también sean obligatorios por un período de dos años.
La estrategia oficialista, que inicialmente sostenía la postura de “no cambiar ni una coma del proyecto original”, viró hacia el consenso para asegurar entre 42 y 44 votos en la votación en general.
Entre las modificaciones de redacción, se destaca la eliminación de la denominación “industria del juicio” en lo referido a la justicia laboral. El proyecto mantiene como ejes centrales la reducción de cálculos indemnizatorios, mayores facilidades para la contratación y el despido, y la limitación del derecho a huelga, aunque con las flexibilizaciones negociadas recientemente con diversos sectores.
La decisión final se tomó tras una reunión de dos horas de la mesa política en la Casa Rosada, encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y con la participación de Karina Milei, Luis Caputo, Santiago Caputo y Martín Menem, entre otros funcionarios.
Tras obtener el visto bueno del Poder Ejecutivo, el nuevo texto fue enviado a los senadores para su tratamiento. Con los gobernadores conformes por el resguardo de sus recursos fiscales, el oficialismo espera que la reforma sea aprobada sin contratiempos, aunque se prevé que los números varíen durante la votación en particular por títulos.
La entrada Javier Milei aceptó 28 modificaciones a la reforma laboral para avanzar en su aprobación en el Senado se publicó primero en Nexofin.
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