POLITICA
Aviones de guerra aún sin armamento y planes de equipamiento militar en medio de fuertes penurias

La llegada de los primeros seis aviones de combate F-16 comprados a Dinamarca se presenta como un salto de calidad en la mejora del equipamiento militar y distintas voces en las Fuerzas Armadas coinciden en que se trata de la mayor inversión después de la guerra de Malvinas. Pero aún quedan retos pendientes para alcanzar el máximo rendimiento de una inversión que ascenderá a US$650 millones de dólares.
Por lo pronto, este primer lote de aeronaves –el 25% de las 24 unidades incluidas en el contrato con la Real Fuerza Aérea danesa– no transportó bajo sus alas y el fuselaje el armamento gestionado con Estados Unidos, que llegará a mediados de 2026. Si bien el detalle de la carga que acompañará a los aviones forma parte de un riguroso secreto militar, se estima que serán artillados con misiles de corto, mediano y largo alcance, bombas guiadas y el mismo armamento que opera la OTAN, entre otros pertrechos.
Los aviones arribaron al Área Militar Río Cuarto conducidos por pilotos dinamarqueses, tras cruzar el Atlántico y recorrer 12.300 kilómetros junto con tres reabastecedores cedidos por Estados Unidos, más un Boeing 737 y un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina. Los aviadores de nuestro país aún deben completar los estándares de certificación y acreditación, que demandarán unos meses. De los seis aviones que llegaron, cuatro tienen doble cabina, por lo que los pilotos daneses viajaron acompañados por copilotos argentinos.
“Los aviones no vienen con el armamento, que comenzará a llegar a mediados de 2026”, confirmó a una fuente castrense. Explicó que volaron con misiles de autodefensa de corto alcance, de color naranja, que favorecen la aerodinámica del avión y se utilizan para ejercicios. Son una señal para alertar a otras aeronaves que no están cumpliendo una función operativa, sino que se trasladan de un lugar a otro.
Por razones de seguridad, el secreto militar no permite revelar la artillería de los F-16. Incluso, en los hangares donde permanecerán los aviones en el Área Militar Río Cuarto –la Fuerza Aérea tiene allí los talleres de mantenimiento de sus aeronaves– y en la VI Brigada Aérea de Tandil se exigirá para ingresar una acreditación especial, a la que no tendrá acceso todo el personal de la Fuerza Aérea. Se aplicará un protocolo estricto, explicaron fuentes aeronáuticas a . Se estima que los aviones serán llevados a la base de Tandil dentro de dos años, cuando se completen las obras de remodelación y la construcción de una nueva pista central.
Fuentes militares explicaron que la concepción de un sistema de armas no se limita al armamento incluido en las unidades y explicaron que un Hércules C-130 o un radar cumplen también funciones vitales en una operación. “El sistema de armas es el conjunto de medios, elementos asociados, técnicas y procedimientos, cuya integración conforma un instrumento de combate eficaz para el logro de un objetivo determinado”, explicó un oficial con experiencia de la Fuerza Aérea.
La millonaria inversión de los F-16 y otros materiales incorporados a las Fuerzas Armadas se produce en medio de fuertes reclamos de la familia militar por el retraso salarial, la incumplida equiparación de haberes con las fuerzas de seguridad y la situación de quebranto de la obra social de los militares, que arrastra una deuda cercana a los $200.000 millones y sufre cortes en sus prestaciones.
Con el cambio de gestión en el Ministerio de Defensa se recrean las expectativas para revertir la crisis del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa), que tiene unos 600.000 afiliados. Una opción que se baraja es la posible disolución del organismo y que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea vuelvan a tener su propia obra social, como fue históricamente.
En sintonía con el Estado Mayor Conjunto y el Ministerio de Defensa, cada fuerza lleva adelante negociaciones para renovar el equipamiento militar. Desde hace tiempo hay conversaciones con vistas a la posible compra de tres submarinos para la Armada, que no tiene ninguno operativo desde el trágico hundimiento del ARA San Juan, en noviembre de 2017. El personal de la Armada que se forma en la Fuerza de Submarinos realiza sus prácticas y capacitaciones en la Marina de Perú.
En la gestión de Petri hubo contactos con Noruega, Alemania y Francia para evaluar la posible construcción de tres submarinos Scorpène, con el fin de recuperar las capacidades en los espacios marítimos. Según los expertos, la construcción de un submarino podría demandar entre cuatro y cinco años, y exigiría una inversión superior a la de los F-16.
“La inversión de los 24 aviones supersónicos F-16 es equivalente a la compra de un solo submarino”, precisó una fuente militar, al estimar ese costo en más de 500 millones de dólares.
En la región, Brasil lanzó en febrero de 2024 el segundo submarino de este tipo, de construcción propia, y sus autoridades militares apuntan a la fabricación de unidades de propulsión nuclear. Y la Armada de Chile tiene dos Scorpène diseñados para desarrollar misiones de guerra antisubmarina, antisuperficie y operaciones especiales.
Días antes de dejar la jefatura del Ejército en manos de un compañero de promoción y desembarcar en el Ministerio de Defensa, el teniente general Carlos Alberto Presti recibió el miércoles pasado en el Cuartel Militar de Boulogne los vehículos de combate blindados a rueda (VCBR) Stryker 8×8, destinados a favorecer el despliegue rápido y modernizar la capacidad militar de las unidades. La aspiración es incorporar unos 300 vehículos Stryker.
A lo largo del año, el Ejército incorporó helicópteros para montaña Bell 407, equipos de comunicaciones, sistemas de seguridad, drones y unidades antidrones, además de continuar con la modernización de varias unidades del Tanque Argentino Mediano (TAM). Para el primer cuatrimestre de 2026 está prevista la segunda entrega de los vehículos blindados Stryker y también sumaría camiones Unimog 4000, informaron en la fuerza.
También tiene en carpeta la posible compra de fusiles israelíes, con la idea de reemplazar los legendarios FAL, y de materiales para las operaciones que se realizan en el norte. Por ejemplo, cámaras GoPro, que permiten dejar registros de todas las operaciones.
La Fuerza Aérea, en tanto, incorporó dos helicópteros Bell 407 GXI, que fueron destinados a la IV Brigada Aérea, con asiento en Mendoza, con el objetivo de fortalecer las operaciones en alta montaña. Negocia, además, la posible compra de un avión Embraer 140.
@JMilei,@FuerzaAerea_Arg,pic.twitter.com/OZs9xM4aHv,December 5, 2025,Mariano De Vedia,Fuerzas Armadas,Conforme a,,Recortes y abandono. El Gobierno activa la segunda etapa de la “batalla cultural” en derechos humanos,,»Más carnívoro que nunca». Milei modera las formas para acelerar a fondo,,Solo en Off. El gobernador Jalil se puso firme y le dijo que no a un enviado de Cristina Kirchner,Fuerzas Armadas,,Uno por uno. Quiénes son los nuevos jefes de las Fuerzas Armadas,,Exhibición militar. Los aviones de combate F-16 harán un vuelo rasante el domingo sobre la ciudad de Buenos Aires,,Cambio de mandos. El Gobierno anunció una nueva conducción en las Fuerzas Armadas, que propuso el teniente general Presti
POLITICA
Axel Kicillof y otros gobernadores le solicitaron una reunión al Gobierno para debatir la reforma laboral

Buenos Aires, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones y Tierra del Fuego solicitaron formalmente este jueves al Gobierno la convocatoria urgente del Consejo Federal del Trabajo (CFT).
El pedido, dirigido al secretario de Trabajo, Julio Cordero, busca establecer una sesión presencial y exclusiva para analizar la reforma laboral que ya obtuvo media sanción en el Senado. Las autoridades laborales de estos distritos sostienen que el debate no debe agotarse en el Congreso, debido al impacto fiscal y en el esquema de inspección que la normativa tendría en cada jurisdicción.
En el documento presentado, los firmantes recordaron que el Pacto Federal del Trabajo establece la obligación de que el CFT sesione al menos cada tres meses, plazo que consideran imperativo ante la magnitud de los cambios propuestos.
Los ministros provinciales enfatizaron que sus territorios son protagonistas en la gestión de la conflictividad laboral diaria y que sus posiciones deben ser incorporadas. Según expresaron en la nota enviada a la Secretaría de Trabajo: “El CFT no puede ser una mera caja de resonancia; es una herramienta de solución a problemáticas concretas”.
La iniciativa cuenta con el respaldo de los gobernadores Axel Kicillof, Gildo Insfrán, Sergio Ziliotto, Ricardo Quintela y Gustavo Melella, cuyos senadores votaron en contra de la reforma.
Sin embargo, el reclamo también incluye a Misiones, provincia que aportó dos votos clave para la aprobación del proyecto en la Cámara Alta a través de Carlos Arce y Sonia Rojas Decut. A pesar de estas diferencias políticas, las seis jurisdicciones coincidieron en que son “actores imprescindibles” en la discusión del modelo nacional y que sus realidades regionales deben ser escuchadas.
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Principales puntos del nuevo régimen penal juvenil: garantías, penas y asignación presupuestaria

El nuevo régimen penal juvenil, aprobado en la Cámara de Diputados y girado al Senado, reemplaza el régimen de minoridad vigente desde 1980 y establece, como eje central, la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Entre los puntos principales de la iniciativa figuran los siguientes:
-Garantías. Desde el inicio del proceso penal y hasta su finalización, el niño, niña o adolescente gozará de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos. El adolescente imputado deberá contar desde el inicio del procedimiento con asistencia legal, eficaz e idónea.
-Penas. Cuando el delito o concurso de delitos imputados sea de hasta 3 años de prisión, o bien sea hasta 10 años de prisión pero el hecho ilícito no haya implicado la muerte de la víctima, una grave violencia física o se trate de delitos culposos, se aplicarán penas alternativas a la prisión. El juez puede optar entre las siguientes: amonestación; prohibición de contacto con la víctima o la familia; prohibición de concurrir a determinados lugares; prohibición para salir del país; prestación de servicios a la comunidad; monitoreo electrónico.
-Pena privativa de la libertad. Solo corresponderá para los delitos graves o muy graves, como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. Queda prohibida la imposición de las penas privativas de la libertad de reclusión perpetua y de prisión perpetua.
-Condena máxima. El plazo máximo de las penas privativas de la libertad será de 15 años. La regla es aplicable aun si la escala penal fuera más elevada producto de la concurrencia real de varios hechos independientes.
-Alivio en la condena. Cuando el adolescente condenado cumpla dos tercios de la pena impuesta en detención y se dieran las circunstancias previstas en el Código Penal para otorgar la libertad condicional, el tribunal podrá disponer que el resto del castigo sea cumplido mediante penas alternativas a la prisión.
-Alojamiento. La detención de los adolescentes deberá hacerse efectiva en dependencias acondicionadas a tal efecto. Se prohíbe su alojamiento junto a personas mayores de edad.
-Asignación presupuestaria. Se destinarán $23.739.155 millones para afrontar el costo del nuevo régimen. De ellos, poco más de 20 mil millones se destinarán a la Defensoría General de la Nación. El oficialismo aclaró además que las provincias pueden suscribir convenios con la Nación para aportar financiamiento.
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El Gobierno extenderá las extraordinarias hasta el 28 de febrero y sumará al temario una nueva ley de Financiamiento Universitario

Tras apelar la medida cautelar que obliga la aplicación la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno Nacional suma al temario de las sesiones extraordinarias una adaptación de la medida que le permita compensar fondos a universidades, según confirmó una fuente inobjetable a Infobae. Se trata de una determinación que será incorporada por decreto y que persigue la intención de dar respuesta al sector que reclama una actualización presupuestaria para el funcionamiento de las altas casas de estudio.
Tras la media sanción de la reforma laboral, la Ley Penal Juvenil y el acuerdo del Mercosur, el Poder Ejecutivo resolvió incorporar un último proyecto al temario para intentan apaciguar las demandas de las autoridades universitarias con el debate de una norma que se ajuste a las premisas de equilibrio fiscal que pregonta la administración libertaria.
La tarea involucró al secretario de Educación, Carlos Torrendel, y al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quienes se reunieron en los últimos días con el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Carlos Greco, y su vice, Franco Bartolacci, para conversar sobre el tema. Como contó este medio, los planes apuntaban a dar curso a la actualización del financiamiento de las universidades públicas, con previsibilidad fiscal y garantías jurídicas que solicita el sector.
“Trabajamos para implementar los cambios en la ley que nos permita hacerla implementable”, contó ante este medio una fuente calificada.

La determinación se da luego de que el Ejecutivo presentara un recurso ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, a través de la Procuración del Tesoro, y solicitara que la apelación que obliga a implementar la ley votada en 2024 sea concedida con efecto suspensivo. “El Estado tiene el deber de apelar todo. Hay cosas que vamos a cumplir pero hay otras que requieren análisis de la cámara”, argumntó un funcionario en tema.
Ante la ambición del Ejecutivo, en Balcarce 50 se muestran optimistas con los objetivos trazados para el receso de verano, y pese a que el reglamento establece que la ampliación del temario debe ser votado en el recinto, existen antencedentes de incorporación de proyectos instrumentados por decreto y sin la necesidad de acuerdos parlamentarios formales de aceptación.
Más allá del reclamo de las autoridades universitarias, el conflicto por el financiamiento escaló notablemente entre 2024 y 2025, y registró movilizaciones masivas en la Ciudad de Buenos Aires y en distintos puntos del país. Luego de la determinación del mandatario de vetar la ley sancionada, hubo una segunda protesta federal en septiembre de 2025.
Luego de que un sector de la mesa política planteara la necesidad de evitar una escalada legal, en el oficialismo intentarán pasar una ley que modifique el esquema financiero actual y que permita alcanzar el consenso político necesario para que el Congreso apruebe una nueva norma capaz de reemplazar la anterior.
Asimismo, el decreto que será publicado en el Boletín Oficial en las próximas horas también incluirá la extensión del plazo de las sesiones extraordinarias al sábado 28 de febrero, es decir, un día más de lo planeado para cumplir con el período legal correspondiente de los proyectos tratados antes de la Apertura de Sesiones Ordinarias, programada para el 1° de marzo.
La determinación apuesta a ordenar el ajustado calendario legislativo, además de dar cumplimiento a la norma expresa en el reglamento de la Cámara de Diputados que establece que si faltan 10 días, o menos, para que termine el período de sesiones, sacar un dictamen carece de efecto práctico.
El objetivo del presidente Javier Milei es sancionar la reforma laboral durante el periódo contemplado en febrero para dar inicio al año legislativo con los nuevos desafíos que expondrá durante su habitual discurso en el que establece la hoja de ruta anual.
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