POLITICA
Axel Kicillof habló sobre la polémica incorporación de la familia Eskenazi a YPF

El gobernador bonaerense Axel Kicillof cuestionó el rol que tuvo la familia Eskenazi en YPF durante los años previos a la reestatización de la petrolera y consideró que su ingreso no tuvo efectos positivos sobre la actividad de la compañía. “El efecto no fue bueno”, afirmó al referirse al período en el que el grupo argentino adquirió, entre 2008 y 2011, el 25% de las acciones de la empresa que seguía bajo control de Repsol.
Kicillof, que en 2012 era viceministro de Economía y tuvo a su cargo la intervención de YPF tras su expropiación, defendió la estatización y calificó la medida como “una de las decisiones estratégicas más importantes de las últimas décadas”. En ese marco, cuestionó el fallo de la jueza Loretta Preska en Estados Unidos, que condena al Estado argentino a pagar más de US$16000 millones, y atribuyó el origen de la demanda a la cesión de derechos que hizo el síndico de la quiebra del Grupo Petersen, propiedad de los Eskenazi, a un fondo buitre.
“YPF venía siendo manejada por Repsol desde 1999. Los Eskenazi -principalmente Enrique Eskenazi y su hijo Sebastían- entraron en 2007, consiguieron el control del 25% en 2009 y no cambió nada. Se mantuvo la misma actitud. La situación de la empresa no se revirtió. No se revirtió desde ahí a 2011″, precisó el mandatario.
Dijo además haber tenido una mínima relación con los miembros de la familia: “Ni los conozco. Me parece que me crucé alguna vez con el hijo [Sebastián]- Y en otra ocasión, me vi con el padre [Enrique] en el directorio de YPF, como representante del Estado previo a la expropiación”. Y aclaró: “En el gobierno, la presidente [Cristina Kirchner] ni nadie me habló de ninguna cuestión que favoreciera remotamente a estos socios”.
“Hay muchos que están diciendo ‘bueno, pero estos andaban…’. Yo lo que digo es ‘mirá, no tengo claro toda esa historia, no participé, pero no es lo que estamos discutiendo’”, sostuvo Kicillof en Radio con Vos y se centró en el rol que jugó Antonio Brufau entonces titular de la petrolera española y accionista mayoritario de Yacimientos Petrolíferos fiscales: “Él era quien manejaba la compañía. Yo hablaba con él como viceministro”.
“Al momento de charlar sobre la posibilidad de revertir la situación de la compañía, Brufau no hacía mención a esas personas [los Eskenazi] sino que se enfocaba directamente en las decisiones que tomaba Repsol. Me decía ‘mirá, nosotros somos un grupo privado así que invertimos si queremos y si no queremos no invertimos. Desarrollaremos Vaca Muerta o no la desarrollaremos. Eso lo determinamos nosotros”, reveló el gobernador.
Y evaluó: “Tuvieron bastante tiempo desaprovechado. La inversión en exploración y explotación de los recursos fue reduciéndose. La cantidad de equipos utilizados, la producción y reservas también”. “Si iban a hacerlo, lo disimulaban muy bien”, ironizó. Y acotó: “Sí existía un proceso, como me comunicó el propio Eskenazi, el propio Juan José Arangueren -entonces presidente de Shell- y el propio Brufau es que todos estaban viendo cómo hacer para que inversiones extranjeras pusieran a funcionar Vaca Muerta”.
“La recuperación de YPF tiene muchísimas aristas y su pérdida en una privatización ruinosa venía generando una calamidad en el plano energético. Repsol estaba fumándose YPF. Creo que el objetivo final era, con recursos cooptados, desde ingenieros, capacidades y áreas periféricas terminar exportándole petróleo de la Argentina a través de los pozos que empezaban a tener en otros lugares. Querían convertir a Argentina en un importador de energía y de petróleo y gas. Y de hecho, lo estaban logrando“, consignó Kicillof.
Para el jefe provincial, el fallo emitido desde la Justicia de Estados Unidos no solo es “peligroso” e “irresponsable” sino también “sospechoso”: “Acá no es relevante la letra chica de la Ley de Expropiación, ni el desempeño de YPF, estuvieran los Eskenazi o no. No estamos discutiendo eso. Lo que estamos discutiendo es un fallo de una jueza de Nueva York, impulsada por una denuncia de los fondos buitres, cuya adquisición, incluso del juicio, tiene elementos polémicos. Discutimos un fallo que pretende ponerse arriba de la Constitución».
“Una jueza de Estados Unidos no le puede dar una orden al Estado argentino obre un proceso que está contemplado por la Constitución Nacional. Es ilegal por donde lo mires. Es un atropello a la soberanía argentina, a nuestra Constitución, a nuestras leyes, a la inmunidad soberana incluso”, sostuvo.
El gobernador bonaerense concluyó con su aporte a la temática con una mención al presidente Javier Milei, a quien considera como “parte del mecanismo que pone en riesgo a la soberanía energética”.
“Yo no estoy en su cabeza. Pero Milei, en el lugar en el que está, con la responsabilidad que tiene, hoy parecería ser parte del mecanismo que poner en riesgo la soberanía energética, a la empresa más importante del país, que además viene dando resultados a lo largo de diferentes períodos. La quiere romper o regalar. Y YPF no se vende, no se entrega y no se regala. Eso es lo que decimos nosotros”, concluyó.
Como reconstruyó , la primera vez que los Eskenazi fueron noticia fue a fines de 2007, cuando el presidente Néstor Kirchner sorprendió al mundo petrolero con la elección del grupo Petersen, controlado por la familia Eskenazi, para convertirse en el socio local de la española Repsol en YPF.
A pesar de que de un día para el otro se convirtieron en uno de los dueños de la entonces mayor empresa de la Argentina (YPF en ese momento estaba muy lejos de perder el liderazgo en manos de Mercado Libre), los Eskenazi prácticamente no contaban con ninguna experiencia en el negocio de la energía.
El grupo venía de dos otros dos rubros:la construcción y las finanzas. Enrique Eskenazi -el hombre que fue el encargado de desarrollar y liderar todos los negocios de la familia hasta su muerte en enero de este año- era ingeniero químico de profesión y, después de recibirse en la Universidad Nacional del Litoral y completar sus estudios en EE.UU, sus primeros pasos en el mundo corporativo los dio en el grupo Bunge & Born. En 1980 ingresó como gerente en la constructora Petersen, Thiele & Cruz SA y, al poco tiempo, el ingeniero logró dar el salto de ejecutivo a dueño y se convirtió en accionista controlante de la constructora.
A partir de la década del 90, ya al frente de su compañía, Eskenazi padre lideró un proceso de transformación y expansión de sus negocios incursionando en otros sectores estratégicos, como el de los servicios urbanos, la agroindustria y el sector financiero, lo que derivó en la conformación de un holding de negocios. Llamativamente, para bautizar al grupo, el empresario no eligió ponerle su apellido y, en cambio, optó por el de uno de los socios fundadores a los que les había comprado la constructora.
Su salto a las ligas mayores de los negocios, llegó en 2008, cuando el grupo español Repsol le vendió un 14,9% de las acciones de YPF a instancias de Néstor Kirchner y sin que los Petersen tuvieran que hacer prácticamente ningún desembolso.
La relación de Eskenazi con la familia Kirchner se había iniciado a mediados de los 90, cuando el grupo se alzó con el control del Banco de Santa Cruz, a cambio de un poco más de US$10 millones, que en ese momento enfrentaba una delicada situación financiera. Su ingreso al mundo financiero se había concretado unos años antes, cuando en 1995 compró el Banco de San Juan. “Kirchner nos respeta porque sabe que le agarramos un banco que estaba hecho puré y hoy da dinero”, solía repetir Eskenazi, según consignan Pablo Fernández Blanco y Esteban Rafele en el libro Los patrones de la Argentina.
El vínculo cercano con la administración kirchnerista de la provincia le abrió las puertas a otros negocios y rápidamente se convirtieron en uno de los mayores contratistas de la obra pública en Santa Cruz. Ya con Néstor Kirchner en la Casa Rosada, el grupo siguió sumando bancos provinciales y se alzó con el control del Nuevo Banco de Santa Fe y el Banco de Entre Ríos, y en forma paralela fue ingresando a otros negocios como los seguros (son dueños de la compañía Qualia), los servicios de parquizaciones (Mantenimientos y Servicios) y el vino (con la bodega sanjuanina Santa Sylvia), que hoy están en manos de Sebastián y Matías Eskenazi, de los cinco hijos que tuvieron Enrique Eskenazi y su mujer Hazel Sylvia Toni Storey.
Para financiar la compra de YPF, Petersen Energía -una sociedad conformada en España y controlada por el grupo argentino- recibió un préstamo de US$1018 millones de un consorcio de bancos internacionales y otro por US$1015 millones de Repsol, en un esquema conocido como “vendor’s loan”, mientras que los Eskenazi pusieron un poco más de US$100 millones.
Para cancelar el préstamo con Repsol, los españoles le permitieron a la familia que fueran usando hasta el 90% de las utilidades de la petrolera. A la hora de explicar la operación, el entonces presidente de Repsol, Antonio Brufau, dijo que Eskenazi había sido elegido “por su experiencia en mercados regulados”.
En 2011, el grupo Petersen sumó un 10% adicional de YPF, aunque un año después el gobierno de Cristina Kirchner decidió avanzar con la estatización de la petrolera. Esta medida fue el puntapié inicial en el juicio que hoy tiene la Argentina con Buford Capital, el fondo que compró a la justicia española la quiebra de Petersen Energía y con ella los derechos a litigar contra la Argentina
actualidad política, axel kicillof, ignacio amiconi
POLITICA
Decomisan un departamento del exsecretario de los Kirchner, Daniel Muñoz

Un departamento valuado en 165 millones de pesos (unos 120.000 dólares al cambio oficial) fue decomisado por la justicia al fallecido exsecretario de los Kirchner Daniel Muñoz en una causa donde se lo investiga, junto con su familia, por lavado de dinero.
El decomiso anticipado fue logrado por la Unidad de Información Financiera, que es el organismo antilavado y que está dirigido por el exfiscal Paul Starc, según informó el organismo en un comunicado oficial.
El inmueble, ubicado en Villa Urquiza, en la ciudad de Buenos Aires, fue adquirido con fondos de origen ilícito y su confiscación fue autorizada por la Justicia tras el pedido formal de la UIF, respaldado por pruebas de lavado y debido la muerte del imputado.
La causa incluye además decenas de propiedades en la Argentina y el extranjero, como cuatro parcelas en las islas Turks & Caicos, que reflejan la magnitud y sofisticación del circuito internacional de lavado de dinero que integraba Muñoz.
El decomiso anticipado es una herramienta para recuperar bienes obtenidos ilegalmente antes de que exista una condena definitiva. Su aplicación refleja la urgencia de impedir que los activos desaparezcan durante el proceso judicial.
Esta figura se encuentra en concordancia con la Recomendación 4 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que insta a los países a implementar medidas legales y operativas para identificar, rastrear, congelar y decomisar bienes delictivos.
Asimismo, destaca la importancia de habilitar el decomiso sin necesidad de una condena firme, garantizando así una respuesta eficaz contra el lavado de activos y la corrupción.
“Recuperar activos de la corrupción es tan importante como condenar. Es dinero que debe volver al servicio de la sociedad y no quedar en manos de estructuras criminales. La UIF está comprometida con una política activa, concreta y eficaz contra el lavado de dinero, en articulación con la Justicia y otros organismos del Estado”, afirmó Starc.
La Justicia ya había ordenó el “decomiso” de los terrenos valuado en 30 millones de dólares de Muñoz, en las paradisíacas islas Turks & Caicos, en el Caribe, comprados con parte de la plata de la corrupción que el exfuncionario sacó del país y colocó en los Estados Unidos en inversiones inmobiliarias.
El monto total del dinero fugado sería de 75 millones de dólares.
Muñoz, quien murió en 2016, dio a entender al exministro de Economía santacruceño Juan Manuel Campillo que ese dinero lavado en el exterior era de Néstor y Cristina Kirchner.
“Cuando me refiero a sus legítimos dueños, si bien no lo dijimos puntualmente, se dio por sobreentendido y estaba “en el aire” que eran de Néstor y Cristina. Yo le repetía, reintreintegrarlos te solucionan todos los problemas”, contó Campillo en su declaración de 2018 como arrepentido ante el juez federal Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli en la causa de los Cuadernos de las Coimas.
El total del dinero lavado en el exterior fueron al menos 75 millones de dólares con las que compró departamentos de lujo en Miami y en Nueva York. El resto fue dinero lavado en inversiones en la Argentina con las que adquirió al menos 113 inmuebles, que incluyen dos estancias en Santa Cruz, una de ellas de 20.000 hectáreas, complejos de cabañas en Villa la Angostura, El Calafate y San Martín de los Andes, inmuebles en Río Gallegos, edificios de cocheras, una cadenas de farmacias, un restaurante, casas y departamentos en Buenos Aires.
Cuando estalló el caso de los Panamá Papers y se supo que el nombre de la viuda de Muñoz, Carolina Pochetti y sus abogados estaban detrás de estas propiedades, rápidamente desarmaron las posiciones en los Estados Unidos y mediante una trama de sociedades fantasma vendieron los inmuebles y compraron estos lotes con costa de mar en el Caribe por 30 millones de dólares para desarrollar un complejo internacional.
Ese emprendimiento, para el que hubo un proyecto arquitectónico, era de 500 millones de dólares con 100 habitaciones y 50 villas junto al mar, donde se iba a cobrar casi 1000 dólares la noche.
“Muñoz fue un engranaje clave en el circuito de acumulación y traslado del dinero de los titulares del Poder Ejecutivo, en particular en lo referido a la recaudación de los fondos ilegales [se logró individualizar más de 60 entregas de dinero que fueron recibidas personalmente por Muñoz], su derivación a los jefes y organizadores [incluyendo el traslado semanal del dinero en valijas y por medio de aviones oficiales de la Agrupación Aérea Presidencial desde el sector militar del Aeroparque Metropolitano “Jorge Newbery” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta los aeropuertos de Río Gallegos y El Calafate, en la Provincia de Santa Cruz] o la aplicación de esos fondos a otras actividades delictivas”, consideró el juez Julián Ercolini en la causa relacionada con el decomiso de estos bienes.
Buena parte de los 70 millones de dólares de Muñoz se perdió y no se sabe nada del dinero. Los acusados dicen que se los quedaron los abogados. Solo una parte menor, la que se invirtió en las parcelas de Turcas y Caicos , una isla del mar caribe, pudo ser congelada a pedido de la Justicia argentina en 2019. Pero se adoptó esa medida solo para una de las cuatro parcelas adquiridas. Ahora todas serán decomisadas.
comprados con parte de la plata de la corrupción que el exfuncionario sacó del país,murió en 2016,de Néstor y Cristina Kirchner.,Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
Axel Kicillof acusó a la Justicia de “conspirar contra los electores” por cambiar los lugares de votación

A pocos días de los comicios, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, elevó una denuncia formal ante la justicia electoral acusando al juez Alejo Ramos Padilla de “conspirar contra la voluntad de votar de los electores” debido a los cambios sustanciales en los locales de votación. Kicillof subrayó que “cuando falta poco más de un mes para las elecciones resulta prácticamente imposible notificar a cada votante sobre esta modificación”.
La Justicia federal, por su parte, argumentó que las modificaciones fueron diseñadas para “facilitar la cercanía de los electores, garantizar la logística de traslado y repliegue de urnas y de bolsines, y facilitar el trabajo de las autoridades de mesa”, resultado de dos años de geolocalización junto a municipios y organismos provinciales.
No obstante, Kicillof contrapuso que “numerosos intendentes” manifestaron preocupación y pidió “revaluar la medida”, especialmente en distritos donde la alteración sería más negativa. Alertó que, lejos de incentivar el voto, la decisión —implementada sin consenso ni coordinación— puede generar ausentismo electoral.
La vicegobernadora Verónica Magario, alineada con el reclamo, advirtió que hasta un 80 % de los 14.376.592 electores bonaerenses podrían tener que votar en un lugar distinto al habitual. Calificó los cambios como “nefastos” y “muy graves”.
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Alejo Ramos Padilla,Axel Kicillof,Consejo Nacional Electoral,Padrón
POLITICA
Avanza la suspensión y destitución de un juez acusado de quedarse con 144 monedas de oro

Por unanimidad, el Consejo de la Magistratura avanzó en la suspensión y destitución del juez federal Martín Poderti, de un tribunal oral federal de Mar del Plata, acusado de quedarse con 144 monedas de oro que estaban bajo custodia del tribunal valuadas en 200.000 dólares.
Se reunió hoy la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación que, por unanimidad, con los votos de los consejeros diputado Álvaro González (PRO), César Grau (abogado), Luis Juez (senador PRO), Alberto Maques (abogado) y Rodolfo Tailhade (diputado UP), decidieron impulsar el dictamen para enjuiciarlo.
Los consejeros decidieron poner a consideración del Plenario del Consejo el dictamen que propone la elevación al jurado de enjuiciamiento del proceso seguido contra el juez Poderti.
Además, propusieron al plenario que disponga su inmediata suspensión, dada la gravedad de los hechos imputados.
La Comisión de Acusación, acreditó que entre el 26 de diciembre de 2019 y el 9 de febrero de 2023, el juez, quien a ese tiempo era secretario del Juzgado Federal N° 2 de San Isidro, ingresó en 19 oportunidades a la caja de seguridad Nº 8-44 de la sucursal San Isidro del Banco de la Nación Argentina y sustrajo 144 monedas de oro secuestradas en una investigación judicial.
El funcionario tenía el deber de resguardo sobre esas monedas. Actuó por fuera de sus obligaciones e incluso encontrándose de licencia en alguna oportunidad, sin que esos accesos estuvieran justificados en el expediente donde se incautaron las monedas.
También se tuvo en cuenta que por esos hechos se encuentra procesado por el juzgado federal de San Martín, confirmado por la Cámara Federal de San Martín, por malversación de caudales públicos.
También se dispuso el embargo sobre sus bienes por 190 millones de pesos. Ese caso, ya se encuentra en etapa de juicio ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de San Martín.
Los consejeros rechazaron las múltiples y disimiles explicaciones que el juez Poderti ensayó para desligarse de la imputación dirigida.
También la defensa formal que hizo cuando argumentó que el hecho que se le atribuye lo habría cometido cuando era secretario y no juez, por lo cual se lo debería haber, a todo evento, sancionado administrativamente como secretario.
Allí, la Comisión de Acusación recordó su jurisprudencia y la del jurado de enjuiciamiento, en cuanto a que debía determinarse si los hechos imputados habían sido evaluados por el Senado al momento de asignarle acuerdo para ser juez.
Si esos hechos hubiesen sido evaluados, ni el Consejo ni el jurado podrían avanzar, puesto que ello importaría un avance sobre otro Poder del Estado. En caso contrario, como en caso presente, sí se puede avanzar con el juicio político y la destitución.
Para la elevación del caso al jurado de enjuiciamiento y su suspensión hasta que finalice ese proceso, se requiere una mayoría especial de dos tercios de los miembros presentes de todo el Cuerpo en reunión Plenaria.
“Este Consejo asume la trascendencia y gravedad institucional de la decisión que habrá de tomar, cual es la apertura del procedimiento de remoción, suspensión y acusación ante el jurado de magistrados del doctor Martín Luciano Poderti, señalando que dicho temperamento se adopta en resguardo de la administración de justicia”, dijeron los consejeros.
“Obsérvese, sobre el punto, que quien se encuentra dotado de una alta investidura estatal para juzgar actualmente a otros ciudadanos por conductas ilícitas, como puede ser un robo, resultaría ser, paradójicamente, un ladrón”, señalaron.
Y por eso justificaron su “inmediata suspensión” en la inteligencia de que todas “las imputaciones formuladas guardan relación directa con su actuación funcional y revisten una gravedad tal que pueden derivar en posibles pedidos de recusación en su labor como magistrado, planteos de nulidad, entre otras cuestiones de peso que conspiran contra la correcta administración de justicia o el éxito de este procedimiento disciplinario”.
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