POLITICA
Axel Kicillof habló sobre la polémica incorporación de la familia Eskenazi a YPF
El gobernador bonaerense Axel Kicillof cuestionó el rol que tuvo la familia Eskenazi en YPF durante los años previos a la reestatización de la petrolera y consideró que su ingreso no tuvo efectos positivos sobre la actividad de la compañía. “El efecto no fue bueno”, afirmó al referirse al período en el que el grupo argentino adquirió, entre 2008 y 2011, el 25% de las acciones de la empresa que seguía bajo control de Repsol.
Kicillof, que en 2012 era viceministro de Economía y tuvo a su cargo la intervención de YPF tras su expropiación, defendió la estatización y calificó la medida como “una de las decisiones estratégicas más importantes de las últimas décadas”. En ese marco, cuestionó el fallo de la jueza Loretta Preska en Estados Unidos, que condena al Estado argentino a pagar más de US$16000 millones, y atribuyó el origen de la demanda a la cesión de derechos que hizo el síndico de la quiebra del Grupo Petersen, propiedad de los Eskenazi, a un fondo buitre.
“YPF venía siendo manejada por Repsol desde 1999. Los Eskenazi -principalmente Enrique Eskenazi y su hijo Sebastían- entraron en 2007, consiguieron el control del 25% en 2009 y no cambió nada. Se mantuvo la misma actitud. La situación de la empresa no se revirtió. No se revirtió desde ahí a 2011″, precisó el mandatario.
Dijo además haber tenido una mínima relación con los miembros de la familia: “Ni los conozco. Me parece que me crucé alguna vez con el hijo [Sebastián]- Y en otra ocasión, me vi con el padre [Enrique] en el directorio de YPF, como representante del Estado previo a la expropiación”. Y aclaró: “En el gobierno, la presidente [Cristina Kirchner] ni nadie me habló de ninguna cuestión que favoreciera remotamente a estos socios”.
“Hay muchos que están diciendo ‘bueno, pero estos andaban…’. Yo lo que digo es ‘mirá, no tengo claro toda esa historia, no participé, pero no es lo que estamos discutiendo’”, sostuvo Kicillof en Radio con Vos y se centró en el rol que jugó Antonio Brufau entonces titular de la petrolera española y accionista mayoritario de Yacimientos Petrolíferos fiscales: “Él era quien manejaba la compañía. Yo hablaba con él como viceministro”.
“Al momento de charlar sobre la posibilidad de revertir la situación de la compañía, Brufau no hacía mención a esas personas [los Eskenazi] sino que se enfocaba directamente en las decisiones que tomaba Repsol. Me decía ‘mirá, nosotros somos un grupo privado así que invertimos si queremos y si no queremos no invertimos. Desarrollaremos Vaca Muerta o no la desarrollaremos. Eso lo determinamos nosotros”, reveló el gobernador.
Y evaluó: “Tuvieron bastante tiempo desaprovechado. La inversión en exploración y explotación de los recursos fue reduciéndose. La cantidad de equipos utilizados, la producción y reservas también”. “Si iban a hacerlo, lo disimulaban muy bien”, ironizó. Y acotó: “Sí existía un proceso, como me comunicó el propio Eskenazi, el propio Juan José Arangueren -entonces presidente de Shell- y el propio Brufau es que todos estaban viendo cómo hacer para que inversiones extranjeras pusieran a funcionar Vaca Muerta”.
“La recuperación de YPF tiene muchísimas aristas y su pérdida en una privatización ruinosa venía generando una calamidad en el plano energético. Repsol estaba fumándose YPF. Creo que el objetivo final era, con recursos cooptados, desde ingenieros, capacidades y áreas periféricas terminar exportándole petróleo de la Argentina a través de los pozos que empezaban a tener en otros lugares. Querían convertir a Argentina en un importador de energía y de petróleo y gas. Y de hecho, lo estaban logrando“, consignó Kicillof.
Para el jefe provincial, el fallo emitido desde la Justicia de Estados Unidos no solo es “peligroso” e “irresponsable” sino también “sospechoso”: “Acá no es relevante la letra chica de la Ley de Expropiación, ni el desempeño de YPF, estuvieran los Eskenazi o no. No estamos discutiendo eso. Lo que estamos discutiendo es un fallo de una jueza de Nueva York, impulsada por una denuncia de los fondos buitres, cuya adquisición, incluso del juicio, tiene elementos polémicos. Discutimos un fallo que pretende ponerse arriba de la Constitución».
“Una jueza de Estados Unidos no le puede dar una orden al Estado argentino obre un proceso que está contemplado por la Constitución Nacional. Es ilegal por donde lo mires. Es un atropello a la soberanía argentina, a nuestra Constitución, a nuestras leyes, a la inmunidad soberana incluso”, sostuvo.
El gobernador bonaerense concluyó con su aporte a la temática con una mención al presidente Javier Milei, a quien considera como “parte del mecanismo que pone en riesgo a la soberanía energética”.
“Yo no estoy en su cabeza. Pero Milei, en el lugar en el que está, con la responsabilidad que tiene, hoy parecería ser parte del mecanismo que poner en riesgo la soberanía energética, a la empresa más importante del país, que además viene dando resultados a lo largo de diferentes períodos. La quiere romper o regalar. Y YPF no se vende, no se entrega y no se regala. Eso es lo que decimos nosotros”, concluyó.
Como reconstruyó , la primera vez que los Eskenazi fueron noticia fue a fines de 2007, cuando el presidente Néstor Kirchner sorprendió al mundo petrolero con la elección del grupo Petersen, controlado por la familia Eskenazi, para convertirse en el socio local de la española Repsol en YPF.
A pesar de que de un día para el otro se convirtieron en uno de los dueños de la entonces mayor empresa de la Argentina (YPF en ese momento estaba muy lejos de perder el liderazgo en manos de Mercado Libre), los Eskenazi prácticamente no contaban con ninguna experiencia en el negocio de la energía.
El grupo venía de dos otros dos rubros:la construcción y las finanzas. Enrique Eskenazi -el hombre que fue el encargado de desarrollar y liderar todos los negocios de la familia hasta su muerte en enero de este año- era ingeniero químico de profesión y, después de recibirse en la Universidad Nacional del Litoral y completar sus estudios en EE.UU, sus primeros pasos en el mundo corporativo los dio en el grupo Bunge & Born. En 1980 ingresó como gerente en la constructora Petersen, Thiele & Cruz SA y, al poco tiempo, el ingeniero logró dar el salto de ejecutivo a dueño y se convirtió en accionista controlante de la constructora.
A partir de la década del 90, ya al frente de su compañía, Eskenazi padre lideró un proceso de transformación y expansión de sus negocios incursionando en otros sectores estratégicos, como el de los servicios urbanos, la agroindustria y el sector financiero, lo que derivó en la conformación de un holding de negocios. Llamativamente, para bautizar al grupo, el empresario no eligió ponerle su apellido y, en cambio, optó por el de uno de los socios fundadores a los que les había comprado la constructora.
Su salto a las ligas mayores de los negocios, llegó en 2008, cuando el grupo español Repsol le vendió un 14,9% de las acciones de YPF a instancias de Néstor Kirchner y sin que los Petersen tuvieran que hacer prácticamente ningún desembolso.
La relación de Eskenazi con la familia Kirchner se había iniciado a mediados de los 90, cuando el grupo se alzó con el control del Banco de Santa Cruz, a cambio de un poco más de US$10 millones, que en ese momento enfrentaba una delicada situación financiera. Su ingreso al mundo financiero se había concretado unos años antes, cuando en 1995 compró el Banco de San Juan. “Kirchner nos respeta porque sabe que le agarramos un banco que estaba hecho puré y hoy da dinero”, solía repetir Eskenazi, según consignan Pablo Fernández Blanco y Esteban Rafele en el libro Los patrones de la Argentina.
El vínculo cercano con la administración kirchnerista de la provincia le abrió las puertas a otros negocios y rápidamente se convirtieron en uno de los mayores contratistas de la obra pública en Santa Cruz. Ya con Néstor Kirchner en la Casa Rosada, el grupo siguió sumando bancos provinciales y se alzó con el control del Nuevo Banco de Santa Fe y el Banco de Entre Ríos, y en forma paralela fue ingresando a otros negocios como los seguros (son dueños de la compañía Qualia), los servicios de parquizaciones (Mantenimientos y Servicios) y el vino (con la bodega sanjuanina Santa Sylvia), que hoy están en manos de Sebastián y Matías Eskenazi, de los cinco hijos que tuvieron Enrique Eskenazi y su mujer Hazel Sylvia Toni Storey.
Para financiar la compra de YPF, Petersen Energía -una sociedad conformada en España y controlada por el grupo argentino- recibió un préstamo de US$1018 millones de un consorcio de bancos internacionales y otro por US$1015 millones de Repsol, en un esquema conocido como “vendor’s loan”, mientras que los Eskenazi pusieron un poco más de US$100 millones.
Para cancelar el préstamo con Repsol, los españoles le permitieron a la familia que fueran usando hasta el 90% de las utilidades de la petrolera. A la hora de explicar la operación, el entonces presidente de Repsol, Antonio Brufau, dijo que Eskenazi había sido elegido “por su experiencia en mercados regulados”.
En 2011, el grupo Petersen sumó un 10% adicional de YPF, aunque un año después el gobierno de Cristina Kirchner decidió avanzar con la estatización de la petrolera. Esta medida fue el puntapié inicial en el juicio que hoy tiene la Argentina con Buford Capital, el fondo que compró a la justicia española la quiebra de Petersen Energía y con ella los derechos a litigar contra la Argentina
actualidad política, axel kicillof, ignacio amiconi
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue el encargado de comunicar la presentación judicial contra una serie de manifestantes, a los que el Gobierno identificó como los culpables de los incidentes en las inmediaciones del Congreso.
“Atacar al Congreso de la Nación y agredir a las fuerzas de seguridad es un delito grave contra el orden constitucional. El que las hace, las paga”, señaló el funcionario libertario en las últimas horas.
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Según dejó trascender el oficialismo, son 17 los identificados y gran parte de ellos, cuenta con antecedentes por robo agravado, lesiones y otros delitos.
Los nombres brindados por el Ministerio de Seguridad, fueron: Lucas Horacio Cabrera, Claudio Marcelo Figueroa, Héctor Rodolfo Cabrera, Martín Castiñeiras, Federico Alberto Mazzagalli, Matías Enzo Roldán y Patricio Hernán Castellan.
También figuran Denis Alejandro Figueredo, Néstor Alejandro Flores, Lucas Ezequiel Lobato, Nahuel Ezequiel Britos, Carlos Nicolás Kipper Amalfi, Manuel Edgardo Barrios, Natanael Benjamín Aguirre, Jorge Ismael González, Pedro Antonio Juárez y Roberto Daniel Tassano.
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Más temprano la titular de la cartera de Seguridad Nacional brindó datos sobre el hecho
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que el Gobierno presentará una denuncia por terrorismo contra los responsables de los hechos violentos registrados durante el debate de la reforma laboral en el Congreso.
Según explicó, los incidentes no fueron “una agresión más contra las fuerzas de seguridad, sino una acción organizada destinada a desestabilizar el orden institucional”.
Monteoliva subrayó que los actos excedieron “el marco de las manifestaciones tradicionales”. “Gente con bidones de nafta y bombas molotov en la mochila, bulones para tirar con gomera, palos de bandera convertidos en lanzapalos. ¿Cómo se llama eso? Eso es violencia extrema con la intención de desestabilizar”, afirmó. Y agregó: “Fue un acto de terrorismo”.
“Del otro lado tenemos esto”: la reacción del Gobierno a la manifestación en contra de la reforma laboral
La funcionaria precisó que la denuncia invocará la Ley Antiterrorista (N° 26.734), que contempla penas más severas, detenciones sin excarcelación inmediata y una investigación federal.
“Vamos a denunciar por terrorismo, porque una bomba molotoves una bomba. Es un arma, y con toda la intención de generar no solo muerte, sino caos”, enfatizó.
Sobre el accionar policial, Monteoliva explicó que la prioridad fue dispersar los focos de violencia con agua y gases para minimizar daños. “La intención primera es dispersar precisamente para desconcentrar ese conflicto que se había focalizado en dos o tres puntos”, dijo. También destacó la dificultad de detener a los agresores en flagrancia: “No había manera de detenerlos con brigadas en ese momento cuando están tirando bombas molotov”.
Hasta el momento se identificaron más de diecisiete personas, con edades que van de 20 a más de 60 años, provenientes de distintas provincias. La ministra aclaró que no todos tienen antecedentes, aunque algunos presentan historial delictivo extenso, y mencionó la posible vinculación de algunos con barras bravas o agrupaciones de izquierda combativa y anarquistas.
Monteoliva rechazó rumores sobre policías infiltrados: “Eso de estar diciendo que es un policía o que es un expolicía, no sé de dónde lo sacan. Es un disparate”. Según el balance oficial, hubo más de setenta detenidos y heridos leves, principalmente efectivos y civiles.
Reforma laboral: la Policía Federal detuvo a 71 personas durante los incidentes en las afueras del Congreso
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Alejandra Monteoliva,Bomba del día,Congreso,Ley Antiterrorista,Reforma Laboral
POLITICA
“Una de más”: el Gobierno reconoce que los cambios a las licencias por enfermedad podrían traer problemas en las negociaciones
El proyecto de reforma laboral que el oficialismo logró aprobar en el Senado había pasado casi desapercibido en uno de sus aspectos: la reducción sustancial de los plazos de las licencias pagas y la redefinición del porcentaje salarial que percibirán los trabajadores ante enfermedades o accidentes no vinculados al trabajo.
En el bloque legislativo de La Libertad Avanza reconocen que ese apartado había pasado “por debajo del radar” hasta el mismo día de la sesión en el Senado. Pero señalan que el tema cobró relevancia la mañana siguiente a la media sanción, cuando el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, brindó un ejemplo para explicar el alcance de la medida.
“Si te lastimaste jugando al fútbol, es decir, en una situación en la que tomaste una acción activa y el empleador no tuvo nada que ver, y quedaste temporalmente incapacitado para trabajar, en ese caso la cobertura es del 50%”, indicó. “La idea es que esto también apunta a reducir las licencias que se volvían prácticamente eternas, porque en la práctica no implicaban ningún costo para la parte que ingresaba en ese esquema”, agregó.
Dos miembros del Poder Ejecutivo reconocieron que ese ejemplo catapultó el tema de discusión a la agenda pública. “Se mandó una de más, como siempre”, afirmó una fuente del bloque de La Libertad Avanza a Infobae.
“Eso fue lo que calentó, como cada vez que sale a hablar Sturzenegger”, comentó un miembro del oficialismo. La molestia dentro del Gobierno no se debe al contenido del ejemplo, con el que están de acuerdo, sino a que no era el momento de instalar esa cuestión en la agenda pública.
Los especialistas en comunicación ya analizan cómo revertir la carga negativa que tuvo ese caso en los medios y en las redes. El Gobierno cuenta con más de una semana antes de que se trate esta cuestión en una sesión en el recinto, y La Libertad Avanza debe conseguir adhesiones en la Cámara de Diputados para que el proyecto remitido desde el Senado no sufra modificaciones.
Si se rechaza o modifica un solo título del proyecto, el oficialismo debe devolverlo a la Cámara alta, lo que demoraría la sanción definitiva de toda la reforma. Milei ya firmó el decreto para extender un día más el período de sesiones extraordinarias para que la reforma laboral pueda tener sanción el 28 de febrero, un día antes de la Apertura de Sesiones Ordinarias en la que hablará Javier Milei.
El temor en el oficialismo es que la discusión que se generó sobre este punto desincentive a actores de la oposición dialoguista para avalar ese apartado. Una alta fuente reconoció a Infobae su preocupación por no poder conseguir los votos necesarios para ratificar ese punto.
Tras la media sanción de la reforma, el oficialismo afirmaba tener asegurados los votos para la aprobación en general y altas posibilidades para las votaciones en particular. Actualmente, esto no está garantizado: el primer bloque que expresó su desacuerdo fue el PRO, al pedir que se reincorpore el artículo que permite recibir el sueldo a través de una billetera virtual.
El bloque de Provincias Unidas mantiene serias diferencias con más aspectos del proyecto. “Vamos a marcar diferencias en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), en el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI). Con lo de las licencias por enfermedad no hay fisuras, nos oponemos”, remarcó uno de sus integrantes, informando que solo hay apoyo de ese bloque en 9 de los 26 títulos.
Las críticas sobre la modificación de las licencias surgen por lo que podría ocurrir en casos de enfermedades más graves y que no necesariamente tengan vínculo directo con el desempeño en el lugar de trabajo. Además, se discute si esto traerá mayor judicialización o no, un aspecto que el proyecto busca reducir. El abogado laboralista Julián de Diego afirmó a Infobae En Vivo que la reforma provocará una mayor cantidad de conflictos legales en las empresas.
Qué dice la modificación de las licencias por enfermedad
Las nuevas reglas establecen límites de entre 3 y 6 meses para las licencias pagas, según si el trabajador tiene personas a cargo, y reducen los porcentajes de sueldo abonados durante la baja.
El texto prevé que, cuando la imposibilidad de trabajar derive de una actividad voluntaria y consciente que implicara un riesgo para la salud, el empleado percibirá el 50% de su remuneración básica. Este período será de 3 meses si no tiene cargas de familia y de 6 meses si las tuviera. Para situaciones donde no hubo voluntad ni conciencia del riesgo, el porcentaje de pago sube al 75%, manteniendo el mismo plazo de licencia.
Estas modificaciones resultaron de extensas negociaciones entre el Gobierno y las empresas. En el esquema vigente, un trabajador con menos de 5 años de antigüedad y sin cargas de familia accede a una licencia paga de 3 meses, y de 6 meses si tiene cargas de familia. Si la antigüedad supera los 5 años, actualmente la licencia por enfermedad o accidente es de 6 o 12 meses según el grupo familiar, y se paga el 100% del sueldo. La reforma elimina la extensión a 12 meses y el pago total, limitando la licencia a un máximo de 6 meses y ajustando el porcentaje abonado.
Estas disposiciones también abarcan los accidentes o enfermedades psiquiátricas originadas fuera del trabajo y obligan al trabajador a informar de inmediato cualquier imposibilidad para asistir al primer día laboral por enfermedad o accidente, salvo motivos de fuerza mayor. Si el aviso no se realiza y no se comprueba la causa posteriormente, se pierde el derecho a la remuneración.
Las inasistencias deberán justificarse mediante certificados médicos emitidos y firmados digitalmente por profesionales habilitados. El trabajador deberá someterse a controles médicos designados por el empleador; si existiera una discrepancia insalvable entre diagnósticos, la ley prevé la intervención de una junta médica en entidad oficial o la solicitud de un dictamen en institutos reconocidos, cuyo costo asumirá el empleador.
Respecto a la recidiva de enfermedades crónicas, la reforma aclara que no serán consideradas nuevas enfermedades, salvo que la reaparición ocurra después de 2 años desde el primer episodio. La normativa también establece que la suspensión del trabajador por motivos económicos o disciplinarios no afecta el derecho a cobrar la remuneración parcial correspondiente a la licencia paga por enfermedad o accidente.
POLITICA
Coimas en la ANDIS: la Cámara Federal obligó a revisar el embargo multimillonario contra la empresa aérea Baires Fly
La investigación judicial por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo. La Cámara Federal porteña dispuso recalcular el embargo millonario que pesaba sobre la firma de aviación privada Baires Fly SA, una de las compañías señaladas en el expediente por supuestos movimientos financieros vinculados al pago de medicamentos.
El embargo había sido fijado por el juez federal Sebastián Casanello por una suma superior a los $7.000 millones. Sin embargo, los camaristas entendieron que el monto carecía de fundamentación suficiente y resultaba desproporcionado frente al estado actual de la causa, por lo que ordenaron emitir una nueva resolución con criterios más precisos.
Los magistrados remarcaron que la medida cautelar debe mantenerse, pero con un cálculo acorde a la evidencia reunida hasta el momento. En otras palabras, la empresa continuará afectada patrimonialmente, aunque el monto será redefinido.
El rol de la empresa en la causa
La investigación gira en torno a presuntas maniobras de facturación simulada y lavado de dinero vinculadas a la compra de medicamentos destinados a personas con discapacidad. Según la hipótesis fiscal, parte de los fondos habría sido canalizada a través de distintas empresas, entre ellas la aerolínea privada.
Coimas en la ANDIS: la Justicia procesó a Diego Spagnuolo por corrupción
El expediente incluye comunicaciones y transferencias bancarias bajo análisis judicial. De acuerdo con la pesquisa, algunas droguerías habrían enviado dinero a cuentas relacionadas con la compañía aérea, tras lo cual se emitían comprobantes por supuestas horas de vuelo o kilómetros aéreos.
La Justicia sospecha que esos servicios no se habrían prestado realmente y que las facturas podrían haber servido para justificar movimientos financieros. En el expediente se detectaron comprobantes emitidos entre 2023 y 2025 por montos millonarios, lo que motivó la intervención del juzgado y la posterior medida de embargo.
En paralelo, el magistrado procesó al ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, junto a otros imputados, por delitos que incluyen asociación ilícita, cohecho y defraudación contra la administración pública. La causa continuará bajo la subrogancia del juez Ariel Lijo, quien deberá tomar nuevas declaraciones indagatorias.
Entre las personas citadas figura un empresario vinculado a la compañía aérea, sospechado de haber participado en la circulación del dinero investigado. La fiscalía considera que su intervención pudo haber sido clave para canalizar transferencias provenientes de empresas proveedoras del Estado.
El Gobierno anunció la disolución de la ANDIS tras el escándalo por las coimas en la compra de medicamentos
Los cuestionamientos de la Cámara
El tribunal de apelaciones señaló que, si bien existen elementos que justifican la cautelar, la suma fijada inicialmente no guarda relación clara con la responsabilidad que, por ahora, se le atribuye a la firma. Incluso destacó que la empresa no fue imputada formalmente como persona jurídica al momento de dictarse la medida.
Por ese motivo, los jueces indicaron que el juzgado debe volver a analizar la afectación patrimonial y establecer un monto razonable sustentado en pruebas concretas. Uno de los camaristas, en minoría, consideró suficiente aceptar como garantía una aeronave ofrecida por la empresa.
Además, en otra resolución vinculada al expediente, la Cámara dispuso revisar cómo se incorporaron al proceso ciertos audios que mencionarían presuntos pagos ilegales a funcionarios, una decisión que podría incidir en la validez de parte de la prueba.
La causa ANDIS se transformó en uno de los expedientes judiciales más delicados en materia de corrupción vinculada al sistema de salud y asistencia social. Con nuevas indagatorias en puerta y medidas bajo revisión, el avance de la investigación podría tener impacto político y judicial en los próximos meses.
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